martes, 23 de septiembre de 2008

Preocupación por lo ocurrido con Juan Antonio Zaccaría

Desde AFADER y la Asociación de Ex Presos, Presas y Exiliados Políticos “La Solapa” queremos expresar nuestra preocupación por el hecho ocurrido en horas de la mañana de ayer, lunes 22, en que fue encontrado en su celda inconsciente ante un presunto intento de suicidio el médico Juan Antonio Zaccaría.
Cuando hace exactamente 20 días el único civil imputado de la causa denominada Hospital Militar fue procesado por supresión de identidad y ocultamiento de menores, porque en su condición de jefe de terapia intensiva de dicho nosocomio de Paraná habría recibido a los mellizos que Raquel Negro dio a luz allí, entre marzo y abril de 1978; desde los organismos de Derechos Humanos celebramos la decisión de la jueza federal Myriam Galizzi, fundamentalmente por enviarlo a cárcel común, sin privilegios de prisión domiciliaria.
Pero hoy ante lo sucedido, reafirmando aún mas lo que los organismos hemos pedido en estos años que es que los responsables de delitos de lesa humanidad y en este caso en particular de robo de bebés vayan a cárceles comunes, queremos manifestar que en esos casos deben maximizarse los esfuerzos para garantizar la custodia de quien puede saber dónde y con quienes se encuentran los hijos de Raquel Negro y Tulio Valenzuela, ambos desaparecidos, y hermanos de Sebastián Álvarez; amen de investigarse de forma exhaustiva los hechos relacionados con el supuesto intento de suicidio.
Ya tuvimos a principios de año la lamentable muerte del represor Héctor Febres, bajo custodia de sus camaradas de prefectura, quien era el encargado de comprarles la ropita a los bebés nacidos durante el cautiverio de sus madres en la ESMA, y que aún se investiga. Y más cercano y llamativo incluso es el suicidio de Paul Alberto Navone, citado en esta causa, cuando fue llamado a indagatoria.
Los delitos por los cuales se encuentran procesados el médico paranaense y los represores Juan Daniel Amelong, Walter Salvador Pagano, Héctor Marino González, Jorge Alberto Fariña y Pascual Oscar Guerrieri continúan hoy cometiéndose, en todos los casos, esos chicos, hoy adultos no saben quienes son, quienes fueron sus padres, su verdadero nombre y que en muchos casos sus hermanos los buscan en cada paso. Ellos saben donde están, con quienes…
Por Memoria, Verdad y Justicia.
El médico imputado por robo de bebés intentó suicidarse en la cárcel de Paraná

El médico Juan Antonio Zaccaría, imputado en la causa por robo de bebés nacidos en el Hospital Militar de Paraná durante la dictadura, fue trasladado de urgencia al Hospital San Martín después de ser hallado colgado en la celda que ocupaba en la Unidad Penal Número 1 de Paraná, en un presunto intento de suicidio, según indicaron fuentes penitenciarias.
Si bien el médico del Servicio Penitenciario consignó en su informe que Zaccaría había sufrido una descompensación por un cuadro de diabetes, los profesionales que lo atendieron en el Hospital San Martín decidieron dar aviso a la jueza federal de Paraná, Myiriam Galizzi, después de constatar una importante marca alrededor del cuello del imputado, que se relacionaría con un presunto intento de suicidio.
Mientras el profesional se recuperaba en el nosocomio acompañado por su esposa e hijos, la jueza Galizzi se presentó en la unidad penal para inspeccionar la celda que compartía con otros dos internos, uno de los cuales fue quien lo encontró desmayado y, al parecer, colgado de una sábana o un cinto –no se dieron precisiones al respecto–; mientras que el otro gozaba de una salida transitoria.
El director del Servicio Penitenciario, Horacio Pascual, precisó que “la primera persona que encontró a Zaccaría fue un compañero de celda, que dio aviso a un celador y luego se llamó al médico del penal”, y acotó que el imputado por delitos de lesa humanidad “compartía la celda con dos internos más. Uno estaba con una salida transitoria y el otro realizando actividades laborales dentro del penal, y al regreso se encontró con esta situación”, y acotó que la decisión de mantenerlo acompañado obedece a que “en la unidad penal se hace muy difícil tener internos solos, en función de la estructura edilicia que tenemos y la cantidad de gente; y porque ante la delicadeza de la causa, no puedan estar solos y se selecciona algún interno con el que pueda convivir”.
Pascual aseveró que “luego quedó a disposición de los médicos del hospital y en su revisión, pudieron observar que había un intento de ahorcamiento, lo que hizo que nosotros de esa manera preserváramos el ámbito y dimos aviso al Juzgado Federal y a la Policía Científica para hacer los peritajes correspondientes”.
Una vez que recuperó la luceidez, Zaccaría se negó a tomar la medicación e ingerir alimentos, pero retomó la posibilidad de comunicarse con su familia. Si bien aseguró no recordar lo que le sucedió, la directora del Hospital San Martín, Sandra Roland, reconoció que este cuadro es poco común, pero podría ser cierto teniendo en cuenta que sufrió la falta de irrigación de sangre al cerebro.
El médico había sido procesado el 3 de septiembre pasado acusado por el delito de sustracción de menores y sustitución de su identidad, ya que era jefe del Servicio de Terapia Intensiva del Hospital Militar entre marzo y abril de 1978, cuando se produjo el traslado de Raquel Negro desde el centro clandestino de detención Quinta de Funes, en las afueras de Rosario, hasta el nosocomio castrense para dar a luz.
En la declaración que brindó en los primeros días de mayo pasado, el profesional había dicho que en aquel momento no estaba en el Hospital Militar, que cuando llegó se encontró con una incubadora vacía y que le dijeron que un bebé que había nacido con complicaciones había sido trasladado a una clínica pediátrica privada y aseguró desconocer el destino que se dio a los mellizos que dio a luz Raquel Negro.

