Volvieron a robar la placa que recordaba a Mario Menéndez en el Colegio Don Bosco

Desde AFADER y desde la Asociación de ex Presos, ex Presas y Exiliados Políticos de Entre Ríos La Solapa repudiamos el vandálico hecho perpetrados por desconocidos que realizaron pintadas y volvieron a robar del Colegio Don Bosco de Paraná la placa que homenajeaba a Mario Menéndez (foto), un ex alumno del establecimiento que fue secuestrado el 10 de septiembre de 1977 en Rosario y permanece desaparecido. Los personajes nefastos que cometieron los hechos buscaron amedrentar, amenazar y dejar un mensaje a la comunidad educativa, lo que revela la vigencia de un oscuro e infame aparato represivo, lamentablemente impune, por lo cual exigimos que se investigue.
Hemos tomado conocimiento de que en horas de la madrugada del 12 de julio ingresaron ejerciendo violencia al Colegio Don Bosco de Paraná personajes nefastos, cuyo objetivo directo fue amedrentar, amenazar y dejar un mensaje en definitiva a la comunidad educativa y así a la sociedad toda y volver a sustraer, entre otras cosas, la placa erigida en homenaje al compañero desaparecido, Mario Menéndez, que fue alumno de la institución.
Además, denunciamos que dentro de la institución se efectuaron actos vandálicos como fogatas y macabros mensajes personales destinados a quien de alguna manera se ha atrevido y con ello pretendido instalar un debate histórico y social entre los alumnos.
Más allá de las denuncias y de los procedimientos de rutina, más allá de las hipótesis, no cabe duda alguna de que este accionar repugnante, incompatible con la naturaleza de cualquier ideología y credo y con la propia naturaleza humana, revela la vigencia de un oscuro e infame aparato represivo, lamentablemente impune.
Y ante lo acontecido repudiamos enérgicamente lo sucedido y exigimos la inmediata investigación y castigo a quienes fueron sus autores, para que de una vez por todas podamos creer que con justicia lograremos el país que nuestros desaparecidos soñaron.

En Entre Ríos no hay represores presos, a tres años de la reactivación de las causas

A tres años de la reactivación de la mayoría de las causas por crímenes de la dictadura, los represores prófugos suman más que los condenados, ya que hay un total de 55 genocidas que no han sido localizados, entre ellos Norberto Raúl Tozzo (foto), imputado por la Masacre de Margarita Belén, en la que fueron asesinados tres militantes entrerrianos; mientras que apenas 22 fueron condenados por tribunales federales. En los más de mil expedientes judiciales hay 429 procesados, pero ninguno de ellos en la provincia de Entre Ríos, donde hay una treintena de militares y civiles imputados.
Según los datos de la Unidad Fiscal, que realiza el seguimiento de estos expedientes, hasta hoy han sido condenados 22 represores mientras que la Justicia aún intenta localizar a otros 55 que permanecen prófugos. Del informe también se desprende el paso lento con el que avanzan los más de mil expedientes judiciales, ya que de los 429 procesados, 334 aguardan el juicio oral en prisión preventiva.
Uno de los represores prófugos es Norberto Raúl Tozzo, imputado por su participación en la Masacre de Margarita Belén, el 13 de diciembre de 1976, en la que fueron asesinados los entrerrianos Raúl Caire, Fernando Piérola y Reinaldo Zapata Soñez. Tozzo está prófugo desde el 30 de abril de 2005, cuando el juez federal de Resistencia, Carlos Skidelsky, ordenó su captura nacional e internacional. El represor tenía negocios en distintos medios de comunicación en María Grande y Hasenkamp, en la provincia de Entre Ríos.
Tras la condena contra el ex jefe del Tercer Cuerpo Luciano Benjamín Menéndez y otros siete represores del centro clandestino de detención La Perla, el registro que depende de la Procuración General de la Nación actualizó sus datos. Según sus planillas, el distrito judicial con mayor cantidad de causas tramitadas es la Ciudad de Buenos Aires, que tiene 27 expedientes con 135 procesados. Lo siguen Córdoba, con 15 causas y 53 procesados, y La Plata, con 12 y 46, respectivamente.
En Entre Ríos hay seis causas abiertas por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura, cuatro en el Juzgado Federal de Paraná y dos en Concepción del Uruguay, pero ninguna de ellas tiene procesados. De hecho, sólo en la causa por robo de bebés han declarado como imputados algunos represores y médicos del Hospital Militar de Paraná.
A fin de año, la cantidad total de condenados podría aumentar. En los próximos días, la Justicia Federal de Corrientes dictará sentencia por los crímenes en el Regimiento de Infantería 9, de los que están acusados seis militares.
El 5 de agosto comenzarán en Tucumán las audiencias por el asesinato del senador Guillermo Vargas Aignasse que sentarán al banquillo a Menéndez y al entrerriano Antonio Domingo Bussi. Y el 21 de agosto, el Tribunal Oral Federal Número 5 juzgará a otros cinco represores de los centros clandestinos Mansión Seré, El Vesubio y Mar del Plata.

