Condenaron a ocho ex miembros del Batallón de Inteligencia 601 por el secuestro de militantes de la Contraofensiva
El juez federal Ariel Lijo condenó a ocho represores a penas de entre 20 y 25 años de prisión por el secuestro de seis personas y por haber formado parte de una asociación ilícita durante la última dictadura. Esta es la primera vez desde la anulación de las leyes de punto final y obediencia debida que altos oficiales del Ejército reciben una condena por los crímenes cometidos durante el terrorismo de Estado. Cristino Nicolaides, Jorge Luis Arias Duval y Santiago Manuel Hoya fueron condenados a 25 años de prisión; Waldo Carmen Roldán, Juan Carlos Gualdo, Héctor Julio Simón (foto) -el único que no es militar-, recibieron penas de 23 años de cárcel; Carlos Gustavo Fontana fue condenado a 21 años; y Pascual Guerrieri a 20 años.
Antes de leer la sentencia, Lijo les dio la palabra a los acusados presentes, todos ex miembros del Batallón de Inteligencia 601. Guerrieri fue el más locuaz. “Rechazo el término represor. Nosotros fuimos soldados pagados por este pueblo que está atrás y a los costados. Salimos a poner orden. No tenemos cara de asesinos, tenemos cara de soldados que cumplieron con su deber”, dijo parado y micrófono en mano.
Roldán, Guerrieri, Fontana, Arias Duval y Simón eran los únicos que estaban en la sala, de frente al magistrado y de espaldas a un público compuesto por familiares, sobrevivientes, miembros de organismos de derechos humanos y algunos funcionarios judiciales y del Poder Ejecutivo. Los otros tres acusados no estuvieron en la audiencia ya que sus defensores adujeron razones de salud: Hoya estaba en el Hospital Militar, donde murió unos días después.
El fallo del juez rebatió la proclama de Guerrieri: “Las constancias reunidas, la realidad y contexto histórico en los cuales se sucedieron los hechos tratados en este juicio, dan cuenta del desarrollo entre los años 1976 y 1983 de un plan de estado sistemático, elaborado fuera de todo marco legal llevado a cabo por las fuerzas militares, con la colaboración de fuerzas de seguridad y civiles”.
En el marco de ese plan, en el que la sentencia destacó que fueron cometidos delitos de lesa humanidad, los ocho represores fueron condenados por los secuestros de Julio César Genoud, Verónica María Cabilla, Ángel Carbajal, Lía Mariana Ercilia Guangiroli, Ricardo Marcos Zucker y Silvia Noemí Tolchinsky. Los cinco primeros, apresados entre el 21 y el 29 de febrero de 1980, eran parte del grupo de exiliados que decidió regresar al país como parte de la llamada operación de Contraofensiva organizada por la agrupación Montoneros y que también se cobró la vida del cura entrerriano Jorge Azur, aunque su caso no fue incluido en este juicio.
Tolchinsky fue secuestrada en septiembre de ese año mientras intentaba salir por el paso fronterizo mendocino de Las Cuevas. Es la única víctima de esta causa que logró sobrevivir a su cautiverio y su testimonio fue una pieza clave en el juicio. La mujer estuvo detenida en varias quintas cercanas a la unidad militar de Campo de Mayo y vio o escuchó a otras personas secuestradas. También reconoció a los represores.
Tolchinsky fue llevada un tiempo al paso fronterizo de Paso de los Libres. Allí fue vigilada de cerca por Simón, el Turco Julián. “Recibí siempre un trato muy vejatorio y humillante de su parte. Una vez detuvo un micro de un colegio judío y les clavó alfileres en las fotos de los documentos de los chicos, era una persona que creía en la magia negra. Me contó cómo torturaba gente, que una vez volvió loco a un chico torturándole la cabeza. Era repulsivo y a mí me daba muchísimo pánico. Al poco tiempo de llegar a Paso de los Libres viene con un cuadro y me muestra la foto de mis hijos tomada desde adentro de la casa de mi suegra, como demostrando que él podía llegar a cualquier lugar. Esto generó sentimientos encontrados, por un lado que después de dos años pude ver a mis hijos y por el otro el pánico de saber que él podía llegar adonde quisiese. Resulta difícil transmitir el horror”, contó la mujer. Lijo recordó esta declaración. Mientras la leía, Simón sonreía.
