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Impulsan la creación de un nuevo programa de protección de testigos en causas por violaciones a los derechos humanos

Organismos de derechos humanos e investigadores iniciaron un debate para conformar un marco integral de protección de personas vinculadas con las causas de lesa humanidad, a partir de una iniciativa de la diputada nacional Victoria Donda Pérez (PJ-Capital Federal) y del titular del Programa Verdad y Justicia, Marcelo Sain, que apuntan principalmente a fortalecer y ordenar el sistema de seguridad de testigos, tras la desaparición de Jorge Julio López y las amenazas sufridas por gente vinculada con las investigaciones penales.
Los diferentes actores involucrados en las causas judiciales sobre crímenes de lesa humanidad debatieron en un encuentro que tiene como objetivo impulsar una ley que fortalezca y unifique las tareas para proteger a querellantes, testigos, sobrevivientes, familiares de desaparecidos, jueces, fiscales y funcionarios.
Después de la desaparición de Jorge Julio López y la serie de amenazas, el Programa Nacional de Protección de Testigos comenzó a ocuparse de la seguridad de quienes participan en las investigaciones por violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura y, además, se creó el Programa Verdad y Justicia.
Actualmente hay un centenar de testigos vinculados con el Programa Nacional de Protección de Testigos del Ministerio de Justicia que dirige Darío Díaz, pero la mayoría ha decidido no tener custodia permanente.
El proyecto de Sain modifica el programa existente y hace hincapié en la creación de una unidad policial propia que pueda atender los casos de personas vinculadas con causas sobre violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura y “brinda solución a la falta de confianza de las víctimas y testigos de crímenes de lesa humanidad en las fuerzas policiales o de seguridad para proveer a su custodia y cuidado. Esta falta de confianza deriva de que las denuncias o testimonios se dirigen a miembros de esas mismas fuerzas”.
Además, establece ayuda económica, laboral, social y psicológica, y se indicó que en el programa abarcaría “excepcionalmente cuando hay riesgo de vida o está en juego la integridad física de la persona”, señaló el funcionario.
En tanto, la iniciativa de Victoria Donda Pérez –hija del entrerriano José María Laureano Donda y de María Hilda Pérez, ambos detenidos-desaparecidos– se centra en la protección de las personas vinculadas con las causas de lesa humanidad. La legisladora sostuvo que “los programas que existen funcionan con mucha voluntad de las personas que los tienen a cargo, pero evidentemente son áreas por separado que se no articulan entre sí. Perdemos la fuerza que deberíamos tener todos juntos. Por eso, pedimos mayor presupuesto y planificación y que se tenga en cuenta la problemática de los testigos vinculados con casos de lesa humanidad, que tienen una especificidad distinta a los testigos de otras causas. También queremos que se atiendan las diferentes realidades de la ciudad de Buenos Aires y el conurbano y el interior del país”.