La culpa lo mató… o lo mataron los culpables: la extraña muerte de Paúl Navone

Fue puntual. El abogado llegado desde Córdoba caminó por la soleada vereda paranaense, esquivó la obra y subió hasta el primer piso del edificio de Tribunales. A las 9 presentó tres certificados médicos en los que consignaba que su defendido había sufrido un pico de glucemia por una diabetes crónica que lo tenía a maltraer desde hacía nueve años. Un dispensario local, el Hospital Militar zonal y un médico especialista lo certificaron. Acompañó también un pedido de exención de prisión y ganó una semana, ya que la jueza decidió postergar la indagatoria. Sin embargo, cuando toda esta escena transcurría, el acusado ya hacía una hora que había aparecido en un parque en la pequeña y turística localidad de Ascochinga con un balazo en la sien.
El teniente primero Paul Alberto Navone era un tipo de estatura media, 65 años, que durante la dictadura había sido agente del Destacamento de Inteligencia 122 con asiento en Santa Fe, pero que operaba también en la capital entrerriana, y dependía del Segundo Cuerpo de Ejército que tenía su base en Rosario. El lunes debía presentarse en el Juzgado Federal de Paraná a prestar declaración indagatoria en la causa en la que se investiga el destino de una pareja de mellizos nacidos en el Hospital Militar en los años de plomo.
En la declaración que brindó como testigo, el 22 de noviembre pasado, el ex agente de Inteligencia Eduardo Rodolfo Costanzo cuenta que Raquel Negro fue trasladada a dar a luz desde el centro clandestino de detención Quinta de Funes, en las afueras de Rosario, y que el operativo estuvo a cargo del “mayor Navone, del Hospital Militar de Paraná, adonde era trasladada por ser el único hospital militar de la zona, y coordinado por Marino González que era el que organizaba las guardias. Navone era el segundo jefe, pero no era médico. Él es quien recibe a esta persona como sobrina del general (Leopoldo Fortunato) Galtieri, por lo que aquí todos creían que era verdad. Ese fue el único traslado que tuvo, pero no recuerdo la época”. Según las investigaciones y testimonios, Raquel Negro habría dado a luz a mellizos en los primeros meses de 1978.
Esta era la primera vez en que Navone aparecía involucrado directamente en una investigación por crímenes de lesa humanidad. Su nombre fue mencionado como integrante de la patota en Rosario y habría participado de varios operativos de fuerzas conjuntas, pero no estaba imputado judicialmente; en Santa Fe fue reconocido como integrante del Destacamento de Inteligencia 122, a la que también respondía la jurisdicción Paraná, pero tampoco tenía procesos judiciales abiertos; y en Córdoba era casi un desconocido ya que ni siquiera había prestado servicio en esa provincia. Sin embargo, por su rol como agente de Inteligencia del Ejército, Navone tenía mucha información sobre el funcionamiento completo de la gran maquinaria represiva que operó en las provincias de Entre Ríos, Santa Fe, Corrientes, Misiones, Chaco y Formosa. “Si bien la operación fue planificada por los más altos mandos del Segundo Cuerpo de Ejército, es decir, Leopoldo Fortunato Galtieri y Luciano Adolfo Jáuregui, que le encomendaron la tarea a Marino González, por cuestiones de jurisdicción se ponen en contacto con Navone que era el coordinador de esta operación del lado entrerriano. De manera que su función fue la de realizar toda la logística y facilitar el traslado de Raquel Negro y su llegada al Hospital Militar de Paraná. Si bien ella estaba acompañada por la patota de la Quinta de Funes, Navone tenía la responsabilidad de que el operativo salga bien”, explicó el abogado Gamal Taleb.
No era de esas personas que sobresalía. Había nacido en Casilda pero en la localidad santafesina lo recuerdan como un tipo solitario, un poco retraído y que no gozaba de mayores simpatías. Tenía un hermano menor con el que hacía un tiempo que no tenía relación y ambos habían sido criados por su madre y con un padre ausente. “Era un auténtico solitario, un tipo controvertido que no era amigo de nadie”, recuerda un vecino de aquellos años. “De chico había tenido un accidente con pirotecnia, le explotó una bolsa de cohetes que llevaba en el bolsillo y aunque no le dejó secuelas, tenía una gran cicatriz en la pierna. Eso provocaba algunas burlas de los chicos. Vio como son los chicos…”, acotó a este cronista.
Salido de su adolescencia inició la carrera militar y se fue del pueblo. La década de 1970 lo encontró como integrante de la principal unidad de Inteligencia del Ejército, el Batallón de 601, un grupo operativo integrado por militares y civiles que se movía irrestrictamente en distintas zonas del país y se sospecha que también actuó en jurisdicción del Segundo Cuerpo de Ejército, puntualmente en Paraná y Santa Fe. Como integrante de los grupos de tarea del Ejército, Navone estuvo en Tucumán y luego fue destinado a la capital santafesina, también para cumplir tareas de Inteligencia, aunque habría continuado ligado al Batallón 601, lo que hace suponer que tenía un amplio conocimiento del accionar represivo, más allá de la causa por robo de bebés.
Desde hacía varios años estaba radicado en la localidad cordobesa de La Granja, ubicada unos 40 kilómetros al norte de la capital provincial. Era un próspero empresario que explotaba el negocio turístico en la zona a través del restaurante Puesto Roca que había instalado en la entrada de Ascochinga, a pocos metros del acceso al predio del Hotel Parque de la Fuerza Aérea. Al lado de la parrilla había construido un pequeño hospedaje con algunas habitaciones con las que solía aprovechar el excedente de reservas del hotel en el que supo pasar algún tiempo de reclusión María Estela Martínez de Perón, tras su caída del gobierno el 24 de marzo de 1976, cuando fue acusada aunque nunca enjuiciada por malversación de fondos.
Vivía con su esposa y un hijo en Calle Pública sin número de La Granja, vecina de Ascochinga, en el departamento Colón; mientras que una hija reside en la ciudad de Jesús María. Hasta allí había llegado hace unas semanas una comisión de la Policía Federal con un oficio librado por la jueza federal Myriam Galizzi para que se lo identifique en cinco juegos completos de fichas dactiloscópicas, se efectúe un “informe de vida y costumbres” y se establezca su estado patrimonial. En el pequeño poblado era un vecino más. “El guaso era totalmente desconocido en la provincia. En Córdoba no estaba involucrado en ninguna causa relacionada con violaciones a los derechos humanos ni nada por el estilo. Nos enteramos de quién era a partir de los medios”, contó una fuente a este semanario con una inconfundible tonada.
Sin embargo, en el año 2001, una investigación del periodista Carlos del Frade reveló la existencia de una poderosa red de narcotráfico que operaba en las provincias de Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos bajo el amparo y con participación del poder político. Entonces se contaba el caso de un joven que hacia mediados de 1997 se vio obligado “a desaparecer del pueblo de La Granja -y unos meses después apareció asesinado-, forzado por la situación y por sus propios medios, en virtud de su fracaso en las negociaciones para desvincularse de la sociedad de hecho que mantenía con empresarios del turismo cinegético, cacería de paloma al vuelo”. La idea de abrirse se basaba “en el creciente contrabando de droga que realizan ciertos turistas en su mayoría norteamericanos y lo hacen en los cartuchos de escopetas”. Había un eslabón que hacía las gestiones ante la aduana, “viéndose involucrado en un delito federal ya que conocía de algunos turistas que llevaban en las correderas y en las escopetas automáticas cartuchos cargados de cocaína”.
La denuncia sostiene que “estos extranjeros compran la droga a un ex militar de Inteligencia radicado en Ascochinga de apellido Navone, propietario de un café, que opera sus encargos desde ese local, y luego se abastece de droga en la localidad de Río Ceballos, se las vende a los extranjeros y estos le encargan a los pick boys -los encargados de recoger las presas durantes las jornadas de caza- el llenado de los cartuchos a cambio de fuertes propinas”.
El informe avanza en que “es conocido en el medio o en el ambiente estas operaciones” y que “todos los centros de turismo cinegético del país operan de la misma manera. En Córdoba, La Granja, Ascochinga, Totoral, Tulumba, Villa General Belgrano; en Entre Ríos, Paraná; en Corrientes, Esquina, Goya y Malancue; y en Reconquista, provincia de Santa Fe”.
Lo cierto es que Navone nunca fue molestado tras aquel hecho. Inclusive, quienes conocían sus actividades cotidianas aseguran que todas las mañanas corría por la zona parquizada del predio de la Fuerza Aérea -tal vez como parte de la prescripción médica contra la diabetes-, un establecimiento que funciona como hotel para los oficiales pero abierto también al público en general, que cuenta en sus instalaciones con una concesionada cancha de golf y sectores de alojamiento de estilo colonial, además del hotel reservado para suboficiales que está algo más alejado. Allí fue hallado el cadáver, unos minutos después de las 8, con un disparo en la sien y un arma calibre nueve milímetros cerca de su mano. En la autopsia se determinó que Navone se habría pegado un tiro en la cabeza cerca de las 3 de la madrugada. El disparo fue efectuado desde una distancia de “menos de 50 centímetros” y el cuerpo tenía “un orificio en sien izquierda compatible con salida de proyectil”. La prueba de dermotest arrojó que Navone tenía restos de pólvora en su mano derecha y entre sus ropas se halló una carta en la que explica las razones que lo habrían llevado al suicidio: “Tomo esta decisión en pleno uso de mi libertad y facultades. Nadie, de mi entorno familiar, ni de mi contexto tiene conocimiento de lo que he dispuesto hacer. Lo hago solo sin participación de tercero alguno. Adopto esta conducta como el mejor camino para mí”. De todas maneras, se le extrajo “sangre y humor vítreo” para el estudio químico toxicológico, como así también material del cerebro, corazón, pulmón y otras vísceras.
La noticia de la muerte de Navone sorprendió a propios y extraños. La primera en plantear dudas fue la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, que hace dos semanas había estado en Paraná para constituirse como querellante en la causa por el robo de bebés nacidos en el Hospital Militar, y denunció que “están eliminando” a militares que conocen el paradero de los niños apropiados por la dictadura. “Yo me atrevo a dudar de la muerte por suicidio de este hombre. A las Abuelas nos preocupa muchísimo que estas personas desaparezcan de este mundo sin poder hablar, sin poder contar una historia que lleva ya 31 años y que es tan dolorosa no sólo para nosotros, sino para las propias víctimas que son los hoy jóvenes que vamos encontrando y que han vivido en esa mentira durante tanto tiempo”. Y como para aportar más dudas al respecto, el abogado de Navove, Justiniano Martínez, que hacía pocos días que había asumido la defensa, se manifestó “sorprendido” por la muerte del ex agente de Inteligencia, ya que estaba seguro de que “una vez que declarara, la jueza le otorgaría la exención de prisión que íbamos a solicitar”. El letrado afirmó que Navone estaba dispuesto a declarar, aunque “su intervención en el alojamiento de esta mujer (Raquel Negro) fue nimia, prácticamente se limitó a permitir el ingreso nomás. Esto me daba la esperanza de poder defenderlo bien. Desde el punto de vista penal, no podía considerase una participación”. Aunque luego dijo estar “persuadido de que se trata de suicidio, porque estaba muy afectado por esta situación”.
Sin embargo, las circunstancias que rodearon la muerte, despiertan algunas dudas. A saber:
-Era la primera vez que Navone debía prestar declaración indagatoria en una causa por violaciones a los derechos humanos durante la dictadura y, a pesar del carácter aberrante que tienen los delitos por los que se lo acusaba, la pena prevista en el Código Penal para la sustitución de identidad es de uno a cuatro años de prisión, mientras que la sustracción de menores de edad está gravada con una pena de tres a diez años. “De todas maneras, es probable que una persona que deba enfrentar por primera vez en su vida la posibilidad de ser encarcelada, y se vea acusada por crímenes de lesa humanidad, se haya visto afectada y entones no se puede descartar que tome una decisión de este tipo”, esbozó el abogado querellante Gamal Taleb.
-Luego de ser notificado por la Justicia, contrató un abogado para que lo asesore en la defensa. El sábado estuvo reunido con Justiniano Martínez delineando la estrategia legal y en esa circunstancia habría sufrido el pico de glucemia que le impidió presentarse a declarar, según consta en los certificados que el propio letrado cordobés acercó al Juzgado Federal de Paraná el lunes -junto con un recurso de exención de prisión-, cuando Navone ya estaba muerto. Quienes se permiten dudar de la hipótesis del suicidio especulan con que alguien que va a tomar esa decisión no hubiera preparado un certificado médico con la opinión de tres especialistas que certifiquen el pico de glucemia, ni habría enviado a su abogado de confianza para justificar su ausencia y pedir prórroga de la audiencia.
-El hecho de que aparezca en un hotel de la Fuerza Aérea Argentina es otro elemento que permite sospechar, ya que Navone vivía en un pueblo cercano, de modo que podría inferirse que llegó hasta Ascochinga -una localidad con fuerte presencia militar- en la búsqueda de una conversación con alguien y que tal vez no obtuvo la respuesta que esperaba.
Por lo pronto, desde el Juzgado Federal de Paraná se libró un oficio a la Fiscalía de Jesús María para que informe sobre cualquier dato de interés para la causa que se tramita en la capital entrerriana con relación a lo que se tenga de la muerte en sí de Navone, como de cualquier circunstancia que pudiera estar vinculada, según informaron fuentes judiciales. Hasta el momento, la causa está caratulada como “muerte dudosa”.

