Comenzó el juicio oral y público contra seis represores de la dictadura en Corrientes
Esta mañana comenzó en Corrientes el juicio contra seis represores por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura en centro clandestino de detención que funcionó en el Regimiento de Infantería 9. Los imputados son el ex jefe del Ejército Cristino Nicolaides (foto), el capitán retirado Juan Carlos Demarchi, los coroneles Horacio Losito y Rafael Manuel Barreiro y los oficiales de la Gendarmería Carlos Roberto Piriz y Raúl Alfredo Reynoso, quienes están acusados por asociación ilícita, 12 casos de secuestros agravados, vejaciones, apremios, tormentos y las desapariciones forzadas de Juan Ramón Vargas y Rómulo Gregorio Artieda. En el lugar estuvo detenido el paranaense Fernando Piérola, asesinado en Margarita Belén.
Los jueces del Tribunal Oral Federal de Corrientes Víctor Alonso, Lucrecia Rojas Badaró y el conjuez Carlos Navarro -reemplaza a Vicente Constancio Espósito, quien debió excusarse porque fue juez federal durante la dictadura y las defensas de los imputados lo ofrecieron como testigo- iniciaron poco después de las 8.30 las audiencias contra los cinco imputados por secuestros y desapariciones durante la dictadura militar.
La jornada de apertura del juicio oral servirá para la discusión técnica entre los abogados defensores, la fiscalía y los querellantes. Del debate surgirán las líneas de acción de los que acusan y de los que defienden a los cinco imputados. La ronda de testigos recién se abrirá el martes de la semana próxima. Entre los 90 declarantes, se destaca el testimonio que brindará el médico policial Otto Eliseo Manzolillo, que fue quien hizo la autopsia de cuatro cadáveres que aparecieron flotando en el río Paraná, en la zona de Empedrado, entre los años 1976 y 1977. Los cuatro fueron inhumados como NN y el único identificado hasta ahora es el de Rómulo Gregorio Artieda. Los cuerpos tenían una característica común: les habían abierto el vientre, se supone que para que no pudieran salir a flote.
Las historias de Rómulo Gregorio Artieda y Juan Ramón Vargas, militantes de la Juventud Peronista desaparecidos en la provincia, serán los ejes de la acusación contra los cinco represores que comenzaron a ser juzgados. Artieda es el primero y hasta ahora único desaparecido correntino cuyo cuerpo fue identificado por el Equipo de Antropología Forense en 2006. Lo habían secuestrado en la estación bonaerense de Burzaco, del ex ferrocarril Roca, y lo llevaron al Regimiento de Infantería 9. A Vargas, miembro de la JP relacionado con las Ligas Agrarias, una organización que fue diezmada por la represión, lo secuestraron en Goya y también fue visto en el RI-9.
También declarará medio centenar de militares retirados y capataces de estancia. Por las querellas darán testimonio más de 40 testigos, en su mayoría sobrevivientes del RI-9. También la documentalista francesa Marie Monique Robin y miembros del Equipo Argentino de Antropología Forense. Además, se presentarán familiares del paranaense Fernando Piérola. El juicio se estima que tendrá una duración de cuatro meses.
Por el RI-9 pasaron también Fernando Piérola -aunque fue secuestrado en Misiones-, Luis Díaz y Carlos Alberto Duarte, tres de las víctimas de la matanza que se produjo en Margarita Belén, en la que estuvo involucrado el general Cristino Nicolaides, quien no se presentará en este juicio, aunque también está como imputado. Los médicos forenses dicen que está muy enfermo y que ni siquiera le notificaron que fue condenado a 25 años de prisión en otra causa porque “no podría soportarlo” dado su estado de salud.
Los imputados son ex miembros del Regimiento de Infantería 9, y entre ellos sobresale el capitán (R) Juan Carlos Demarchi, un empresario ganadero que despierta simpatías en las familias patricias correntinas a quien sus camaradas bautizaron El Electricista por sus destrezas con la picana y era el interrogador en carácter de jefe de inteligencia del área militar 231. Además, serán juzgados los coroneles Horacio Losito y Rafael Manuel Barreiro, y los oficiales de Gendarmería Carlos Roberto Piriz y Raúl Alfredo Reynoso.
La causa del RI-9 se reabrió a fines de 2003 con la presentación de familiares de Vicente Ayala, patrocinados por la Comisión de Derechos Humanos de Corrientes y en 2004 se sumaron los familiares de Vargas y Artieda. Si bien los casos se unificaron, la causa se desdobló y el caso Ayala no fue elevado. En octubre de 2004 el juez federal Carlos Soto Dávila ordenó las primeras detenciones, que conmocionaron a la alta sociedad correntina. Sobre todo por el caso Demarchi, próspero ganadero que llegó a presidir la Sociedad Rural.
