Los organismos de derechos humanos exigimos un eficaz sistema de protección a testigos y ser recibidos por el gobernador
Representantes de organismos de derechos humanos de la provincia manifestaron su preocupación por el secuestro de Juan Evaristo Puthod, quien estuvo desaparecido durante 24 horas. Ante ello exigieron la implementación de un efectivo sistema de protección a testigos en el ámbito provincial ante el avance que han registrado las causas tanto en Paraná como en Concepción del Uruguay. En ese marco, consideraron que hechos como el de Puthod demuestran la gravedad de la situación que están viviendo quienes tienen que atestiguar y por eso volvieron a reclamar que los represores estén presos en cárceles comunes y con prisiones efectivas. En ese marco, volvieron a reclamar ser atendidos por el gobernador Sergio Urribarri (foto), tal como vienen planteando desde octubre pasado sin respuestas, para discutir sobre este tema y la política oficial en el tema, como también la permanencia de funcionarios vinculados a la dictadura en la estructura del Estado. Asimismo, coincidieron en que se trata de un problema “que excede a los ex presos o a las víctimas de la dictadura y que es parte de todos los argentinos”.
María Luz Piérola abrió la conferencia manifestando que “siempre hemos exigido que la garantía para que estos hechos no sucedan y que los juicios sean efectivos, que se lleven a cabo todos los juicios en Argentina y que los genocidas estén en cárceles comunes y con prisión efectiva”, al tiempo que remarcó que “hemos solicitado la protección a testigos, querellantes, abogados y jueces, porque las intimidaciones se han repetido, no son menores y demuestran que los represores siguen siendo fuertes, que siguen estando y que no van a soportar sus prisiones. Entonces debemos contrarrestar esto con una movida colectiva y la exigencia para que de una vez por todas haya juicios para todos los genocidas”. En ese sentido, insistió en el pedido de audiencia con el gobernador Urribarri, ya que “hemos solicitado que nos reciba en forma individual y también en forma colectiva, para trabajar esta política de derechos humanos y un sistema de protección a testigos, porque consideramos que la única forma de protección es que la provincia se haga parte y garantice lo garantice. Pero hasta ahora no hemos tenido respuestas”.
Por su parte, el referente de la Asociación de ex Presos La Solapa Darío Olivera expresó que “los hechos que se han venido sucediendo, primero con Jorge Julio López y ahora con Juan Puthod demuestran la gravedad de la situación que están viviendo los que tienen que atestiguar en las causas por violaciones a los derechos humanos; pero eso nuestra preocupación es que esto siga sucediendo en momentos en que los juicios avanzan”.
Eduardo Ayala, también de La Solapa, acotó que “si bien esto trasciende el ámbito provincial, es bueno remarcar que el objetivo es lograr un contacto con el gobierno porque lamentablemente estamos ante una problemática que está vigente. Nosotros tenemos antecedentes de amenazas, hay procesos iniciados y eso se pondrá más caliente con el tiempo a partir del avance de los juicios. Por eso sería importante tener un contacto con el gobierno para avanzar en la garantía de protección a los testigos”.
En tanto, Cristela Piérola, de Afader, advirtió que “no sólo queremos reclamar al gobierno, sino que pretendemos llegar a toda la sociedad, para que entendamos que esto nos está pasando a todos; es un problema que excede a los ex presos o a las víctimas de la dictadura, sino que es parte de un problema de todos los argentinos y todos debemos hacernos cargo de lo que está pasando”, insistió.
Asimismo, Julián Froidevaux, de H.I.J.O.S. Regional Paraná, remarcó que “los responsables y ejecutores del genocidio se mueven sobre una base de impunidad y en un pacto de silencio que lo mantienen entre todos y no están dispuestos a romperlo. En algunos momentos revienta para el lado de Paúl Navone; pero cuando pueden organizarse mejor, pasa lo que ocurrió con Juan Puthod, Luis Gerez y Jorge Julio López. Quien tiene que responder principalmente es el Poder Judicial en su conjunto, es su deber histórico hacerlo y los jueces federales deben llevar a las cárceles comunes, con prisión perpetua y efectiva a todos los genocidas y sus cómplices”.
