Ordenan la detención de quince represores en Chaco

El conjuez federal de Resistencia, Juan Antonio Piñero ordenó la detención de quince nuevos imputados -un militar y catorce policías, todos retirados- en el marco de lo que se conoce como “Causa Caballero”, en la que se investigan hechos de torturas y desapariciones de personas durante el terrorismo de Estado en la provincia de Chaco.
El 15 de enero pasado, el magistrado ordenó la detención del teniente coronel retirado José Tadeo Luis Bettolli, quién también se encuentra denunciado por la Masacre de Margarita Belén; y de los policías Félix Cáceres, alias El Indio, Rubén Héctor Roldán, Oscar Alberto Galarza, Juan Ramón Rodríguez Valiente, José Omar Esquivel, Guillermo Antonio Enchausti, Cristino Martínez, Ramón Héctor Maidana, Miguel Ángel Victorello, Pedro Ramos, Francisco Orlando Álvarez, Regiardo Cáceres, Omar Eduardo Monzón y Oscar Octavio Ayala, quien era el jefe de la guardia mas dura de la Alcaidía de Resistencia y dirigió las torturas previas a la ejecución de la Masacre de Margarita Belén entre la noche del 12 y la madrugada del 13 de diciembre de 1976, aunque ya habría fallecido.
En la misma resolución, el juez Piñero dispuso que los represores sean alojados en la alcaidía policial de Resistencia.
La “Causa Caballero” fue reabierta en el año 2002, cuando se retomaron las investigaciones por el accionar de lo que se conoce como la Patota de la Brigada de Investigaciones (foto), que operó entre 1974 y 1979. Desde que se reinició la investigación ha habido detenciones, liberaciones y demoras. De hecho, siete represores permanecen detenidos: Lucio Caballero, Ramón Esteben Meza -se encuentran con prisión domiciliaria- y los ex policías Gabino Manader, José Francisco Rodríguez Valiente, José María Cardozo, José Marín y Héctor Ramón Escobar -están alojados en la alcaidía policial- y el teniente primero Luis Alberto Pateta -detenido en Campo de Mayo e imputado por la Masacre de Margarita Belén-.
También están procesados, aunque sin prisión preventiva los ex policías Ramón Andrés Gandola, Enzo Breard y el integrante de los servicios de inteligencia Alberto Valussi.
En la misma causa están imputados sin procesamiento el miembro de la Policía Federal Alberto Julio Manetti y los ex policías chaqueños Evangelito García, Alfredo Abate y Eduardo Wischnivetky.
En tanto, fallecieron mientras estaban imputados los comisarios Carlos Alcides Thomas y Wenceslao Ceniquel, ambos imputados por la Masacre de Margarita Belén.
En la misma causa existen requerimientos por tormentos contra los fiscales federales Carlos Flores Leyes y Roberto Domingo Mazzoni, denunciados por los ex detenidos y organismos de derechos humanos como partícipes de los crímenes de lesa humanidad, y recientemente a quienes se solicitó que se promueva el juicio político. De hecho, Mazzoni renunció.

El 14 de febrero se presentarán las Abuelas de Plaza de Mayo como querellantes en la causa Hospital Militar

