La Presidenta promulgó un paquete de leyes para agilizar las causas de la dictadura

La Presidenta Cristina Kirchner promulgó una serie de leyes tendientes a agilizar los juicios por delitos de lesa humanidad, entre las que se cuenta la creación de un Fondo de Recompensas de cinco millones de pesos para quienes aporten datos para capturar a personas acusadas de participar en la represión ilegal durante la dictadura.
Las normas habían sido impulsadas por el Poder Ejecutivo Nacional y aprobadas la semana pasada por la Cámara de Senadores, a fin de agilizar los juicios por delitos de lesa humanidad.
El Fondo de Recompensas quedará constituido inicialmente con cinco millones de pesos en el ámbito del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, con el objetivo de recompensar a quienes aporten datos que contribuyan a la detención de personas buscadas por violación a los derechos humanos.
La nueva ley crea también la Unidad Especial para la Búsqueda de Personas Ordenada por la Justicia y establece que la identidad de quien aporte la información será mantenida en secreto, según informó Crítica Digital.
Otra de las leyes con las que se pretende agilizar las actuaciones procesales en el ámbito penal está vinculada con los planteos dilatorios existentes en la justicia, como los recursos judiciales que apuntan a asegurar al imputado un pronunciamiento definitivo, en un plazo razonable.
El paquete incluye además una norma que apunta a agilizar la elevación a la etapa oral de los juicios y busca evitar que la demora en la resolución de las causas prolongue innecesariamente la etapa de instrucción. Esta iniciativa establece que el recurso de apelación se seguirá interponiendo en forma escrita ante el juez que dictó la resolución y que la audiencia no pueda llevarse a cabo sin la presencia del recurrente.
Además, se estableció la creación de una nueva Cámara de Casación Penal, que tendrá jurisdicción sobre los juzgados de la Ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires, y que, entre otras cuestiones, facilitará la futura transferencia de los tribunales de la Capital Federal.
La quinta ley sancionada tras un extenso debate, propone un mecanismo para la designación de los integrantes de los tribunales orales en lo Criminal Federal de todo el país, para casos de licencia, suspensión, recusación o vacancia de sus miembros y establece un orden para su nombramiento.

Las Abuelas de Plaza de Mayo recuperaron a la nieta número 90: Laura Ruiz Dameri

Las Abuelas de Plaza de Mayo lograron restituir la identidad de Laura Ruiz Dameri, hija de desaparecidos durante la última dictadura militar, que se convirtió en la nieta recuperada número 90. La joven tiene dos hermanos que ya habían sido identificados. El apropiador es el ex prefecto Juan Antonio Azic, que actuó en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) y estaba detenido desde 2003 por la apropiación de Victoria Donda Pérez.
La titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, confirmó la noticia y adelantó que la joven de 28 años es hija de Silvia Dameri y Orlando Ruiz (foto), ambos desaparecidos en mayo de 1980, y tiene dos hermanos que ya habían sido recuperado su identidad: Marcelo y María de las Victorias.
Laura había sido criada como hermana de Victoria Donda por el ex ayudante mayor de la Prefectura Naval Juan Antonio Azic, quien en 2003 intentó suicidarse de un tiro en la boca en la Dársena F del Puerto de Buenos Aires, y desde entonces permanece detenido por disposición de la jueza federal María Servini de Cubría.
La nieta recuperada es hija de Silvia Dameri y Orlando Ruiz, ambos nacidos en la ciudad de Buenos Aires y militantes de Montoneros. En 1974 el joven tuvo, junto a su primera esposa, a sus hijos mellizos, Pablo y Ariel.
El 31 de octubre de 1976 nació Marcelo, el primer hijo de la pareja y en 1977 se exiliaron en Suiza, donde nació María de las Victorias, el 25 de marzo de 1978. Al año siguiente, viajaron a Cuba y a comienzos de 1980 decidieron regresar al país, pero toda la familia fue secuestrada en mayo de ese año, estando Silvia embarazada de cinco meses. Por testimonios de sobrevivientes pudo saberse que permanecieron detenidos en la ESMA y que Silvia también estuvo detenida en el centro clandestino de detención Quinta de Pacheco, hasta que en agosto de 1980 dio a luz una niña a la que llamó Laura en la ESMA.
Marcelo fue localizado por la Filial Córdoba de Abuelas de Plaza de Mayo. A fines de 1980 el niño había sido abandonado en la Casa Cuna de esa ciudad con un cartel donde se mencionaba su nombre. Tiempo después fue adoptado por la familia Heinzmann. En febrero de 1989 se realizó los análisis inmunogenéticos y en agosto de 1990 los resultados confirmaron que se trataba de Marcelo Ruiz Dameri. El joven continuó viviendo con su familia adoptiva y en contacto con su familia biológica.
En febrero de 1998 Abuelas de Plaza de Mayo recibió una denuncia anónima sobre una joven que había sido abandonada el 14 de diciembre de 1980 en las puertas del Sanatorio de Niños de Rosario con un cartel que decía que se llamaba Victoria. La niña fue adoptada por el matrimonio Torres. En 1998 un diario publicó las fotos de algunos hijos desaparecidos junto con sus padres y Victoria se reconoció. En diciembre de 1999 la joven se realizó los análisis inmunogenéticos que el 4 de enero de 2000 confirmaron su identidad. Al día siguiente, Marcelo y Victoria se reencontraron en la sede de Abuelas de Plaza de Mayo.