Fuente: semanario Análisis.

Paúl Navone no se presentó a declarar en la causa por robo de bebés y fue citado nuevamente para el 3 de marzo

El teniente coronel Paúl Alberto Navone presentó tres certificados médicos a través de los cuales se excusó de prestar declaración indagatoria en el Juzgado Federal de Paraná, en la causa que lo tiene como imputado por su supuesta actuación en el robo de bebés nacidos en el Hospital Militar (foto) durante la última dictadura. El ex agente de Inteligencia argumentó que tuvo un pico de glucemia y se le recomendó reposo por 48 horas, por lo que la jueza Myriam Galizzi fijó como nueva fecha para su comparencia el lunes 3 de marzo próximo. En tanto, los querellantes solicitaron que sea revisado por el profesional del Poder Judicial de la Nación más cercano a su lugar de residencia.
El militar no viajó desde la localidad cordobesa de La Granja -donde reside- alegando problemas de salud, por lo que fue citado nuevamente para el 3 de marzo. Navone envió tres certificados médicos que acreditan que padeció un pico de glucemia ya que desde hace nueve años sufre de diabetes crónica, y se le ordenó un reposo de 48 horas. Los certificados fueron firmados por el Dispensario del Hospital Militar local, por un centro asistencial zonal y por un especialista que lo habría revisado.
En tanto, la abogada querellante Marina Barbagelata indicó que se solicitó que Navone sea revisado por un médico del Poder Judicial de la Nación más cercano a La Granja, y que si se constata que su estado no le impide presentarse a declarar sea detenido en forma inmediata, aunque admitió que la jueza no haría lugar a la petición puesto que ya fijó nueva fecha para su indagatoria.
Navone prestó servicios en la Sección Inteligencia 122 de Paraná, dependiente del Destacamento de Inteligencia 122 de Santa Fe, a su vez dependiente del Segundo Cuerpo del Ejército con asiento en Rosario. Durante 1976 “se encontraba en apoyo del Comando de la Segunda Brigada Blindada” de la capital entrerriana, tal lo que informó a la Justicia el Comando local del Ejército, además de aportar para la causa los datos personales del imputado y las fotocopias autenticadas de su ficha individual.
“Entiendo que se mantiene a la fecha lo considerado en cuanto a que, según las constancias arribadas a la causa, puede sostenerse razonablemente que se cuenta con una acreditación básica suficiente respecto de los hechos delictuosos sometidos a investigación, como para sustentar procedente la imputación y citación de Paúl Alberto Navone, requerida por el señor fiscal, bajo su eventual actuación en calidad de autor de los delitos denunciados e investigados”, sostuvo la jueza en el llamado a declaración.
Los hechos investigados están encuadrados en los artículos 139 inciso 2 (alteración de identidad de un menor) y 146 (sustracción de un menor del poder de sus padres), ambos del Código Penal. Navone está domiciliado en Calle Pública sin número de La Granja, una localidad ubicada en las sierras cordobesas. Para tomar los recaudos correspondientes, ya a principios de este mes Galizzi libró oficio a la Policía Federal para que lo identifique en cinco juegos completos de fichas dactiloscópicas y efectúe un “informe de vida y costumbres”. También se estableció su estado patrimonial, con elementos de valoración para que se fijen honorarios, en caso de corresponder.
Se espera que Navone aporte datos sobre qué sucedió con los hijos mellizos que habría dado a luz Raquel Negro en el Hospital Militar de Paraná, hacia mediados de 1978, ya que integró el grupo de tareas que la trajo desde Rosario y permaneció con ella durante el cautiverio en la institución de Avenida Ejército, según lo que declaró en noviembre pasado el ex agente de Inteligencia Eduardo Tucu Costanzo.

AFADER agradece las muestras de apoyo recibidas ante las amenazas y los agravios contra Estela de Carlotto

* HIJOS Regional Córdoba: Compañeros y compañeras, además de sumarnos al repudio de las amenazas de los cagones de siempre, desde H.I.J.O.S. Regional Córdoba en la Red Nacional, nos sumamos al pedido de exigencia a las instituciones públicas para que tomen todas las medidas necesarias para, por un lado, proteger a quienes luchan por los derechos humanos y, por otro, para enjuiciar y condenar, de una vez por todas, a quienes se esconden tras las cortinas de la impunidad para no ser juzgados por las atroces violaciones a los derechos humanos que cometieron.
Un abrazo solidario, mucha fuerza en el camino hacia la victoria y la libertad.

* Secretaría de Derechos Humanos Buenos Aires: La Secretaría de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires adhiere al repudio que realiza AFADER por las declaraciones que realizara el señor Rubén Almará hacia la señora Estela Barnes de Carlotto, asimismo tomamos los dichos para seguir más fuertes en la lucha.
Por memoria, verdad y justicia. Sara Derotier de Cobacho, secretaria.

* Área de Derechos Humanos de la UADER: El equipo de Derechos Humanos de la UADER adhiere al comunicado de AFADER repudiando las declaraciones y actitudes del presidente del Consejo Departamental del PJ de Paraná, Rubén Almará, efectuadas y realizadas durante la visita de la presidente de la Abuelas de Plaza de Mayo Estela Barnes de Carlotto.
La valiente denuncia de un grupo de militantes peronistas y familiares de desaparecidos entrerrianos, que entregaron a la señora de Carlotto en Tribunales la desgrabación de las declaraciones, permitieron que el país se enterara de tamaña vergüenza para la ciudadanía de Paraná en general. A ellos nuestras gracias porque quienes menos figuran en los medios y en los escenarios públicos, con su compromiso y coherencia vuelven a poner blanco sobre negro este lado oscuro del poder político.
Como testigos de la irrupción de este irresponsable tratando de empañar el acto de homenaje en la Gobernación, consideramos no es un incidente menor.
También nos solidarizamos con María Luz Piérola y Carlos Guastavino ya que en radio La Voz, el día viernes en el programa de la mañana conducido por este señor Almará se efectuaron amenazas al aire a la profesora de la UADER e integrante de AFADER María Luz Piérola y a Carlos Guastavino militante y familiar de desaparecidos quien fuera uno de los aportantes de pruebas ante Carlotto. Es una muestra más que la impunidad necesita límites y los poderes constituidos deben actuar en consecuencia.
Alejandro J. Richardet, Programa Educar en Derechos Humanos (UADER).