Estela de Carlotto (foto) estará el 14 de febrero en Paraná para formalizar la presentación de Abuelas de Plaza de Mayo como querellante en la causa por robo de bebés nacidos en el Hospital Militar de Paraná durante la dictadura. De esta manera, la organización reforzará la denuncia radicada en 2005 por Sebastián Álvarez por el robo de los mellizos que dio a luz su madre, Raquel Negro, y que se encuentran desaparecidos. Además, se espera que la jueza Myriam Galizzi resuelva si el represor Juan Carlos Ricardo Trimarco será citado a prestar declaración indagatoria como imputado.
La titular de Abuelas de Plaza de Mayo llegará el 14 de febrero a Paraná para sumarse a la denuncia por robo de bebés nacidos en el Hospital Militar durante el cautiverio de sus madres y la posterior sustitución de identidad en los casos de al menos dos pares de mellizos. Por ambos delitos está imputado el ex hombre fuerte de la dictadura en Entre Ríos, Juan Carlos Trimarco, cuya declaración indagatoria se definirá en los próximos días, una vez que concluyan las pericias sobre su estado de salud.
Carlotto arribará acompañada de los abogados Luciano Hazan -coordinador del equipo jurídico de la entidad- y Ana Oberlin -representante de la agrupación H.I.J.O.S. Regional Rosario. Ambos letrados serán los asesores legales de la nueva querellante, sumándose al equipo que integran Marina Barbagelata, Marcelo Baridón y Gamal Taleb.
En el caso de Ana Oberlin, es también querellante en la megacausa Feced, en la que se investiga el accionar represivo ejecutado en Rosario por las Fuerzas Armadas y de seguridad. Además, lleva adelante la querella por la Masacre de la calle Juan B. Justo, en la que fueron asesinados los entrerrianos Omar Amestoy, María del Carmen Fettolini, María Eugenia Amestoy y Fernando Amestoy -oriundos de Nogoyá-; y Ana María del Carmen Granada de Gonçalves, el 19 de noviembre de 1976, en San Nicolás.
Carlotto también tiene previsto entrevistarse con el fiscal de la causa, Mario Silva, y la jueza federal subrogante, Myriam Galizzi.