Se presentó la querella por el secuestro del capellán montonero Jorge Adur

Un hermano del sacerdote Jorge Oscar Adur se presentó como querellante en la causa por su desaparición, que se instruye en el Juzgado Federal de Paso de los Libres, ya que el capellán de la organización Montoneros fue secuestrado el 26 de junio de 1980 en esa localidad correntina y detenido en el centro clandestino de detención conocido como Estancia La Polaca.
“Veinticinco años de democracia, de impunidad, es demasiado tiempo. Tendría que ir un poco más rápido esto de la justicia”, admitió Hugo Adur, hermano del cura oriundo de Nogoyá tras presentarse como querellante en la causa y autorizar a los abogados Jorge Olivera y Ramón Leguizamón para llevar adelante la investigación.
Luego de la presentación, la querella solicitó al Juzgado Federal que cite a declarar como testigos de Silvia Noemí Tolchinsky, radicada en Barcelona; y del actual embajador argentino en Colombia y ex jefe del Ejército, Martín Balza, que en esa época era jefe del Grupo de Artillería Número 3 en Paso de los Libres.
Adur fue capellán de Montoneros, confesor del general Juan Domingo Perón y asesor espiritual de la familia Abal Medina. Oriundo de Nogoyá, nació el 19 de mayo de 1932 y fue el noveno de los 12 hijos de Manuel Adur y Juana Dominga Bernachea.
Después de recibirse de bachiller, viajó a Buenos Aires para ingresar como seminarista a la congregación francesa de Los Agustinos de la Asunción, perteneciente a la Iglesia Católica y conocidos como los asuncionistas. Se ordenó como sacerdote estando en Chile y regresó a Nogoyá para celebrar su primera misa.
Pronto fue designado párroco de la Iglesia San Miguel de Tournes en el barrio de Belgrano de Buenos Aires, y al poco tiempo se vinculó con los curas que conformaban el Movimiento de Sacerdotes para el Tercer Mundo, del cual fue uno de los redactores de sus documentos.
Perseguido por el terrorismo de Estado, fue trasladado al interior de la provincia de Buenos Aires un grupo de curas y obispos, donde permaneció un tiempo hasta que el nuncio apostólico Pío Laghi lo llevó en auto hasta el avión en el que salió del país. Según sus allegados, Adur regresó a la Argentina en el marco de la contraofensiva montonera y fue secuestrado el 26 de junio de 1980 en el paso fronterizo Uruguaiana-Paso de los Libres cuando viajaba a Porto Alegre, en un micro de la empresa General Urquiza, bajo el nombre de Pedro Ramón Altamirano.
Ese mismo día, y en el mismo lugar, fue secuestrado Lorenzo Ismael Viñas, quien se dirigía a Río de Janeiro en la empresa de transporte brasilera Pluma, en el autobús 7825. Adur y Viñas viajaban en sendos asientos número 11. Ambos fueron llevados al centro clandestino de detención conocido como La Polaca, una estancia de unas 40 hectáreas ubicada a la vera del río Uruguay y a pocos kilómetros de la ciudad correntina de Paso de los Libres.
El predio de La Polaca fue utilizado cuando comenzaron a producirse los secuestros de militantes de la organización Montoneros que regresaban al país en el marco de los que se llamó la contraofensiva. En aquella época, Paso de los Libres contaba con Aeronáutica; el Batallón y el Regimiento de Infantería del Ejército; Gendarmería; Prefectura; Policía Federal; Policía de la provincia y el Destacamento 123 de Inteligencia. Martín Balza era jefe del Grupo de Artillería Número 3 con asiento en Paso de los Libres.

