Siguen las demoras para conformar el tribunal que realizará el juicio por la causa Brusa en Santa Fe
Tras la excusación de los integrantes titulares del Tribunal Oral Federal santafesino se excusaron de intervenir en el juicio contra el ex juez federal Víctor Hermes Brusa (foto) y otros seis represores por privación ilegítima de la libertad agravada y apremios ilegales cometidos durante la última dictadura militar, por su cercanía con el proceso, sigue sin definirse quiénes serán los encargados de llevar adelante el juicio oral, puesto que por distintos motivos una docena de conjueces ha desistido de integrar la corte.
Los jueces titulares María Ivon Vella, José María Escobar Cello y Ramiro Puyol se apartaron del proceso contra Brusa, María Eva Aebi, Domingo Marcelini, Eduardo Ramos, Héctor Colombini, Mario Facino y Juan Perizotti -Nicolás Tete Correa falleció el año pasado-. Vella puso como argumento su antigua relación laboral con Brusa, Escobar Cello fue funcionario judicial durante la dictadura y Puyol tiene un familiar cercano desaparecido en Córdoba en los años de la represión ilegal.
De inmediato comenzó se realizó el sorteo a partir de la lista de conjueces integrada por 25 profesionales del fuero federal. Hasta el momento, tres de los cuatro que aceptaron el cargo tuvieron algún vínculo con alguno de los detenidos, ya sea por cuestiones personales, tanto como por haber participado de procesos administrativos o judiciales en los que se enfrentaron en otra ocasión, por lo que fueron recusados. En total, doce letrados han sido rechazados. El abogado Martín Francisco Gutiérrez es el único que hasta ahora no ha recibido reproches.
Además, las víctimas de la dictadura han manifestado críticas a la fiscal del proceso, porque consideran que “por su cercanía (con el ex juez Víctor Brusa), nos despierta serias dudas. Frente a ello es que estamos solicitando una reunión con el procurador general de la Nación, Esteban Righi, para ponerlo al tanto de lo que sabemos y de los temores que tenemos con esta Fiscalía. Hay usos y costumbres según los cuales los tribunales no fallan penas superiores a las que los fiscales piden”, explicó Patricia Isasa, una de las querellantes en el proceso.
Ante esta situación de incertidumbre, victimas y querellantes estudian entablar acciones para que el tribunal se constituya con jueces de otras jurisdicciones, ya sean de la propia provincia o de otras.
En definitiva, todo indica que el futuro inmediato de la causa será tan intrincado como lo fue todo este proceso que se inició en mayo de 2002, a partir de una denuncia del fiscal federal Eduardo Freiler y como derivación de la causa que tramitaba en España el juez Baltasar Garzón por “terrorismo y genocidio”, que involucró a los mismos imputados en Santa Fe. La causa judicial fue instruida durante cinco años por el juez federal Reinaldo Rodríguez, quien el 14 de agosto de 2002 declaró la inconstitucionalidad de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final. Tres años después, el 17 de febrero de 2005, procesó a Brusa, a los policías Facino -ex presidente comunal de San José de Rincón-, Colombini, Perizzotti, el ex oficial de inteligencia Ramos, la ex carcelera Aebi y al ex suboficial del Ejército, Nicolás Correa por supuesta “privación ilegítima de la libertad agravada, vejaciones, apremios ilegales, coacción y tormentos” y embargó sus bienes por 800.000 pesos a cada uno; y dos meses más tarde, en abril de 2005, procesó al coronel Marcellini, ex jefe del Destacamento de Inteligencia Militar 122, como autor mediato de la represión ilegal.
Además, la mayoría de los detenidos goza de la prisión domiciliaria: Marcellini en su casa en la ciudad de Mendoza; Facino en San José del Rincón y Perizzotti y Colombini en Santa Fe. Sólo Aebi sigue presa en el cuartel de la Guardia de Infantería Reforzada y Ramos en el piso alto del Cuerpo de Bomberos Zapadores, en el microcentro santafesino; mientras que Brusa continúa internado en un sanatorio privado, después de sufrir una descompensación.
La causa tiene otra dificultad, ya que las actuaciones contra quien se desempeñara como jefe del Área 212, el ex coronel Juan Orlando Rolón, fueron desacumuladas del proceso principal elevado a juicio y el ex hombre fuerte del Ejército santafesino será indagado nuevamente.