jueves, 18 de septiembre de 2008

Organismos de derechos humanos recordaron a Julio López y exigieron el esclarecimiento del caso, a dos años de su desaparición

Los organismos de derechos humanos de Paraná recordaron los dos años de la desaparición de Jorge Julio López, testigo del juicio que terminó con la condena del represor Miguel Etchecolatz, con un acto que se realizó en las calles Córdoba y Laprida, donde se realizó una actividad cultural, con el objetivo de reiterar el pedido de memoria, verdad y justicia.
Frente al mural que recuerda a López, pintado durante la tarde sobre la pared lateral del Consejo General de Educación (CGE), se leyó un documento consensuado entre AFADER, La Solapa, H.I.J.O.S. y las otras organizaciones sociales que integran la Multisectorial de Derechos Humanos de Entre Ríos.
En el texto se rescató “como un triunfo, producto de la lucha inclaudicable de las organizaciones sociales y de derechos humanos, las condenas a los genocidas” y se exhortó a “seguir avanzando” en la búsqueda de justicia.
“El único escenario exigimos es que ningún asesino esté libre o con prisiones domiciliarias, y que de una vez por todas todos los cómplices del terrorismo de Estado no tengan cabida en los Estados democráticos.
“La desaparición de Julio nos interpela y pone al descubierto las falencias denunciadas desde el inicio mismo de la etapa democrática en cuanto a la desarticulación del aparato represivo.
“Estamos hablando de la inseguridad permanente que los testigos y querellantes tienen, a pesar de programas que pretenden asistirlos y protegerlos. La única garantía es que todos estén presos en cárceles comunes y que todos sean juzgados”.
El integrante de La Solapa Darío Olivera indicó que el objetivo de las manifestaciones “es dar testimonio de que aquella consigna de nunca más, que todavía está pendiente en tanto siga desaparecido López”.
Respecto del escaso acompañamiento de la ciudadanía, admitió que “es parte de la situación que se dio en la dictadura: dejar que se vayan naturalizando determinados hechos como que López no va a aparecer y así se tiende un manto de olvido”.
En tanto, el integrante de AFADER Eduardo Ayala destacó que “el motivo del secuestro y desaparición del compañero López fue amedrentar a todos los posibles testigos en los juicios que se están desarrollando, objetivo que no se ha cumplido para nada porque los testigos siguen testimoniando y las causas continúan y nosotros seguimos bregando por la verdad, y no vamos a cejar en nuestra lucha”.

miércoles, 17 de septiembre de 2008

Detuvieron en Río de Janeiro a Norberto Tozzo, el militar acusado por la Masacre de Margarita Belén que estaba prófugo desde hacía tres años

