La culpa lo mató… o lo mataron los culpables: la extraña muerte de Paúl Navone

Fue puntual. El abogado llegado desde Córdoba caminó por la soleada vereda paranaense, esquivó la obra y subió hasta el primer piso del edificio de Tribunales. A las 9 presentó tres certificados médicos en los que consignaba que su defendido había sufrido un pico de glucemia por una diabetes crónica que lo tenía a maltraer desde hacía nueve años. Un dispensario local, el Hospital Militar zonal y un médico especialista lo certificaron. Acompañó también un pedido de exención de prisión y ganó una semana, ya que la jueza decidió postergar la indagatoria. Sin embargo, cuando toda esta escena transcurría, el acusado ya hacía una hora que había aparecido en un parque en la pequeña y turística localidad de Ascochinga con un balazo en la sien.
El teniente primero Paul Alberto Navone era un tipo de estatura media, 65 años, que durante la dictadura había sido agente del Destacamento de Inteligencia 122 con asiento en Santa Fe, pero que operaba también en la capital entrerriana, y dependía del Segundo Cuerpo de Ejército que tenía su base en Rosario. El lunes debía presentarse en el Juzgado Federal de Paraná a prestar declaración indagatoria en la causa en la que se investiga el destino de una pareja de mellizos nacidos en el Hospital Militar en los años de plomo.
En la declaración que brindó como testigo, el 22 de noviembre pasado, el ex agente de Inteligencia Eduardo Rodolfo Costanzo cuenta que Raquel Negro fue trasladada a dar a luz desde el centro clandestino de detención Quinta de Funes, en las afueras de Rosario, y que el operativo estuvo a cargo del “mayor Navone, del Hospital Militar de Paraná, adonde era trasladada por ser el único hospital militar de la zona, y coordinado por Marino González que era el que organizaba las guardias. Navone era el segundo jefe, pero no era médico. Él es quien recibe a esta persona como sobrina del general (Leopoldo Fortunato) Galtieri, por lo que aquí todos creían que era verdad. Ese fue el único traslado que tuvo, pero no recuerdo la época”. Según las investigaciones y testimonios, Raquel Negro habría dado a luz a mellizos en los primeros meses de 1978.
Esta era la primera vez en que Navone aparecía involucrado directamente en una investigación por crímenes de lesa humanidad. Su nombre fue mencionado como integrante de la patota en Rosario y habría participado de varios operativos de fuerzas conjuntas, pero no estaba imputado judicialmente; en Santa Fe fue reconocido como integrante del Destacamento de Inteligencia 122, a la que también respondía la jurisdicción Paraná, pero tampoco tenía procesos judiciales abiertos; y en Córdoba era casi un desconocido ya que ni siquiera había prestado servicio en esa provincia. Sin embargo, por su rol como agente de Inteligencia del Ejército, Navone tenía mucha información sobre el funcionamiento completo de la gran maquinaria represiva que operó en las provincias de Entre Ríos, Santa Fe, Corrientes, Misiones, Chaco y Formosa. “Si bien la operación fue planificada por los más altos mandos del Segundo Cuerpo de Ejército, es decir, Leopoldo Fortunato Galtieri y Luciano Adolfo Jáuregui, que le encomendaron la tarea a Marino González, por cuestiones de jurisdicción se ponen en contacto con Navone que era el coordinador de esta operación del lado entrerriano. De manera que su función fue la de realizar toda la logística y facilitar el traslado de Raquel Negro y su llegada al Hospital Militar de Paraná. Si bien ella estaba acompañada por la patota de la Quinta de Funes, Navone tenía la responsabilidad de que el operativo salga bien”, explicó el abogado Gamal Taleb.
No era de esas personas que sobresalía. Había nacido en Casilda pero en la localidad santafesina lo recuerdan como un tipo solitario, un poco retraído y que no gozaba de mayores simpatías. Tenía un hermano menor con el que hacía un tiempo que no tenía relación y ambos habían sido criados por su madre y con un padre ausente. “Era un auténtico solitario, un tipo controvertido que no era amigo de nadie”, recuerda un vecino de aquellos años. “De chico había tenido un accidente con pirotecnia, le explotó una bolsa de cohetes que llevaba en el bolsillo y aunque no le dejó secuelas, tenía una gran cicatriz en la pierna. Eso provocaba algunas burlas de los chicos. Vio como son los chicos…”, acotó a este cronista.
