En Entre Ríos no hay represores presos, a tres años de la reactivación de las causas
A tres años de la reactivación de la mayoría de las causas por crímenes de la dictadura, los represores prófugos suman más que los condenados, ya que hay un total de 55 genocidas que no han sido localizados, entre ellos Norberto Raúl Tozzo (foto), imputado por la Masacre de Margarita Belén, en la que fueron asesinados tres militantes entrerrianos; mientras que apenas 22 fueron condenados por tribunales federales. En los más de mil expedientes judiciales hay 429 procesados, pero ninguno de ellos en la provincia de Entre Ríos, donde hay una treintena de militares y civiles imputados.
Según los datos de la Unidad Fiscal, que realiza el seguimiento de estos expedientes, hasta hoy han sido condenados 22 represores mientras que la Justicia aún intenta localizar a otros 55 que permanecen prófugos. Del informe también se desprende el paso lento con el que avanzan los más de mil expedientes judiciales, ya que de los 429 procesados, 334 aguardan el juicio oral en prisión preventiva.
Uno de los represores prófugos es Norberto Raúl Tozzo, imputado por su participación en la Masacre de Margarita Belén, el 13 de diciembre de 1976, en la que fueron asesinados los entrerrianos Raúl Caire, Fernando Piérola y Reinaldo Zapata Soñez. Tozzo está prófugo desde el 30 de abril de 2005, cuando el juez federal de Resistencia, Carlos Skidelsky, ordenó su captura nacional e internacional. El represor tenía negocios en distintos medios de comunicación en María Grande y Hasenkamp, en la provincia de Entre Ríos.
Tras la condena contra el ex jefe del Tercer Cuerpo Luciano Benjamín Menéndez y otros siete represores del centro clandestino de detención La Perla, el registro que depende de la Procuración General de la Nación actualizó sus datos. Según sus planillas, el distrito judicial con mayor cantidad de causas tramitadas es la Ciudad de Buenos Aires, que tiene 27 expedientes con 135 procesados. Lo siguen Córdoba, con 15 causas y 53 procesados, y La Plata, con 12 y 46, respectivamente.
En Entre Ríos hay seis causas abiertas por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura, cuatro en el Juzgado Federal de Paraná y dos en Concepción del Uruguay, pero ninguna de ellas tiene procesados. De hecho, sólo en la causa por robo de bebés han declarado como imputados algunos represores y médicos del Hospital Militar de Paraná.
A fin de año, la cantidad total de condenados podría aumentar. En los próximos días, la Justicia Federal de Corrientes dictará sentencia por los crímenes en el Regimiento de Infantería 9, de los que están acusados seis militares.
El 5 de agosto comenzarán en Tucumán las audiencias por el asesinato del senador Guillermo Vargas Aignasse que sentarán al banquillo a Menéndez y al entrerriano Antonio Domingo Bussi. Y el 21 de agosto, el Tribunal Oral Federal Número 5 juzgará a otros cinco represores de los centros clandestinos Mansión Seré, El Vesubio y Mar del Plata.
A tres años de la reactivación de la mayoría de las causas por crímenes de la dictadura, los represores prófugos suman más que los condenados, ya que hay un total de 55 genocidas que no han sido localizados, entre ellos Norberto Raúl Tozzo (foto), imputado por la Masacre de Margarita Belén, en la que fueron asesinados tres militantes entrerrianos; mientras que apenas 22 fueron condenados por tribunales federales. En los más de mil expedientes judiciales hay 429 procesados, pero ninguno de ellos en la provincia de Entre Ríos, donde hay una treintena de militares y civiles imputados.Según los datos de la Unidad Fiscal, que realiza el seguimiento de estos expedientes, hasta hoy han sido condenados 22 represores mientras que la Justicia aún intenta localizar a otros 55 que permanecen prófugos. Del informe también se desprende el paso lento con el que avanzan los más de mil expedientes judiciales, ya que de los 429 procesados, 334 aguardan el juicio oral en prisión preventiva.
Uno de los represores prófugos es Norberto Raúl Tozzo, imputado por su participación en la Masacre de Margarita Belén, el 13 de diciembre de 1976, en la que fueron asesinados los entrerrianos Raúl Caire, Fernando Piérola y Reinaldo Zapata Soñez. Tozzo está prófugo desde el 30 de abril de 2005, cuando el juez federal de Resistencia, Carlos Skidelsky, ordenó su captura nacional e internacional. El represor tenía negocios en distintos medios de comunicación en María Grande y Hasenkamp, en la provincia de Entre Ríos.
Tras la condena contra el ex jefe del Tercer Cuerpo Luciano Benjamín Menéndez y otros siete represores del centro clandestino de detención La Perla, el registro que depende de la Procuración General de la Nación actualizó sus datos. Según sus planillas, el distrito judicial con mayor cantidad de causas tramitadas es la Ciudad de Buenos Aires, que tiene 27 expedientes con 135 procesados. Lo siguen Córdoba, con 15 causas y 53 procesados, y La Plata, con 12 y 46, respectivamente.
En Entre Ríos hay seis causas abiertas por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura, cuatro en el Juzgado Federal de Paraná y dos en Concepción del Uruguay, pero ninguna de ellas tiene procesados. De hecho, sólo en la causa por robo de bebés han declarado como imputados algunos represores y médicos del Hospital Militar de Paraná.
A fin de año, la cantidad total de condenados podría aumentar. En los próximos días, la Justicia Federal de Corrientes dictará sentencia por los crímenes en el Regimiento de Infantería 9, de los que están acusados seis militares.
El 5 de agosto comenzarán en Tucumán las audiencias por el asesinato del senador Guillermo Vargas Aignasse que sentarán al banquillo a Menéndez y al entrerriano Antonio Domingo Bussi. Y el 21 de agosto, el Tribunal Oral Federal Número 5 juzgará a otros cinco represores de los centros clandestinos Mansión Seré, El Vesubio y Mar del Plata.
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