El oficial del Ejército Norberto Raúl Tozzo fue detenido en un lujoso hotel de Río de Janeiro tras permanecer prófugo desde el 30 de abril de 2005, acusado por su participación en la Masacre de Margarita Belén, en la que fueron asesinados los entrerrianos Raúl Caire, Fernando Piérola y Reinaldo Zapata Soñez, entre una veintena de militantes políticos y sociales.
Tozzo fue localizado por agentes de Interpol y policías brasileños después de realizar un pormenorizado seguimiento telefónico a sus familiares directos en las localidades entrerrianas de Hasenkamp y María Grande, donde el represor tenía negocios en medios de comunicación.
El paradero de Tozzo –quien al momento de la Masacre de Margarita Belén era teniente primero del Ejército– fue determinado después de un pormenorizado seguimiento telefónico a sus familiares directos. Cada uno de ellos tenía interceptado el teléfono por disposición judicial y allí fue que se pudo verificar desde dónde llamaba. Al parecer, el militar siempre se comunicaba desde el hotel de Río Janeiro donde se alojaba desde hacía un buen tiempo y seguía de cerca los negocios como las novedades familiares.
La tarea de inteligencia se completó con un seguimiento de dos días durante los cuales se tomaron fotografías y se analizaron pormenorizadamente sus movimientos. Así se comprobó que Tozzo estaba registrado bajo un nombre falso, sin pasaporte ni documentos y viviendo una vida absolutamente clandestina. Pero cuando los agentes de Interpol se acercaron, él mismo se identificó por su nombre y no se resistió al arresto. Su nombre fue lo único que dijo, luego no pronunció palabra.
Tozzo estaba prófugo desde el 30 de abril de 2005, cuando el juez federal de Resistencia, Carlos Skidelsky, ordenó su detención y la de otros nueve militares a los que imputó por el fusilamiento de un grupo de presos políticos detenidos en la alcaldía policial de Resistencia en un paraje cercano a Margarita Belén. Cuando lo fueron a buscar a su domicilio en Capital Federal ya se había ido. Tampoco lo hallaron en Entre Ríos. Su abogado defensor dijo que podría estar en España pero tampoco fue localizado.
El 9 de junio de ese mismo año Interpol lo incluyó en la lista de prófugos, acusado por “crímenes contra la vida y la salud y secuestro”. Nunca hubo datos concretos sobre su paradero aunque hay quienes aseguran haberlo visto en reiteradas ocasiones en María Grande, donde su canal de cable ocupa la frecuencia 3. Otros contaron que las visitas eran frecuentes. Hasta que en 2006 la sede de Río de Janeiro de Interpol comenzó a recibir información desde Argentina que indicaba que Tozzo podría estar en Brasil. “Poco a poco fuimos armando el rompecabezas hasta que lo localizamos”, se indicó.
El militar maneja un canal de cable que opera además en Hasenkamp, Viale, Tabossi, Aldea Santa María, El Pingo y Sosa a través de la firma Emprendimientos Comunicacionales Sociedad Anónima; también es socio en el servicio de televisión por cable de Conscripto Bernardi con el actual intendente justicialista, Rubén Boxler; y Santiago, el hijo de Tozzo –que vive en Hasenkamp con el resto de la familia pero juega al rugby en un equipo de Viale y es quien quedó a cargo del negocio–, tiene acceso directo actualmente a no pocos despachos de Casa de Gobierno, tal es así que los medios de comunicación del grupo tienen pautas de publicidad oficial y realizan las filmaciones de las sesiones de la Convención Constituyente.
Tozzo fue quien detuvo en Misiones a los militantes montoneros Fernando Piérola y su esposa María Julia Morresi, el 20 de octubre de 1976. Luego los trasladó hasta el Regimiento de Infantería 9 de Corrientes, donde los sometieron a torturas, y finalmente a Resistencia. Fernando fue torturado en la Unidad Regional 1 y en la U7 en la misma madrugada del 13 de diciembre de 1976 antes de ser asesinado a la altura de kilómetro 1.042 de la Ruta Nacional 11, a pocos kilómetros de la localidad de Margarita Belén.

martes, 16 de septiembre de 2008

A treinta y dos años, se recordó la Noche de los Lápices y a los estudiantes entrerrianos desaparecidos