Salido de su adolescencia inició la carrera militar y se fue del pueblo. La década de 1970 lo encontró como integrante de la principal unidad de Inteligencia del Ejército, el Batallón de 601, un grupo operativo integrado por militares y civiles que se movía irrestrictamente en distintas zonas del país y se sospecha que también actuó en jurisdicción del Segundo Cuerpo de Ejército, puntualmente en Paraná y Santa Fe. Como integrante de los grupos de tarea del Ejército, Navone estuvo en Tucumán y luego fue destinado a la capital santafesina, también para cumplir tareas de Inteligencia, aunque habría continuado ligado al Batallón 601, lo que hace suponer que tenía un amplio conocimiento del accionar represivo, más allá de la causa por robo de bebés.
Desde hacía varios años estaba radicado en la localidad cordobesa de La Granja, ubicada unos 40 kilómetros al norte de la capital provincial. Era un próspero empresario que explotaba el negocio turístico en la zona a través del restaurante Puesto Roca que había instalado en la entrada de Ascochinga, a pocos metros del acceso al predio del Hotel Parque de la Fuerza Aérea. Al lado de la parrilla había construido un pequeño hospedaje con algunas habitaciones con las que solía aprovechar el excedente de reservas del hotel en el que supo pasar algún tiempo de reclusión María Estela Martínez de Perón, tras su caída del gobierno el 24 de marzo de 1976, cuando fue acusada aunque nunca enjuiciada por malversación de fondos.
Vivía con su esposa y un hijo en Calle Pública sin número de La Granja, vecina de Ascochinga, en el departamento Colón; mientras que una hija reside en la ciudad de Jesús María. Hasta allí había llegado hace unas semanas una comisión de la Policía Federal con un oficio librado por la jueza federal Myriam Galizzi para que se lo identifique en cinco juegos completos de fichas dactiloscópicas, se efectúe un “informe de vida y costumbres” y se establezca su estado patrimonial. En el pequeño poblado era un vecino más. “El guaso era totalmente desconocido en la provincia. En Córdoba no estaba involucrado en ninguna causa relacionada con violaciones a los derechos humanos ni nada por el estilo. Nos enteramos de quién era a partir de los medios”, contó una fuente a este semanario con una inconfundible tonada.
Sin embargo, en el año 2001, una investigación del periodista Carlos del Frade reveló la existencia de una poderosa red de narcotráfico que operaba en las provincias de Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos bajo el amparo y con participación del poder político. Entonces se contaba el caso de un joven que hacia mediados de 1997 se vio obligado “a desaparecer del pueblo de La Granja -y unos meses después apareció asesinado-, forzado por la situación y por sus propios medios, en virtud de su fracaso en las negociaciones para desvincularse de la sociedad de hecho que mantenía con empresarios del turismo cinegético, cacería de paloma al vuelo”. La idea de abrirse se basaba “en el creciente contrabando de droga que realizan ciertos turistas en su mayoría norteamericanos y lo hacen en los cartuchos de escopetas”. Había un eslabón que hacía las gestiones ante la aduana, “viéndose involucrado en un delito federal ya que conocía de algunos turistas que llevaban en las correderas y en las escopetas automáticas cartuchos cargados de cocaína”.
La denuncia sostiene que “estos extranjeros compran la droga a un ex militar de Inteligencia radicado en Ascochinga de apellido Navone, propietario de un café, que opera sus encargos desde ese local, y luego se abastece de droga en la localidad de Río Ceballos, se las vende a los extranjeros y estos le encargan a los pick boys -los encargados de recoger las presas durantes las jornadas de caza- el llenado de los cartuchos a cambio de fuertes propinas”.
El informe avanza en que “es conocido en el medio o en el ambiente estas operaciones” y que “todos los centros de turismo cinegético del país operan de la misma manera. En Córdoba, La Granja, Ascochinga, Totoral, Tulumba, Villa General Belgrano; en Entre Ríos, Paraná; en Corrientes, Esquina, Goya y Malancue; y en Reconquista, provincia de Santa Fe”.
Lo cierto es que Navone nunca fue molestado tras aquel hecho. Inclusive, quienes conocían sus actividades cotidianas aseguran que todas las mañanas corría por la zona parquizada del predio de la Fuerza Aérea -tal vez como parte de la prescripción médica contra la diabetes-, un establecimiento que funciona como hotel para los oficiales pero abierto también al público en general, que cuenta en sus instalaciones con una concesionada cancha de golf y sectores de alojamiento de estilo colonial, además del hotel reservado para suboficiales que está algo más alejado. Allí fue hallado el cadáver, unos minutos después de las 8, con un disparo en la sien y un arma calibre nueve milímetros cerca de su mano. En la autopsia se determinó que Navone se habría pegado un tiro en la cabeza cerca de las 3 de la madrugada. El disparo fue efectuado desde una