* Vientos del Pueblo. Estamos conmovidos por todo lo que ha pasado, gozosos porque una vez más la fuerza del pueblo ha logrado desplazar a uno de los representantes más funestos nada más y nada menos que de un cargo de conducción partidaria.
Su discurso es el que aún predomina en algunos núcleos retrógrados y fascistas, sabemos también que muchos lo callan pero piensan parecido.
Para los compañeros hoy amenazados, nuestra queridísima Nechi Piérola y al Mono con peluca Guastavino, sólo decirles que cuenten con nosotros, que acá estamos pa’ lo que gusten mandar…
Estas amenazas sólo logran enaltecer a aquellos que las reciben, como han sido las pasadas en los casos de Mencho y Carmen Germano, y son solo intentos estériles de frenar una lucha digna de tantos años que hoy está rindiendo sus frutos.
Por todos los milicos y civiles cómplices que aún faltan meter presos; por todos nuestros hermanos que faltan encontrar; por justicia y memoria
La Vientos del Pueblo los saluda con todo afecto y con toda la fuerza militante.

APDH La Plata: La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos La Plata adhiere al comunicado de AFADER y de la misma manera repudia las declaraciones de Rubén Almará, exigimos la retractación de sus dichos y calumnias que atentan contra la verdad irrefutable de lo sucedido durante la ultima dictadura cívico-militar.
Por Mesa Directiva, doctora Alicia Peralta, secretaria de Organización.

* Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos Regional Mendoza: El MEDH Regional Mendoza, enterado de las amenazas recibidas por las compañeras Carmen Germano y María Luz Piérola, repudia enérgicamente este hecho que es uno más en la cadena desatada por la impunidad que aún reina en nuestro país.
Es perentorio que la justicia avance a un ritmo más acelerado en todo el país y que las causas donde ya hay imputados y procesados tengan sentencias firmes. Porque los familiares de los desaparecidos y los demás organismos de derechos humanos seguiremos firmes en la lucha por la verdad y la justicia, lucha que ya lleva más de 30 años.
Por los 30.000 compañeros desaparecidos; por la memoria, la verdad y la justicia.
Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos Regional Mendoza.

Y siguen las adhesiones…

Un marino entrerriano preso por la Masacre de Trelew contó como fusilaron a los presos políticos en 1972

El cabo Carlos Amadeo Marandino (foto superior) declaró, ante el juez que investiga la Masacre de Trelew, que en 1972 la Marina le ordenó dar información falsa para encubrir el fusilamiento de dieciséis presos que estaban detenidos en la base aeronaval Almirante Zar, tras el intento de fuga del penal de Rawson -entre ellos el entrerriano Alfredo Elías Kohon-. También contó que los ejecutores de la matanza “olían a alcohol” y que luego le ordenaron “verificar el estado de los cuerpos”. Además, el entrerriano que se encuentra detenido dijo que en octubre de 2007 fue citado al Edificio Libertad para hablar de la causa judicial.
En 1972 la Armada Argentina ordenó a sus oficiales formular declaraciones con información falsa con el fin de encubrir el fusilamiento de dieciséis presos políticos indefensos y respaldar la versión oficial del “intento de fuga” en la base aeronaval Almirante Zar, según declaró el marino entrerriano Carlos Amadeo Marandino, que fue quien abrió las puertas de los calabozos.
El dirigente entrerriano de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR) Alfredo Elías Kohon fue uno de los masacrados en Trelew. Había nacido el 22 de marzo de 1945, tenía 27 años, estudiaba ingeniería en la Universidad de Córdoba y trabajaba en una fábrica metalúrgica. Formó parte de los comandos Santiago Pampillón y fue fundador de las FAR local, donde militó hasta que fue detenido el 29 de diciembre de 1970.
Entrerriano, 58 años, chofer del agregado naval en Washington hasta diciembre de 2004, Marandino es el cuarto oficial de la Armada detenido por el juez federal Hugo Sastre, el tercero que aceptó declarar y el primero que rompió el pacto de silencio tan caro a los sentimientos de la familia naval. El cabo adelantó su retorno de los Estados Unidos cuando supo que se había librado su orden de detención. Se entregó manso en Ezeiza, fue trasladado a Chubut y el miércoles habló durante cinco horas.
El 16 de agosto de 1972, cuando los guerrilleros fugados del penal de Rawson fueron encerrados en calabozos de la base Zar, hacía seis días que Marandino había llegado. Tenía 22 años, era un cabo raso de Infantería pero cumplía funciones de marinería. Le tocó cubrir cuatro guardias, con compañeros distintos. La tercera fue el 21 de agosto. La última comenzó a la medianoche del 22. La formaban un oficial y cuatro o seis personas que portaban pistolas 45. Otros dos oficiales quedaban detrás de un biombo, sentados, con dos ametralladoras. Un guardia se asomaba cada quince o veinte minutos por las mirillas de los calabozos y “de vez en cuando venían señores oficiales de Infantería a dar recorridas”.
Los presos no hablaban. Se comunicaban por señas o golpes en las paredes. Para ir al baño salían custodiados por dos personas. Lo mismo para comer. Al comienzo comían en grupos de dos o de tres. En su declaración, Marandino afirmó que “nunca hubo ningún problema”con los detenidos durante sus guardias y que “siempre había silencio”.
“Era todo normal” hasta las 3.15 de la madrugada, cuando ingresaron “los señores oficiales”. Eran cinco. “Caminaban bien, se expresaban bien, pero olían a alcohol”, subrayó. Dos vestían pantalón blanco y chaqueta azul, que identifican a “los navales, de marinería o de aviación naval”. Los otros tres, incluido uno robusto, uniforme verde oliva, color de los infantes de Marina.
“Estos señores oficiales parecía que venían un poco tomados de copas (sic). Me ordenaron desarmarme. Pensé que me había mandado alguna macana, entregué mi arma como me lo ordenaron”, contó. Un verde oliva le entregó las llaves de los calabozos y le ordenó abrirlos. “Abrí los calabozos y no mencioné nada. No los desperté”, aclaró. “Una vez cumplida la orden, me ordenaron que me retirara. Dije ‘sí, señor’ o ‘comprendido, señor’”, detalló.
Después escuchó que los detenidos cantaban el Himno Nacional. De inmediato “se escuchaba como que hablaban muy fuerte, muchos gritos”, hasta que “alguien gritó ‘¡se quieren escapar!’”. Después escuchó disparos de ametralladora, dos ráfagas, una pausa y disparos aislados de pistola calibre 45. Cuando la balacera concluyó, el capitán Luis Emilio Sosa le ordenó “verificar el estado de los cuerpos”. Pese a su “estado de shock”, intentó acatar la orden. “Se sentía el olor a pólvora, había humo. Los vi en el centro del pasillo. Se sentían muchos quejidos de dolor”. Los fusiladores estaban ahí. “En ningún momento se fueron”.
“Hice dos o cuatro pasos y regresé. Temí por mi salud, por el shock de ver los cuerpos. Entregué mi armamento muy nervioso y confuso”. Luego “me llevaron a la enfermería y ahí me desperté en horas de la tarde. Me dieron un sedante para tranquilizarme. Era el más moderno de los militares”, agregó.
Recién al concluir su relato Marandino identificó a “los señores oficiales”: capitán Luis Emilio Sosa, capitán Raúl Herrera, teniente Emilio Del Real y teniente Carlos Guillermo Bravo. Los cuatro “portaban las dos armas: pistola calibre 45 y pistola ametralladora PAM”, detalló. Herrera está fallecido, Sosa y Del Real detenidos y Bravo es hasta ahora el único prófugo de la causa. Vive en Miami y es dueño de RGB Group Inc., firma que lleva sus iniciales, factura millones de dólares y provee de servicios a las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos.
Marandino también declaró que “dos o tres días después” de la masacre “me informaron que debía manifestar la fuga de estas personas y a su vez que el señor capitán Sosa había sido golpeado por estas personas”, para la elaboración del sumario interno de la Armada, recordó que su declaración transcurrió en Bahía Blanca y que nunca obtuvo copia de su testimonio. El sumario no está agregado a la causa porque se habría quemado en un incendio. Se sabe, en cambio, que estuvo a cargo del capitán de navío retirado Jorge Enrique Bautista. El fiscal Fernando Gélvez ya solicitó que no se lo cite a prestar declaración testimonial sino indagatoria. Bautista tiene ochenta y un años.
En mayo de 1973, Marandino fue enviado en comisión a Estados Unidos, hasta diciembre de 1975. Allí ascendió a cabo primero. “Me retiraron en 1975”, concluyó. Pese a los treinta y dos años transcurridos, en octubre pasado la Armada lo citó al Edificio Libertad. Lo recibieron el capitán de fragata Ángel Vázquez, de la Secretaría General Naval, y el capitán de navío Juan Martín Poggi, oficial de Inteligencia y subsecretario de Relaciones Institucionales. Le informaron que se había reabierto la causa y que “posiblemente iba a tener alguna mención (sic) de su supuesta intervención”. Poggi le anticipó que “quizás habría novedades después de las elecciones” y le dijo que lo mantendría informado. Le entregaron sus tarjetas, tomaron nota de cómo ubicar a su abogado Roberto Aguiar, pero nunca más se comunicaron.