Gustavo Germano presentó en Paraná la muestra fotográfica Ausencias

El fotógrafo Gustavo Germano presentó en Paraná Ausencias, una muestra que toma una foto antigua extraída de álbumes familiares y otra actual en la que alguien posa con la intención de revelar la presencia del desaparecido.
Es fuerte ver el tamaño de esas veintiocho fotos. Catorce historias de trabajadores, militantes barriales, estudiantes, obreros, profesionales y familias enteras que fueron mutiladas por el terror de la dictadura. El dolor expresado en llanto, la piel erizada y la profunda emoción se vieron reflejados en el más de un centenar de personas que se acercaron hasta el Museo Provincial de Bellas Artes, donde Gustavo Germano presentó su trabajo, que podrá visitarse hasta el 3 de junio.
Ahí estaban Carmen y Clarita, tomadas del brazo, conteniéndose y sosteniéndose. Ellas, el emblema de las madres que todavía luchan por memoria, verdad y justicia en Paraná, están retratadas y reflejan el dolor de tantos, que fueron víctimas del plan sistemático de represión ilegal y desaparición forzada de personas.
Es que las fotos efectivamente impactan. No sólo impactan los ausentes sino también los presentes, que conservan el dolor en el rostro, en los gestos, en el cuerpo. Impacta verlos tan grandes, tan vivos, tan humanos, tan como gente común. Impactan las reacciones, el llanto, el dolor en el alma. Impacta también el lugar, porque el museo antes no lo era, y detrás de esas prolijas paredes blancas se escondían gritos. Impacta porque allí donde hoy es museo antes era una de esas casas que utilizaba la División de Investigaciones de la Policía de Entre Ríos para torturar a estudiantes secundarios.
Y como lo expresó Marta Nin, curadora de la exposición y directora adjunta de Casa Amèrica Catalunya, la fundación que financió el proyecto, en la apertura: “Esta exposición conmueve, remueve, provoca, hiere en lo profundo, sintoniza con el público en una frecuencia universal. Emociona, ese es su acierto, su magnifico potencial. Las fotografías consiguen arrancarle al visitante una y otra vez un pedazo de silencio, de tiempo suspendido, de interior”, pero Ausencias también ha conseguido “acercar el horror a lo más cotidiano. Sin estridencias, sin escenificaciones de impacto, sin espectáculo. Y así es como consigue comprometernos desde el primer minuto y golpearnos en lo más profundo del subconsciente y explicarnos que practicar la memoria es un ejercicio de coraje y de honestidad, no de rencor. Allí es donde la lección de Ausencias va directo al estómago, al cerebro y al corazón”.
Gustavo Germano es un fotógrafo que desde 2001 reside en Barcelona. Este trabajo es también parte de su historia, compromiso y militancia. Su hermano Eduardo tenía dieciocho años cuando fue secuestrado el 17 de diciembre de 1976 y permanece desaparecido. Era un activo militante estudiantil que había presidido el Centro de Estudiantes del Colegio La Salle de Paraná, donde comenzó a militar de lleno en la Juventud Peronista, y finalizado el ciclo secundario se instaló en Rosario.
Catorce fotos componen la muestra. Catorce puntos que son treinta mil. La familia Amestoy-Fettolini, asesinada el 19 de noviembre de 1976 en la Masacre de la calle Juan B. Justo, en San Nicolás. José Ismael Acevedo, detenido el 17 de julio de 1976 en Buenos Aires. Raúl María Caire, secuestrado junto a su mujer y sus dos hijos el 2 de noviembre de 1976 en Resistencia. Mario Eduardo Menéndez, secuestrado en septiembre de 1977 en Rosario. Victorio José Ramón Erbetta, detenido el 16 de agosto de 1976 en Paraná, y Elsa Raquel Díaz, asesinada en un operativo policial el 16 de agosto de 1977 en Rosario. Raúl Alberto Ramat, asesinado el 11 de junio de 1976 en Campana. Silvia Ester Bianchi, asesinada el 21 de agosto de 1976 junto a su marido en Córdoba estando embarazada de nueve meses. María Irma Ferreira, asesinada junto a su marido el 7 de enero de 1977 en Rosario. Eduardo Raúl Germano, secuestrado el 17 de diciembre de 1976 en Rosario. Jorge Emilio Papetti, detenido el 16 de marzo de 1977 en Concordia. Roberto Ismael Sorba, secuestrado el 21 de enero de 1976 en Santa Fe. Claudio Marcelo Fink, secuestrado el 12 de agosto de 1976 en Paraná. Orlando René Méndez, secuestrado el 21 de octubre de 1976, y Leticia Margarita Oliva, secuestrada el 27 de diciembre de 1978, delante de Laura que entonces tenía tres años.
La muestra permanecerá en el Museo Provincial de Bellas Artes Pedro E. Martínez, sito en calle Buenos Aires 355, hasta el 3 de junio. Su itinerancia la llevará después a Chile, donde la Presidenta Michelle Bachelet inaugurará la exposición en el Palacio de la Moneda; y luego volverá al país para estar en el Museo de la Memoria de Rosario y más adelante estará en Paraguay, España, Italia y otros países europeos.