Condenaron a prisión perpetua y cárcel común a Luciano Benjamín Menéndez y otros siete represores

El Tribunal Oral Federal 1 de Córdoba condenó al ex jefe del Tercer Cuerpo del Ejército, Luciano Benjamín Menéndez, y otros siete militares por el secuestro, tortura y muerte en 1977 de cuatro jóvenes del Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT) y dispuso que cumplan las penas en una cárcel común.
Menéndez fue condenado a la pena de prisión perpetua por la comisión de delitos de lesa humanidad durante la última dictadura, la que deberá cumplir en una unidad carcelaria de la provincia de Córdoba: “Se ordena su inmediata detención y alojamiento en una unidad carcelaria de la provincia de Córdoba”, anunció el tribunal en la lectura de su veredicto, al revocar la prisión domiciliaria de la que gozaba el represor.
El fallo, histórico para la jurisprudencia argentina, condenó también a prisión perpetua y cárcel común a los ex militares Luis Manzanelli, Oreste Padován y Carlos Díaz, y el ex agente civil de inteligencia Ricardo Lardone. A su vez, el tribunal sentenció con veintidós años de prisión y cárcel común a Hermes Rodríguez y Jorge Exequiel Acosta –nacido en la ciudad de Paraná–, y con dieciocho años a Carlos Vega. Todos deberán pasar sus días en una unidad penal de Bower, ubicada en las afueras de la capital cordobesa.
Un par de horas antes de conocer su sentencia, el ex titular del Tercer Cuerpo del Ejército, había reivindicado nuevamente la represión que comandó desde Córdoba durante la última dictadura, argumentando que se llevó a cabo “para evitar el asalto al poder de la subversión marxista, que buscaba arrancar el alma de nuestro pueblo”.
Como la mayoría de los represores en los juicios, habló de una guerra y se refirió a las Fuerzas Armadas “soldados victoriosos” que actuaron contra la “guerrilla marxista”. Además, hizo un recorrido histórico, donde criticó los “intentos subversivos” sufridos por los ex Presidentes Arturo Illia y Arturo Frondizi, ambos –según sus paradójicas declaraciones– “inobjetablemente democráticos”.
Con algunas interrupciones, y mientras el represor insistía en que “los guerrilleros no pueden decir que actuaban en defensa de la democracia”, fuera del recinto, en la calle, decenas de militantes de derechos humanos repudiaban sus últimas palabras. Adentro de la sala, dos mujeres fueron retiradas por increpar a Menéndez: “¡Asesino!”, se escuchó que le gritaron.
“Ostentamos el dudoso mérito –continuó el represor– de ser el primer país en la historia del mundo que juzga a sus soldados victoriosos que lucharon y vencieron por orden de y para sus compatriotas”, afirmó también el represor Menéndez.
Los ex militares fueron acusados por el secuestro, la tortura y el asesinato de Humberto Brandalisis, Hilda Palacios, Raúl Cardozo y Carlos Lajas, acribillados por los militares en un simulacro de enfrentamiento en la capital cordobesa en la madrugada del 15 de diciembre de 1977 y enterrados como NN en el cementerio San Vicente. Sólo los restos de Palacios fueron identificados por el Equipo Argentino de Antropología Forense y restituidos a sus familiares.