Además, los coroneles Barreiro y Losito estaban en actividad cuando fueron detenidos. Barreiro cumplía funciones en el Regimiento de Monte Caseros y Losito era agregado militar en Italia hasta que en 2003 el juez federal de Resistencia, Carlos Skidelsky, ordenó su detención por su actuación en la Masacre de Margarita Belén. La Cámara Federal lo liberó, pero allí culminó su aventura europea. En el caso de Reynoso, llegó a ser comandante de Gendarmería y después fue candidato a intendente de Orán, en Salta, y asumió como concejal por el Partido Renovador del capitán de navío Roberto Ulloa.
Excepto los gendarmes Reynoso y Piriz, presos en Marcos Paz, y Nicolaides, los militares imputados estuvieron detenidos desde el primer día en la Base de Apoyo Logístico de La Liguria, en Resistencia, servidos por sus pares. Recién en diciembre, cuando el prefecto Héctor Febres apareció envenenado en su dúplex del Tigre, fueron trasladados al Instituto Penal de Campo de Mayo. Desde el miércoles están alojados en la Unidad 7 del Servicio Penitenciario chaqueño y desde el martes deberán presentarse ante el tribunal correntino.
Para el inicio de las audiencias se acercó un gran número de personalidades y organismos de derechos humanos, ya que este es el primer juicio que se sustancia en el interior del país. Entre otros llegaron a Corrientes Mabel Tati Almeida, de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora; desde el Foro por la Justicia de Goya arribaron la docente Berta Arroyo, el sacerdote Víctor Hugo Arroyo y el abogado Tadeo Solís; la dirigente de Familiares de Detenidos y Desaparecidos por Causas Políticas, Ángela Boitano; los diputados nacionales Remo Carlotto, Araceli Carmona, Hugo Perié, Eduardo Galantini, Diana Conti; el senador nacional Fabián Ríos y el diputado provincial Tamandaré Ramírez Forte; la responsable de la Casa de Derechos Humanos de Curuzú Cuatiá, Martha Pelloni; la dirigente de la Red Provincial de Derechos Humanos Hilda Presman; por los organismos de Derechos Humanos de Paso de los Libres, el abogado Jorge Olivera y la operadora del Programa Verdad y Justicia de la Nación, María José Guembe; y de AFADER está María Luz Piérola.
Esta mañana comenzó en Corrientes el juicio contra seis represores por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura en centro clandestino de detención que funcionó en el Regimiento de Infantería 9. Los imputados son el ex jefe del Ejército Cristino Nicolaides (foto), el capitán retirado Juan Carlos Demarchi, los coroneles Horacio Losito y Rafael Manuel Barreiro y los oficiales de la Gendarmería Carlos Roberto Piriz y Raúl Alfredo Reynoso, quienes están acusados por asociación ilícita, 12 casos de secuestros agravados, vejaciones, apremios, tormentos y las desapariciones forzadas de Juan Ramón Vargas y Rómulo Gregorio Artieda. En el lugar estuvo detenido el paranaense Fernando Piérola, asesinado en Margarita Belén.Los jueces del Tribunal Oral Federal de Corrientes Víctor Alonso, Lucrecia Rojas Badaró y el conjuez Carlos Navarro -reemplaza a Vicente Constancio Espósito, quien debió excusarse porque fue juez federal durante la dictadura y las defensas de los imputados lo ofrecieron como testigo- iniciaron poco después de las 8.30 las audiencias contra los cinco imputados por secuestros y desapariciones durante la dictadura militar.
La jornada de apertura del juicio oral servirá para la discusión técnica entre los abogados defensores, la fiscalía y los querellantes. Del debate surgirán las líneas de acción de los que acusan y de los que defienden a los cinco imputados. La ronda de testigos recién se abrirá el martes de la semana próxima. Entre los 90 declarantes, se destaca el testimonio que brindará el médico policial Otto Eliseo Manzolillo, que fue quien hizo la autopsia de cuatro cadáveres que aparecieron flotando en el río Paraná, en la zona de Empedrado, entre los años 1976 y 1977. Los cuatro fueron inhumados como NN y el único identificado hasta ahora es el de Rómulo Gregorio Artieda. Los cuerpos tenían una característica común: les habían abierto el vientre, se supone que para que no pudieran salir a flote.