distancia de “menos de 50 centímetros” y el cuerpo tenía “un orificio en sien izquierda compatible con salida de proyectil”. La prueba de dermotest arrojó que Navone tenía restos de pólvora en su mano derecha y entre sus ropas se halló una carta en la que explica las razones que lo habrían llevado al suicidio: “Tomo esta decisión en pleno uso de mi libertad y facultades. Nadie, de mi entorno familiar, ni de mi contexto tiene conocimiento de lo que he dispuesto hacer. Lo hago solo sin participación de tercero alguno. Adopto esta conducta como el mejor camino para mí”. De todas maneras, se le extrajo “sangre y humor vítreo” para el estudio químico toxicológico, como así también material del cerebro, corazón, pulmón y otras vísceras.
La noticia de la muerte de Navone sorprendió a propios y extraños. La primera en plantear dudas fue la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, que hace dos semanas había estado en Paraná para constituirse como querellante en la causa por el robo de bebés nacidos en el Hospital Militar, y denunció que “están eliminando” a militares que conocen el paradero de los niños apropiados por la dictadura. “Yo me atrevo a dudar de la muerte por suicidio de este hombre. A las Abuelas nos preocupa muchísimo que estas personas desaparezcan de este mundo sin poder hablar, sin poder contar una historia que lleva ya 31 años y que es tan dolorosa no sólo para nosotros, sino para las propias víctimas que son los hoy jóvenes que vamos encontrando y que han vivido en esa mentira durante tanto tiempo”. Y como para aportar más dudas al respecto, el abogado de Navove, Justiniano Martínez, que hacía pocos días que había asumido la defensa, se manifestó “sorprendido” por la muerte del ex agente de Inteligencia, ya que estaba seguro de que “una vez que declarara, la jueza le otorgaría la exención de prisión que íbamos a solicitar”. El letrado afirmó que Navone estaba dispuesto a declarar, aunque “su intervención en el alojamiento de esta mujer (Raquel Negro) fue nimia, prácticamente se limitó a permitir el ingreso nomás. Esto me daba la esperanza de poder defenderlo bien. Desde el punto de vista penal, no podía considerase una participación”. Aunque luego dijo estar “persuadido de que se trata de suicidio, porque estaba muy afectado por esta situación”.
Sin embargo, las circunstancias que rodearon la muerte, despiertan algunas dudas. A saber:
-Era la primera vez que Navone debía prestar declaración indagatoria en una causa por violaciones a los derechos humanos durante la dictadura y, a pesar del carácter aberrante que tienen los delitos por los que se lo acusaba, la pena prevista en el Código Penal para la sustitución de identidad es de uno a cuatro años de prisión, mientras que la sustracción de menores de edad está gravada con una pena de tres a diez años. “De todas maneras, es probable que una persona que deba enfrentar por primera vez en su vida la posibilidad de ser encarcelada, y se vea acusada por crímenes de lesa humanidad, se haya visto afectada y entones no se puede descartar que tome una decisión de este tipo”, esbozó el abogado querellante Gamal Taleb.
-Luego de ser notificado por la Justicia, contrató un abogado para que lo asesore en la defensa. El sábado estuvo reunido con Justiniano Martínez delineando la estrategia legal y en esa circunstancia habría sufrido el pico de glucemia que le impidió presentarse a declarar, según consta en los certificados que el propio letrado cordobés acercó al Juzgado Federal de Paraná el lunes -junto con un recurso de exención de prisión-, cuando Navone ya estaba muerto. Quienes se permiten dudar de la hipótesis del suicidio especulan con que alguien que va a tomar esa decisión no hubiera preparado un certificado médico con la opinión de tres especialistas que certifiquen el pico de glucemia, ni habría enviado a su abogado de confianza para justificar su ausencia y pedir prórroga de la audiencia.
-El hecho de que aparezca en un hotel de la Fuerza Aérea Argentina es otro elemento que permite sospechar, ya que Navone vivía en un pueblo cercano, de modo que podría inferirse que llegó hasta Ascochinga -una localidad con fuerte presencia militar- en la búsqueda de una conversación con alguien y que tal vez no obtuvo la respuesta que esperaba.
Por lo pronto, desde el Juzgado Federal de Paraná se libró un oficio a la Fiscalía de Jesús María para que informe sobre cualquier dato de interés para la causa que se tramita en la capital entrerriana con relación a lo que se tenga de la muerte en sí de Navone, como de cualquier circunstancia que pudiera estar vinculada, según informaron fuentes judiciales. Hasta el momento, la causa está caratulada como “muerte dudosa”.

