La Cámara de Diputados debatirá un proyecto para que quienes hayan colaborado con una dictadura no puedan ejercer cargos públicos
La diputada nacional Victoria Donda Pérez (PJ-Capital Federal) presentó un proyecto de ley por el cual se pretende inhabilitar “en forma absoluta y perpetua” a quienes hayan cometido delitos de lesa humanidad o hayan ocupado cargos de ministro, secretario, subsecretario o director nacional durante una dictadura.
La iniciativa apunta a “terminar con los funcionarios responsables y cómplices de la última dictadura” y evitar que se produzcan situaciones como las que ocurrieron en los casos de los represores Antonio Domingo Bussi y Luis Patti, a quienes la Cámara de Diputado impugnó como legisladores, pero que la Justicia dispuso que debieran asumir sus bancas.
Por ello, se pretende inhabilitar para ejercer cargos públicos de cualquier tipo a todos aquellos que hayan cometido delitos de lesa humanidad, y se extiende sobre quienes “existan pruebas suficientes” de haber participado de ese tipo de delitos, y sobre quienes “hayan usurpado” cargos públicos durante la dictadura.
En el escrito, Victoria Donda Pérez –nacida en la ESMA durante el cautiverio de sus padres– expresó: “Veinticinco años de impunidad y el retardo de justicia hicieron que Patti estuviera al borde de asumir una banca de diputado, cuando hace años que debería estar donde está ahora, en la cárcel”.
A través de este proyecto se modificarían varias leyes, a las que deben ser incorporadas las futuras restricciones para ejercer cargos electivos y partidarios. Entre ellas, las leyes del Código Nacional Electoral, la de Partidos Políticos y la de Ética Pública.
Otro artículo incorpora como inhabilidad para ocupar cargos partidarios o electivos a quienes hayan sido condenados por robo, defraudación, estafa, o por “facilitar, promover o encubrir graves violaciones a los derechos humanos”, y se indica que de haber condena, la inhabilitación será “perpetua”.
Fuente: Página/12.
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La iniciativa apunta a “terminar con los funcionarios responsables y cómplices de la última dictadura” y evitar que se produzcan situaciones como las que ocurrieron en los casos de los represores Antonio Domingo Bussi y Luis Patti, a quienes la Cámara de Diputado impugnó como legisladores, pero que la Justicia dispuso que debieran asumir sus bancas.
Por ello, se pretende inhabilitar para ejercer cargos públicos de cualquier tipo a todos aquellos que hayan cometido delitos de lesa humanidad, y se extiende sobre quienes “existan pruebas suficientes” de haber participado de ese tipo de delitos, y sobre quienes “hayan usurpado” cargos públicos durante la dictadura.
En el escrito, Victoria Donda Pérez –nacida en la ESMA durante el cautiverio de sus padres– expresó: “Veinticinco años de impunidad y el retardo de justicia hicieron que Patti estuviera al borde de asumir una banca de diputado, cuando hace años que debería estar donde está ahora, en la cárcel”.
A través de este proyecto se modificarían varias leyes, a las que deben ser incorporadas las futuras restricciones para ejercer cargos electivos y partidarios. Entre ellas, las leyes del Código Nacional Electoral, la de Partidos Políticos y la de Ética Pública.
Otro artículo incorpora como inhabilidad para ocupar cargos partidarios o electivos a quienes hayan sido condenados por robo, defraudación, estafa, o por “facilitar, promover o encubrir graves violaciones a los derechos humanos”, y se indica que de haber condena, la inhabilitación será “perpetua”.
Fuente: Página/12.
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