Kirchner ordenó a los militares que informen dónde están los restos de Santucho y los líderes del ERP
En su condición de comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, el Presidente Néstor Kirchner ordenó que el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea tomen “todas las medidas que resulten conducentes a fin de lograr la recuperación de los restos de Mario Roberto Santucho y Benito Jorge Urteaga”, los líderes del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP). Luego de sucesivas negativas de los militares a informar la ubicación de los cadáveres, el Poder Ejecutivo les reclamó de manera “urgente” que se brinde colaboración y, de ser necesario, procederá la Secretaría de Inteligencia (SIDE) a autorizar el acceso a la información.
La ministra de Defensa mantendrá en los próximos días una reunión con familiares de Santucho, el abogado paranaense Manuel Gaggero y Facundo Urteaga, hermano de Benito, para ultimar detalles sobre los pasos a seguir, intercambiar información sobre las investigaciones realizadas y acordar cómo continuar la búsqueda.
Gaggero reconoció tras la decisión del Presidente que “estamos contentos”, y dijo estar “absolutamente convencido” de que las Fuerzas Armadas tienen información sobre los paraderos aunque no pudo poner la misma certeza en la voluntad militar para encontrarlos. En julio de este año, Gaggero envió una carta documento al Kirchner con el pedido para localizar los restos de los líderes del ERP. Por esos días, el Presidente se encontró en Tucumán con Blanca Santucho y le “prometió profundizar la investigación para encontrar los restos” de su hermano.
El 19 de julio de 1976, Santucho y Urteaga fueron asesinados por un grupo comando integrado por hombres del Batallón 601 del Ejército y de la Policía Federal, al mando del capitán Juan Carlos Leonetti. Estaban en un departamento de Villa Martelli junto a Liliana Delfino, Domingo Mena y Ana Lanzillotto -embarazada de seis meses-, todos ellos desaparecidos.
Según la versión que quiso instalar la dictadura, los líderes guerrilleros murieron en un “enfrentamiento” y sus acompañantes fueron “trasladados” a Campo de Mayo. Una semana después de presentarse en la prensa como “una victoria en la lucha contra la guerrilla subversiva”, el tema desapareció de los medios de comunicación. Al cumplirse 20 años de esos hechos, se inició la primera causa para averiguar el destino de los cuerpos. El juez federal de San Martín, Alfredo Bustos, intentó sin éxito establecer los paraderos.
La declaración del suboficial “arrepentido” Víctor Ibáñez había aportado información sobre el lugar donde se encontrarían los restos cuando admitió que fueron enterrados en Campo de Mayo, cerca de donde funcionó el Museo contra la Subversión. Se buscó en el predio que señaló el represor pero no se halló nada. Durante la investigación fue encontrada una foto de Santucho aparentemente muerto (foto) y se pudo recuperar su diploma de contador: ambos documentos eran exhibidos como “trofeos de guerra” por Antonio Domingo Bussi, oriundo de Victoria que en ese momento era subjefe del Comando de Institutos Militares que funcionaba en ese predio del Ejército.
Además, Gaggero contó que está en condiciones de ser elevada a juicio la causa penal que lleva entre los acusados a Santiago Omar Riveros, jefe del Comando de Institutos Militares que funcionaba en Campo de Mayo; Bussi y José Eduardo Valladares, secretario administrativo de Riveros. Los militares están imputados por homicidio, tormentos y, posteriormente, fue incorporada la figura de genocidio, reconocida por el tribunal que condenó a Miguel Etchecolatz.
En su condición de comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, el Presidente Néstor Kirchner ordenó que el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea tomen “todas las medidas que resulten conducentes a fin de lograr la recuperación de los restos de Mario Roberto Santucho y Benito Jorge Urteaga”, los líderes del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP). Luego de sucesivas negativas de los militares a informar la ubicación de los cadáveres, el Poder Ejecutivo les reclamó de manera “urgente” que se brinde colaboración y, de ser necesario, procederá la Secretaría de Inteligencia (SIDE) a autorizar el acceso a la información.La ministra de Defensa mantendrá en los próximos días una reunión con familiares de Santucho, el abogado paranaense Manuel Gaggero y Facundo Urteaga, hermano de Benito, para ultimar detalles sobre los pasos a seguir, intercambiar información sobre las investigaciones realizadas y acordar cómo continuar la búsqueda.
Gaggero reconoció tras la decisión del Presidente que “estamos contentos”, y dijo estar “absolutamente convencido” de que las Fuerzas Armadas tienen información sobre los paraderos aunque no pudo poner la misma certeza en la voluntad militar para encontrarlos. En julio de este año, Gaggero envió una carta documento al Kirchner con el pedido para localizar los restos de los líderes del ERP. Por esos días, el Presidente se encontró en Tucumán con Blanca Santucho y le “prometió profundizar la investigación para encontrar los restos” de su hermano.
El 19 de julio de 1976, Santucho y Urteaga fueron asesinados por un grupo comando integrado por hombres del Batallón 601 del Ejército y de la Policía Federal, al mando del capitán Juan Carlos Leonetti. Estaban en un departamento de Villa Martelli junto a Liliana Delfino, Domingo Mena y Ana Lanzillotto -embarazada de seis meses-, todos ellos desaparecidos.
Según la versión que quiso instalar la dictadura, los líderes guerrilleros murieron en un “enfrentamiento” y sus acompañantes fueron “trasladados” a Campo de Mayo. Una semana después de presentarse en la prensa como “una victoria en la lucha contra la guerrilla subversiva”, el tema desapareció de los medios de comunicación. Al cumplirse 20 años de esos hechos, se inició la primera causa para averiguar el destino de los cuerpos. El juez federal de San Martín, Alfredo Bustos, intentó sin éxito establecer los paraderos.
La declaración del suboficial “arrepentido” Víctor Ibáñez había aportado información sobre el lugar donde se encontrarían los restos cuando admitió que fueron enterrados en Campo de Mayo, cerca de donde funcionó el Museo contra la Subversión. Se buscó en el predio que señaló el represor pero no se halló nada. Durante la investigación fue encontrada una foto de Santucho aparentemente muerto (foto) y se pudo recuperar su diploma de contador: ambos documentos eran exhibidos como “trofeos de guerra” por Antonio Domingo Bussi, oriundo de Victoria que en ese momento era subjefe del Comando de Institutos Militares que funcionaba en ese predio del Ejército.
Además, Gaggero contó que está en condiciones de ser elevada a juicio la causa penal que lleva entre los acusados a Santiago Omar Riveros, jefe del Comando de Institutos Militares que funcionaba en Campo de Mayo; Bussi y José Eduardo Valladares, secretario administrativo de Riveros. Los militares están imputados por homicidio, tormentos y, posteriormente, fue incorporada la figura de genocidio, reconocida por el tribunal que condenó a Miguel Etchecolatz.
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