Fuente: semanario Análisis.

Paúl Navone no se presentó a declarar en la causa por robo de bebés y fue citado nuevamente para el 3 de marzo

El teniente coronel Paúl Alberto Navone presentó tres certificados médicos a través de los cuales se excusó de prestar declaración indagatoria en el Juzgado Federal de Paraná, en la causa que lo tiene como imputado por su supuesta actuación en el robo de bebés nacidos en el Hospital Militar (foto) durante la última dictadura. El ex agente de Inteligencia argumentó que tuvo un pico de glucemia y se le recomendó reposo por 48 horas, por lo que la jueza Myriam Galizzi fijó como nueva fecha para su comparencia el lunes 3 de marzo próximo. En tanto, los querellantes solicitaron que sea revisado por el profesional del Poder Judicial de la Nación más cercano a su lugar de residencia.
El militar no viajó desde la localidad cordobesa de La Granja -donde reside- alegando problemas de salud, por lo que fue citado nuevamente para el 3 de marzo. Navone envió tres certificados médicos que acreditan que padeció un pico de glucemia ya que desde hace nueve años sufre de diabetes crónica, y se le ordenó un reposo de 48 horas. Los certificados fueron firmados por el Dispensario del Hospital Militar local, por un centro asistencial zonal y por un especialista que lo habría revisado.
En tanto, la abogada querellante Marina Barbagelata indicó que se solicitó que Navone sea revisado por un médico del Poder Judicial de la Nación más cercano a La Granja, y que si se constata que su estado no le impide presentarse a declarar sea detenido en forma inmediata, aunque admitió que la jueza no haría lugar a la petición puesto que ya fijó nueva fecha para su indagatoria.
Navone prestó servicios en la Sección Inteligencia 122 de Paraná, dependiente del Destacamento de Inteligencia 122 de Santa Fe, a su vez dependiente del Segundo Cuerpo del Ejército con asiento en Rosario. Durante 1976 “se encontraba en apoyo del Comando de la Segunda Brigada Blindada” de la capital entrerriana, tal lo que informó a la Justicia el Comando local del Ejército, además de aportar para la causa los datos personales del imputado y las fotocopias autenticadas de su ficha individual.
“Entiendo que se mantiene a la fecha lo considerado en cuanto a que, según las constancias arribadas a la causa, puede sostenerse razonablemente que se cuenta con una acreditación básica suficiente respecto de los hechos delictuosos sometidos a investigación, como para sustentar procedente la imputación y citación de Paúl Alberto Navone, requerida por el señor fiscal, bajo su eventual actuación en calidad de autor de los delitos denunciados e investigados”, sostuvo la jueza en el llamado a declaración.
Los hechos investigados están encuadrados en los artículos 139 inciso 2 (alteración de identidad de un menor) y 146 (sustracción de un menor del poder de sus padres), ambos del Código Penal. Navone está domiciliado en Calle Pública sin número de La Granja, una localidad ubicada en las sierras cordobesas. Para tomar los recaudos correspondientes, ya a principios de este mes Galizzi libró oficio a la Policía Federal para que lo identifique en cinco juegos completos de fichas dactiloscópicas y efectúe un “informe de vida y costumbres”. También se estableció su estado patrimonial, con elementos de valoración para que se fijen honorarios, en caso de corresponder.
Se espera que Navone aporte datos sobre qué sucedió con los hijos mellizos que habría dado a luz Raquel Negro en el Hospital Militar de Paraná, hacia mediados de 1978, ya que integró el grupo de tareas que la trajo desde Rosario y permaneció con ella durante el cautiverio en la institución de Avenida Ejército, según lo que declaró en noviembre pasado el ex agente de Inteligencia Eduardo Tucu Costanzo.