El represor Pascual Guerrieri declaró durante casi tres horas en la causa que investiga el robo de bebés

El represor Pascual Oscar Guerrieri (foto) declaró durante casi tres horas ante el juez federal subrogante de Paraná Gustavo Alfredo Ibáñez, en el marco de la investigación por robo de bebés nacidos en el Hospital Militar durante la última dictadura.
Entre las 16 y las 18.30 “prestó declaración indagatoria con la asistencia de uno de los defensores oficiales”, según informaron fuentes judiciales. Y luego fue trasladado nuevamente al penal de Marcos Paz, donde permanece alojado en el denominado pabellón de lesa humanidad, junto con otros represores.
En la causa está imputado como presunto responsable del delito de sustracción de menores nacidos en el Hospital Militar de Paraná y sustitución de sus identidades. De su dependencia habrían partido grupos de tareas que trasladaban detenidas –hoy desaparecidas– para dar a luz en la capital entrerriana en forma clandestina.
Guerrieri está imputado en varias causas por violaciones a los derechos humanos y en 2006 se le revocó la prisión domiciliaria de la que gozaba tras comprobarse que la había violado al menos en cuatro oportunidades.
El represor es uno de los ex jerarcas del Batallón 601 de Inteligencia que en diciembre del año pasado fue condenado a 20 años de prisión por el secuestro de seis personas en el marco de la contraofensiva de militantes montoneros y por haber formado parte de una asociación ilícita durante la última dictadura. Además, fue jefe del centro clandestino de detención Quinta de Funes durante la última dictadura y era el segundo jefe del Destacamento de Inteligencia 121 en Rosario, cuyos integrantes están imputados en la causa que se investiga en el Juzgado Federal de Paraná.

