El jefe de los fiscales instó a acelerar las causas por violaciones a los derechos humanos durante la dictadura
El procurador general de la Nación, Esteban Righi (foto), ordenó a los fiscales argentinos que se aceleren los trámites en las investigaciones por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar, tal como también lo vienen solicitando los organismos de derechos humanos desde hace tiempo y a los que se ha sumado también el gobierno nacional. Asimismo, les solicitó que eviten procesos que conlleven una “atomización” y el análisis de una “realidad fragmentada” de los casos.
Righi planteó que entre los habituales motivos de demoras se encuentran los planteos de nulidad presentados por las defensas de los militares y civiles imputados en las causas ante distintas instancias de apelación, lo que a veces provoca que las investigaciones se paralicen. En este sentido, el jefe de los fiscales recordó que hay jurisprudencia que establece que “la existencia de recursos pendientes de resolución ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación o la Cámara Nacional de Casación Penal no obsta a la posibilidad de elevar las actuaciones a juicio”.
En otro tramo de su resolución, el procurador general alertó que “la principal consecuencia que debe prevenirse es la de arribar a juicios orales por pocos hechos, circunstancia que implica un claro dispendio jurisdiccional y de recursos humanos y materiales, una evitable exposición de víctimas y testigos, la descontextualización histórica del suceso que se pretende juzgar y, por fin, una prolongación inaceptable de los procesos vistos como una totalidad”.
En la provincia de Entre Ríos, las principales causas iniciadas con el advenimiento de la democracia están paralizadas con resoluciones pendientes de la Corte Suprema que impiden la continuidad de las investigaciones conocidas como “Área Paraná” y “Área Concordia”. De hecho, en casi cuatro años ninguna de las dos ha producido avances porque no se ha realizado el pedido de instrucción formal por diversas trabas procesales.
El procurador general de la Nación, Esteban Righi (foto), ordenó a los fiscales argentinos que se aceleren los trámites en las investigaciones por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar, tal como también lo vienen solicitando los organismos de derechos humanos desde hace tiempo y a los que se ha sumado también el gobierno nacional. Asimismo, les solicitó que eviten procesos que conlleven una “atomización” y el análisis de una “realidad fragmentada” de los casos.Righi planteó que entre los habituales motivos de demoras se encuentran los planteos de nulidad presentados por las defensas de los militares y civiles imputados en las causas ante distintas instancias de apelación, lo que a veces provoca que las investigaciones se paralicen. En este sentido, el jefe de los fiscales recordó que hay jurisprudencia que establece que “la existencia de recursos pendientes de resolución ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación o la Cámara Nacional de Casación Penal no obsta a la posibilidad de elevar las actuaciones a juicio”.
En otro tramo de su resolución, el procurador general alertó que “la principal consecuencia que debe prevenirse es la de arribar a juicios orales por pocos hechos, circunstancia que implica un claro dispendio jurisdiccional y de recursos humanos y materiales, una evitable exposición de víctimas y testigos, la descontextualización histórica del suceso que se pretende juzgar y, por fin, una prolongación inaceptable de los procesos vistos como una totalidad”.
En la provincia de Entre Ríos, las principales causas iniciadas con el advenimiento de la democracia están paralizadas con resoluciones pendientes de la Corte Suprema que impiden la continuidad de las investigaciones conocidas como “Área Paraná” y “Área Concordia”. De hecho, en casi cuatro años ninguna de las dos ha producido avances porque no se ha realizado el pedido de instrucción formal por diversas trabas procesales.
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