Celebramos la detención en la cárcel de Paraná de un médico acusado por robo de bebés

Hemos sido sorprendidos gratamente con la noticia de que el día miércoles, por primera vez, la Justicia entrerriana, a través de la jueza federal Myriam Galizzi, ha dispuesto el procesamiento y detención por dictado de prisión preventiva de seis imputados por el robo y sustitución de identidad de dos bebés nacidos clandestinamente en 1978 en el Hospital Militar de Paraná, hijos de Raquel Negro, que fue traída a la capital entrerriana desde el centro clandestino de detención Quinta de Funes, en Rosario, donde se encontraba detenida.
Si bien cinco de los imputados (Juan Daniel Amelong, Walter Salvador Pagano, Héctor Marino González, Jorge Alberto Fariña y Pascual Oscar Guerrieri) son ex integrantes de las fuerzas represivas del terrorismo de Estado y ya estaban en prisión por otras causas; el sexto, Juan Antonio Zaccaría, no integraba las filas de las fuerzas y, no obstante ello, fue procesado y detenido en cárcel común, la Unidad Penal Número 1 de la ciudad de Paraná (foto), en su calidad de médico responsable de la Unidad de Terapia Intensiva del hospital, ámbito donde se han configurado las conductas tipificadas como sustracción y sustitución de identidad de menores de diez años.
Amén de ser este fallo el primero que evoluciona en la investigación para la futura condena en materia de derechos humanos y por crímenes de lesa humanidad en esta provincia, también trasciende la neta esfera de las fuerzas de seguridad represoras para avanzar hacia el verdadero espectro punible de aquel sector de la sociedad también culpable de esos crímenes.
Por la Memoria, la Verdad y la Justicia, y en esta búsqueda, acompañamos en esta epopeya a quienes como Sebastián Álvarez, hijo de Raquel y hermano de aquellos bebés a los que les robaron la historia y sus propias vidas; y a las queridas Abuelas de Plaza de Mayo, que querellan como parte a quienes, ab initio son autores responsables y bregamos por la inmediata citación a audiencia indagatoria de Juan Carlos Trimarco y de todos aquellos responsables directos, mentores ideológicos y garantes de los resultados del plan sistemático que incluyó la sustracción y supresión de identidad de los hijos de nuestros seres queridos presentes en la memoria.
Por Memoria, Verdad y Justicia.

Procesaron a cinco militares y un médico civil en la causa en la que se investiga el robo de bebés en Paraná

La jueza federal de Paraná, Myriam Galizzi, dictó el procesamiento con prisión preventiva para cinco militares y un médico civil por la sustracción y sustitución de identidad de una pareja de mellizos que dio a luz Raquel Negro (foto) en el Hospital Militar de la capital entrerriana en los primeros meses de 1978, mientras estaba detenida clandestinamente.
Los procesados son los represores Juan Daniel Amelong, Walter Salvador Pagano, Héctor Marino González, Jorge Alberto Fariña y Pascual Oscar Guerrieri y el médico paranaense Juan Antonio Zaccaría; mientras que la jueza no se expidió respecto de la situación del ex interventor militar de la provincia, Juan Carlos Ricardo Trimarco, dado que aún no resolvió sobre el planteo de nulidad de la pericia médica que lo consideró inimputable. Además, la magistrada dictó la falta de mérito para el médico ginecólogo Jorge Mario Cantaberta, que también cumplía funciones en el nosocomio castrense. En la causa también estaba imputado Paúl Alberto Navone, quien se suicidó de un disparo en la cabeza en un hotel de la Fuerza Aérea en la localidad cordobesa de Ascochinga.
El médico Zaccaría era jefe del Servicio de Terapia Intensiva del Hospital Militar y es el único de los procesados que no estaba detenido, por lo que se dispuso su arresto y fue alojado en la Unidad Penal Número 1 de Paraná; mientras que los militares continuarán presos en el pabellón de represores de la cárcel de Marcos Paz.
Los militares imputados en el robo de bebés eran miembros del Destacamento de Inteligencia 121, que tenía como jefe al fallecido coronel Edgardo Alcides Juvenal Pozzi; secundado por el coronel Guerrieri; mientras que el jefe de Operaciones Especiales de Inteligencia era el capitán Fariña; el segundo jefe de Operaciones Especiales era el teniente Amelong; y Pagano y González también eran agentes de inteligencia militar en Paraná y Santa Fe cuando se produjo el traslado de Raquel Negro desde el centro clandestino de detención Quinta de Funes al Hospital Militar de Paraná para que diera a luz a una pareja de mellizos, entre febrero y marzo de 1978.
La abogada Marina Barbagelata, que representa al hijo de Raquel Negro, afirmó que “las pruebas contra los represores procesados fueron contundentes”, y confió en que “esta causa está en un procedimiento que culminará en un juicio oral y público”.