La Corte Suprema rechazó los planteos de los represores y se podrán comenzar a investigar los crímenes en la Causa “Área Paraná”

La Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazó el planteo de los abogados de los militares imputados en la Causa “Área Paraná” respecto al planteo de inconstitucionalidad de la ley que declaró la nulidad de las leyes de obediencia debida y punto final, por lo que después de casi cinco años el fiscal federal Mario Silva (foto) deberá solicitar formalmente la instrucción.
En el fallo, de sólo una carilla fechado el 29 de abril, el máximo tribunal consideró que “los planteos de los recurrentes promueven el examen de cuestiones sustancialmente análogas” a otras ya tratadas y resueltas, por lo que remitió a los fundamentos de aquellas causas en las que había declarado la validez de la Ley Número 25.779, que anuló las leyes de impunidad.
Del mismo modo, desestimó el “agravio fundado en la afectación de la garantía a obtener un juicio rápido”, dado que “no cumple con el requisito de fundamentación autónoma”. Con este planteo, los imputados se quejaban por el paso de los años sin el inicio del juicio, obviando que la demora obedece en gran medida a las maniobras dilatorias planteadas por sus propios abogados.
La Corte Suprema tenía desde hacía un año el expediente que engloba a la mayor cantidad de denuncias por secuestros, torturas y desaparición de personas durante la última dictadura militar en la provincia.
“Ahora la causa va a volver al Juzgado y finalmente, después de cinco años, empezaría la instrucción”, explicó la abogada querellante Marina Barbagelata.
En la causa está imputados Juan Carlos Ricardo Trimarco, Ramón Genaro Díaz Bessone, Jorge Humberto Appiani, Luis Francisco Armocida, José Anselmo Appelhans, Ramón Oscar Balcaza, Rosa Susana Bidinost, Hugo Mario Moyano, Oscar Ramón Obaid, Alberto Rivas, Manuel Daniel Rodríguez, Carlos Horacio Zapata, Carlos María Cerrillos y Julio Raúl Paredes. También estaban acusados Leopoldo Fortunato Galtieri, José Faustino Fernández, Carlos Patricio Zapata, Constantino Francisco González, Abel Teodoro Catuzzi y Alfredo Ismael Duré, pero han fallecido.

Foto: Análisis Digital.

La Universidad Nacional de Salta homenajeó a Miguel Arra y otros docentes y estudiantes desaparecidos

La Universidad Nacional de Salta rindió homenaje a los profesores y estudiantes desaparecidos durante la dictadura, entre ellos el paranaense Miguel Arra (foto), secuestrado el 24 de junio de 1975. El acto fue organizado por la Asociación de Docentes e Investigadores, que convocó a sobrevivientes, familiares y amigos de las víctimas del terrorismo de Estado.
El acto se desarrolló frente al mural que recuerda a los diecisiete docentes y alumnos asesinados y desaparecidos, en el ingreso al complejo de Campo Castañares en la capital salteña, donde hubo sentidas palabras de investigadores y familiares de las víctimas y luego se realizó un recorrido por las aulas que llevan el nombre, y un retrato, de las víctimas de la represión estatal.
Miguel Ángel Roberto Arra, el Turco había nacido en Paraná el 20 de agosto de 1946, era licenciado en Ciencias Naturales y zoólogo y dictaba clases en la Facultad de Ciencias Naturales, hasta que fue secuestrado el 24 de junio de 1975 en la capital salteña.
En la casa de estudios también se recordó a los docentes Graciela Droz, Silvia Aramayo, Luis Alberto Calou y Raúl Humberto Machaca; y los estudiantes Roberto Oglietti, Carlos Humberto Ceferino García y Nora Saravia de García –que estaban casados–, Pedro José Tufiño, Gregorio Tufiño, Carlos Estanislao Figueroa, Héctor Alberto Oliva, Ana María Caballero Cuellar, Hilda Yolanda Cardozo, Carlos Alberto Rivera, Silvia Sáez de Vuistaz y el boliviano Nils Alfredo Cazón Coria.
Este año el Consejo Superior de la Universidad Nacional de Salta aprobó que la institución se presente como querellante en la causa en la que se investigan estas desapariciones.