Dos granitos de justicia y un bofetazo por la Masacre de Fátima

Los comisarios retirados Juan Carlos Lapuyole y Carlos Enrique Gallone (foto) fueron condenados a prisión perpetua por treinta asesinatos y secuestros que perpetraron en la madrugada del 20 de agosto de 1976 en un hecho que se conoció como la Masacre de Fátima; sin embargo, el tribunal consideró que la participación del comisario Miguel Ángel Timarchi en los crímenes estaba en duda y lo absolvió.
El Tribunal Oral Federal Número Cinco condenó a la pena de prisión perpetua a los comisarios retirados Juan Carlos Lapuyole y Carlos Enrique Gallone, pero absolvió de culpa y cargo, gracias a la duda sembrada por una oportuna licencia médica, al comisario Miguel Ángel Timarchi. El festejo desmesurado de sus abogados Carlos Broitman y Héctor Amarelle ante decenas de madres, hermanos e hijos de los masacrados hizo explotar la bronca contenida en la sala. “¡Asesinos!”, gritaron jóvenes y ancianos. Daniel Obligado, presidente del tribunal, pidió permiso a su colega Guillermo Gordo y con su visto bueno ordenó desalojar la sala. Expulsó a los colaboradores de Timarchi que habían contenido la emoción, pero no les llamó la atención a los efusivos letrados.
A pedido del tribunal, que también integra Ricardo Farías, las Madres de Plaza de Mayo guardaron sus pañuelos, los familiares guardaron las fotos de los masacrados y los reporteros gráficos no pudieron ingresar a la sala. A las 17.55, cuando el secretario ordenó ponerse de pie para recibir a Sus Señorías, varias butacas estaban vacías.
Tras rechazar los planteos de Adrián Tellas y Martín Cardoso, abogados de Gallone, el juez Obligado, con voz firme, anunció la condena a perpetua de Lapuyole, que ya se había ido a su casa, donde goza de arresto domiciliario. El ex director de Inteligencia de Superintendencia de Seguridad Federal fue sentenciado como autor mediato de las treinta privaciones ilegítimas de la libertad y los treinta homicidios agravados por la alevosía de ejecutarlos contra personas que tenían las manos atadas y los ojos vendados. Luego leyó la condena a perpetua para Gallone, jefe de una brigada, como coautor de los secuestros y partícipe necesario de los homicidios.
Cuando el juez leyó “absolviendo libremente y sin costas a Miguel Ángel Timarchi”, Amarelle gritó “¡Vamos todavía!”, saltó como quien festeja el gol de su vida y le dio un beso a Broitman. Timarchi permaneció inmutable. El juez intentó seguir pero, en medio de gritos y llantos desconsolados, los H.I.J.O.S. comenzaron a cantar: “Como a los nazis… les va a pasar… a donde vayan los iremos a buscar”. Obligado ordenó desalojar la bandeja superior y luego la inferior, repletas de Madres sin pañuelos.
Con la sala vacía y el canto “a los nazis” de fondo el juez terminó de leer la sentencia. Para absolver a Timarchi invocó el artículo 3 del Código Procesal Penal, que en caso de duda juega a favor del reo. “Estamos conformes con las condenas, pero vamos a apelar la absolución. Antes tenemos que conocer los fundamentos, ya que el tribunal dejó entrever dudas sobre su rol aquella madrugada. Para condenar la Justicia exige pruebas contundentes que después de treinta años no es fácil conseguir. Son las reglas de juego”, reflexionó en medio de abrazos y llantos la abogada Carolina Varsky, del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).
En la causa no pudo ser juzgado Luis Alberto El Japonés Martínez, quien permanece prófugo; pero tampoco al coronel Manuel Morelli –oriundo de Paraná–, ya que el entonces jefe de la Superintendencia de Seguridad Federal, falleció en 1979.
De las 30 personas fusiladas y dinamitadas al costado de la ruta, al día de hoy, sólo se ha recuperado la identidad de 16. El resto permanece como NN. En los años posteriores a la masacre sólo cinco habían sido identificados: Inés Nocetti, Ramón Lorenzo Vélez, Ángel Osvaldo Leiva, Alberto Evaristo Comas y Conrado Alzogaray. Posteriormente, se recuperó la identidad de 11 víctimas más: Susana Elena Pedrini de Bronzel, José Daniel Bronzel, Selma Julia Ocampo, Haydee Rosa Cirullo de Carnaghi, Norma Susana Frontini, Jorge Daniel Argente, Carmen María Carnaghi, Horacio Osear García Gastelú, Juan Carlos Vera, Carlos Raúl Pargas y Ricardo José Raúl Herrera Carrizo. Pargas era entrerriano y tenía entonces 31 años. Había terminado sus estudios secundarios en el Colegio Nacional de Gualeguaychú, se fue a La Plata y luego a Capital Federal, donde pasó a cumplir funciones en el Banco de la Nación Argentina, sucursal Pellegrini. Allí fue detenido el 12 de julio de 1976.

