Estela Carlotto se presentó como querellante en la causa Hospital Militar y no descartó que en Paraná hayan nacido más bebés en cautiverio durante la dictadura
“No hay que descartar que los bebes apropiados sean más de cuatro, porque de otros centros de detención y maternidades clandestinas nos hemos llevado sorpresas. El registro de partos existe, el legal y el ilegal, hay que encontrarlos, porque los militares en eso son muy prolijitos, no tiran nada”, aseveró la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, a la salida de los Tribunales Federales de Paraná, donde se constituyó como querellante en la causa por robo de bebés nacidos en el Hospital Militar durante el cautiverio de sus padres en la dictadura. Una multitud la recibió con una aplauso en el frente del edificio y a la salida, 45 minutos después, tras ser saludada por la jueza federal Myriam Galizzi y luego de mantener un encuentro con el fiscal Mario Silva, quien le ratificó su compromiso con la investigación, a pesar de que en casi cuatro años no ha producido avance alguno. Los organismos de derechos humanos exigieron la detención del ex interventor militar en la provincia, Juan Carlos Trimarco.
Una multitud la recibió con aplausos en la puerta de los Tribunales Federales, cuando a las 11.45 Estela de Carlotto bajó del automóvil que la trajo hasta la capital entrerriana. De impecable trajecito y anteojos oscuros, no alcanzó a pisar la vereda que fue abordada por los periodistas que montaban la guardia.
“Abuelas de la Plaza, el pueblo las abraza”, era canto que se oía de fondo cuando la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo comenzó a responder las preguntas. “Los chicos hoy son adultos, tienen 30 años o más y quieren saber su identidad. Nosotros tenemos que ayudarlos a encontrarla y esa manifestación que va saliendo a los medios, a estos chicos que tienen dudas los motiva para decir ‘no seré yo alguno de los nietos’. Nosotros los ayudamos y los atendemos”, fueron sus primeras palabras.
Antes de ingresar al edificio tribunalicio, Carlotto remarcó que “nunca se sabe lo que puede encontrarse cuando uno inicia una investigación. Esto ha sido una lucha sin cuartel, contra el pueblo, clandestina, un terrorismo de Estado. Acá hay alguien que declaró y dijo que uno de los hijos de Raquel Negro murió y el otro fue entregado en un convento. Nosotros no creemos nada, hay que investigar queremos pruebas fehacientes porque hoy tenemos muchos chicos que están apropiados y siendo criados con una falsa identidad. En este largo recorrido uno avanza, aprende y abre el camino. Sabemos que en este Hospital Militar nacieron hijos de desaparecidos”.
Durante 45 minutos, una comisión de familiares de víctimas -encabezada por Carmen Germano y Clara Fink-, ex detenidos e integrantes de organismos de derechos humanos acompañó la presentación de Estela de Carlotto como querellante en la causa por robo de bebés nacidos en el Hospital Militar de Paraná durante la dictadura, formalizada con el patrocinio de la abogada de H.I.J.O.S. Regional Rosario, Ana Oberlin.
Luego del formalismo de la presentación, la comisión fue saludada por la jueza federal Myriam Galizzi -que en 2004 permitió la reapertura de las causas judiciales con su fallo en el que ratificó la validez de la ley que anuló las leyes de obediencia debida y punto final y declaró la inconstitucionalidad de los indultos presidenciales firmados por Carlos Menem- en la puerta de su despacho y enseguida se reunieron por el fiscal Mario Osvaldo Silva, quien les expresó su compromiso con la investigación. Sus declaraciones de ocasión crisparon los pelos de varios de los presentes, conocedores de que a casi cuatro años de reiniciadas las investigaciones no ha producido avance alguno. “El fiscal nos atendió en su despacho, nos explicó el procedimiento, su compromiso, el rol que les toca a los fiscales, intercambiamos una charla amistosa, esperanzadora. Sabemos que en la Justicia hay deficiencias edilicias, de presupuesto, falta de personal, pero a pesar de ello hay que trabajar”, diría Carlotto a la salida.