Por los cortes de rutas, el represor Jorge Fariña no pudo declarar en Paraná

El represor Jorge Alberto Fariña, que debía declarar en Paraná por el robo de bebés durante la última dictadura, no llegó a la audiencia debido a que el camión que lo trasladaba desde la unidad penal de Marcos Paz quedó varado en uno de los cortes de ruta de los productores agropecuarios, por lo que la jueza federal Myriam Galizzi deberá fijar nueva fecha para que preste declaración indagatoria.
El teniente coronel Fariña formaba parte del Servicio de Inteligencia del Ejército y está imputado en la causa en la que se investiga el robo de los bebés que habría dado a luz Raquel Negro en el Hospital Militar de Paraná, en 1978.
Actualmente está detenido en la cárcel de Marcos Paz, acusado por su rol como integrante de la patota de la Quinta de Funes, donde estaba secuestrada Raquel Negro. Fariña se encuentra sujeto a prisión preventiva por su vinculación en los casos de “amenazas, tormentos y desaparición física” en una causa que está en trámite ante el Tribunal Oral Federal Número 1 de Rosario.

El médico Zaccaría admitió que era jefe de terapia intensiva del Hospital Militar cuando Raquel Negro dio a luz

El médico paranaense Juan Antonio Zaccaría admitió que era jefe de la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital Militar de Paraná a mediados de 1978 y dijo haber visto “una incubadora vacía” en la época en que habrían nacido los mellizos que dio a luz Raquel Negro, mientras estaba detenida-desaparecida.
El profesional declaró durante tres horas en el Juzgado Federal de Paraná, adonde había sido citado como imputado por su presunta participación en el nacimiento de bebés durante el cautiverio de sus madres en el Hospital Militar.
La abogada querellante Marina Barbagelata explicó que un día encontró en la sala de terapia intensiva “una incubadora vacía, y que le informaron que un bebé que había nacido con complicaciones había sido trasladado a pediatría, aunque dijo desconocer cuál fue su destino”, comentó a Radio Del Plata.
El profesional corroboró los testimonios de otras testigos respecto a que Raquel Negro dio a luz a mellizos y que el varón tuvo complicaciones por lo que debió ser derivado a un instituto privado: “Zaccaría indicó que su área de competencia estaba en terapia intensiva y que los bebés habían sido derivados de la maternidad del Hospital Militar”, comentó Barbagelata. Sin embargo, apuntó que “resulta difícil establecer quiénes eran los encargados del servicio de maternidad del Hospital Militar, quiénes eran los ginecólogos, enfermeras y parteras, entre otro personal”.

La Cámara de Diputados debatirá un proyecto para que quienes hayan colaborado con una dictadura no puedan ejercer cargos públicos

La diputada nacional Victoria Donda Pérez (PJ-Capital Federal) presentó un proyecto de ley por el cual se pretende inhabilitar “en forma absoluta y perpetua” a quienes hayan cometido delitos de lesa humanidad o hayan ocupado cargos de ministro, secretario, subsecretario o director nacional durante una dictadura.
La iniciativa apunta a “terminar con los funcionarios responsables y cómplices de la última dictadura” y evitar que se produzcan situaciones como las que ocurrieron en los casos de los represores Antonio Domingo Bussi y Luis Patti, a quienes la Cámara de Diputado impugnó como legisladores, pero que la Justicia dispuso que debieran asumir sus bancas.
Por ello, se pretende inhabilitar para ejercer cargos públicos de cualquier tipo a todos aquellos que hayan cometido delitos de lesa humanidad, y se extiende sobre quienes “existan pruebas suficientes” de haber participado de ese tipo de delitos, y sobre quienes “hayan usurpado” cargos públicos durante la dictadura.
En el escrito, Victoria Donda Pérez –nacida en la ESMA durante el cautiverio de sus padres– expresó: “Veinticinco años de impunidad y el retardo de justicia hicieron que Patti estuviera al borde de asumir una banca de diputado, cuando hace años que debería estar donde está ahora, en la cárcel”.
A través de este proyecto se modificarían varias leyes, a las que deben ser incorporadas las futuras restricciones para ejercer cargos electivos y partidarios. Entre ellas, las leyes del Código Nacional Electoral, la de Partidos Políticos y la de Ética Pública.
Otro artículo incorpora como inhabilidad para ocupar cargos partidarios o electivos a quienes hayan sido condenados por robo, defraudación, estafa, o por “facilitar, promover o encubrir graves violaciones a los derechos humanos”, y se indica que de haber condena, la inhabilitación será “perpetua”.

Fuente: Página/12.