Pesar por el fallecimiento de Mireya González, Madre de Plaza de Mayo de Gualeguaychú

Desde AFADER queremos expresar nuestro pesar por la muerte de Mireya Norma Barquín de González, Madre de Plaza de Mayo de Gualeguaychú, una de las tantas mujeres, de las tantas madres, que entregó su vida a la lucha y a la búsqueda de su hija y de los 30.000 desaparecidos que fueron hijos de todas las madres, que falleciera el lunes 7 de julio y cuyos restos fueron inhumados en el Cementerio Norte.
Norma Beatriz González, Noni, su hija, había nacido el 4 de septiembre de 1955. Cursó sus estudios primarios en la Escuela Guillermo Rawson y el secundario en el Colegio Nacional Luis Clavarino. Fue detenida-desaparecida el 12 de agosto de 1976, en un operativo del Ejército con apoyo de la Policía de Entre Ríos, cuando salía de su trabajo en el supermercado El Picaflor, ubicado en Urquiza y Rosario de Gualeguaychú, acusada como integrante de “la logística previa para el atentado” contra el general Jorge Cáceres Monié, en proximidades de Villa Urquiza, en 1975, aunque esa versión era absolutamente falsa.
Mireya, que nunca abandonó la lucha y la búsqueda de Noni, dijo: “Mi hija era una militante social y una militante política. Yo estoy orgullosa de ella”.
El último 24 de marzo, el Concejo Deliberante de Gualeguaychú la había declarado ciudadana ilustre, junto con otras luchadoras. “Las Madres de Plaza de Mayo viven en la memoria de sus hijos, en sus sueños, preguntan y luchan con insistencia. Cuando ellas empiezan a juntarse y resuelven después colocar en sus cabezas el pañal de sus seres queridos, luego vuelto pañuelo como señal de reconocimiento mutuo, lo hacen ya sabiendo que están atravesando la frontera, donde se aúnan (…) Porque se necesita una gran convicción para realizar cosas imprevisibles, que no estaban en el repertorio de lo común de sus vidas anteriores”, rezaba el texto que homenajeaba a Noemí Díaz de Guastavino, Mireya Barquín de González, Olga Piedrabuena de Corfield, Ramona Peruzzo de Raffo, Otilia Bofelli de Savoy, Teresita Giacopuzzi de Dezorzi, Aurora Molina de Fraccarolli, Blanca Ingold de Angerosa, María Angélica Guido de Araujo, Elvira Cepeda de Bugnone y Rosa Fleitas de Pargas.
Desde AFADER acompañamos a sus hijos, familiares, amigos y compañeros en este triste momento, pero principalmente queremos enviarles la energía suficiente para que podamos seguir su ejemplo de vida, y seamos merecedores de su fuerza y su lucha.
Por Memoria, Verdad y Justicia.