Las Abuelas de Plaza de Mayo encontraron a la nieta número 93

Las Abuelas de Plaza de Mayo lograron restituir la identidad de la hija de Olga Noemí Casado y Juan Oscar Cugura, ambos desaparecidos durante la última dictadura militar. La nieta número 93 en conocer su verdadero origen nació en cautiverio entre noviembre de 1977 y enero de 1978 y las denuncias sobre la pareja de apropiadores datan de 1985.
El juzgado Federal Número 1 de La Plata confirmó la restitución de la identidad a la hija de Olga Noemí Casado y Juan Oscar Cugura, ambos desaparecidos durante la última dictadura militar cuando ella estaba embarazada de siete meses. La chica es veterinaria y se llamaría Alejandra.
Olga Noemí Casado nació el 1º de abril de 1958 en Mar del Plata, militaba en Montoneros y sus compañeros la llamaban Julia. Fue secuestrada en noviembre y, por testimonios, pudo saberse que permaneció detenida en el centro clandestino de detención Puesto Vasco.
Juan Oscar Cugura nació el 4 de junio de 1946 en Rawson, también militaba en Montoneros, era conocido como Cefe, Negro Cefe o Ceferino y fue raptado entre octubre y noviembre de 1977.
El nacimiento de la beba fue informado inicialmente ante la Conadep por la familia Cugura, junto con la denuncia por la desaparición de su hijo y su compañera Julia, de quien desconocían el verdadero nombre, según informó Abuelas de Plaza de Mayo.
Recién en 2006 la Conadi recibió información que le permitió comenzar la investigación del caso y, a partir de un testimonio y tras una ardua investigación, en abril de 2007 se pudo confirmar que Olga Noemí Casado era efectivamente Julia.
A partir de allí se pudo solicitar a las familias Cugura y Casado que dejaran su información genética en el Banco Nacional de Datos Genéticos para así aguardar que la información de algunos de los cientos de jóvenes que se analizan para esclarecer su origen biológico, diera con su grupo familiar. Un año después hubo resultados positivos.
Las denuncias acerca de que una familia tenía anotada como propia a la joven que hoy se conoce es la hija de la pareja Cugura-Casado, existen en Abuelas de Plaza de Mayo desde 1985, y la última fue recibida en 2000. Pero la localización de la joven no fue fácil, ya que la familia apropiadora solía mudarse y ha vivido en distintas provincias. La denuncia avanzó hasta que el juez federal de La Plata Manuel Humberto Blanco ordenó un allanamiento para extraer las pruebas de ADN necesarias para establecer la filiación de la joven y esta semana se confirmó la identidad de la joven que hoy tiene 30 años.

Carmen Argibay planteó la necesidad de incorporar el delito de genocidio en el Código Penal

La jueza de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Carmen Argibay (foto) reclamó la incorporación al Código Penal de la figura del genocidio y consideró que legislar sobre esa figura penal es “una deuda pendiente” del Congreso Nacional, aunque reconoció que es “dificultosa de usar” en el contexto argentino. Además, manifestó su preocupación por las carencias que deben soportar los jueces, fiscales y querellantes en los juicios a imputados por delitos de lesa humanidad.
Los planteos sobre la figura de genocidio reaparecieron durante la lectura de los alegatos de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de Neuquén y del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos, querellantes contra represores de La Escuelita, y en el de Justicia Ya! en el juicio por crímenes de lesa humanidad en Mansión Seré y Mar del Plata. La APDH comparó la masacre argentina con los genocidios nazi y armenio y con la matanza de Ruanda. El Ceprodh destacó que el Tribunal Oral Federal de La Plata “reconoció la existencia jurídica del genocidio”, argumentó en base a escritos del sociólogo Daniel Feierstein que la dictadura “se propuso eliminar una fracción de la sociedad” y reiteró al describir los delitos de cada imputado que los cometieron “con la intención de eliminar total o parcialmente a un grupo nacional y en consecuencia forman parte del genocidio ocurrido en la Argentina”.
Argibay recordó que “el genocidio está incorporado a la Constitución Nacional porque la Argentina ratificó la Convención Internacional sobre Genocidio y se incluyó en la reforma de 1994”, aunque no está tipificado en el Código Penal. “Es una deuda que tiene el Congreso Nacional”, indicó la ministra de la Corte Suprema.
En ese sentido, recordó que en el Código Penal hay una figura que se le parece al genocidio, “que es el homicidio agravado por motivos de odio racial o religioso”, aunque “la mención del genocidio en nuestro contexto es dificultosa de usar desde el punto de vista de los documentos internacionales”, que lo definen como los actos perpetrados con la intención de destruir a un grupo nacional, étnico, racial o religioso.
Por último, Argibay destacó que los funcionarios de la Justicia que intervienen en causas por delitos de lesa humanidad “trabajan como pueden, con lo que tienen, atadito con alambre, como decimos los argentinos”.

