Represores de la ESMA fueron trasladados a la cárcel de Marcos Paz
El Servicio Penitenciario Federal concluyó el traslado de ex miembros de la ESMA al penal de Marcos Paz, en cumplimiento de un antiguo reclamo efectuado por los organismos de derechos humanos y que se concretó tras la muerte por envenenamiento con cianuro de Héctor Febres y a pedido de los abogados de Abuelas de Plaza de Mayo.
De este modo el ex jefe de inteligencia del Grupo de Tareas 3.3.2, Jorge Tigre Acosta y los oficiales Alfredo Astiz, Antonio Pernías y Juan Carlos Rolón, entre otros, compartirán alojamiento con condenados a penas de reclusión perpetua como el ex policía Miguel Etchecolatz o el ex capellán Christian von Wernich, en una cárcel común.
Alfredo Astiz, Jorge Tigre Acosta, Antonio Pernías, Carlos Octavio Capdevila, Pablo García Velasco, Juan Carlos Rolón, Alberto Eduardo González, Jorge Carlos Rádice, Raúl Enrique Scheller, Adolfo Miguel Donda Tigel, Néstor Omar Savio, Víctor Francisco Cardo, Carlos Guillermo Suárez Mason (h), Carlos José Pazo, Hugo Enrique Damario, Rogelio José Martínez Pizarro, Eduardo Cabanillas y Enrique del Pino ya se encuentran alojados en una cárcel común. En el mismo penal fue alojado Raúl Reynoso, aunque, imputado en Corrientes.
La mayor parte de los oficiales de la Armada fueron detenidos en 2003, ni bien se reabrió la causa ESMA. Hasta mediados de año permanecieron dispersos en distintas bases navales bajo el cuidado de sus compañeros de armas. Cuando por sugerencia del Ministerio de Defensa fueron trasladados al Instituto Penal de las Fuerzas Armadas, en Campo de Mayo, presentaron un hábeas corpus para que les permitieran seguir usando celulares y navegar por la web.
Sin embargo, tras la muerte de Febres, el juez federal Sergio Torres admitió que se imponía “una nueva evaluación” y concretó el pedido que la Sala II de la Cámara Federal le había formulado dos años antes: trasladar a los marinos a un lugar de detención custodiado por el Servicio Penitenciario Federal.
Doce de las 14 plazas de Campo de Mayo liberadas por los marinos serán ocupadas en los próximos días por militares imputados en la Masacre de Margarita Belén y otros acusados por crímenes cometidos en el Regimiento de Infantería 9 de Corrientes, detenidos en la actualidad en la Base de Apoyo Logístico de La Liguria, en Resistencia.
En el Instituto Penal de Campo de Mayo la custodia externa está a cargo de Gendarmería y la interna de camaradas del Ejército. A partir del 1° de enero, por un convenio firmado entre los ministerios de Defensa e Interior, los guardias que tendrán contacto directo con los detenidos serán agentes del Servicio Penitenciario Federal.
La medida adoptada por el juez federal de Resistencia, Carlos Skidelsky, alcanza Athos Renes, Rafael Carnero Sabol, Horacio Losito, Ricardo Reyes, Germán Riquelme, Aldo Martínez Segón, Ernesto Simoni y Luis Patetta, que se encuentran imputados por la Masacre de Margarita Belén -al igual que Norberto Raúl Tozzo (foto) quien permanece prófugo; mientras que los responsables del Regimiento de Infantería 9 de Corrientes que serán juzgados a partir del 5 de febrero, son Julio Barreiro, Juan Carlos Demarchi y Carlos Roberto Piriz.
El Servicio Penitenciario Federal concluyó el traslado de ex miembros de la ESMA al penal de Marcos Paz, en cumplimiento de un antiguo reclamo efectuado por los organismos de derechos humanos y que se concretó tras la muerte por envenenamiento con cianuro de Héctor Febres y a pedido de los abogados de Abuelas de Plaza de Mayo.De este modo el ex jefe de inteligencia del Grupo de Tareas 3.3.2, Jorge Tigre Acosta y los oficiales Alfredo Astiz, Antonio Pernías y Juan Carlos Rolón, entre otros, compartirán alojamiento con condenados a penas de reclusión perpetua como el ex policía Miguel Etchecolatz o el ex capellán Christian von Wernich, en una cárcel común.
Alfredo Astiz, Jorge Tigre Acosta, Antonio Pernías, Carlos Octavio Capdevila, Pablo García Velasco, Juan Carlos Rolón, Alberto Eduardo González, Jorge Carlos Rádice, Raúl Enrique Scheller, Adolfo Miguel Donda Tigel, Néstor Omar Savio, Víctor Francisco Cardo, Carlos Guillermo Suárez Mason (h), Carlos José Pazo, Hugo Enrique Damario, Rogelio José Martínez Pizarro, Eduardo Cabanillas y Enrique del Pino ya se encuentran alojados en una cárcel común. En el mismo penal fue alojado Raúl Reynoso, aunque, imputado en Corrientes.
La mayor parte de los oficiales de la Armada fueron detenidos en 2003, ni bien se reabrió la causa ESMA. Hasta mediados de año permanecieron dispersos en distintas bases navales bajo el cuidado de sus compañeros de armas. Cuando por sugerencia del Ministerio de Defensa fueron trasladados al Instituto Penal de las Fuerzas Armadas, en Campo de Mayo, presentaron un hábeas corpus para que les permitieran seguir usando celulares y navegar por la web.
Sin embargo, tras la muerte de Febres, el juez federal Sergio Torres admitió que se imponía “una nueva evaluación” y concretó el pedido que la Sala II de la Cámara Federal le había formulado dos años antes: trasladar a los marinos a un lugar de detención custodiado por el Servicio Penitenciario Federal.
Doce de las 14 plazas de Campo de Mayo liberadas por los marinos serán ocupadas en los próximos días por militares imputados en la Masacre de Margarita Belén y otros acusados por crímenes cometidos en el Regimiento de Infantería 9 de Corrientes, detenidos en la actualidad en la Base de Apoyo Logístico de La Liguria, en Resistencia.
En el Instituto Penal de Campo de Mayo la custodia externa está a cargo de Gendarmería y la interna de camaradas del Ejército. A partir del 1° de enero, por un convenio firmado entre los ministerios de Defensa e Interior, los guardias que tendrán contacto directo con los detenidos serán agentes del Servicio Penitenciario Federal.
La medida adoptada por el juez federal de Resistencia, Carlos Skidelsky, alcanza Athos Renes, Rafael Carnero Sabol, Horacio Losito, Ricardo Reyes, Germán Riquelme, Aldo Martínez Segón, Ernesto Simoni y Luis Patetta, que se encuentran imputados por la Masacre de Margarita Belén -al igual que Norberto Raúl Tozzo (foto) quien permanece prófugo; mientras que los responsables del Regimiento de Infantería 9 de Corrientes que serán juzgados a partir del 5 de febrero, son Julio Barreiro, Juan Carlos Demarchi y Carlos Roberto Piriz.
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