El testimonio de militares, ex agentes de inteligencia, el de la mujer de un represor de Campo de Mayo, documentos desclasificados del Departamento de Estado de los Estados Unidos y un informe del propio Batallón de Inteligencia rescatado del archivo de la policía de la provincia de Buenos Aires, además del relato de los familiares de las víctimas, se conjugaron para que el juez diera por probados los secuestros y torturas y la asociación ilícita por la que fueron condenados los ocho represores.
Después de la sentencia hubo aplausos. Y cuando los condenados salían de la sala se escuchó un grito: “En la cárcel se van a morir”. Los abogados del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), que llevaron adelante el proceso, salieron conformes. El fiscal Jorge Álvarez Berlanda anunció que apelará el fallo, pero porque el viejo código de procedimiento lo indica, ya que no todos los represores recibieron la pena que él había pedido: 25 años. Como esta causa se rige por ese código, el proceso fue escrito, pero Lijo accedió, a pedido del CELS, a “oralizar” la etapa final.
“Hace más de 25 años que espero este día. Que cumplan la sentencia y que nadie les acerque una pastilla de cianuro”, dijo Cristina Zucker, hermana de Pato Zucker y querellante. Ana María Abalos, mamá de Verónica Cabilla, señaló: “Ahora hay que lograr que vayan a cárceles comunes. Además, todavía no sé qué pasó con mi hija. No sabemos dónde están ella ni los demás”.
En el fallo, Lijo ordenó profundizar la investigación sobre la responsabilidad que pudieron tener los jefes de las áreas militares en estos crímenes y mencionó que el hecho de que cinco víctimas siguieran desaparecidas “ocasiona un tormento adicional para sus familiares por el que (los condenados) también deben responder, que perdurará en el tiempo, así como también para el resto de la sociedad argentina”.
El juez federal Ariel Lijo condenó a ocho represores a penas de entre 20 y 25 años de prisión por el secuestro de seis personas y por haber formado parte de una asociación ilícita durante la última dictadura. Esta es la primera vez desde la anulación de las leyes de punto final y obediencia debida que altos oficiales del Ejército reciben una condena por los crímenes cometidos durante el terrorismo de Estado. Cristino Nicolaides, Jorge Luis Arias Duval y Santiago Manuel Hoya fueron condenados a 25 años de prisión; Waldo Carmen Roldán, Juan Carlos Gualdo, Héctor Julio Simón (foto) -el único que no es militar-, recibieron penas de 23 años de cárcel; Carlos Gustavo Fontana fue condenado a 21 años; y Pascual Guerrieri a 20 años.Antes de leer la sentencia, Lijo les dio la palabra a los acusados presentes, todos ex miembros del Batallón de Inteligencia 601. Guerrieri fue el más locuaz. “Rechazo el término represor. Nosotros fuimos soldados pagados por este pueblo que está atrás y a los costados. Salimos a poner orden. No tenemos cara de asesinos, tenemos cara de soldados que cumplieron con su deber”, dijo parado y micrófono en mano.
Roldán, Guerrieri, Fontana, Arias Duval y Simón eran los únicos que estaban en la sala, de frente al magistrado y de espaldas a un público compuesto por familiares, sobrevivientes, miembros de organismos de derechos humanos y algunos funcionarios judiciales y del Poder Ejecutivo. Los otros tres acusados no estuvieron en la audiencia ya que sus defensores adujeron razones de salud: Hoya estaba en el Hospital Militar, donde murió unos días después.
El fallo del juez rebatió la proclama de Guerrieri: “Las constancias reunidas, la realidad y contexto histórico en los cuales se sucedieron los hechos tratados en este juicio, dan cuenta del desarrollo entre los años 1976 y 1983 de un plan de estado sistemático, elaborado fuera de todo marco legal llevado a cabo por las fuerzas militares, con la colaboración de fuerzas de seguridad y civiles”.