Identificaron los restos de una modista tucumana asesinada en 1978

El Equipo Argentino de Antropología Forense identificó los restos de Norma Delia Sibantos (foto), una modista tucumana de treinta y ocho años que fue secuestrada por grupos de tareas durante la última dictadura militar y estaba enterrada desde hacía treinta años como NN en el cementerio de la localidad de Clodomira.
La mujer fue secuestrada el 19 de junio de 1978 y su cuerpo fue encontrado a fines de agosto en un camino vecinal que une las localidades de Clodomira con La Aurora, con dos disparos en la cabeza. Según el Legajo Número 5.553 de la Conadep, Sibantos no estuvo en centros clandestinos de detención y estaba embarazada al momento de su desaparición.
El Equipo Argentino de Antropología Forense confirmó su identidad luego de cotejar las huellas en el banco de datos de desaparecidos que fueron tomadas a la mujer previo a su entierro en el cementerio de Clodomira. Durante tres décadas, el cuerpo permaneció en una fosa común sin que nadie lo reclamara.
El caso fue abierto por el abogado Antenor Ferreyra, de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, que realizó una denuncia en la Justicia Federal para procurar determinar si se trataba de una víctima de la represión ilegal, ya que pobladores aseguraban haber encontrado el cadáver de una joven de tez blanca y cabellera rubia al costado del camino vecinal, a fines de agosto de 1978.

Negaron la prisión domiciliaria al cura Von Wernich y seguirá preso en la cárcel de Marcos Paz

El Tribunal Oral Federal Número Uno de La Plata rechazó el pedido de la defensa del ex capellán de la Policía Bonaerense, Christian von Wernich (foto), que había solicitado por tratarse de una persona de setenta años. Los magistrados argumentaron “la gravedad de los delitos cometidos y los hechos empleados al valerse de su condición de sacerdote de la Iglesia Católica”, para no hacer lugar al planteo.
Los camaristas Carlos Rozanski, Norberto Lorenzo y Horacio Isaurralde desestimaron por completo el argumento de los abogados del ex capellán, quienes habían señalado que su cliente tenía derecho al beneficio del arresto domiciliario por haber cumplido setenta años.
En el fallo, Rozanski remarcó que países como Argentina “que han padecido el terrorismo de Estado, no pueden darse el lujo de finalizar investigaciones y juicio en los que recayeron condenas tolerando que dicho esfuerzo se diluya al transformar la sanción en una mera formalidad”, por lo que Von Wernich deberá seguir alojado en el penal de Marcos Paz, donde se encuentra desde que recibió la sentencia a reclusión perpetua por siete homicidios triplemente calificados, cuarenta y un casos de privaciones ilegales de la libertad y treinta y un tomentos agravados, ocurridos en los centros clandestinos de detención que funcionaron en la zona de La Plata y el sur del Gran Buenos Aires.
Rozanski recordó además que cuando la Corte Suprema de Justicia declaró la inconstitucionalidad de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final “ratificó la plena vigencia del derecho internacional de los derechos humanos que torna incompatible cualquier medida del Estado que transforme –manifiesta o encubiertamente– la sanción impuesta a un condenado por delitos de lesa humanidad, en una mera formalidad”.
Von Wernich nació el 27 de mayo de 1938 en San Isidro, aunque llegó a Concordia cuando tenía apenas dos años de vida. Fue el cuarto de diez hermanos –cuatro mujeres y seis varones–, hijos de uno de los primeros forestadores de la región y de una mujer de una fina familia de Buenos Aires.

Ahora y siempre: aniversario a treinta y dos años de la Masacre de Fátima

El 20 de agosto se cumplieron treinta y dos años de la Masacre de Fátima. Quisieron matar treinta ilusiones y no pudieron, porque los treinta compañeros asesinados continúan presentes.
Este es el primer año que no se organiza un acto conmemorativo y no es una casualidad, porque también fue el año del Juicio de Fátima. Como consecuencia de toda esa conmoción que implica revivir hechos y situaciones tan tremendas muchos familiares directos de las víctimas se encuentran hasta ahora fuertemente afectados.
No crean que claudicamos, que bajamos los brazos ni mucho menos, sólo necesitamos reponernos para lo que se viene. Continuar con el pedido de justicia, para que sean condenados todos los autores de este cruel crimen y ayudar ha identificar a los compañeros que aún no pudieron recobrar su identidad. Para todo ello vamos a necesitar de toda su colaboración y acompañamiento.
Gracias a todos los que se hicieron presentes en las audiencias del juicio, a quienes testimoniaron, a los que alentaron, a los que se indignaron al escuchar las sentencias, a los que nos abrazaron y contuvieron.
Gracias Compañeros.
30.000 detenidos-desaparecidos, presentes; ahora y siempre.
Familiares de las Víctimas de la Masacre de Fátima - www.masacredefatima.com.ar