El año próximo podría elevarse a juicio la causa por el asesinato de la familia Amestoy
El año que viene podría elevarse a juicio oral la causa por la Masacre de la calle Juan B. Justo, en la que fueron asesinados los nogoyaenses Omar Amestoy, María del Carmen Fettolini y los hijos de ambos, María Eugenia y Fernando; y Ana María del Carmen Granada, de acuerdo a las estimaciones del secretario de Derechos Humanos del Sindicato Único de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires (SUTEBA) y de la Central de Trabajadores Argentinos (CTA) de San Nicolás, José María Budassi. El dirigente, ex detenido político y activo militante, reconoció que “esperamos mayor celeridad”, aunque destacó el trabajo del fiscal Juan Murray.
Para Budassi, la causa más avanzada y próxima a juicio oral en San Nicolás es la conocida como la Masacre de la calle Juan B. Justo, en la que fueron asesinados cuatro entrerrianos y Ana María del Carmen Granada, a manos de fuerzas conjuntas de las policías federal y bonaerense y militares, el 19 de noviembre de 1976.
“Estimamos y esperamos que en el transcurso del año que viene lleguemos a la instancia de juicio oral. Se trata de procesos que llevan unos cuantos años. Esperamos que nuestras madres puedan ver al menos un gesto reparador de Justicia”, dijo Budassi.
La semana pasada también estuvo en San Nicolás Luis Alem, que es jefe del Gabinete de Abogados de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y “solicitó una audiencia con el juez federal Carlos Villafuerte Ruzo para plantearle una serie de inquietudes en las causas. Fundamentalmente en los casos de los asesinatos de (Osvaldo) Cambiaso y (Eduardo) Pereyra Rossi ocurrido a mediados de 1983, en los que se encuentra implicado el ex comisario Luis Patti, y en la causa que investiga la muerte de monseñor Carlos Horacio Ponce de León. En este último caso, preocupado por precisar la posición ante la Justicia de revisar las actuaciones llevadas en su momento -plagadas de errores y omisiones- sumado a los testimonios y pruebas documentales que sientan la hipótesis de un atentado”.
Sobre la opinión que le merece la actuación de Villafuerte Ruzzo, Budassi consideró que “en lo personal como sobreviviente y compartiendo la ansiedad de las familias de nuestros compañeros desaparecidos, debo decir que esperamos mayor celeridad”, aunque destacó el trabajo del fiscal Murray, “que ha tomado contacto directo con los casos, se ha sensibilizado y manifestado buena disponibilidad. Concretamente en el caso del ex comisario Mastrandrea, imputado en la causa de los ex alumnos del Don Bosco, su actitud soberbia y prepotente frente al personal judicial -muy al contrario de lo que sucede con la conducta que nuestras abogadas por la parte querellante- marca de alguna manera cómo el proceso de memoria y justicia incide en la subjetividad de los protagonistas”.
Asimismo, destacó que “el juez no ha fallado correctamente al rechazar nuestras presentaciones como querellantes, a diferencia de la Justicia de La Plata donde sí fuimos admitidos con ese rol. De todos modos hemos apelado el dictamen que está en la Cámara Federal de Rosario”.
Asimismo, destacó el trabajo que se ha realizado a través de los Encuentros Regionales por Memoria y Justicia que se concretaron durante el primer semestre del año, y al trabajo que se viene haciendo desde 2001 con las escuelas y la Comisión Provincial por la Memoria, señaló que este año participaron varias escuelas de San Nicolás y La Emilia, vinculado a los juicios.
Fuente: Diario El Norte.
El año que viene podría elevarse a juicio oral la causa por la Masacre de la calle Juan B. Justo, en la que fueron asesinados los nogoyaenses Omar Amestoy, María del Carmen Fettolini y los hijos de ambos, María Eugenia y Fernando; y Ana María del Carmen Granada, de acuerdo a las estimaciones del secretario de Derechos Humanos del Sindicato Único de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires (SUTEBA) y de la Central de Trabajadores Argentinos (CTA) de San Nicolás, José María Budassi. El dirigente, ex detenido político y activo militante, reconoció que “esperamos mayor celeridad”, aunque destacó el trabajo del fiscal Juan Murray.Para Budassi, la causa más avanzada y próxima a juicio oral en San Nicolás es la conocida como la Masacre de la calle Juan B. Justo, en la que fueron asesinados cuatro entrerrianos y Ana María del Carmen Granada, a manos de fuerzas conjuntas de las policías federal y bonaerense y militares, el 19 de noviembre de 1976.
“Estimamos y esperamos que en el transcurso del año que viene lleguemos a la instancia de juicio oral. Se trata de procesos que llevan unos cuantos años. Esperamos que nuestras madres puedan ver al menos un gesto reparador de Justicia”, dijo Budassi.
La semana pasada también estuvo en San Nicolás Luis Alem, que es jefe del Gabinete de Abogados de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y “solicitó una audiencia con el juez federal Carlos Villafuerte Ruzo para plantearle una serie de inquietudes en las causas. Fundamentalmente en los casos de los asesinatos de (Osvaldo) Cambiaso y (Eduardo) Pereyra Rossi ocurrido a mediados de 1983, en los que se encuentra implicado el ex comisario Luis Patti, y en la causa que investiga la muerte de monseñor Carlos Horacio Ponce de León. En este último caso, preocupado por precisar la posición ante la Justicia de revisar las actuaciones llevadas en su momento -plagadas de errores y omisiones- sumado a los testimonios y pruebas documentales que sientan la hipótesis de un atentado”.
Sobre la opinión que le merece la actuación de Villafuerte Ruzzo, Budassi consideró que “en lo personal como sobreviviente y compartiendo la ansiedad de las familias de nuestros compañeros desaparecidos, debo decir que esperamos mayor celeridad”, aunque destacó el trabajo del fiscal Murray, “que ha tomado contacto directo con los casos, se ha sensibilizado y manifestado buena disponibilidad. Concretamente en el caso del ex comisario Mastrandrea, imputado en la causa de los ex alumnos del Don Bosco, su actitud soberbia y prepotente frente al personal judicial -muy al contrario de lo que sucede con la conducta que nuestras abogadas por la parte querellante- marca de alguna manera cómo el proceso de memoria y justicia incide en la subjetividad de los protagonistas”.
Asimismo, destacó que “el juez no ha fallado correctamente al rechazar nuestras presentaciones como querellantes, a diferencia de la Justicia de La Plata donde sí fuimos admitidos con ese rol. De todos modos hemos apelado el dictamen que está en la Cámara Federal de Rosario”.
Asimismo, destacó el trabajo que se ha realizado a través de los Encuentros Regionales por Memoria y Justicia que se concretaron durante el primer semestre del año, y al trabajo que se viene haciendo desde 2001 con las escuelas y la Comisión Provincial por la Memoria, señaló que este año participaron varias escuelas de San Nicolás y La Emilia, vinculado a los juicios.
Fuente: Diario El Norte.
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