Respecto de la forma de implementación de un sistema eficaz para la protección de testigos, querellantes, abogados y funcionarios judiciales, María Luz Piérola remarcó que “la garantía fundamental es que estos tipos estén presos, quitándoles cada vez más el poder que tienen. Pero paralelamente, el Estado debe garantizar las custodias, aunque cada uno tiene derecho a decidir si la quiere o no; además de afinar los detalles para garantizar entre nosotros la seguridad porque estos tipos han demostrado que siguen siendo peligrosos”.
Ayala acotó que “nosotros no estamos en condiciones de desarrollar tareas de inteligencia o contrainteligencia, nuestro objetivo es mantener viva la memoria y con la verdad llegar a la justicia; es el Estado el que debe abusar de todos sus mecanismos para garantizar la seguridad. Otro punto a tener en cuentas es que si hay funcionarios que tienen la ideología de la dictadura, no se puede tener la garantía de que no se cuelen cosas y que no haya una seguridad plena. Por eso, lo primero que hay que hacer es desmantelar este aparato y apartar a esta gente, ellos no pueden participar de los ámbitos de gobierno porque es como tener el zorro dentro del gallinero”.
Olivera coincidió y apuntó además que “estas cuestiones exigen que las autoridades mantengan un diálogo con los organismos de derechos humanos para coordinar cómo se hace efectiva la protección pero hasta ahora no hemos tenido oportunidades para conversar ni siquiera cuál es la política de derechos humanos de este gobierno. Entonces, el Poder Ejecutivo debe hacerse cargo de llevar adelante una política concreta de derechos humanos, protección a testigos y aceleración de las causas”.
Hacia fines de 2006, Piérola fue amenazada por carta y un automóvil estuvo apostado en la puerta de su casa. Sin embargo, la dirigente señaló que “no sólo no se llegó nada sino que la causa se archivó y se desarchivó nuevamente por pedido de Jorge Auat (titular de la Unidad de Coordinación y Seguimiento de las causas). Evidentemente, también en el Poder Judicial hay cómplices de la dictadura. Pero aquí no hay una custodia en serio, porque se ponen por un período y luego se sacan”.
En ese sentido, comentó que el propietario del automóvil que estuvo apostado en su casa es el sargento Carlos Roberto Piriz, uno de los militares que está siendo juzgado en Corrientes por su actuación en el centro clandestino de detención que funcionó en el Regimiento de Infantería 9 de la capital provincial. “Esto demuestra que no es casual lo que pasó, que los tipos siguen operando, que mantienen sus conexiones en todos los puntos del país y que manejan un dinero importante para hacer este tipo de cosas”.
En el mismo sentido, el abogado de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, José Iparraguirre, manifestó que “los organismos de derechos humanos no pueden sino presionar públicamente y reclamar al Estado para que tome las medidas que debe tomar, pero la responsabilidad principal de dar seguridad es del Estado. La detección de focos neonazis, fascistas y pro-dictadura que existen en la provincia es parte de una tarea de inteligencia que debe desarrollar el Estado a través de la policía o de los mecanismos administrativos y también del poder Judicial, para detectarlos y desmantelarlos”, y agregó que “claramente se ve un avance de sectores de derecha y reaccionarios que demuestran que pueden hacer actos como el de Puthod en la provincia de Entre Ríos, porque las prácticas aquellas se reproducen hoy en casos de gatillo fácil, apremios ilegales, abusos, amenazas constantes a los sectores populares y la ideología es la misma que tenía la dictadura”.
Por último, Olivera destacó que “la sociedad argentina ha ido avanzando en todos estos años en la comprensión de lo que fue el genocidio y el terrorismo de Estado. Pero también existen sectores de la sociedad exigen dejar de lado esto porque se trata de hechos del pasado, pero creo que hechos como el que le ocurrió a Puthod demuestran la vigencia y la actualidad de estos temas. Desde los organismos de derechos humanos y desde el conjunto de la sociedad debemos controlar que este tipo de hechos no ocurran, porque queremos evitar tener que actuar sobre los hechos consumados y tener una actitud de prevención y custodia sobre quienes deben declarar en las causas”.
De la convocatoria también participaron la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (AGMER), la Central de Trabajadores Argentinos (CTA), el equipo de derechos humanos de la Universidad Autónoma de Entre Ríos (UADER), la Facultad de Ciencias de la Gestión de la UADER, el Partido Comunista y el Centro de Estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Educación.
