Otro médico declaró como imputado en la causa por robo de bebés en el Hospital Militar de Paraná
El médico Jorge Mario Cantaberta declaró como imputado durante casi cuatro horas en la causa en la que se investiga el robo de bebés nacidos en el Hospital Militar de Paraná durante el autodenominado Proceso de Reorganización Nacional
Este ginecólogo del Hospital Militar es el segundo médico en prestar declaración indagatoria por el presunto delito de sustracción y sustitución de identidad de bebés nacidos en cautiverio durante la dictadura, y el noveno imputado en la investigación sobre el destino que tuvieron los mellizos que dio a luz Raquel Negro en los primeros meses de 1978. Ingresó al despacho de la jueza federal Myriam Galizzi a las 16, asistido por el defensor oficial Juan Carlos Ferrari, y recién se retiró a las 19.45.
A partir de esta imputación, los abogados querellantes que representan a Sebastián Álvarez –hijo de la mujer que estaba detenida en el centro clandestino de detención Quinta de Funes, en las afueras de Rosario, y que habría sido asesinada después de dar a luz– anunciaron que aportarán a la Justicia nuevos elementos que demostrarían la participación de varios profesionales de la salud en el delito que se investiga: sustracción y sustitución de identidad de menores nacidos en el Hospital Militar de Paraná.
Esos datos apuntan, fundamentalmente, a esclarecer cómo era el funcionamiento de la maternidad clandestina, cómo eran traídas en aviones las parturientas detenidas, cómo se anotaban los bebés en el Registro Civil de Paraná y quiénes serían los médicos que tenían intervención en los hechos.
El médico Jorge Mario Cantaberta declaró como imputado durante casi cuatro horas en la causa en la que se investiga el robo de bebés nacidos en el Hospital Militar de Paraná durante el autodenominado Proceso de Reorganización NacionalEste ginecólogo del Hospital Militar es el segundo médico en prestar declaración indagatoria por el presunto delito de sustracción y sustitución de identidad de bebés nacidos en cautiverio durante la dictadura, y el noveno imputado en la investigación sobre el destino que tuvieron los mellizos que dio a luz Raquel Negro en los primeros meses de 1978. Ingresó al despacho de la jueza federal Myriam Galizzi a las 16, asistido por el defensor oficial Juan Carlos Ferrari, y recién se retiró a las 19.45.
A partir de esta imputación, los abogados querellantes que representan a Sebastián Álvarez –hijo de la mujer que estaba detenida en el centro clandestino de detención Quinta de Funes, en las afueras de Rosario, y que habría sido asesinada después de dar a luz– anunciaron que aportarán a la Justicia nuevos elementos que demostrarían la participación de varios profesionales de la salud en el delito que se investiga: sustracción y sustitución de identidad de menores nacidos en el Hospital Militar de Paraná.
Esos datos apuntan, fundamentalmente, a esclarecer cómo era el funcionamiento de la maternidad clandestina, cómo eran traídas en aviones las parturientas detenidas, cómo se anotaban los bebés en el Registro Civil de Paraná y quiénes serían los médicos que tenían intervención en los hechos.
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