Fuente: Página/12

Repudiamos las amenazas contra integrantes de AFADER

Ante las amenazas recibidas por nuestros compañeros Carmen Germano, María Luz Piérola y Carlos Guastavino, queremos manifestar nuestro más enérgico repudio y exigir al Estado y a la Justicia que hagan lo que tienen que hacer.
Los personajes de siempre, serviles y funcionales a los genocidas, siguen operando como en los peores años que ha vivido nuestro país.
Esto es porque aún caminan impunes por las calles, porque los que están imputados y procesados aún no tienen sentencias, ya que las causas no avanzan o mejor dicho no las quieren avanzar. Porque hay muchos autores y cómplices que aún ni siquiera están denunciados.
Creemos que el Estado debe investigar a cada uno de los responsables de estas amenazas a estas dos luchadoras integrantes de nuestra Asociación, como así también a los de las amenazas recibidas por el compañero Carlos Guastavino y de todas las que han ocurrido en nuestra provincia, para conocer con nombre y apellido a los cobardes que siguen actuando en la oscuridad.
Tenemos la convicción de que la lucha, que es la que hemos demostrado en estos últimos 30 años, la verdad y la justicia, son las armas con las cuales vamos a poder encarcelar a cada uno de los asesinos y garantizar que el pueblo comience a gestar el ideal que soñaron los 30.000 compañeros que dieron sus vidas por un país más justo para todos y con igualdad de oportunidades.
Por los 30.000 compañeros.
Por Memoria, Verdad y Justicia.

Primera vez una hija de desaparecidos es querellante en el juicio contra sus apropiadores

Comenzó este martes el juicio contra un militar y un matrimonio civil por sustracción de una menor de edad, falsificación de documento público y supresión de identidad de una hija de desaparecidos durante la última dictadura. El capitán José Berthier (foto superior) está acusado de entregar a María Eugenia Sampallo Barragán al matrimonio compuesto por Osvaldo Rivas y María Cristina Gómez Pinto, que también serán juzgados. Esta es la primera vez que una nieta recuperada por Abuelas de Plaza de Mayo será querellante en el juicio por su apropiación ilegal. La chica nació en febrero de 1978 y el parto fue asistido por el médico paranaense Julio César Cáceres Monié (foto inferior).
El capitán del Ejército Enrique José Berthier y el matrimonio compuesto por Osvaldo Rivas y María Cristina Gómez Pinto deberán comparecer ante el Tribunal Oral Federal Número 5. Al matrimonio se le imputa haber participado en la sustracción de María Eugenia Sampallo Barragán de las manos de sus padres, de haber participado en su ocultación y retención, de participar en la falsificación ideológica de la partida de nacimiento con la que se inscribió a la joven como su hija biológica y con la que se obtuvo su documento nacional de identidad falso, suprimiendo así el estado civil y la identidad. A Berthier se lo acusa de los mismos delitos, así como también de haber participado en la falsificación ideológica del certificado de nacimiento suscripto por el médico militar Julio César Cáceres Monié.
Hija de los desaparecidos Leonardo Rubén Sampallo y Mirta Mabel Barragán, la menor fue inscripta como hija propia por el matrimonio con el nombre María Eugenia Violeta Rivas, con fecha de nacimiento 7 de mayo de 1978, aunque había nacido en febrero. Sus padres fueron secuestrados el 6 de diciembre de 1977 de su casa en Capital Federal. Mirta tenía un hijo de tres años de otra pareja -que fue dejado en custodia de su abuelo paterno- y llevaba un embarazo de seis meses. La pareja tenía una actividad gremial: Leonardo en Astilleros de La Plata y Mirta en la fábrica SIAP también en la capital bonaerense.
Según el abogado de Abuelas de Plaza de Mayo, Tomás Ojea Martínez, en el juicio se intentará demostrar que Berthier -un militar retirado cuyo nombre figura en los legajos de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep)- fue quien entregó la niña al matrimonio, después de haberla retenido durante un tiempo. “El nombre Violeta es el mismo que el de la esposa del militar y está comprobado que ninguno de los matrimonios podía tener hijos”, informó el letrado que acotó que en el juicio se sumará el testimonio de la joven que referirá que su apropiadora le decía “a vos te trajo Berthier”.
En 1980 Abuelas de Plaza de Mayo recibieron la denuncia de la desaparición de Mirta Mabel Barragán y su compañero Leonardo Sampallo realizada por Azucena Flora Martín de Barragán. En 1989 se recibieron en la institución denuncias anónimas sobre una criatura apropiada por un matrimonio que la había inscripto como hija propia, lo que motivó una extensa investigación para recopilar las circunstancias y el posible origen de la niña. A su vez, María Eugenia sabía desde los siete años que era hija adoptiva de Osvaldo Rivas y María Cristina Gómez Pinto. En ese momento, se dio intervención al Poder Judicial de la Nación desde la Procuración General y se realizaron los análisis inmunogenéticos, pero los resultados no fueron positivos.
La identidad de María Eugenia Sampallo Barragán comenzó a revelarse cuando a mediados de 2000, y ante las dudas sobre su origen que cotidianamente se planteaba, se acercó a la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (Conadi) y luego a Abuelas de Plaza de Mayo. El 24 de julio del 2001 el informe del Banco Nacional de Datos Genéticos que confirmó que María Eugenia es hija de Mirta Barragán con una probabilidad del 99,99 por ciento, y cuando meses después se obtuvieron muestras de los hermanos de Sampallo se confirmó la filiación paterna. Era la nieta recuperada número 72.
La partida de nacimiento fue firmada por el médico paranaense Julio César Cáceres Monié, hermano del general Jorge Esteban Cáceres Monié, asesinado en diciembre de 1975 en Villa Urquiza. El teniente coronel falsificó los certificados de nacimiento de Claudia Victoria Poblete Hlaczik, María Eugenia Sampallo Barragán y Alejandro Sandoval Fontana -hijo de los entrerrianos Pedro Sandoval y Liliana Fontana-. . Los padres de todos ellos pasaron por el circuito de centros clandestinos de detención conocido como ABO: Club Atlético, El Banco y El Olimpo. El Tordo, tal como se lo conocía, murió en 1980.
Para que este sea el primer juicio en el que la víctima de robo de bebés se presente como querellante se conjugaron varios elementos, entre los cuales Ojea Martínez destacó la actitud de los fiscales en la causa contra Berthier que acusaban a la joven de falso testimonio y que motivaron la intervención de Abuelas de Plaza de Mayo. Además, la defensa del militar había solicitado al tribunal que se realizara un nuevo examen de ADN a la joven, poniendo en peligro su derecho a la identidad y el de todos los nietos restituidos.
“María Eugenia entiende que sus apropiadores no están arrepentidos y que no piensan dar información y por eso decide ser querellante. Esa es una actitud histórica de los apropiadores, que se agrava cuando no hay reparación del delito, es decir cuando se oculta información”, explicó Ojea Martínez como otra razón.
Asimismo, remarcó que “la apropiación de niños es un delito de lesa humanidad y como tal tiene una gravedad que muchas veces queda diluido. La sustracción es una forma de hacer desaparecer a la persona, y en el caso de María Eugenia significó que estuviera 25 años continuando la misma situación de desaparecida que sus padres” en el intento de buscar atenuantes, pero que, aún así, “el origen tiñe todo lo demás de ilegitimo”.
El capitán Berthier se encuentra detenido en Campo de Mayo, mientras que el matrimonio de Osvaldo Rivas y María Cristina Gómez Pinto afronta el proceso en libertad. Las audiencias se extenderán hasta el miércoles 5 de marzo, por lo que la sentencia se conocería a mediados del mes próximo.

Citaron a declarar al ex agente de Inteligencia Paul Navone en la Causa Hospital Militar

La jueza federal de Paraná, Myriam Galizzi, citó a prestar declaración indagatoria al ex teniente primero Paul Alberto Navone, en el marco de la investigación por robo de bebés nacidos en el Hospital Militar de Paraná, durante la última dictadura. Navone fue citado para el lunes 25 de febrero y, según lo que dijo el ex represor Eduardo Tucu Costanzo, podría aportar datos sobre qué sucedió con los hijos mellizos de Raquel Negro, ya que sería uno de los integrantes de la patota que la trajo desde Rosario a dar a luz a la capital entrerriana y permaneció con ella durante el cautiverio en el predio de Avenida Ejército al final.
El mayor Navone integraba el Servicio de Inteligencia del Segundo Cuerpo del Ejército -al igual que Costanzo-. La jueza Galizzi consideró que existen pruebas suficientes sobre su vinculación con los hechos que se investigan, sucedidos en 1978, como para llamarlo a indagatoria. Inclusive, no se descarta que tras brindar testimonio, Navone quede detenido.
En su declaración como testigo en la causa, Costanzo precisó que Raquel Negro fue trasladada a Paraná para dar a luz “por ser el único Hospital Militar de la zona”. También dijo que creía que del operativo había estado a cargo “el mayor Navone, del Hospital Militar de Paraná” y que estaba coordinado por Marino González “que era el que organizaba las guardias. Navone era el segundo jefe, pero no era médico, y es quien recibe a esta persona como sobrina del general (Leopoldo Fortunato) Galtieri, por lo que entiendo que aquí todos creían que era verdad”.
Con estos elementos, se sospecha que en breve, la jueza también podría citar como imputado al propio teniente coronel Marino González. En sus recientes declaraciones a la prensa, Costanzo aseguró que “el que manejaba todo ahí (en el centro clandestino de detención La Calamita, de Rosario) era el teniente coronel Marino González, que vive en Santa Fe, y le dicen Pepe”.
Además, se espera que surjan datos para conocer cuál fue el destino final de los mellizos que tuvo Raquel Negro. La versión de Costanzo es que el varón nació muerto, aunque esto se contradice con testimonios de ex trabajadores de una clínica privada de neonatología de Paraná que los atendieron y que señalaron que el chico padecía serios problemas de salud que no habría podido superar. En tanto, la nena habría sido dejada en la puerta de un convento u orfanato de Rosario, por un grupo que integraban el ex agente civil de Inteligencia del Ejército Walter Pagano y el teniente coronel retirado Daniel Amelong, según los dichos de Costanzo.
Hay que recordar que el traslado de Negro a Paraná se realizó mientras se desarrollaba la denominada “Operación México”, por la cual su pareja, Tulio Valenzuela, también detenido, debía viajar a México para asesinar o permitir el asesinato de la cúpula de Montoneros. Sin embargo, una vez en México, Tucho Valenzuela desbarató el operativo y denunció ante la prensa las graves violaciones a los derechos humanos que se cometían en los centros clandestinos de detención de la zona de Rosario. Actualmente, Valenzuela también está desaparecido.