Tras la excusación de los integrantes titulares del Tribunal Oral Federal santafesino se excusaron de intervenir en el juicio contra el ex juez federal Víctor Hermes Brusa (foto) y otros seis represores por privación ilegítima de la libertad agravada y apremios ilegales cometidos durante la última dictadura militar, por su cercanía con el proceso, sigue sin definirse quiénes serán los encargados de llevar adelante el juicio oral, puesto que por distintos motivos una docena de conjueces ha desistido de integrar la corte.Los jueces titulares María Ivon Vella, José María Escobar Cello y Ramiro Puyol se apartaron del proceso contra Brusa, María Eva Aebi, Domingo Marcelini, Eduardo Ramos, Héctor Colombini, Mario Facino y Juan Perizotti -Nicolás Tete Correa falleció el año pasado-. Vella puso como argumento su antigua relación laboral con Brusa, Escobar Cello fue funcionario judicial durante la dictadura y Puyol tiene un familiar cercano desaparecido en Córdoba en los años de la represión ilegal.
De inmediato comenzó se realizó el sorteo a partir de la lista de conjueces integrada por 25 profesionales del fuero federal. Hasta el momento, tres de los cuatro que aceptaron el cargo tuvieron algún vínculo con alguno de los detenidos, ya sea por cuestiones personales, tanto como por haber participado de procesos administrativos o judiciales en los que se enfrentaron en otra ocasión, por lo que fueron recusados. En total, doce letrados han sido rechazados. El abogado Martín Francisco Gutiérrez es el único que hasta ahora no ha recibido reproches.
Además, las víctimas de la dictadura han manifestado críticas a la fiscal del proceso, porque consideran que “por su cercanía (con el ex juez Víctor Brusa), nos despierta serias dudas. Frente a ello es que estamos solicitando una reunión con el procurador general de la Nación, Esteban Righi, para ponerlo al tanto de lo que sabemos y de los temores que tenemos con esta Fiscalía. Hay usos y costumbres según los cuales los tribunales no fallan penas superiores a las que los fiscales piden”, explicó Patricia Isasa, una de las querellantes en el proceso.
Ante esta situación de incertidumbre, victimas y querellantes estudian entablar acciones para que el tribunal se constituya con jueces de otras jurisdicciones, ya sean de la propia provincia o de otras.
En definitiva, todo indica que el futuro inmediato de la causa será tan intrincado como lo fue todo este proceso que se inició en mayo de 2002, a partir de una denuncia del fiscal federal Eduardo Freiler y como derivación de la causa que tramitaba en España el juez Baltasar Garzón por “terrorismo y genocidio”, que involucró a los mismos imputados en Santa Fe. La causa judicial fue instruida durante cinco años por el juez federal Reinaldo Rodríguez, quien el 14 de agosto de 2002 declaró la inconstitucionalidad de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final. Tres años después, el 17 de febrero de 2005, procesó a Brusa, a los policías Facino -ex presidente comunal de San José de Rincón-, Colombini, Perizzotti, el ex oficial de inteligencia Ramos, la ex carcelera Aebi y al ex suboficial del Ejército, Nicolás Correa por supuesta “privación ilegítima de la libertad agravada, vejaciones, apremios ilegales, coacción y tormentos” y embargó sus bienes por 800.000 pesos a cada uno; y dos meses más tarde, en abril de 2005, procesó al coronel Marcellini, ex jefe del Destacamento de Inteligencia Militar 122, como autor mediato de la represión ilegal.
Además, la mayoría de los detenidos goza de la prisión domiciliaria: Marcellini en su casa en la ciudad de Mendoza; Facino en San José del Rincón y Perizzotti y Colombini en Santa Fe. Sólo Aebi sigue presa en el cuartel de la Guardia de Infantería Reforzada y Ramos en el piso alto del Cuerpo de Bomberos Zapadores, en el microcentro santafesino; mientras que Brusa continúa internado en un sanatorio privado, después de sufrir una descompensación.
La causa tiene otra dificultad, ya que las actuaciones contra quien se desempeñara como jefe del Área 212, el ex coronel Juan Orlando Rolón, fueron desacumuladas del proceso principal elevado a juicio y el ex hombre fuerte del Ejército santafesino será indagado nuevamente.
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