El recuerdo de Élida Goyeneche, a treinta años de su secuestro y desaparición

Al cumplirse 30 años de la desaparición de Elida Goyeneche de Sobko (foto inferior), familiares y organismos de derechos humanos realizaron un acto en el balneario Club Doña Goya en la localidad correntina, encabezado por Clarisa Sobko (foto superior), hija de la docente y estudiante de medicina secuestrada por efectivos militares el 12 de enero de 1978.
El emotivo acto estuvo organizado por la asociación Memoria, Derechos Humanos y Solidaridad (Medehs) de Goya, junto a una agrupación H.I.J.O.S. Regional Paraná. A través de una carta, Clarisa llamó a la sociedad a “testimoniar sobre el robo” de su madre, y aseguró que “la desaparición física de Élida a manos de asesinos que se autodenominaban señores de la vida y de la muerte, que siguen en libertad caminando por las calles de Goya con total impunidad; nos convoca hoy nuevamente para seguir exigiendo justicia”.
Elida Olga Goyeneche fue secuestrada delante de sus hijos y de su madre, a las cinco de una tarde calurosa de verano en el Club Doña Goya, un balneario ubicado sobre el río Paraná, en la ciudad correntina. Desde ese día, nadie volvió a verla. Era la menor de dos hermanas. Estudiante aplicada, se recibió de maestra en la Escuela Normal, donde también había estudiado su madre y donde lo haría su hija. Aunque se llevaban un año de diferencia, ambas hermanas cursaban juntas. Con el título de maestra normal, decidió estudiar medicina en Corrientes. Aunque no logró terminar la carrera, encontró allí el amor de Pedro Sobko, un misionero, flaco, rubio y bastante alto, de andar tranquilo, hijo de inmigrantes polacos y rusos que habían llegado al país corridos por la guerra. Se casaron en secreto el 15 de enero de 1974 en La Leonesa, una localidad ubicada en el norte de la provincia de Chaco, distante a 74 kilómetros de Resistencia, sin decirle nada a la familia, y al poco tiempo nació Oscar, el primer hijo.
Militantes del Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT), pasaron por Paraná, donde vivieron en el barrio San Agustín. Ya entonces eran cuatro, porque la pareja también tenía a Clarisa. Pero perseguidos por la Policía, en abril de 1977 se fueron a Capital Federal para refugiarse mientras hacían los arreglos para instalarse en Corrientes. A los pocos días, Pedro regresó a Paraná para organizar algunas cosas y su esposa e hijos se quedaron. Nunca más volvieron a verse, porque Pedro fue secuestrado el 2 de mayo.
La tarde del 12 de enero de 1978, Elida y su madre, Zelmira subieron en el asiento de adelante del Peugeot 404 de la familia, atrás iban Clarisa y Oscar, rumbo a las playas del Club Doña Goya, sobre el río Paraná. Al llegar, Pepita Goyeneche bajó del auto y una patota integrada por efectivos de Prefectura, Policía Federal y de la provincia se llevó a su hija y sus nietos. Los chicos fueron abandonados y encerrados en el mismo vehículo a unos kilómetros, en el camino de regreso a la ciudad. Aunque no hay registros de que hubiera pasado por ningún centro clandestino de detención, algunos datos que pudieron recogerse indican que pudo haber fallecido en alguna sesión de tortura en los cuarteles del Regimiento de Ingenieros 7.
En la carta, Clarisa expresó: “Hoy nos encontramos aquí porque hace 30 años que me robaron a mi mamá. Hace 30 años estos cobardes, traidores de la Patria, que irrumpieron en el poder en marzo de 1976 secuestraron para luego desaparecer a mi madre. Yo tenía tan sólo un año de vida, junto a mi hermano, que en ese entonces tenía tres. Juntos crecimos bajo el cobijo y el amor de nuestros abuelos, pero con el profundo dolor y la incertidumbre de no saber qué pasó con mamá, con Élida. Mi papá, Pedro Miguel Sobko también fue desaparecido a manos de las fuerzas conjuntas de seguridad en la ciudad de Paraná. Mis padres y los 30.000 compañeros no hacían más que soñar con un mundo con justicia social y libertad. Eso era lo que deseaban, que todos tengan para comer, que todos tengan la posibilidad de acceder a un trabajo digno, que la distribución de la riqueza en este país sea justa y equitativa.
Crecer, vivir, comprender la desaparición de un ser querido no es natural. La desaparición física de Élida a manos de asesinos que se autodenominaban señores de la vida y de la muerte, que siguen en libertad caminando por las calles de Goya con total impunidad nos convoca hoy nuevamente para seguir exigiendo justicia. Mientras, yo pasé 30 años de mi vida volviendo a esta ciudad, intentando hallar las respuestas sobre el paradero de mi madre.
A estos cobardes que nos arrancaron las esperanza de un país más justo, más solidario, un país del pueblo y para el pueblo; a estos señores, asesinos, genocidas, torturadores, les queremos decir que la podrán haber desaparecido físicamente, pero para mí ella nunca se habrá ido. Tanto ella como mi papá están vivos en mi lucha, en mi amor hacia ellos. Por otra parte también a todos aquellos que nos han dicho “algo habrán hecho” les decimos que ¡sí! que ellos algo hicieron: ellos pelearon por un proyecto de país y un proyecto de sociedad diferente al que tenemos hoy. Y Élida era una mujer que integraba esa juventud maravillosa que dejó su sangre en la pelea por los ideales.
Nos sobran las razones para estar aquí hoy, recordándola porque es nuestra forma de traerla a la vida, nuestro imperativo de no olvidar a pesar de tanta muerte, de todo el dolor, de tanta vida desgarrada.
Nos cuesta aceptar que la justicia es tan lenta. Que los responsables están en las calles gozando de toda la impunidad que les dio una sociedad civil que muchas veces decidió mirar para otro lado. Porque la justicia cuando es lenta, no es justicia. Porque cuando la justicia se maneja en los parámetros de la impunidad, no es justicia. Nos cuesta creer que las madres y las abuelas se nos están yendo sin conocer la verdad. Me duele hasta lo más profundo de mi ser pensar que mi abuela Pepita y mi abuelo Oscar se puedan ir sin saber qué pasó con Élida, quiénes son los responsables, sin poder llevar una flor a la tumba de su hija. Pero a pesar de todo seguimos apostando a la memoria, a la verdad, a la lucha que es posible para cambiar este estado de las cosas.
Hoy te puedo decir mamá que estoy orgullosa de vos, que si tuviera la ínfima posibilidad de tenerte enfrente te contaría que sos abuela de dos bellezas, dos gordas preciosas, mi hija se llama Federica y la de Oscar se llama Ana Lucía. Te contaría que estoy militando como vos, que busco todos los días incansablemente saber la verdad, la verdad de lo que pasó con vos mamá, y la verdad de lo que pasó con papá. A veces pienso qué injusta es la vida. Nos quitaron la posibilidad de conocernos, de reír juntas, de llorar juntas… Yo, mientras tanto, sigo soñando con ese día en que nos encontraremos y nos daremos un abrazo de amor, ese que tanto esperé en las noches de mi infancia y que tanto espero en los momentos importantes de mi vida. Te imagino viva, hoy, con nosotros acompañando cada bandera que levanto. Viendo crecer a tus nietas, con todos los mimos de abuela de los que hoy se ven privadas.
Por Élida, por los 30.000, por todos aquellos que apuestan a luchar y a crecer, por todos los que no olvidamos, porque no nos han vencido. Porque sigo peleando por la sonrisa de mi hija y la de mi sobrina. Por las sonrisas de las generaciones que siguen. Por la verdad.
Goya, Corrientes, 12 de enero de 2008.