Repudiamos enérgicamente los agravios contra Estela de Carlotto

Desde la Asociación de Familiares y Amigos de Desaparecidos Entrerrianos y en Entre Ríos (AFADER) queremos expresar el más enérgico repudio a las declaraciones públicas del presidente del Consejo Departamental de Paraná del Partido Justicialista, Rubén Almará (foto), quien en su programa radial se definió como “peronista lopezreguista” y cuestionó la integridad de la presidenta de la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, Estela Barnes de Carlotto -quien se encontraba en la ciudad para constituirse como querellante en la causa por robo de bebés nacidos en cautiverio en el Hospital Militar- y de los ex presos políticos de la última dictadura, poniendo en duda los secuestros, torturas y desapariciones cometidos durante el Terrorismo de Estado.
Consideramos que este tipo de prácticas deben ser desterradas, tanto de la política partidaria como de la sociedad misma; y estos personajes no deben ocupar los medios de comunicación del Estado para calumniar a luchadores políticos y sociales y hacer apología de los delitos más aberrantes.
Asimismo, ratificamos nuestro compromiso como el de quienes han luchado durante más de treinta años y repudiamos todo tipo de amenazas, calumnias y expresiones agraviantes a quienes construimos memoria, apostamos a la verdad y confiamos en la justicia como banderas para que los hechos del pasado no vuelvan a repetirse en el futuro.
Por Memoria, Verdad y Justicia.

Una testigo declaró en el juicio contra militares en Corrientes que vio a Fernando Piérola en el RI-9

En el inicio de las testimoniales en el juicio contra cinco represores del Regimiento de Infantería 9, una psicóloga cordobesa denunció que fue violada y sometida a todo tipo de vejámenes por parte del ex capitán Juan Carlos De Marchi y contó que entre los detenidos en el centro clandestino de detención correntino vio al paranaense Fernando Piérola (foto), que unos meses después fue asesinado en la Masacre de Margarita Belén. Los imputados negaron los cargos por los que se los acusa e invocaron la obediencia debida
Marta Angélica Alvarez, una cordobesa de 67 años detenida en su casa en Corrientes el 14 de septiembre de 1976, por efectivos de la Policía Federal, y luego trasladada al RI-9, donde fue violada y sometida a todo tipo de vejámenes por un sujeto de voz no muy gruesa, con cierta disonancia, muy particular, y acento no local. Esa misma voz la reconocería durante los interrogatorios en el predio militar y cada vez que se retiraba el dueño de esa voz, y aquel perfume tan particular de quien fuera su abusador el primer día, ella preguntaba a los conscriptos santiagueños quién era el que había salido, e invariablemente contestaban sin dudar que se trataba del capitán De Marchi.
Por el agujero de la frazada que oficiaba de cortina en las mazmorras del centro clandestino de detención, ella espiaba a un hombre que siempre pateaba a los prisioneros indefensos, encadenados y encapuchados. Los mismos conscriptos lo identificaron como el subteniente Barreiro; y contó que a Losito lo vio a cara descubierta ya que le mostraba unas fotos de gente buscada por el grupo de tareas para que los identificara y como ella sufría una infección ocular no tenía en ese momento venda alguna.
El lugar donde estaba detenida era un galpón con boxes improvisados por armarios y como “puerta” o cortina tenía una frazada de campaña. En virtud de que estuvo un tiempo sin vendas y podía espiar a través de un agujero de la frazada, pudo ver que además de los “estables” siempre había diez o 15 prisioneros, y podían oírse los gritos desgarradores de la tortura que les era infligida. Allí alcanzó a ver al entrerriano Fernando Piérola, que había sido secuestrado en Misiones junto con su mujer, María Julia Morresi, y que fue asesinado en la Masacre de Margarita Belén, en la madrugada del 13 de diciembre de 1976.
Luego fue el turno de José Arnaldo Gómez. El testigo afirmó conocer a los ex capitanes Rafael Barreiro y Horacio Losito dado que era amigo del cuñado de ambos, Javier Mauriño. Es por eso que al notar que su casa estaba siendo merodeada por personal del Ejército y la policía, decidió apoyarse primero en Barreiro y después en Losito. Sin embargo, cuando se entregó amistosamente en manos de Losito, éste le confesó: “Te estábamos buscando”. Durante su cautiverio, Gómez también relató que escuchaba los gritos desesperados de los prisioneros bajo tortura y vio a detenidos en un estado de salud calamitoso.
Si bien cada una de las palabras de los testigos fueron estremecedoras, el momento más tenso se vivió cuando Hugo Bernardo Midón se paró y señaló personalmente y cara a cara al capitán retirado Juan Carlos Demarchi. “Ese señor era el que comandaba los operativos y participaba de las sesiones de tortura”, afirmó el abogado.
Midón fue el tercer orador. Detenido el 5 de diciembre de 1975, contó cómo la policía lo trasladó junto a su hermano a la Jefatura de Policía. Allí, al segundo día, comenzaron las torturas y los interrogatorios. Midón, que estuvo preso hasta 1980, hizo durante toda su exposición particular hincapié en “un muchacho joven, con un perfume muy particular, que andaba siempre con un cigarrillo”. Ese hombre fue el encargado de detenerlo y torturarlo, ese hombre es al que Midón señaló en medio de la sala. El reconocerlo no fue tan complejo, explicó luego, porque al estar tanto tiempo vendado se agudizó su olfato.
Luego brindó testimonio Julián Lionel Arce, un ex conscripto quen se encontraba prestando el servicio militar desde mediados de 1975 hasta el 11 de noviembre de 1976 cuando le dieron la baja y era el encargado de completar el libro de historia del Ejército. Arce aseguró que tanto Juan Carlos Demarchi, como Rafael Barreiro, Horacio Losito y Carlos Piriz eran los miembros del equipo de inteligencia que funcionaba en el RI-9 y se encargaba de realizar los procedimientos donde se secuestraban a los militantes políticos.
Reconoció una sesión de tortura en una sala que se ubicaba dentro del Casino de Oficiales, zona a la que describió como la que se usaba para alojar a los detenidos. Relató haber escuchado gritos “aterradores” de una persona que era sometida a tortura con picana eléctrica, y dijo que “ponían música de Julio Iglesias para que no se escucharan los gritos”.
Aseguró que todos los soldados, oficiales y suboficiales que estaban en el Regimiento 9 conocían de la existencia de los detenidos y de los vejámenes que sufrían. “El término ‘detenidos’ estaba generalizado entre todos”, enfatizó Arce, quien relató que una vez vio al ex capitán Demarchi descender de un auto arrastrando de los pelos a una mujer a la que llevaba hacia la zona del casino de oficiales.
A ese lugar sólo tenían acceso Demarchi, Losito, Barreiro y Piriz a quien calificó como El Boxeador, “por cómo castigaba a las personas y también a los soldados”.
También describió en las condiciones en que vio a otros de los testigos en esta causa, el militante de las Ligas Agrarias de Goya Rogelio Tomasella: “Estaba esposado en una cama del Hospital Militar totalmente vendado con un guardia en la única puerta que tenía el cuarto que lo custodiaba todo el día”.
Durante la cuarta jornada de proceso, cuatro de los seis imputados rechazaron los cargos de los que se los acusa y recurrieron a la figura de la obediencia debida. Dijeron haber actuado bajo órdenes del general a cargo de la Séptima Brigada de Infantería Cristino Nicolaides “Yo, en esa época, no tenía capacidad de mando, solo cumplía órdenes de Nicolaides. El tendría que estar acá y no está” exclamó Losito.
En tanto, el ex capitán del ejército, Juan Carlos Demarchi se abstuvo de declarar argumentando “no sé de que me acusan, a quién cometí los delitos y cuáles son las pruebas. Declararía pero no se de que se me acusa”.
El juicio es el primero que se desarrolla en el interior del país y tiene como imputados al ex jefe del Ejército Cristino Nicolaides, el capitán retirado Juan Carlos Demarchi, los coroneles Horacio Losito y Rafael Manuel Barreiro y los oficiales de la Gendarmería Carlos Roberto Piriz y Raúl Alfredo Reynoso, quienes están acusados por asociación ilícita, 12 casos de secuestros agravados, vejaciones, apremios, tormentos y las desapariciones forzadas de Juan Ramón Vargas y Rómulo Gregorio Artieda. En el caso de Nicolaides, no está siendo juzgado por su precario estado de salud y permanece internado en Córdoba.