El represor Caggiano Tedesco fue condenado a 25 años de prisión por la desaparición de un docente en Misiones

El ex coronel Carlos Caggiano Tedesco fue condenado a veinticinco años de cárcel como autor mediato penalmente responsable de los delitos de privación ilegítima de la libertad agravada por la aplicación de tormento seguido de muerte, por la desaparición y muerte del ex decano de la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de Misiones, Alfredo González, el 4 de marzo de 1978.
En un último intento desesperado por sostener su inocencia, el ex coronel Humberto Caggiano Tedesco apeló a la obediencia debida para deslindar responsabilidades, en el único momento en el que se refirió a la desaparición del docente Alfredo González.
Cuando su suerte ya estaba echada, se mantuvo oculto en una oficina y prefirió no escuchar la sentencia que lo condena a pasar veinticinco años en prisión, con accesorias legales y costas e inhabilitación perpetua para ser funcionario público.
El primer Juicio por la Verdad en Misiones culminó con aplausos emocionados. Amelia González, hermana del docente desaparecido e impulsora de la causa, se fundió en abrazos con sus allegados y militantes de derechos humanos.
“Cualquier sentencia estaba bien, porque ya fue un triunfo que haya habido juicio, que se sepa lo que pasó para que nunca más vuelva a suceder”, fue lo primero que dijo, apenas el presidente del tribunal, Carlos Adolfo Sodá, terminó la lectura de la sentencia.
El represor se retiró de los tribunales camuflado con un casco y chaleco antibalas, esposado y rodeado de policías, como si fuera uno más del operativo de seguridad.

Impulsan la creación de un nuevo programa de protección de testigos en causas por violaciones a los derechos humanos

Organismos de derechos humanos e investigadores iniciaron un debate para conformar un marco integral de protección de personas vinculadas con las causas de lesa humanidad, a partir de una iniciativa de la diputada nacional Victoria Donda Pérez (PJ-Capital Federal) y del titular del Programa Verdad y Justicia, Marcelo Sain, que apuntan principalmente a fortalecer y ordenar el sistema de seguridad de testigos, tras la desaparición de Jorge Julio López y las amenazas sufridas por gente vinculada con las investigaciones penales.
Los diferentes actores involucrados en las causas judiciales sobre crímenes de lesa humanidad debatieron en un encuentro que tiene como objetivo impulsar una ley que fortalezca y unifique las tareas para proteger a querellantes, testigos, sobrevivientes, familiares de desaparecidos, jueces, fiscales y funcionarios.
Después de la desaparición de Jorge Julio López y la serie de amenazas, el Programa Nacional de Protección de Testigos comenzó a ocuparse de la seguridad de quienes participan en las investigaciones por violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura y, además, se creó el Programa Verdad y Justicia.
Actualmente hay un centenar de testigos vinculados con el Programa Nacional de Protección de Testigos del Ministerio de Justicia que dirige Darío Díaz, pero la mayoría ha decidido no tener custodia permanente.
El proyecto de Sain modifica el programa existente y hace hincapié en la creación de una unidad policial propia que pueda atender los casos de personas vinculadas con causas sobre violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura y “brinda solución a la falta de confianza de las víctimas y testigos de crímenes de lesa humanidad en las fuerzas policiales o de seguridad para proveer a su custodia y cuidado. Esta falta de confianza deriva de que las denuncias o testimonios se dirigen a miembros de esas mismas fuerzas”.
Además, establece ayuda económica, laboral, social y psicológica, y se indicó que en el programa abarcaría “excepcionalmente cuando hay riesgo de vida o está en juego la integridad física de la persona”, señaló el funcionario.
En tanto, la iniciativa de Victoria Donda Pérez –hija del entrerriano José María Laureano Donda y de María Hilda Pérez, ambos detenidos-desaparecidos– se centra en la protección de las personas vinculadas con las causas de lesa humanidad. La legisladora sostuvo que “los programas que existen funcionan con mucha voluntad de las personas que los tienen a cargo, pero evidentemente son áreas por separado que se no articulan entre sí. Perdemos la fuerza que deberíamos tener todos juntos. Por eso, pedimos mayor presupuesto y planificación y que se tenga en cuenta la problemática de los testigos vinculados con casos de lesa humanidad, que tienen una especificidad distinta a los testigos de otras causas. También queremos que se atiendan las diferentes realidades de la ciudad de Buenos Aires y el conurbano y el interior del país”.