AFADER agradece las muestras de apoyo recibidas ante las amenazas y los agravios contra Estela de Carlotto

* HIJOS Regional Córdoba: Compañeros y compañeras, además de sumarnos al repudio de las amenazas de los cagones de siempre, desde H.I.J.O.S. Regional Córdoba en la Red Nacional, nos sumamos al pedido de exigencia a las instituciones públicas para que tomen todas las medidas necesarias para, por un lado, proteger a quienes luchan por los derechos humanos y, por otro, para enjuiciar y condenar, de una vez por todas, a quienes se esconden tras las cortinas de la impunidad para no ser juzgados por las atroces violaciones a los derechos humanos que cometieron.
Un abrazo solidario, mucha fuerza en el camino hacia la victoria y la libertad.

* Secretaría de Derechos Humanos Buenos Aires: La Secretaría de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires adhiere al repudio que realiza AFADER por las declaraciones que realizara el señor Rubén Almará hacia la señora Estela Barnes de Carlotto, asimismo tomamos los dichos para seguir más fuertes en la lucha.
Por memoria, verdad y justicia. Sara Derotier de Cobacho, secretaria.

* Área de Derechos Humanos de la UADER: El equipo de Derechos Humanos de la UADER adhiere al comunicado de AFADER repudiando las declaraciones y actitudes del presidente del Consejo Departamental del PJ de Paraná, Rubén Almará, efectuadas y realizadas durante la visita de la presidente de la Abuelas de Plaza de Mayo Estela Barnes de Carlotto.
La valiente denuncia de un grupo de militantes peronistas y familiares de desaparecidos entrerrianos, que entregaron a la señora de Carlotto en Tribunales la desgrabación de las declaraciones, permitieron que el país se enterara de tamaña vergüenza para la ciudadanía de Paraná en general. A ellos nuestras gracias porque quienes menos figuran en los medios y en los escenarios públicos, con su compromiso y coherencia vuelven a poner blanco sobre negro este lado oscuro del poder político.
Como testigos de la irrupción de este irresponsable tratando de empañar el acto de homenaje en la Gobernación, consideramos no es un incidente menor.
También nos solidarizamos con María Luz Piérola y Carlos Guastavino ya que en radio La Voz, el día viernes en el programa de la mañana conducido por este señor Almará se efectuaron amenazas al aire a la profesora de la UADER e integrante de AFADER María Luz Piérola y a Carlos Guastavino militante y familiar de desaparecidos quien fuera uno de los aportantes de pruebas ante Carlotto. Es una muestra más que la impunidad necesita límites y los poderes constituidos deben actuar en consecuencia.
Alejandro J. Richardet, Programa Educar en Derechos Humanos (UADER).

* Vientos del Pueblo. Estamos conmovidos por todo lo que ha pasado, gozosos porque una vez más la fuerza del pueblo ha logrado desplazar a uno de los representantes más funestos nada más y nada menos que de un cargo de conducción partidaria.
Su discurso es el que aún predomina en algunos núcleos retrógrados y fascistas, sabemos también que muchos lo callan pero piensan parecido.
Para los compañeros hoy amenazados, nuestra queridísima Nechi Piérola y al Mono con peluca Guastavino, sólo decirles que cuenten con nosotros, que acá estamos pa’ lo que gusten mandar…
Estas amenazas sólo logran enaltecer a aquellos que las reciben, como han sido las pasadas en los casos de Mencho y Carmen Germano, y son solo intentos estériles de frenar una lucha digna de tantos años que hoy está rindiendo sus frutos.
Por todos los milicos y civiles cómplices que aún faltan meter presos; por todos nuestros hermanos que faltan encontrar; por justicia y memoria
La Vientos del Pueblo los saluda con todo afecto y con toda la fuerza militante.

APDH La Plata: La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos La Plata adhiere al comunicado de AFADER y de la misma manera repudia las declaraciones de Rubén Almará, exigimos la retractación de sus dichos y calumnias que atentan contra la verdad irrefutable de lo sucedido durante la ultima dictadura cívico-militar.
Por Mesa Directiva, doctora Alicia Peralta, secretaria de Organización.

* Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos Regional Mendoza: El MEDH Regional Mendoza, enterado de las amenazas recibidas por las compañeras Carmen Germano y María Luz Piérola, repudia enérgicamente este hecho que es uno más en la cadena desatada por la impunidad que aún reina en nuestro país.
Es perentorio que la justicia avance a un ritmo más acelerado en todo el país y que las causas donde ya hay imputados y procesados tengan sentencias firmes. Porque los familiares de los desaparecidos y los demás organismos de derechos humanos seguiremos firmes en la lucha por la verdad y la justicia, lucha que ya lleva más de 30 años.
Por los 30.000 compañeros desaparecidos; por la memoria, la verdad y la justicia.
Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos Regional Mendoza.