Carlotto no quiso dejar pasar la ocasión para saludar al camarista Gabriel Chausovsky. Se encontraron en los pasillos del edificio, y hubo la titular de Abuelas de Plaza de Mayo recordó a quien fue uno de los pocos jueces en el país que en 1988 planteó en un fallo judicial la inconstitucionalidad de las leyes de obediencia debida y punto final.
La causa se inició en 2005 a raíz de una denuncia en la que se consignó que Raquel Negro, que estaba detenida en el centro clandestino de detención Quinta de Funes, en las afueras de Rosario, fue trasladada a Paraná e ingresada en el Hospital Militar como sobrina del general Leopoldo Fortunato Galtieri para dar a luz. La mujer tuvo mellizos, pero el varón habría fallecido un mes después de nacer y la nena habría sido dejada en un convento en Rosario; mientras que la mujer fue asesinada, devuelta a la ciudad santafesina y desaparecida. Pero además, se tiene constancia de otra mujer que también habría dado a luz en la misma fecha, a mediados de 1978. En esta causa está imputado Juan Carlos Trimarco por sustracción de menores de edad y sustitución de identidad. Si bien debía prestar declaración indagatoria el 30 de noviembre pasado, presentó un certificado médico en el que se asegura que padece Alzehimer. Por estos días, la jueza espera el resultado de una pericia que determine si está en condiciones de declarar.
Una lluvia de flashes la recibió al pie de la escalera. Se dejó fotografiar pacientemente y luego aseveró que “tenemos la certeza de que hay cuatro bebés que nacieron en el Hospital Militar cuatro, pero no se sabe que puede pasar mas adelante y no hay que descartar que los bebes apropiados sean más de cuatro, porque de otros centros de detención y maternidades clandestinas nos hemos llevado sorpresas. El registro de partos existe, el legal y el ilegal, hay que encontrarlos, porque los militares en eso son muy prolijitos, no tiran nada. Yo le recomendé al fiscal que mire e investigue porque en estos hospitales existen registros. Siempre hay algunas pistas que los militares creen que no se ven, pero hay que buscarlas. Y si se llega a tener constancia o evidencia de otros chicos nacidos en Paraná, se harán más presentaciones”, remarcó Carlotto.
Además, puntualizó que “en el caso de los hijos de Raquel Negro, alguien ha declarado que el nene murió y que la nena fue dejada en una casa de monjas, pero que diga dónde está el cuerpito y mediante prueba de ADN vamos a identificarlo; solo así vamos a creerlo, porque además hay un hermano. Y en el caso de la niña, que estará apropiada y con su identidad cambiada, la Justicia que rastrear hasta donde la dejaron. Esas son las puntas claras que hay en este caso”, al tiempo que agregó que “avanzar depende de la Justicia. Los querellantes traemos los elementos, la paciencia, el interés y después hay que ver cómo responden ellos. Las autoridades judiciales tienen el poder de accionar”.
Por otra parte, se refirió a la continuidad de la lucha para encontrar a los más de 400 nietos robados por la dictadura y destacó que “después de los programas que se emitieron de Televisión por la Identidad, no se imaginan la cantidad de chicos con dudas que aparecieron por la Casa de las Abuelas. Tuvimos que abrir espacios nuevos, crear horarios distintos, poner más gente para escucharlos. Todo el tiempo viene gente y eso pasa en todo el país, porque en las provincias hay nódulos de la Red Nacional por la Identidad, para que los chicos no tengan necesidad de viajar a Buenos Aires”. En el caso de Paraná, está a cargo del Programa de Derechos Humanos del Rectorado de la Universidad Autónoma de Entre Ríos (UADER), en calle Ramírez 1143, aunque el contacto puede ser al teléfono (0343) 4207907 - interno 32.
Por último, Carlotto remarcó que “nosotros vamos abriendo el camino en forma permanente, recibiendo un apoyo cada vez mayor y damos dos mensajes: todas aquellas personas que saben algo sobre los desaparecidos, los nietos robados o que tengan la certeza de que en el barrio hay un chico que puede ser hijo de desaparecidos, que lo denuncien ante la Justicia o ante los organismos de derechos humanos; y a los jóvenes les decimos que si tienen una duda, que no se queden con la duda, que averigüen sobre su identidad, que hay gente para ayudarlos y estamos las Abuelas para abrazarlos”.