El principal acusado por el crimen del represor Febres es de Concordia y fue jefe de Prefectura en Concepción del Uruguay

El prefecto Ángel Mario Volpi, acusado por el homicidio triplemente agravado del represor Héctor Febres, es oriundo de Concordia y durante la década de 1990 fue jefe de Prefectura en Concepción del Uruguay. Además, trascendió que Volpi estuvo cerca del brigadier Rodolfo Echegoyen, que apareció muerto en extrañas circunstancias cuando investigaba casos de corrupción en la Aduana, por sospechas de subfacturaciones, tráfico de drogas y lavado de dinero.
Volpi fue procesado con prisión preventiva como partícipe necesario en el homicidio triplemente calificado de Febres y era íntimo amigo del represor asesinado. En el expediente judicial consta que en la Zona Delta había prefectos que se mofaban de Volpi por ser “solterón” y escuchas en las que se habla de que “se ponían en pedo juntos” y se sospecha que pudo ser quien le dio el cianuro, ya que fue quien compartió la última cena.
En un informe periodístico, allegados a Volpi confiaron que Febres fue su “padrino de armas y tenían una relación muy estrecha. Es más, cuando Febres dirigió la Subprefectura Concordia (foto), Volpi ingresaba a su despacho como si fuera un íntimo”, contaron. El dato, imponente, es que en determinados ámbitos no hay padrino de armas que valga, pero el problema de Volpi es que “siempre ha sido un tipo que moría por la plata”, según contó alguien que lo conoce desde la infancia.
Entre amigos y conocidos siempre se comentó acerca de la fortuna que había hecho el prefecto Volpi, que aunque compraba autos caros y último modelo, a Concordia nunca los llevaba. Además, “en su oficina de Puerto Madero, es común oírlo hablar de millones”.
Aunque ahora se lo conoce como Gordo, en Concordia a Volpi le decían Pancho, porque “siempre fue un tipo muy tranquilo”, relató una persona que estudió con él. Volpi cursó la primaria en la Escuela Normal y se recibió en la Escuela de Artes Visuales. Terminó la secundaria en 1976 y de allí partió a la Escuela de Oficiales de la Prefectura, donde Febres fue su padrino de armas.
La casa de la familia está en calle San Martín y 25 de Mayo y su padre, que murió hace alrededor de dos años, era un conocido y respetado pintor. Además, una hermana, María Rosa, soltera igual que él, es maestra en la Escuela Número 55.
Cabe mencionar también que Volpi también habría estado cerca del brigadier Rodolfo Echegoyen, muerto el 12 de diciembre de 1990, mientras investigaba casos de corrupción en la Aduana, por sospechas de subfacturaciones, tráfico de drogas y lavado de dinero. En aquel momento, la Justicia menemista aseguró que Echegoyen se había suicidado de un balazo en la cabeza. Sin embargo, una pericia descartó que se tratara de un suicidio, asegura que fue asesinado.