Representantes de organismos de derechos humanos de la provincia manifestaron su preocupación por el secuestro de Juan Evaristo Puthod, quien estuvo desaparecido durante 24 horas. Ante ello exigieron la implementación de un efectivo sistema de protección a testigos en el ámbito provincial ante el avance que han registrado las causas tanto en Paraná como en Concepción del Uruguay. En ese marco, consideraron que hechos como el de Puthod demuestran la gravedad de la situación que están viviendo quienes tienen que atestiguar y por eso volvieron a reclamar que los represores estén presos en cárceles comunes y con prisiones efectivas. En ese marco, volvieron a reclamar ser atendidos por el gobernador Sergio Urribarri (foto), tal como vienen planteando desde octubre pasado sin respuestas, para discutir sobre este tema y la política oficial en el tema, como también la permanencia de funcionarios vinculados a la dictadura en la estructura del Estado. Asimismo, coincidieron en que se trata de un problema “que excede a los ex presos o a las víctimas de la dictadura y que es parte de todos los argentinos”.María Luz Piérola abrió la conferencia manifestando que “siempre hemos exigido que la garantía para que estos hechos no sucedan y que los juicios sean efectivos, que se lleven a cabo todos los juicios en Argentina y que los genocidas estén en cárceles comunes y con prisión efectiva”, al tiempo que remarcó que “hemos solicitado la protección a testigos, querellantes, abogados y jueces, porque las intimidaciones se han repetido, no son menores y demuestran que los represores siguen siendo fuertes, que siguen estando y que no van a soportar sus prisiones. Entonces debemos contrarrestar esto con una movida colectiva y la exigencia para que de una vez por todas haya juicios para todos los genocidas”. En ese sentido, insistió en el pedido de audiencia con el gobernador Urribarri, ya que “hemos solicitado que nos reciba en forma individual y también en forma colectiva, para trabajar esta política de derechos humanos y un sistema de protección a testigos, porque consideramos que la única forma de protección es que la provincia se haga parte y garantice lo garantice. Pero hasta ahora no hemos tenido respuestas”.
Por su parte, el referente de la Asociación de ex Presos La Solapa Darío Olivera expresó que “los hechos que se han venido sucediendo, primero con Jorge Julio López y ahora con Juan Puthod demuestran la gravedad de la situación que están viviendo los que tienen que atestiguar en las causas por violaciones a los derechos humanos; pero eso nuestra preocupación es que esto siga sucediendo en momentos en que los juicios avanzan”.
Eduardo Ayala, también de La Solapa, acotó que “si bien esto trasciende el ámbito provincial, es bueno remarcar que el objetivo es lograr un contacto con el gobierno porque lamentablemente estamos ante una problemática que está vigente. Nosotros tenemos antecedentes de amenazas, hay procesos iniciados y eso se pondrá más caliente con el tiempo a partir del avance de los juicios. Por eso sería importante tener un contacto con el gobierno para avanzar en la garantía de protección a los testigos”.
En tanto, Cristela Piérola, de Afader, advirtió que “no sólo queremos reclamar al gobierno, sino que pretendemos llegar a toda la sociedad, para que entendamos que esto nos está pasando a todos; es un problema que excede a los ex presos o a las víctimas de la dictadura, sino que es parte de un problema de todos los argentinos y todos debemos hacernos cargo de lo que está pasando”, insistió.
Asimismo, Julián Froidevaux, de H.I.J.O.S. Regional Paraná, remarcó que “los responsables y ejecutores del genocidio se mueven sobre una base de impunidad y en un pacto de silencio que lo mantienen entre todos y no están dispuestos a romperlo. En algunos momentos revienta para el lado de Paúl Navone; pero cuando pueden organizarse mejor, pasa lo que ocurrió con Juan Puthod, Luis Gerez y Jorge Julio López. Quien tiene que responder principalmente es el Poder Judicial en su conjunto, es su deber histórico hacerlo y los jueces federales deben llevar a las cárceles comunes, con prisión perpetua y efectiva a todos los genocidas y sus cómplices”.