Los organismos de derechos humanos exigimos un eficaz sistema de protección a testigos y ser recibidos por el gobernador

Representantes de organismos de derechos humanos de la provincia manifestaron su preocupación por el secuestro de Juan Evaristo Puthod, quien estuvo desaparecido durante 24 horas. Ante ello exigieron la implementación de un efectivo sistema de protección a testigos en el ámbito provincial ante el avance que han registrado las causas tanto en Paraná como en Concepción del Uruguay. En ese marco, consideraron que hechos como el de Puthod demuestran la gravedad de la situación que están viviendo quienes tienen que atestiguar y por eso volvieron a reclamar que los represores estén presos en cárceles comunes y con prisiones efectivas. En ese marco, volvieron a reclamar ser atendidos por el gobernador Sergio Urribarri (foto), tal como vienen planteando desde octubre pasado sin respuestas, para discutir sobre este tema y la política oficial en el tema, como también la permanencia de funcionarios vinculados a la dictadura en la estructura del Estado. Asimismo, coincidieron en que se trata de un problema “que excede a los ex presos o a las víctimas de la dictadura y que es parte de todos los argentinos”.
María Luz Piérola abrió la conferencia manifestando que “siempre hemos exigido que la garantía para que estos hechos no sucedan y que los juicios sean efectivos, que se lleven a cabo todos los juicios en Argentina y que los genocidas estén en cárceles comunes y con prisión efectiva”, al tiempo que remarcó que “hemos solicitado la protección a testigos, querellantes, abogados y jueces, porque las intimidaciones se han repetido, no son menores y demuestran que los represores siguen siendo fuertes, que siguen estando y que no van a soportar sus prisiones. Entonces debemos contrarrestar esto con una movida colectiva y la exigencia para que de una vez por todas haya juicios para todos los genocidas”. En ese sentido, insistió en el pedido de audiencia con el gobernador Urribarri, ya que “hemos solicitado que nos reciba en forma individual y también en forma colectiva, para trabajar esta política de derechos humanos y un sistema de protección a testigos, porque consideramos que la única forma de protección es que la provincia se haga parte y garantice lo garantice. Pero hasta ahora no hemos tenido respuestas”.
Por su parte, el referente de la Asociación de ex Presos La Solapa Darío Olivera expresó que “los hechos que se han venido sucediendo, primero con Jorge Julio López y ahora con Juan Puthod demuestran la gravedad de la situación que están viviendo los que tienen que atestiguar en las causas por violaciones a los derechos humanos; pero eso nuestra preocupación es que esto siga sucediendo en momentos en que los juicios avanzan”.
Eduardo Ayala, también de La Solapa, acotó que “si bien esto trasciende el ámbito provincial, es bueno remarcar que el objetivo es lograr un contacto con el gobierno porque lamentablemente estamos ante una problemática que está vigente. Nosotros tenemos antecedentes de amenazas, hay procesos iniciados y eso se pondrá más caliente con el tiempo a partir del avance de los juicios. Por eso sería importante tener un contacto con el gobierno para avanzar en la garantía de protección a los testigos”.
En tanto, Cristela Piérola, de Afader, advirtió que “no sólo queremos reclamar al gobierno, sino que pretendemos llegar a toda la sociedad, para que entendamos que esto nos está pasando a todos; es un problema que excede a los ex presos o a las víctimas de la dictadura, sino que es parte de un problema de todos los argentinos y todos debemos hacernos cargo de lo que está pasando”, insistió.
Asimismo, Julián Froidevaux, de H.I.J.O.S. Regional Paraná, remarcó que “los responsables y ejecutores del genocidio se mueven sobre una base de impunidad y en un pacto de silencio que lo mantienen entre todos y no están dispuestos a romperlo. En algunos momentos revienta para el lado de Paúl Navone; pero cuando pueden organizarse mejor, pasa lo que ocurrió con Juan Puthod, Luis Gerez y Jorge Julio López. Quien tiene que responder principalmente es el Poder Judicial en su conjunto, es su deber histórico hacerlo y los jueces federales deben llevar a las cárceles comunes, con prisión perpetua y efectiva a todos los genocidas y sus cómplices”.