En el marco de ese plan, en el que la sentencia destacó que fueron cometidos delitos de lesa humanidad, los ocho represores fueron condenados por los secuestros de Julio César Genoud, Verónica María Cabilla, Ángel Carbajal, Lía Mariana Ercilia Guangiroli, Ricardo Marcos Zucker y Silvia Noemí Tolchinsky. Los cinco primeros, apresados entre el 21 y el 29 de febrero de 1980, eran parte del grupo de exiliados que decidió regresar al país como parte de la llamada operación de Contraofensiva organizada por la agrupación Montoneros y que también se cobró la vida del cura entrerriano Jorge Azur, aunque su caso no fue incluido en este juicio.
Tolchinsky fue secuestrada en septiembre de ese año mientras intentaba salir por el paso fronterizo mendocino de Las Cuevas. Es la única víctima de esta causa que logró sobrevivir a su cautiverio y su testimonio fue una pieza clave en el juicio. La mujer estuvo detenida en varias quintas cercanas a la unidad militar de Campo de Mayo y vio o escuchó a otras personas secuestradas. También reconoció a los represores.
Tolchinsky fue llevada un tiempo al paso fronterizo de Paso de los Libres. Allí fue vigilada de cerca por Simón, el Turco Julián. “Recibí siempre un trato muy vejatorio y humillante de su parte. Una vez detuvo un micro de un colegio judío y les clavó alfileres en las fotos de los documentos de los chicos, era una persona que creía en la magia negra. Me contó cómo torturaba gente, que una vez volvió loco a un chico torturándole la cabeza. Era repulsivo y a mí me daba muchísimo pánico. Al poco tiempo de llegar a Paso de los Libres viene con un cuadro y me muestra la foto de mis hijos tomada desde adentro de la casa de mi suegra, como demostrando que él podía llegar a cualquier lugar. Esto generó sentimientos encontrados, por un lado que después de dos años pude ver a mis hijos y por el otro el pánico de saber que él podía llegar adonde quisiese. Resulta difícil transmitir el horror”, contó la mujer. Lijo recordó esta declaración. Mientras la leía, Simón sonreía.
El testimonio de militares, ex agentes de inteligencia, el de la mujer de un represor de Campo de Mayo, documentos desclasificados del Departamento de Estado de los Estados Unidos y un informe del propio Batallón de Inteligencia rescatado del archivo de la policía de la provincia de Buenos Aires, además del relato de los familiares de las víctimas, se conjugaron para que el juez diera por probados los secuestros y torturas y la asociación ilícita por la que fueron condenados los ocho represores.
Después de la sentencia hubo aplausos. Y cuando los condenados salían de la sala se escuchó un grito: “En la cárcel se van a morir”. Los abogados del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), que llevaron adelante el proceso, salieron conformes. El fiscal Jorge Álvarez Berlanda anunció que apelará el fallo, pero porque el viejo código de procedimiento lo indica, ya que no todos los represores recibieron la pena que él había pedido: 25 años. Como esta causa se rige por ese código, el proceso fue escrito, pero Lijo accedió, a pedido del CELS, a “oralizar” la etapa final.
“Hace más de 25 años que espero este día. Que cumplan la sentencia y que nadie les acerque una pastilla de cianuro”, dijo Cristina Zucker, hermana de Pato Zucker y querellante. Ana María Abalos, mamá de Verónica Cabilla, señaló: “Ahora hay que lograr que vayan a cárceles comunes. Además, todavía no sé qué pasó con mi hija. No sabemos dónde están ella ni los demás”.
En el fallo, Lijo ordenó profundizar la investigación sobre la responsabilidad que pudieron tener los jefes de las áreas militares en estos crímenes y mencionó que el hecho de que cinco víctimas siguieran desaparecidas “ocasiona un tormento adicional para sus familiares por el que (los condenados) también deben responder, que perdurará en el tiempo, así como también para el resto de la sociedad argentina”.
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