Estela Carlotto se presentó como querellante en la causa Hospital Militar y no descartó que en Paraná hayan nacido más bebés en cautiverio durante la dictadura

“No hay que descartar que los bebes apropiados sean más de cuatro, porque de otros centros de detención y maternidades clandestinas nos hemos llevado sorpresas. El registro de partos existe, el legal y el ilegal, hay que encontrarlos, porque los militares en eso son muy prolijitos, no tiran nada”, aseveró la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, a la salida de los Tribunales Federales de Paraná, donde se constituyó como querellante en la causa por robo de bebés nacidos en el Hospital Militar durante el cautiverio de sus padres en la dictadura. Una multitud la recibió con una aplauso en el frente del edificio y a la salida, 45 minutos después, tras ser saludada por la jueza federal Myriam Galizzi y luego de mantener un encuentro con el fiscal Mario Silva, quien le ratificó su compromiso con la investigación, a pesar de que en casi cuatro años no ha producido avance alguno. Los organismos de derechos humanos exigieron la detención del ex interventor militar en la provincia, Juan Carlos Trimarco.
Una multitud la recibió con aplausos en la puerta de los Tribunales Federales, cuando a las 11.45 Estela de Carlotto bajó del automóvil que la trajo hasta la capital entrerriana. De impecable trajecito y anteojos oscuros, no alcanzó a pisar la vereda que fue abordada por los periodistas que montaban la guardia.
“Abuelas de la Plaza, el pueblo las abraza”, era canto que se oía de fondo cuando la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo comenzó a responder las preguntas. “Los chicos hoy son adultos, tienen 30 años o más y quieren saber su identidad. Nosotros tenemos que ayudarlos a encontrarla y esa manifestación que va saliendo a los medios, a estos chicos que tienen dudas los motiva para decir ‘no seré yo alguno de los nietos’. Nosotros los ayudamos y los atendemos”, fueron sus primeras palabras.
Antes de ingresar al edificio tribunalicio, Carlotto remarcó que “nunca se sabe lo que puede encontrarse cuando uno inicia una investigación. Esto ha sido una lucha sin cuartel, contra el pueblo, clandestina, un terrorismo de Estado. Acá hay alguien que declaró y dijo que uno de los hijos de Raquel Negro murió y el otro fue entregado en un convento. Nosotros no creemos nada, hay que investigar queremos pruebas fehacientes porque hoy tenemos muchos chicos que están apropiados y siendo criados con una falsa identidad. En este largo recorrido uno avanza, aprende y abre el camino. Sabemos que en este Hospital Militar nacieron hijos de desaparecidos”.
Durante 45 minutos, una comisión de familiares de víctimas -encabezada por Carmen Germano y Clara Fink-, ex detenidos e integrantes de organismos de derechos humanos acompañó la presentación de Estela de Carlotto como querellante en la causa por robo de bebés nacidos en el Hospital Militar de Paraná durante la dictadura, formalizada con el patrocinio de la abogada de H.I.J.O.S. Regional Rosario, Ana Oberlin.
Luego del formalismo de la presentación, la comisión fue saludada por la jueza federal Myriam Galizzi -que en 2004 permitió la reapertura de las causas judiciales con su fallo en el que ratificó la validez de la ley que anuló las leyes de obediencia debida y punto final y declaró la inconstitucionalidad de los indultos presidenciales firmados por Carlos Menem- en la puerta de su despacho y enseguida se reunieron por el fiscal Mario Osvaldo Silva, quien les expresó su compromiso con la investigación. Sus declaraciones de ocasión crisparon los pelos de varios de los presentes, conocedores de que a casi cuatro años de reiniciadas las investigaciones no ha producido avance alguno. “El fiscal nos atendió en su despacho, nos explicó el procedimiento, su compromiso, el rol que les toca a los fiscales, intercambiamos una charla amistosa, esperanzadora. Sabemos que en la Justicia hay deficiencias edilicias, de presupuesto, falta de personal, pero a pesar de ello hay que trabajar”, diría Carlotto a la salida.
Carlotto no quiso dejar pasar la ocasión para saludar al camarista Gabriel Chausovsky. Se encontraron en los pasillos del edificio, y hubo la titular de Abuelas de Plaza de Mayo recordó a quien fue uno de los pocos jueces en el país que en 1988 planteó en un fallo judicial la inconstitucionalidad de las leyes de obediencia debida y punto final.
La causa se inició en 2005 a raíz de una denuncia en la que se consignó que Raquel Negro, que estaba detenida en el centro clandestino de detención Quinta de Funes, en las afueras de Rosario, fue trasladada a Paraná e ingresada en el Hospital Militar como sobrina del general Leopoldo Fortunato Galtieri para dar a luz. La mujer tuvo mellizos, pero el varón habría fallecido un mes después de nacer y la nena habría sido dejada en un convento en Rosario; mientras que la mujer fue asesinada, devuelta a la ciudad santafesina y desaparecida. Pero además, se tiene constancia de otra mujer que también habría dado a luz en la misma fecha, a mediados de 1978. En esta causa está imputado Juan Carlos Trimarco por sustracción de menores de edad y sustitución de identidad. Si bien debía prestar declaración indagatoria el 30 de noviembre pasado, presentó un certificado médico en el que se asegura que padece Alzehimer. Por estos días, la jueza espera el resultado de una pericia que determine si está en condiciones de declarar.
Una lluvia de flashes la recibió al pie de la escalera. Se dejó fotografiar pacientemente y luego aseveró que “tenemos la certeza de que hay cuatro bebés que nacieron en el Hospital Militar cuatro, pero no se sabe que puede pasar mas adelante y no hay que descartar que los bebes apropiados sean más de cuatro, porque de otros centros de detención y maternidades clandestinas nos hemos llevado sorpresas. El registro de partos existe, el legal y el ilegal, hay que encontrarlos, porque los militares en eso son muy prolijitos, no tiran nada. Yo le recomendé al fiscal que mire e investigue porque en estos hospitales existen registros. Siempre hay algunas pistas que los militares creen que no se ven, pero hay que buscarlas. Y si se llega a tener constancia o evidencia de otros chicos nacidos en Paraná, se harán más presentaciones”, remarcó Carlotto.
Además, puntualizó que “en el caso de los hijos de Raquel Negro, alguien ha declarado que el nene murió y que la nena fue dejada en una casa de monjas, pero que diga dónde está el cuerpito y mediante prueba de ADN vamos a identificarlo; solo así vamos a creerlo, porque además hay un hermano. Y en el caso de la niña, que estará apropiada y con su identidad cambiada, la Justicia que rastrear hasta donde la dejaron. Esas son las puntas claras que hay en este caso”, al tiempo que agregó que “avanzar depende de la Justicia. Los querellantes traemos los elementos, la paciencia, el interés y después hay que ver cómo responden ellos. Las autoridades judiciales tienen el poder de accionar”.
Por otra parte, se refirió a la continuidad de la lucha para encontrar a los más de 400 nietos robados por la dictadura y destacó que “después de los programas que se emitieron de Televisión por la Identidad, no se imaginan la cantidad de chicos con dudas que aparecieron por la Casa de las Abuelas. Tuvimos que abrir espacios nuevos, crear horarios distintos, poner más gente para escucharlos. Todo el tiempo viene gente y eso pasa en todo el país, porque en las provincias hay nódulos de la Red Nacional por la Identidad, para que los chicos no tengan necesidad de viajar a Buenos Aires”. En el caso de Paraná, está a cargo del Programa de Derechos Humanos del Rectorado de la Universidad Autónoma de Entre Ríos (UADER), en calle Ramírez 1143, aunque el contacto puede ser al teléfono (0343) 4207907 - interno 32.
Por último, Carlotto remarcó que “nosotros vamos abriendo el camino en forma permanente, recibiendo un apoyo cada vez mayor y damos dos mensajes: todas aquellas personas que saben algo sobre los desaparecidos, los nietos robados o que tengan la certeza de que en el barrio hay un chico que puede ser hijo de desaparecidos, que lo denuncien ante la Justicia o ante los organismos de derechos humanos; y a los jóvenes les decimos que si tienen una duda, que no se queden con la duda, que averigüen sobre su identidad, que hay gente para ayudarlos y estamos las Abuelas para abrazarlos”.

Foto: Análisis Digital.

Siguen las demoras para conformar el tribunal que realizará el juicio por la causa Brusa en Santa Fe

Tras la excusación de los integrantes titulares del Tribunal Oral Federal santafesino se excusaron de intervenir en el juicio contra el ex juez federal Víctor Hermes Brusa (foto) y otros seis represores por privación ilegítima de la libertad agravada y apremios ilegales cometidos durante la última dictadura militar, por su cercanía con el proceso, sigue sin definirse quiénes serán los encargados de llevar adelante el juicio oral, puesto que por distintos motivos una docena de conjueces ha desistido de integrar la corte.
Los jueces titulares María Ivon Vella, José María Escobar Cello y Ramiro Puyol se apartaron del proceso contra Brusa, María Eva Aebi, Domingo Marcelini, Eduardo Ramos, Héctor Colombini, Mario Facino y Juan Perizotti -Nicolás Tete Correa falleció el año pasado-. Vella puso como argumento su antigua relación laboral con Brusa, Escobar Cello fue funcionario judicial durante la dictadura y Puyol tiene un familiar cercano desaparecido en Córdoba en los años de la represión ilegal.
De inmediato comenzó se realizó el sorteo a partir de la lista de conjueces integrada por 25 profesionales del fuero federal. Hasta el momento, tres de los cuatro que aceptaron el cargo tuvieron algún vínculo con alguno de los detenidos, ya sea por cuestiones personales, tanto como por haber participado de procesos administrativos o judiciales en los que se enfrentaron en otra ocasión, por lo que fueron recusados. En total, doce letrados han sido rechazados. El abogado Martín Francisco Gutiérrez es el único que hasta ahora no ha recibido reproches.
Además, las víctimas de la dictadura han manifestado críticas a la fiscal del proceso, porque consideran que “por su cercanía (con el ex juez Víctor Brusa), nos despierta serias dudas. Frente a ello es que estamos solicitando una reunión con el procurador general de la Nación, Esteban Righi, para ponerlo al tanto de lo que sabemos y de los temores que tenemos con esta Fiscalía. Hay usos y costumbres según los cuales los tribunales no fallan penas superiores a las que los fiscales piden”, explicó Patricia Isasa, una de las querellantes en el proceso.
Ante esta situación de incertidumbre, victimas y querellantes estudian entablar acciones para que el tribunal se constituya con jueces de otras jurisdicciones, ya sean de la propia provincia o de otras.
En definitiva, todo indica que el futuro inmediato de la causa será tan intrincado como lo fue todo este proceso que se inició en mayo de 2002, a partir de una denuncia del fiscal federal Eduardo Freiler y como derivación de la causa que tramitaba en España el juez Baltasar Garzón por “terrorismo y genocidio”, que involucró a los mismos imputados en Santa Fe. La causa judicial fue instruida durante cinco años por el juez federal Reinaldo Rodríguez, quien el 14 de agosto de 2002 declaró la inconstitucionalidad de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final. Tres años después, el 17 de febrero de 2005, procesó a Brusa, a los policías Facino -ex presidente comunal de San José de Rincón-, Colombini, Perizzotti, el ex oficial de inteligencia Ramos, la ex carcelera Aebi y al ex suboficial del Ejército, Nicolás Correa por supuesta “privación ilegítima de la libertad agravada, vejaciones, apremios ilegales, coacción y tormentos” y embargó sus bienes por 800.000 pesos a cada uno; y dos meses más tarde, en abril de 2005, procesó al coronel Marcellini, ex jefe del Destacamento de Inteligencia Militar 122, como autor mediato de la represión ilegal.
Además, la mayoría de los detenidos goza de la prisión domiciliaria: Marcellini en su casa en la ciudad de Mendoza; Facino en San José del Rincón y Perizzotti y Colombini en Santa Fe. Sólo Aebi sigue presa en el cuartel de la Guardia de Infantería Reforzada y Ramos en el piso alto del Cuerpo de Bomberos Zapadores, en el microcentro santafesino; mientras que Brusa continúa internado en un sanatorio privado, después de sufrir una descompensación.
La causa tiene otra dificultad, ya que las actuaciones contra quien se desempeñara como jefe del Área 212, el ex coronel Juan Orlando Rolón, fueron desacumuladas del proceso principal elevado a juicio y el ex hombre fuerte del Ejército santafesino será indagado nuevamente.