Las historias de Rómulo Gregorio Artieda y Juan Ramón Vargas, militantes de la Juventud Peronista desaparecidos en la provincia, serán los ejes de la acusación contra los cinco represores que comenzaron a ser juzgados. Artieda es el primero y hasta ahora único desaparecido correntino cuyo cuerpo fue identificado por el Equipo de Antropología Forense en 2006. Lo habían secuestrado en la estación bonaerense de Burzaco, del ex ferrocarril Roca, y lo llevaron al Regimiento de Infantería 9. A Vargas, miembro de la JP relacionado con las Ligas Agrarias, una organización que fue diezmada por la represión, lo secuestraron en Goya y también fue visto en el RI-9.
También declarará medio centenar de militares retirados y capataces de estancia. Por las querellas darán testimonio más de 40 testigos, en su mayoría sobrevivientes del RI-9. También la documentalista francesa Marie Monique Robin y miembros del Equipo Argentino de Antropología Forense. Además, se presentarán familiares del paranaense Fernando Piérola. El juicio se estima que tendrá una duración de cuatro meses.
Por el RI-9 pasaron también Fernando Piérola -aunque fue secuestrado en Misiones-, Luis Díaz y Carlos Alberto Duarte, tres de las víctimas de la matanza que se produjo en Margarita Belén, en la que estuvo involucrado el general Cristino Nicolaides, quien no se presentará en este juicio, aunque también está como imputado. Los médicos forenses dicen que está muy enfermo y que ni siquiera le notificaron que fue condenado a 25 años de prisión en otra causa porque “no podría soportarlo” dado su estado de salud.
Los imputados son ex miembros del Regimiento de Infantería 9, y entre ellos sobresale el capitán (R) Juan Carlos Demarchi, un empresario ganadero que despierta simpatías en las familias patricias correntinas a quien sus camaradas bautizaron El Electricista por sus destrezas con la picana y era el interrogador en carácter de jefe de inteligencia del área militar 231. Además, serán juzgados los coroneles Horacio Losito y Rafael Manuel Barreiro, y los oficiales de Gendarmería Carlos Roberto Piriz y Raúl Alfredo Reynoso.
La causa del RI-9 se reabrió a fines de 2003 con la presentación de familiares de Vicente Ayala, patrocinados por la Comisión de Derechos Humanos de Corrientes y en 2004 se sumaron los familiares de Vargas y Artieda. Si bien los casos se unificaron, la causa se desdobló y el caso Ayala no fue elevado. En octubre de 2004 el juez federal Carlos Soto Dávila ordenó las primeras detenciones, que conmocionaron a la alta sociedad correntina. Sobre todo por el caso Demarchi, próspero ganadero que llegó a presidir la Sociedad Rural.
Además, los coroneles Barreiro y Losito estaban en actividad cuando fueron detenidos. Barreiro cumplía funciones en el Regimiento de Monte Caseros y Losito era agregado militar en Italia hasta que en 2003 el juez federal de Resistencia, Carlos Skidelsky, ordenó su detención por su actuación en la Masacre de Margarita Belén. La Cámara Federal lo liberó, pero allí culminó su aventura europea. En el caso de Reynoso, llegó a ser comandante de Gendarmería y después fue candidato a intendente de Orán, en Salta, y asumió como concejal por el Partido Renovador del capitán de navío Roberto Ulloa.
Excepto los gendarmes Reynoso y Piriz, presos en Marcos Paz, y Nicolaides, los militares imputados estuvieron detenidos desde el primer día en la Base de Apoyo Logístico de La Liguria, en Resistencia, servidos por sus pares. Recién en diciembre, cuando el prefecto Héctor Febres apareció envenenado en su dúplex del Tigre, fueron trasladados al Instituto Penal de Campo de Mayo. Desde el miércoles están alojados en la Unidad 7 del Servicio Penitenciario chaqueño y desde el martes deberán presentarse ante el tribunal correntino.
Para el inicio de las audiencias se acercó un gran número de personalidades y organismos de derechos humanos, ya que este es el primer juicio que se sustancia en el interior del país. Entre otros llegaron a Corrientes Mabel Tati Almeida, de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora; desde el Foro por la Justicia de Goya arribaron la docente Berta Arroyo, el sacerdote Víctor Hugo Arroyo y el abogado Tadeo Solís; la dirigente de Familiares de Detenidos y Desaparecidos por Causas Políticas, Ángela Boitano; los diputados nacionales Remo Carlotto, Araceli Carmona, Hugo Perié, Eduardo Galantini, Diana Conti; el senador nacional Fabián Ríos y el diputado provincial Tamandaré Ramírez Forte; la responsable de la Casa de Derechos Humanos de Curuzú Cuatiá, Martha Pelloni; la dirigente de la Red Provincial de Derechos Humanos Hilda Presman; por los organismos de Derechos Humanos de Paso de los Libres, el abogado Jorge Olivera y la operadora del Programa Verdad y Justicia de la Nación, María José Guembe; y de AFADER está María Luz Piérola.
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