Fuente: Diario Junio de Concordia.

Los primeros peritajes indican que Trimarco no padece Mal de Alzheimer

Las pericias médicas realizadas a Juan Carlos Ricardo Trimarco (foto) revelaron que el represor no padece mal de Alzheimer y que tiene conciencia de lo que pasa a su alrededor, aunque no de lo que sucede en el mundo exterior, según lo determinado por peritos del Cuerpo Médico Forense del Poder Judicial de la Nación. Esto permitiría que se le tome declaración indagatoria en su domicilio por el robo de bebés nacidos en el Hospital Militar de Paraná durante el cautiverio de sus madres en la última dictadura. De todas maneras, aún resta que los peritos de parte realicen los exámenes. Por otra parte, la titular de la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, se sumaría como querellante en la causa.
El neurólogo y el psiquiatra del Cuerpo Médico Forense del Poder Judicial de la Nación determinaron que Trimarco no padece Alzheimer y que tiene conciencia de lo que pasa a su alrededor, pero no plena conciencia de lo que sucede en el mundo exterior.
Estos estudios habían sido solicitados por la jueza federal subrogante de Paraná, Myriam Galizzi, después que Trimarco no se presentará a declara el 30 de noviembre pasado y entregara, a través de sus abogados, una constancia expedida por el neurólogo Ralph Pikielny, de la Clínica Fleni de Buenos Aires, según la cual padece el Mal de Alzheimer. Ante ello, la magistrada dispuso una serie de medidas a los fines de fijar una nueva audiencia y exhortó a la jueza federal María Romilda Servini de Cubría, para que “en carácter de urgente y preferente despacho” ordene “un examen mental” al imputado y otro físico y neurológico para “determinar si padece de afecciones cardíacas y/o neurológicas, y en lo específico si se encuentra bajo tratamiento con el diagnóstico de Alzheimer, indicando en caso afirmativo estado de la mencionada enfermedad y tratamiento prescripto”. También se busca corroborar si está en condiciones de declarar y de hacerlo en Paraná.
De todas maneras, todavía falta que realicen sus exámenes los peritos propuestos por los abogados querellantes. El primero en hacerlo, después del 20 de este mes, será Luis María Pirro, presidente de la Asociación de Psiquiatras de Entre Ríos. El equipo se completa con la neuróloga Adriana Lavalle y el cardiólogo Fernando Ariel Di Tommaso.
Trimarco está imputado por sustracción de menores y sustitución de identidad en el caso de los hijos mellizos de Raquel Negro, quien fue traída al Hospital Militar de Paraná desde el centro clandestino de detención que funcionó en la Quinta de Funes, en las afueras de Rosario, para dar a luz a mediados de 1978. La mujer y los chicos permanecen desaparecidos. Según las investigaciones, el varón habría muerto poco después de nacer y la nena habría sido dejada en la puerta de un convento rosarino por dos represores, según declaró el compañero de armas Eduardo Tucu o Tucumano Costanzo, un ex agente de Inteligencia del Ejército que dio testimonio en Paraná el 27 de noviembre pasado.
Costanzo individualizó a las personas que organizaron e intervinieron en el operativo de traslado de Negro. Se trata de Walter Pagano, ex agente civil de Inteligencia del Ejército, y el teniente coronel retirado Daniel Amelong. Ellos fueron, según el relato, quienes dejaron a la hija de Negro en la puerta de un convento u orfanato rosarino. Pagano fue, además, uno de los que custodiaba a Raquel Negro mientras estaba detenida en la Quinta de Funes e incluso durante su estadía en el Hospital Militar de Paraná. Ambos están presos en Rosario, aunque por los crímenes cometidos en la Quinta de Funes.
La causa se inició en mayo de 2005, a partir de la denuncia presentada en el Juzgado Federal de Paraná por Sebastián Álvarez, hijo de Raquel Negro, con el patrocinio de los abogados Marina Barbagelata, Marcelo Baridón y Gamal Taleb. Sin embargo, una vez que se reinicien las actividades tras la feria judicial se sumaría a la querella la titular de la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto.

