Elevan a juicio oral una causa contra tres represores neuquinos por el secuestro de tres maestras entrerrianas
El juez federal de Neuquén Guillermo Labate elevó a juicio oral la causa contra tres ex jefes militares acusados de delitos de lesa humanidad cometidos en el centro clandestino de detención La Escuelita, que funcionó en el Batallón Militar de la capital provincial durante la última dictadura. Se trata de ex jefes militares, acusados de la detención ilegal y asesinato de 15 personas, entre ellas tres maestras entrerrianas, detenidas en Cipoletti por el crimen del general Jorge Esteban Cáceres Monié, en Villa Urquiza, en 1975.
Los imputados son el general Enrique Braulio Olea, ex jefe del Batallón Militar de Neuquén; el teniente coronel Oscar Lorenzo Reinhold, ex jefe de Inteligencia del Comando de la Sexta Brigada; y el mayor Luis Alberto Farías Barrera, todos procesados y con arresto domiciliario hasta la realización del juicio oral, a quienes el magistrado acusó de conformar una asociación ilícita, privación ilegal de la libertad agravada, aplicación de tormentos psíquicos y físicos agravados por ser perseguidos políticos, allanamiento ilegal y robo.
El juez Labate precisó que “estos delitos ocurrieron hace más de 30 años y obedecieron a un plan sistemático y criminal instaurado en todo el territorio de la Nación con el apoyo de otros gobiernos dictatoriales del Cono Sur por quienes usurparon el poder en la Argentina el 24 de marzo de 1976”.
En su resolución, el magistrado apuntó que los militares “pretendieron asegurar la impunidad de estos delitos mediante la destrucción de la mayoría de los elementos probatorios, levantamientos militares que obligaron a poderes del Estado al dictado de leyes que contrariaban la Constitución y amenazas de toda índole”, por lo que consideró que “estos hechos deben ser enmarcados en un genocidio que tuvo como objetivo perseguir y destruir a un grupo de personas identificadas por determinadas características”.
Esta primera parte de la investigación esta orientada a juzgar lo ocurrido en el centro clandestino de detención La Escuelita, que funcionó en el Batallón Militar de Neuquén. Las quince víctimas incluidas en este tramo de la investigación, fueron trasladadas en forma ilegal a ese lugar donde permanecieron secuestradas y sometidas a torturas. Entre ellas, tres docentes entrerrianas, que fueron condenadas por el Consejo de Guerra que se implementó por el crimen de Cáceres Monié.
El juez Labate también consignó que “la organización delictiva contó con la estructura que le otorgaba el Ejército Argentino, los suficientes cuadros humanos oficiales, suboficiales y personal civil- destinados en unidades militares de la Subzona 5.2 y los materiales e instalaciones militares que ocupaban gran parte del territorio de la ciudad, armas, logística, automotores que permitieron establecer a mediados de 1976 un centro clandestino de detención”.
Además, En una segunda etapa, el juez elevará a juicio oral otro tramo de la investigación por el funcionamiento de La Escuelita por la que están procesados y detenidos el médico militar Hilarión de Paz Sosa y los ex miembros del área de inteligencia Mario Gómez Arena, Francisco Julio Oviedo, Jorge Molina Escurra y Sergio San Martín. Mientras tanto, el fiscal José María Darquier le solicitó al juez que indague a otros veintiséis militares, un gendarme, cuatro policías penitenciarios, dos policías federales, diez policías rionegrinos y un policía neuquino imputados por delitos cometidos en el centro clandestino de detención conocido como La Escuelita.
El juez federal de Neuquén Guillermo Labate elevó a juicio oral la causa contra tres ex jefes militares acusados de delitos de lesa humanidad cometidos en el centro clandestino de detención La Escuelita, que funcionó en el Batallón Militar de la capital provincial durante la última dictadura. Se trata de ex jefes militares, acusados de la detención ilegal y asesinato de 15 personas, entre ellas tres maestras entrerrianas, detenidas en Cipoletti por el crimen del general Jorge Esteban Cáceres Monié, en Villa Urquiza, en 1975.
Los imputados son el general Enrique Braulio Olea, ex jefe del Batallón Militar de Neuquén; el teniente coronel Oscar Lorenzo Reinhold, ex jefe de Inteligencia del Comando de la Sexta Brigada; y el mayor Luis Alberto Farías Barrera, todos procesados y con arresto domiciliario hasta la realización del juicio oral, a quienes el magistrado acusó de conformar una asociación ilícita, privación ilegal de la libertad agravada, aplicación de tormentos psíquicos y físicos agravados por ser perseguidos políticos, allanamiento ilegal y robo.
El juez Labate precisó que “estos delitos ocurrieron hace más de 30 años y obedecieron a un plan sistemático y criminal instaurado en todo el territorio de la Nación con el apoyo de otros gobiernos dictatoriales del Cono Sur por quienes usurparon el poder en la Argentina el 24 de marzo de 1976”.
En su resolución, el magistrado apuntó que los militares “pretendieron asegurar la impunidad de estos delitos mediante la destrucción de la mayoría de los elementos probatorios, levantamientos militares que obligaron a poderes del Estado al dictado de leyes que contrariaban la Constitución y amenazas de toda índole”, por lo que consideró que “estos hechos deben ser enmarcados en un genocidio que tuvo como objetivo perseguir y destruir a un grupo de personas identificadas por determinadas características”.
Esta primera parte de la investigación esta orientada a juzgar lo ocurrido en el centro clandestino de detención La Escuelita, que funcionó en el Batallón Militar de Neuquén. Las quince víctimas incluidas en este tramo de la investigación, fueron trasladadas en forma ilegal a ese lugar donde permanecieron secuestradas y sometidas a torturas. Entre ellas, tres docentes entrerrianas, que fueron condenadas por el Consejo de Guerra que se implementó por el crimen de Cáceres Monié.
El juez Labate también consignó que “la organización delictiva contó con la estructura que le otorgaba el Ejército Argentino, los suficientes cuadros humanos oficiales, suboficiales y personal civil- destinados en unidades militares de la Subzona 5.2 y los materiales e instalaciones militares que ocupaban gran parte del territorio de la ciudad, armas, logística, automotores que permitieron establecer a mediados de 1976 un centro clandestino de detención”.
Además, En una segunda etapa, el juez elevará a juicio oral otro tramo de la investigación por el funcionamiento de La Escuelita por la que están procesados y detenidos el médico militar Hilarión de Paz Sosa y los ex miembros del área de inteligencia Mario Gómez Arena, Francisco Julio Oviedo, Jorge Molina Escurra y Sergio San Martín. Mientras tanto, el fiscal José María Darquier le solicitó al juez que indague a otros veintiséis militares, un gendarme, cuatro policías penitenciarios, dos policías federales, diez policías rionegrinos y un policía neuquino imputados por delitos cometidos en el centro clandestino de detención conocido como La Escuelita.
No hay comentarios:
Publicar un comentario