Un centenar de personas se congregaron en la Plaza Sáenz Peña de Paraná para recordar con un acto cultural el trigésimo segundo aniversario de la Noche de los Lápices, en la que una treintena de estudiantes secundarios fueron secuestrados en La Plata, pero también a los estudiantes entrerrianos desaparecidos durante la última dictadura militar, en un evento organizado por AFADER, la Asociación de ex Presos, Presas y Exiliados Políticos La Solapa, la agrupación H.I.J.O.S. y alumnos secundarios, que incluyó la lectura de un documento y la presentación de bandas locales de rock, folclore y tango.
En el documento elaborado por los organismos se indicó: “Nos encontramos en la Plaza Sáenz Peña, puntualmente, en el Monumento a la Memoria que hizo Amanda Mayor. Y son varios los hechos en la historia de la cual nos sentimos parte que conmemoramos hoy.
“En primer lugar, recordamos la Noche de los Lápices, el secuestro de los estudiantes secundarios de La Plata que reclamaban el medio boleto estudiantil, que eso era parte de su lucha porque eran militantes políticos, parte de una generación joven que creía en la construcción de una Patria realmente distinta, un Patria justa, y la dictadura militar les arrancó la vida y les truncó el proyecto. Hoy nosotros levantamos la bandera de aquella juventud comprometida.
“Esto también es un homenaje a los entrerrianos Mario Menéndez, dirigente de la Agrupación de Estudiantes Secundarios Regional II, del Colegio Don Bosco, que fue secuestrado en Rosario el 10 de septiembre de 1977; Eduardo Mencho Germano, dirigente del Colegio La Salle, secuestrado también en Rosario el 17 de diciembre de 1976; y Luis Alberto Bicho Fadil, dirigente de la AES de la Escuela de la Base Aérea de Paraná, asesinado el 6 de octubre de 1976 en Santa Fe. Ellos fueron los jóvenes de Paraná que se encargaron también de llevar a cabo esta lucha y que hoy no están, que están desaparecidos desde la última dictadura militar y son desapariciones por las cuales todavía no hay nadie preso.
“Otro de lo hechos es el 16 de septiembre de 1955, cuando las Fuerzas Armadas derrocaron a un gobierno democrático, en este caso el de Juan Domingo Perón.
“Se trató de un gobierno que había avanzado en la construcción de la justicia social, la soberanía y la independencia económica. Y a partir de entonces empieza lo que ellos llamaron la Revolución Libertadora y nosotros denominados Revolución Fusiladora, porque eso fue lo que vinieron a hacer: perseguir, encarcelar, torturar y fusilar a aquellas personas que estaban comprometidas con el proyecto de la soberanía política”.

lunes, 15 de septiembre de 2008

Repudiamos la modificación del proyecto para que ex funcionarios de dictaduras no ocupen cargos públicos

Desde AFADER queremos acompañar el repudio a la modificación de la presentación realizada por la Asociación de Ex presos, presas y exiliados políticos La Solapa para que quienes hayan sido funcionarios en gobiernos de facto no puedan ejercer cargos públicos en el Estado, lo que sería transformado para sancionar a aquellos que ocupen cargos en futuras dictaduras.
En primer término entendemos que consignar “quienes ocupen cargos en futuras dictaduras” permite vislumbrar un futuro que los argentinos no estamos dispuestos a repetir y que la lucha de estos 30 años ha sido por Memoria, para no olvidar y enseñar a las generaciones más jóvenes las atrocidades cometidas, tanto por las fuerzas represivas como por civiles cómplices; Verdad, para saber quiénes fueron los responsables directos, indirectos y mentores y dónde están los compañeros desaparecidos y los más de 400 nietos cuyo paradero se desconoce; y Justicia, que a 32 años se está finalmente llevando adelante con condenas ejemplares a los máximos responsables del autodenominado Proceso de Reorganización Nacional.
Como organismo que siempre ha pedido que quienes hayan sido partícipes o cómplices, civiles o militares, no ejerzan cargos públicos, creemos necesario que, acorde a los tiempos que vivimos, esa cláusula sea incorporada a la Constitución Provincial, tal cual se la había aprobado en una primera instancia.
Por Memoria, Verdad y Justicia.

martes, 9 de septiembre de 2008

Otros dos nietos recuperaron su identidad

La Asociación Abuelas de Plaza de Mayo dio a conocer la restitución de la identidad de dos hijos de desaparecidos durante la última dictadura militar, una de ellas hija del entrerriano Raúl René De Sanctis, oriundo de Concepción del Uruguay, y Myriam Ovando (foto), que vivió en Paraná y fue acusada por su participación en el operativo en el que fue muerto el general Jorge Cáceres Monié, unos meses antes del golpe de Estado. El otro joven es hijo de Liliana Carmen Pereyra y Eduardo Alberto Cagnola, secuestrados de la pensión en la que vivían en Mar del Plata, el 5 de octubre de 1977.
Myriam Ovando nació en Rosario y fue secuestrada el 1° de abril de 1977 en la localidad de Virreyes, en la zona norte del Gran Buenos Aires, estando embarazada de seis meses. Pudo saberse que permaneció detenida en una casa operativa en la localidad de Escobar y que dio a luz en julio de 1977 a una nena a la que llamó Laura Catalina.
Myriam estudiaba Psicología en Rosario pero vivió en Paraná en los últimos meses de 1975, en una casa ubicada en Félix de Azara 25, junto con Mabel Fontana y María del Rosario Badano. Las tres fueron acusadas por su participación en el hecho en el que fue muerto el general Jorge Esteban Cáceres Monié, el 3 de diciembre de 1975 en Villa Urquiza, aunque Fontana y Ovando no fueron juzgadas en el Consejo de Guerra que se realizó durante la dictadura y permanecen desaparecidas.
Raúl De Sanctis nació el 29 de julio de 1954 en Concepción del Uruguay y fue detenido en mayo de 1977 en la estación de trenes de Campana. Ambos militaban en Montoneros y permanecen desaparecidos.