Elevan a juicio oral una causa contra tres represores neuquinos por el secuestro de tres maestras entrerrianas

El juez federal de Neuquén Guillermo Labate elevó a juicio oral la causa contra tres ex jefes militares acusados de delitos de lesa humanidad cometidos en el centro clandestino de detención La Escuelita, que funcionó en el Batallón Militar de la capital provincial durante la última dictadura. Se trata de ex jefes militares, acusados de la detención ilegal y asesinato de 15 personas, entre ellas tres maestras entrerrianas, detenidas en Cipoletti por el crimen del general Jorge Esteban Cáceres Monié, en Villa Urquiza, en 1975.
Los imputados son el general Enrique Braulio Olea, ex jefe del Batallón Militar de Neuquén; el teniente coronel Oscar Lorenzo Reinhold, ex jefe de Inteligencia del Comando de la Sexta Brigada; y el mayor Luis Alberto Farías Barrera, todos procesados y con arresto domiciliario hasta la realización del juicio oral, a quienes el magistrado acusó de conformar una asociación ilícita, privación ilegal de la libertad agravada, aplicación de tormentos psíquicos y físicos agravados por ser perseguidos políticos, allanamiento ilegal y robo.
El juez Labate precisó que “estos delitos ocurrieron hace más de 30 años y obedecieron a un plan sistemático y criminal instaurado en todo el territorio de la Nación con el apoyo de otros gobiernos dictatoriales del Cono Sur por quienes usurparon el poder en la Argentina el 24 de marzo de 1976”.
En su resolución, el magistrado apuntó que los militares “pretendieron asegurar la impunidad de estos delitos mediante la destrucción de la mayoría de los elementos probatorios, levantamientos militares que obligaron a poderes del Estado al dictado de leyes que contrariaban la Constitución y amenazas de toda índole”, por lo que consideró que “estos hechos deben ser enmarcados en un genocidio que tuvo como objetivo perseguir y destruir a un grupo de personas identificadas por determinadas características”.
Esta primera parte de la investigación esta orientada a juzgar lo ocurrido en el centro clandestino de detención La Escuelita, que funcionó en el Batallón Militar de Neuquén. Las quince víctimas incluidas en este tramo de la investigación, fueron trasladadas en forma ilegal a ese lugar donde permanecieron secuestradas y sometidas a torturas. Entre ellas, tres docentes entrerrianas, que fueron condenadas por el Consejo de Guerra que se implementó por el crimen de Cáceres Monié.
El juez Labate también consignó que “la organización delictiva contó con la estructura que le otorgaba el Ejército Argentino, los suficientes cuadros humanos oficiales, suboficiales y personal civil- destinados en unidades militares de la Subzona 5.2 y los materiales e instalaciones militares que ocupaban gran parte del territorio de la ciudad, armas, logística, automotores que permitieron establecer a mediados de 1976 un centro clandestino de detención”.
Además, En una segunda etapa, el juez elevará a juicio oral otro tramo de la investigación por el funcionamiento de La Escuelita por la que están procesados y detenidos el médico militar Hilarión de Paz Sosa y los ex miembros del área de inteligencia Mario Gómez Arena, Francisco Julio Oviedo, Jorge Molina Escurra y Sergio San Martín. Mientras tanto, el fiscal José María Darquier le solicitó al juez que indague a otros veintiséis militares, un gendarme, cuatro policías penitenciarios, dos policías federales, diez policías rionegrinos y un policía neuquino imputados por delitos cometidos en el centro clandestino de detención conocido como La Escuelita.

Hallaron una foto dedicada por Menem a Febres entre las pertenencias del represor

En una pesquisa realizada por los investigadores de la causa en la que se investiga la muerte del represor Héctor Febres se encontraron nuevos elementos, entre ellos una foto dedicada por el ex Presidente Carlos Menem en la que se dirige “a mi amigo y compañero Héctor Febres, un abrazo con afecto…”. Además, aparecieron fotos de vacaciones con su familia en la a la base naval de Azul mientras debía estar detenido y placas de cursos de inteligencia que involucran a personal en actividad. También se determinó que la escena del crimen fue modificada y el ex subprefecto conservó sus armas aun detenido.
La pesquisa por el envenenamiento del subprefecto llegó hasta una casa en el barrio de Palermo que habitó la familia hasta la detención de Héctor Febres en diciembre de 1998, apropiación de bebés durante la dictadura. Desde entonces está alquilada por una familia que no tiene parentesco con el represor, que entregaron a los investigadores elementos pertenecientes a los propietarios de la vivienda. “Ah, disculpen, quizás esto les sirva. Los dueños nos pidieron si podían guardar algunas cosas en la baulera”, les dijo la mujer que los atendió.
Entre varios elementos personales encontraron condecoraciones y felicitaciones enmarcadas como diplomas. Uno les llamó la atención: la foto autografiada de Carlos Menem con la banda y el pelo felinamente abultado. “A mi amigo y compañero Héctor Febres, un abrazo con afecto...”, puede leerse antes de la firma del ex Presidente, la misma que estampó en los indultos y en la ley de Obediencia Debida que cobijó al prefecto.
Entre los cuadritos encontrados en el allanamiento de la baulera aparecieron otros de interés para los investigadores. Son placas de cursos vinculados a servicios de inteligencia, de los que surgen nombres de personal en actividad. “Hay mucha documentación para producir medidas y con puntas a seguir”, comentó una fuente de la causa. “Hay nombres poderosos, por eso no podemos descartar nada”, agregó.
En 1998 Febres cayó preso por haber sido parte del plan sistemático de apropiación de menores durante la dictadura, un delito que no estaba amparado por aquellos perdones. Sin embargo, a juzgar por las numerosas pruebas acumuladas en la investigación de su muerte, mal no le fue durante su encierro VIP.
A pocos días de que su cadáver apareciera en el departamento de dos ambientes de la Zona Delta de la Prefectura Naval, se conocieron las condiciones de privilegio de las que gozaba, y que los investigadores sospechaban que además tenía libertad de movimientos. El curso del caso demostró que Febres tenía un chofer a disposición, y la Armada, la Prefectura y la Justicia le permitieron ir de vacaciones en familia a la base naval de Azul. Las autoridades de la Prefectura lo trataban como un jefe en apuros, más que como un acusado de delitos de lesa humanidad, lo dejaban participar de sus actividades protocolares y le daban servicios de telefonía, Internet, cancha de tenis, visitas sin horario, registro ni requisa, uso de sus salones para fiestas y reuniones regadas con bebidas alcohólicas. Febres podía tener su billetera, documentos, trajes, llaves y medicamentos. Y hasta 2003 conservó sus armas, según consta en un certificado que obra en el expediente judicial.
El relajo de la prisión preventiva era tal que su esposa podía quedarse a dormir en la habitación con baño en suite y cama de dos plazas. La jueza Sandra Arroyo Salgado determinó que la escena del crimen fue totalmente alterada, encontró la computadora de Febres en otro sitio, y a los familiares y prefectos participando de estos movimientos. Ahora, además, se dio cuenta de que el cuerpo del represor, aparecido boca abajo, estaba en una cama de una plaza. Alguien quiso ocultar también las comodidades matrimoniales.
Más allá de la incógnita respecto de lo que pueda hacer la Cámara Federal de San Martín con los procesamientos dictados por la jueza a la esposa Stella Maris Guevara, y los hijos, Héctor y Sonia, como encubridores, y a dos prefectos como partícipes del homicidio -uno de ellos el concordiense Héctor Volpi-, el caso avanza hacia las responsabilidades institucionales. En los próximos días, Arroyo Salgado estará en condiciones de decidir si cita a indagatoria al ex jefe de la Prefectura Carlos Fernández y al jefe de la Armada, Jorge Godoy, como le solicitaron las abogadas que representan a Enrique Fukman y a Carlos Lordkipanidse, sobrevivientes de la ESMA.
La jueza estableció además que hubo una comunión de intereses entre la Prefectura y la Armada para mantener a Febres cómodo y a la vez controlado, por si acaso se le ocurría dar más detalles sobre su paso por la ESMA, donde los sobrevivientes lo ubican no sólo como torturador sino también como encargado de los bebés nacidos en cautiverio. El prefecto ya había nombrado a varios de sus jefes de entonces y solía manifestar su bronca contra las cúpulas que seguían en libertad. Pero los veranos de 2003, 2004 y 2005 que pasó en Azul se sintió tan relajado como para armar el álbum fotográfico de recuerdos. Esas imágenes de Febres en la pileta y en los chalecitos de la base dejan poco margen para la duda sobre la vinculación de la Armada con la detención de privilegio del prefecto asesinado. De hecho, la sospecha es que la fuerza a cargo del almirante Jorge Godoy fue cómplice de Prefectura.