Fuente: Diario Uno de Entre Ríos.

Ratificaron el procesamiento del apropiador de Victoria Donda Pérez

La Cámara Federal confirmó el procesamiento del represor Juan Antonio Azic (foto) por la sustracción y apropiación de una beba a la que había anotado como su hija, durante la última dictadura militar. El tribunal también ratificó el procesamiento con prisión preventiva y un embargo de 100.000 pesos de Carlos Capdevila, quien habría participado en el parto de la menor, y Alberto Arias Duval, por haber firmado el certificado de nacimiento con datos falsos. Además, Azic se había apropiado de Victoria Donda, la hija del entrerriano José María Laureano Donda y María Hilda Pérez.
La medida fue dictada por la Sala II de la Cámara Federal porteña a pesar de que aún no se cuenta con estudios certeros de ADN que demuestren que la menor es hija de Orlando Ruiz y Silvia Daneri -ambos estuvieron secuestrados en la Escuela de Mecánica de la Armada y permanecen desaparecidos, mientras que sus otros dos hijos fueron separados y abandonados en plazas de Córdoba y Rosario, donde se los recogió y terminaron adoptados legalmente por familias del lugar-.
La resolución de los camaristas Horacio Cattani y Martín Irurzun determinó que “a esta altura de los acontecimientos se encuentra debidamente acreditada la existencia de un plan sistemático llevado a cabo en el mencionado centro clandestino de detención donde se perpetraron sustracciones de menores acaecidas en un marco fáctico de privación ilegal de la libertad de sus padres, donde fueron sometidos a torturas y tratos degradantes, permaneciendo hasta la fecha como detenidos-desaparecidos, todo ello bajo el amparo de la utilización del aparato del poder estatal”.
Por el mismo hecho, el tribunal también ratificó el procesamiento con prisión preventiva y un embargo de 100.000 pesos de otros tres represores. Carlos Capdevila, quien habría participado en el parto de la menor y el tribunal consideró que “la menor, desde que nació, estuvo a merced de los captores de su madre y sus colaboradores, entre los que se encontraba Capdevila. En tanto Alberto Arias Duval fue quien firmó el certificado de nacimiento de la menor como hija biológica de Azic.
Además quedó procesado Oscar Rubén Lanzón quien dirigía el Grupo de Tareas 3.3.2 que operaba en la ESMA, y sobre quien se demostró que estaba en la sala contigua al lugar donde la luego desaparecida Daneri estaba dando a luz, “sin que sea el sector habitual de sus tareas”, según resaltó el fallo.
Asimismo, el tribunal recordó que la recién nacida fue anotada como Carla Silvina Azic y criada por el ex marino junto a otra hija de desaparecidos, que luego se comprobó que se trataba de Victoria Donda, hija de José María Laureano Donda -oriundo de Diamante- y María Hilda Pérez, que recuperó su identidad en 2003 y en diciembre pasado asumió como la primera diputada nacional hija de desaparecidos.
En cambio, el tribunal resolvió revocar el procesamiento por sustracción de menores dictado en su momento a Esther Abrego, la esposa de Azic, porque se consideró que no existen constancias de que haya participado en ese episodio.
Azic permanece detenido aunque internado en la Clínica San Jorge ya que a mediados de 2003 intentó suicidarse de un disparo en la boca con una pistola nueve milímetros. Entonces sufrió fractura de maxilar inferior, del paladar y del tabique nasal, con pérdida del ala izquierda de la nariz y destrucción del tercio medio de la lengua. Hace unos días, la Justicia ordenó que agentes del Servicio Penitenciario Federal reemplacen en su custodia de a sus camaradas de Prefectura, tras el asesinato de Héctor Febres.