Respecto de la forma de implementación de un sistema eficaz para la protección de testigos, querellantes, abogados y funcionarios judiciales, María Luz Piérola remarcó que “la garantía fundamental es que estos tipos estén presos, quitándoles cada vez más el poder que tienen. Pero paralelamente, el Estado debe garantizar las custodias, aunque cada uno tiene derecho a decidir si la quiere o no; además de afinar los detalles para garantizar entre nosotros la seguridad porque estos tipos han demostrado que siguen siendo peligrosos”.
Ayala acotó que “nosotros no estamos en condiciones de desarrollar tareas de inteligencia o contrainteligencia, nuestro objetivo es mantener viva la memoria y con la verdad llegar a la justicia; es el Estado el que debe abusar de todos sus mecanismos para garantizar la seguridad. Otro punto a tener en cuentas es que si hay funcionarios que tienen la ideología de la dictadura, no se puede tener la garantía de que no se cuelen cosas y que no haya una seguridad plena. Por eso, lo primero que hay que hacer es desmantelar este aparato y apartar a esta gente, ellos no pueden participar de los ámbitos de gobierno porque es como tener el zorro dentro del gallinero”.
Olivera coincidió y apuntó además que “estas cuestiones exigen que las autoridades mantengan un diálogo con los organismos de derechos humanos para coordinar cómo se hace efectiva la protección pero hasta ahora no hemos tenido oportunidades para conversar ni siquiera cuál es la política de derechos humanos de este gobierno. Entonces, el Poder Ejecutivo debe hacerse cargo de llevar adelante una política concreta de derechos humanos, protección a testigos y aceleración de las causas”.
Hacia fines de 2006, Piérola fue amenazada por carta y un automóvil estuvo apostado en la puerta de su casa. Sin embargo, la dirigente señaló que “no sólo no se llegó nada sino que la causa se archivó y se desarchivó nuevamente por pedido de Jorge Auat (titular de la Unidad de Coordinación y Seguimiento de las causas). Evidentemente, también en el Poder Judicial hay cómplices de la dictadura. Pero aquí no hay una custodia en serio, porque se ponen por un período y luego se sacan”.
En ese sentido, comentó que el propietario del automóvil que estuvo apostado en su casa es el sargento Carlos Roberto Piriz, uno de los militares que está siendo juzgado en Corrientes por su actuación en el centro clandestino de detención que funcionó en el Regimiento de Infantería 9 de la capital provincial. “Esto demuestra que no es casual lo que pasó, que los tipos siguen operando, que mantienen sus conexiones en todos los puntos del país y que manejan un dinero importante para hacer este tipo de cosas”.
En el mismo sentido, el abogado de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, José Iparraguirre, manifestó que “los organismos de derechos humanos no pueden sino presionar públicamente y reclamar al Estado para que tome las medidas que debe tomar, pero la responsabilidad principal de dar seguridad es del Estado. La detección de focos neonazis, fascistas y pro-dictadura que existen en la provincia es parte de una tarea de inteligencia que debe desarrollar el Estado a través de la policía o de los mecanismos administrativos y también del poder Judicial, para detectarlos y desmantelarlos”, y agregó que “claramente se ve un avance de sectores de derecha y reaccionarios que demuestran que pueden hacer actos como el de Puthod en la provincia de Entre Ríos, porque las prácticas aquellas se reproducen hoy en casos de gatillo fácil, apremios ilegales, abusos, amenazas constantes a los sectores populares y la ideología es la misma que tenía la dictadura”.
Por último, Olivera destacó que “la sociedad argentina ha ido avanzando en todos estos años en la comprensión de lo que fue el genocidio y el terrorismo de Estado. Pero también existen sectores de la sociedad exigen dejar de lado esto porque se trata de hechos del pasado, pero creo que hechos como el que le ocurrió a Puthod demuestran la vigencia y la actualidad de estos temas. Desde los organismos de derechos humanos y desde el conjunto de la sociedad debemos controlar que este tipo de hechos no ocurran, porque queremos evitar tener que actuar sobre los hechos consumados y tener una actitud de prevención y custodia sobre quienes deben declarar en las causas”.
De la convocatoria también participaron la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (AGMER), la Central de Trabajadores Argentinos (CTA), el equipo de derechos humanos de la Universidad Autónoma de Entre Ríos (UADER), la Facultad de Ciencias de la Gestión de la UADER, el Partido Comunista y el Centro de Estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Educación.
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