Fuente: Página/12.

Pidieron 17 años de prisión para el represor que se apropió de Juan Cabandié

El fiscal federal Carlos Rívolo solicitó que el ex oficial de inteligencia de la Policía Federal Luis Falco sea condenado a 17 años de prisión por el secuestro y sustitución de identidad de Juan Cabandié (foto superior), a quien inscribió como hijo propio. Los estudios de ADN determinaron que el joven era hijo de Damián Abel Cabandié -oriundo de Entre Ríos- y Alicia Elena Alfonsín, ambos desaparecidos, y en enero de 2004 recuperó su identidad (foto inferior).
En el marco de un proceso que se rige por el viejo Código Penal escrito, el fiscal Rívolo, acusó a Luis Falco por la retención, ocultamiento y falsificación de datos de identidad de quien había inscripto como hijo de su matrimonio con María Teresa Perrone. Falco se apropió de Cabandié hace casi tres décadas, cuando era apenas un recién nacido.
Juan es hijo del entrerriano Damián Abel Cabandié y Alicia Elena Alfonsín, secuestrados el 23 de noviembre de 1977. Damián tenía 19 años, era delegado gremial en la empresa Entel y activista barrial y no regresó del trabajo a la hora habitual. Con sus llaves, un grupo que se identificó como “Fuerzas Conjuntas” volvió a entrar más tarde a la casa y se llevó a Alicia, de 16 años, embarazada de cinco meses y con un fuerte trabajo político y social en una villa miseria en la provincia de Buenos Aires. Ambos fueron vistos en el centro clandestino de detención El Banco por compañeros de cautiverio que lo recuerdan a él como Boggie y a ella como Bebé. Luego Alicia fue trasladada a la ESMA a fines de diciembre, donde fue alojada en la llamada pieza de embarazadas y en marzo de 1978, con asistencia del obstetra del Hospital Naval Jorge Luis Magnasco, dio a luz a un varón al que llamó Juan. Estuvo con él 22 días, hasta que Héctor Febres le anunció su “traslado” y se llevó al bebé.
El 26 de enero de 2004 Juan recibió la confirmación de que era hijo de Alicia y Damián, luego de casi dos años de búsqueda de su identidad. Desde entonces fundó Generación por la Emancipación Nacional (GEN), un espacio de militancia barrial integrado por jóvenes porteños y bonaerenses y agrupaciones de la Universidad de Buenos Aires, que se reúnen periódicamente para desarrollar diversos tipos de trabajos socio-antropológicos. Y desde hace unos meses ocupa una banca en la Legislatura porteña por el partido Frente para la Victoria.

Comenzó el juicio oral y público contra seis represores de la dictadura en Corrientes

Esta mañana comenzó en Corrientes el juicio contra seis represores por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura en centro clandestino de detención que funcionó en el Regimiento de Infantería 9. Los imputados son el ex jefe del Ejército Cristino Nicolaides (foto), el capitán retirado Juan Carlos Demarchi, los coroneles Horacio Losito y Rafael Manuel Barreiro y los oficiales de la Gendarmería Carlos Roberto Piriz y Raúl Alfredo Reynoso, quienes están acusados por asociación ilícita, 12 casos de secuestros agravados, vejaciones, apremios, tormentos y las desapariciones forzadas de Juan Ramón Vargas y Rómulo Gregorio Artieda. En el lugar estuvo detenido el paranaense Fernando Piérola, asesinado en Margarita Belén.
Los jueces del Tribunal Oral Federal de Corrientes Víctor Alonso, Lucrecia Rojas Badaró y el conjuez Carlos Navarro -reemplaza a Vicente Constancio Espósito, quien debió excusarse porque fue juez federal durante la dictadura y las defensas de los imputados lo ofrecieron como testigo- iniciaron poco después de las 8.30 las audiencias contra los cinco imputados por secuestros y desapariciones durante la dictadura militar.
La jornada de apertura del juicio oral servirá para la discusión técnica entre los abogados defensores, la fiscalía y los querellantes. Del debate surgirán las líneas de acción de los que acusan y de los que defienden a los cinco imputados. La ronda de testigos recién se abrirá el martes de la semana próxima. Entre los 90 declarantes, se destaca el testimonio que brindará el médico policial Otto Eliseo Manzolillo, que fue quien hizo la autopsia de cuatro cadáveres que aparecieron flotando en el río Paraná, en la zona de Empedrado, entre los años 1976 y 1977. Los cuatro fueron inhumados como NN y el único identificado hasta ahora es el de Rómulo Gregorio Artieda. Los cuerpos tenían una característica común: les habían abierto el vientre, se supone que para que no pudieran salir a flote.
Las historias de Rómulo Gregorio Artieda y Juan Ramón Vargas, militantes de la Juventud Peronista desaparecidos en la provincia, serán los ejes de la acusación contra los cinco represores que comenzaron a ser juzgados. Artieda es el primero y hasta ahora único desaparecido correntino cuyo cuerpo fue identificado por el Equipo de Antropología Forense en 2006. Lo habían secuestrado en la estación bonaerense de Burzaco, del ex ferrocarril Roca, y lo llevaron al Regimiento de Infantería 9. A Vargas, miembro de la JP relacionado con las Ligas Agrarias, una organización que fue diezmada por la represión, lo secuestraron en Goya y también fue visto en el RI-9.
También declarará medio centenar de militares retirados y capataces de estancia. Por las querellas darán testimonio más de 40 testigos, en su mayoría sobrevivientes del RI-9. También la documentalista francesa Marie Monique Robin y miembros del Equipo Argentino de Antropología Forense. Además, se presentarán familiares del paranaense Fernando Piérola. El juicio se estima que tendrá una duración de cuatro meses.
Por el RI-9 pasaron también Fernando Piérola -aunque fue secuestrado en Misiones-, Luis Díaz y Carlos Alberto Duarte, tres de las víctimas de la matanza que se produjo en Margarita Belén, en la que estuvo involucrado el general Cristino Nicolaides, quien no se presentará en este juicio, aunque también está como imputado. Los médicos forenses dicen que está muy enfermo y que ni siquiera le notificaron que fue condenado a 25 años de prisión en otra causa porque “no podría soportarlo” dado su estado de salud.
Los imputados son ex miembros del Regimiento de Infantería 9, y entre ellos sobresale el capitán (R) Juan Carlos Demarchi, un empresario ganadero que despierta simpatías en las familias patricias correntinas a quien sus camaradas bautizaron El Electricista por sus destrezas con la picana y era el interrogador en carácter de jefe de inteligencia del área militar 231. Además, serán juzgados los coroneles Horacio Losito y Rafael Manuel Barreiro, y los oficiales de Gendarmería Carlos Roberto Piriz y Raúl Alfredo Reynoso.
La causa del RI-9 se reabrió a fines de 2003 con la presentación de familiares de Vicente Ayala, patrocinados por la Comisión de Derechos Humanos de Corrientes y en 2004 se sumaron los familiares de Vargas y Artieda. Si bien los casos se unificaron, la causa se desdobló y el caso Ayala no fue elevado. En octubre de 2004 el juez federal Carlos Soto Dávila ordenó las primeras detenciones, que conmocionaron a la alta sociedad correntina. Sobre todo por el caso Demarchi, próspero ganadero que llegó a presidir la Sociedad Rural.
Además, los coroneles Barreiro y Losito estaban en actividad cuando fueron detenidos. Barreiro cumplía funciones en el Regimiento de Monte Caseros y Losito era agregado militar en Italia hasta que en 2003 el juez federal de Resistencia, Carlos Skidelsky, ordenó su detención por su actuación en la Masacre de Margarita Belén. La Cámara Federal lo liberó, pero allí culminó su aventura europea. En el caso de Reynoso, llegó a ser comandante de Gendarmería y después fue candidato a intendente de Orán, en Salta, y asumió como concejal por el Partido Renovador del capitán de navío Roberto Ulloa.
Excepto los gendarmes Reynoso y Piriz, presos en Marcos Paz, y Nicolaides, los militares imputados estuvieron detenidos desde el primer día en la Base de Apoyo Logístico de La Liguria, en Resistencia, servidos por sus pares. Recién en diciembre, cuando el prefecto Héctor Febres apareció envenenado en su dúplex del Tigre, fueron trasladados al Instituto Penal de Campo de Mayo. Desde el miércoles están alojados en la Unidad 7 del Servicio Penitenciario chaqueño y desde el martes deberán presentarse ante el tribunal correntino.
Para el inicio de las audiencias se acercó un gran número de personalidades y organismos de derechos humanos, ya que este es el primer juicio que se sustancia en el interior del país. Entre otros llegaron a Corrientes Mabel Tati Almeida, de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora; desde el Foro por la Justicia de Goya arribaron la docente Berta Arroyo, el sacerdote Víctor Hugo Arroyo y el abogado Tadeo Solís; la dirigente de Familiares de Detenidos y Desaparecidos por Causas Políticas, Ángela Boitano; los diputados nacionales Remo Carlotto, Araceli Carmona, Hugo Perié, Eduardo Galantini, Diana Conti; el senador nacional Fabián Ríos y el diputado provincial Tamandaré Ramírez Forte; la responsable de la Casa de Derechos Humanos de Curuzú Cuatiá, Martha Pelloni; la dirigente de la Red Provincial de Derechos Humanos Hilda Presman; por los organismos de Derechos Humanos de Paso de los Libres, el abogado Jorge Olivera y la operadora del Programa Verdad y Justicia de la Nación, María José Guembe; y de AFADER está María Luz Piérola.