“No hay que descartar que los bebes apropiados sean más de cuatro, porque de otros centros de detención y maternidades clandestinas nos hemos llevado sorpresas. El registro de partos existe, el legal y el ilegal, hay que encontrarlos, porque los militares en eso son muy prolijitos, no tiran nada”, aseveró la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, a la salida de los Tribunales Federales de Paraná, donde se constituyó como querellante en la causa por robo de bebés nacidos en el Hospital Militar durante el cautiverio de sus padres en la dictadura. Una multitud la recibió con una aplauso en el frente del edificio y a la salida, 45 minutos después, tras ser saludada por la jueza federal Myriam Galizzi y luego de mantener un encuentro con el fiscal Mario Silva, quien le ratificó su compromiso con la investigación, a pesar de que en casi cuatro años no ha producido avance alguno. Los organismos de derechos humanos exigieron la detención del ex interventor militar en la provincia, Juan Carlos Trimarco.Una multitud la recibió con aplausos en la puerta de los Tribunales Federales, cuando a las 11.45 Estela de Carlotto bajó del automóvil que la trajo hasta la capital entrerriana. De impecable trajecito y anteojos oscuros, no alcanzó a pisar la vereda que fue abordada por los periodistas que montaban la guardia.
“Abuelas de la Plaza, el pueblo las abraza”, era canto que se oía de fondo cuando la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo comenzó a responder las preguntas. “Los chicos hoy son adultos, tienen 30 años o más y quieren saber su identidad. Nosotros tenemos que ayudarlos a encontrarla y esa manifestación que va saliendo a los medios, a estos chicos que tienen dudas los motiva para decir ‘no seré yo alguno de los nietos’. Nosotros los ayudamos y los atendemos”, fueron sus primeras palabras.
Antes de ingresar al edificio tribunalicio, Carlotto remarcó que “nunca se sabe lo que puede encontrarse cuando uno inicia una investigación. Esto ha sido una lucha sin cuartel, contra el pueblo, clandestina, un terrorismo de Estado. Acá hay alguien que declaró y dijo que uno de los hijos de Raquel Negro murió y el otro fue entregado en un convento. Nosotros no creemos nada, hay que investigar queremos pruebas fehacientes porque hoy tenemos muchos chicos que están apropiados y siendo criados con una falsa identidad. En este largo recorrido uno avanza, aprende y abre el camino. Sabemos que en este Hospital Militar nacieron hijos de desaparecidos”.
Durante 45 minutos, una comisión de familiares de víctimas -encabezada por Carmen Germano y Clara Fink-, ex detenidos e integrantes de organismos de derechos humanos acompañó la presentación de Estela de Carlotto como querellante en la causa por robo de bebés nacidos en el Hospital Militar de Paraná durante la dictadura, formalizada con el patrocinio de la abogada de H.I.J.O.S. Regional Rosario, Ana Oberlin.
Luego del formalismo de la presentación, la comisión fue saludada por la jueza federal Myriam Galizzi -que en 2004 permitió la reapertura de las causas judiciales con su fallo en el que ratificó la validez de la ley que anuló las leyes de obediencia debida y punto final y declaró la inconstitucionalidad de los indultos presidenciales firmados por Carlos Menem- en la puerta de su despacho y enseguida se reunieron por el fiscal Mario Osvaldo Silva, quien les expresó su compromiso con la investigación. Sus declaraciones de ocasión crisparon los pelos de varios de los presentes, conocedores de que a casi cuatro años de reiniciadas las investigaciones no ha producido avance alguno. “El fiscal nos atendió en su despacho, nos explicó el procedimiento, su compromiso, el rol que les toca a los fiscales, intercambiamos una charla amistosa, esperanzadora. Sabemos que en la Justicia hay deficiencias edilicias, de presupuesto, falta de personal, pero a pesar de ello hay que trabajar”, diría Carlotto a la salida.
Carlotto no quiso dejar pasar la ocasión para saludar al camarista Gabriel Chausovsky. Se encontraron en los pasillos del edificio, y hubo la titular de Abuelas de Plaza de Mayo recordó a quien fue uno de los pocos jueces en el país que en 1988 planteó en un fallo judicial la inconstitucionalidad de las leyes de obediencia debida y punto final.