Respecto de la forma de implementación de un sistema eficaz para la protección de testigos, querellantes, abogados y funcionarios judiciales, María Luz Piérola remarcó que “la garantía fundamental es que estos tipos estén presos, quitándoles cada vez más el poder que tienen. Pero paralelamente, el Estado debe garantizar las custodias, aunque cada uno tiene derecho a decidir si la quiere o no; además de afinar los detalles para garantizar entre nosotros la seguridad porque estos tipos han demostrado que siguen siendo peligrosos”.
Ayala acotó que “nosotros no estamos en condiciones de desarrollar tareas de inteligencia o contrainteligencia, nuestro objetivo es mantener viva la memoria y con la verdad llegar a la justicia; es el Estado el que debe abusar de todos sus mecanismos para garantizar la seguridad. Otro punto a tener en cuentas es que si hay funcionarios que tienen la ideología de la dictadura, no se puede tener la garantía de que no se cuelen cosas y que no haya una seguridad plena. Por eso, lo primero que hay que hacer es desmantelar este aparato y apartar a esta gente, ellos no pueden participar de los ámbitos de gobierno porque es como tener el zorro dentro del gallinero”.
Olivera coincidió y apuntó además que “estas cuestiones exigen que las autoridades mantengan un diálogo con los organismos de derechos humanos para coordinar cómo se hace efectiva la protección pero hasta ahora no hemos tenido oportunidades para conversar ni siquiera cuál es la política de derechos humanos de este gobierno. Entonces, el Poder Ejecutivo debe hacerse cargo de llevar adelante una política concreta de derechos humanos, protección a testigos y aceleración de las causas”.
Hacia fines de 2006, Piérola fue amenazada por carta y un automóvil estuvo apostado en la puerta de su casa. Sin embargo, la dirigente señaló que “no sólo no se llegó nada sino que la causa se archivó y se desarchivó nuevamente por pedido de Jorge Auat (titular de la Unidad de Coordinación y Seguimiento de las causas). Evidentemente, también en el Poder Judicial hay cómplices de la dictadura. Pero aquí no hay una custodia en serio, porque se ponen por un período y luego se sacan”.
En ese sentido, comentó que el propietario del automóvil que estuvo apostado en su casa es el sargento Carlos Roberto Piriz, uno de los militares que está siendo juzgado en Corrientes por su actuación en el centro clandestino de detención que funcionó en el Regimiento de Infantería 9 de la capital provincial. “Esto demuestra que no es casual lo que pasó, que los tipos siguen operando, que mantienen sus conexiones en todos los puntos del país y que manejan un dinero importante para hacer este tipo de cosas”.
En el mismo sentido, el abogado de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, José Iparraguirre, manifestó que “los organismos de derechos humanos no pueden sino presionar públicamente y reclamar al Estado para que tome las medidas que debe tomar, pero la responsabilidad principal de dar seguridad es del Estado. La detección de focos neonazis, fascistas y pro-dictadura que existen en la provincia es parte de una tarea de inteligencia que debe desarrollar el Estado a través de la policía o de los mecanismos administrativos y también del poder Judicial, para detectarlos y desmantelarlos”, y agregó que “claramente se ve un avance de sectores de derecha y reaccionarios que demuestran que pueden hacer actos como el de Puthod en la provincia de Entre Ríos, porque las prácticas aquellas se reproducen hoy en casos de gatillo fácil, apremios ilegales, abusos, amenazas constantes a los sectores populares y la ideología es la misma que tenía la dictadura”.
Por último, Olivera destacó que “la sociedad argentina ha ido avanzando en todos estos años en la comprensión de lo que fue el genocidio y el terrorismo de Estado. Pero también existen sectores de la sociedad exigen dejar de lado esto porque se trata de hechos del pasado, pero creo que hechos como el que le ocurrió a Puthod demuestran la vigencia y la actualidad de estos temas. Desde los organismos de derechos humanos y desde el conjunto de la sociedad debemos controlar que este tipo de hechos no ocurran, porque queremos evitar tener que actuar sobre los hechos consumados y tener una actitud de prevención y custodia sobre quienes deben declarar en las causas”.
De la convocatoria también participaron la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (AGMER), la Central de Trabajadores Argentinos (CTA), el equipo de derechos humanos de la Universidad Autónoma de Entre Ríos (UADER), la Facultad de Ciencias de la Gestión de la UADER, el Partido Comunista y el Centro de Estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Educación.