La causa se inició en 2005 a raíz de una denuncia en la que se consignó que Raquel Negro, que estaba detenida en el centro clandestino de detención Quinta de Funes, en las afueras de Rosario, fue trasladada a Paraná e ingresada en el Hospital Militar como sobrina del general Leopoldo Fortunato Galtieri para dar a luz. La mujer tuvo mellizos, pero el varón habría fallecido un mes después de nacer y la nena habría sido dejada en un convento en Rosario; mientras que la mujer fue asesinada, devuelta a la ciudad santafesina y desaparecida. Pero además, se tiene constancia de otra mujer que también habría dado a luz en la misma fecha, a mediados de 1978. En esta causa está imputado Juan Carlos Trimarco por sustracción de menores de edad y sustitución de identidad. Si bien debía prestar declaración indagatoria el 30 de noviembre pasado, presentó un certificado médico en el que se asegura que padece Alzehimer. Por estos días, la jueza espera el resultado de una pericia que determine si está en condiciones de declarar.
Una lluvia de flashes la recibió al pie de la escalera. Se dejó fotografiar pacientemente y luego aseveró que “tenemos la certeza de que hay cuatro bebés que nacieron en el Hospital Militar cuatro, pero no se sabe que puede pasar mas adelante y no hay que descartar que los bebes apropiados sean más de cuatro, porque de otros centros de detención y maternidades clandestinas nos hemos llevado sorpresas. El registro de partos existe, el legal y el ilegal, hay que encontrarlos, porque los militares en eso son muy prolijitos, no tiran nada. Yo le recomendé al fiscal que mire e investigue porque en estos hospitales existen registros. Siempre hay algunas pistas que los militares creen que no se ven, pero hay que buscarlas. Y si se llega a tener constancia o evidencia de otros chicos nacidos en Paraná, se harán más presentaciones”, remarcó Carlotto.
Además, puntualizó que “en el caso de los hijos de Raquel Negro, alguien ha declarado que el nene murió y que la nena fue dejada en una casa de monjas, pero que diga dónde está el cuerpito y mediante prueba de ADN vamos a identificarlo; solo así vamos a creerlo, porque además hay un hermano. Y en el caso de la niña, que estará apropiada y con su identidad cambiada, la Justicia que rastrear hasta donde la dejaron. Esas son las puntas claras que hay en este caso”, al tiempo que agregó que “avanzar depende de la Justicia. Los querellantes traemos los elementos, la paciencia, el interés y después hay que ver cómo responden ellos. Las autoridades judiciales tienen el poder de accionar”.
Por otra parte, se refirió a la continuidad de la lucha para encontrar a los más de 400 nietos robados por la dictadura y destacó que “después de los programas que se emitieron de Televisión por la Identidad, no se imaginan la cantidad de chicos con dudas que aparecieron por la Casa de las Abuelas. Tuvimos que abrir espacios nuevos, crear horarios distintos, poner más gente para escucharlos. Todo el tiempo viene gente y eso pasa en todo el país, porque en las provincias hay nódulos de la Red Nacional por la Identidad, para que los chicos no tengan necesidad de viajar a Buenos Aires”. En el caso de Paraná, está a cargo del Programa de Derechos Humanos del Rectorado de la Universidad Autónoma de Entre Ríos (UADER), en calle Ramírez 1143, aunque el contacto puede ser al teléfono (0343) 4207907 - interno 32.
Por último, Carlotto remarcó que “nosotros vamos abriendo el camino en forma permanente, recibiendo un apoyo cada vez mayor y damos dos mensajes: todas aquellas personas que saben algo sobre los desaparecidos, los nietos robados o que tengan la certeza de que en el barrio hay un chico que puede ser hijo de desaparecidos, que lo denuncien ante la Justicia o ante los organismos de derechos humanos; y a los jóvenes les decimos que si tienen una duda, que no se queden con la duda, que averigüen sobre su identidad, que hay gente para ayudarlos y estamos las Abuelas para abrazarlos”.
Foto: Análisis Digital.
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