Y siguen las adhesiones…

Un marino entrerriano preso por la Masacre de Trelew contó como fusilaron a los presos políticos en 1972

El cabo Carlos Amadeo Marandino (foto superior) declaró, ante el juez que investiga la Masacre de Trelew, que en 1972 la Marina le ordenó dar información falsa para encubrir el fusilamiento de dieciséis presos que estaban detenidos en la base aeronaval Almirante Zar, tras el intento de fuga del penal de Rawson -entre ellos el entrerriano Alfredo Elías Kohon-. También contó que los ejecutores de la matanza “olían a alcohol” y que luego le ordenaron “verificar el estado de los cuerpos”. Además, el entrerriano que se encuentra detenido dijo que en octubre de 2007 fue citado al Edificio Libertad para hablar de la causa judicial.
En 1972 la Armada Argentina ordenó a sus oficiales formular declaraciones con información falsa con el fin de encubrir el fusilamiento de dieciséis presos políticos indefensos y respaldar la versión oficial del “intento de fuga” en la base aeronaval Almirante Zar, según declaró el marino entrerriano Carlos Amadeo Marandino, que fue quien abrió las puertas de los calabozos.
El dirigente entrerriano de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR) Alfredo Elías Kohon fue uno de los masacrados en Trelew. Había nacido el 22 de marzo de 1945, tenía 27 años, estudiaba ingeniería en la Universidad de Córdoba y trabajaba en una fábrica metalúrgica. Formó parte de los comandos Santiago Pampillón y fue fundador de las FAR local, donde militó hasta que fue detenido el 29 de diciembre de 1970.
Entrerriano, 58 años, chofer del agregado naval en Washington hasta diciembre de 2004, Marandino es el cuarto oficial de la Armada detenido por el juez federal Hugo Sastre, el tercero que aceptó declarar y el primero que rompió el pacto de silencio tan caro a los sentimientos de la familia naval. El cabo adelantó su retorno de los Estados Unidos cuando supo que se había librado su orden de detención. Se entregó manso en Ezeiza, fue trasladado a Chubut y el miércoles habló durante cinco horas.
El 16 de agosto de 1972, cuando los guerrilleros fugados del penal de Rawson fueron encerrados en calabozos de la base Zar, hacía seis días que Marandino había llegado. Tenía 22 años, era un cabo raso de Infantería pero cumplía funciones de marinería. Le tocó cubrir cuatro guardias, con compañeros distintos. La tercera fue el 21 de agosto. La última comenzó a la medianoche del 22. La formaban un oficial y cuatro o seis personas que portaban pistolas 45. Otros dos oficiales quedaban detrás de un biombo, sentados, con dos ametralladoras. Un guardia se asomaba cada quince o veinte minutos por las mirillas de los calabozos y “de vez en cuando venían señores oficiales de Infantería a dar recorridas”.
Los presos no hablaban. Se comunicaban por señas o golpes en las paredes. Para ir al baño salían custodiados por dos personas. Lo mismo para comer. Al comienzo comían en grupos de dos o de tres. En su declaración, Marandino afirmó que “nunca hubo ningún problema”con los detenidos durante sus guardias y que “siempre había silencio”.
“Era todo normal” hasta las 3.15 de la madrugada, cuando ingresaron “los señores oficiales”. Eran cinco. “Caminaban bien, se expresaban bien, pero olían a alcohol”, subrayó. Dos vestían pantalón blanco y chaqueta azul, que identifican a “los navales, de marinería o de aviación naval”. Los otros tres, incluido uno robusto, uniforme verde oliva, color de los infantes de Marina.
“Estos señores oficiales parecía que venían un poco tomados de copas (sic). Me ordenaron desarmarme. Pensé que me había mandado alguna macana, entregué mi arma como me lo ordenaron”, contó. Un verde oliva le entregó las llaves de los calabozos y le ordenó abrirlos. “Abrí los calabozos y no mencioné nada. No los desperté”, aclaró. “Una vez cumplida la orden, me ordenaron que me retirara. Dije ‘sí, señor’ o ‘comprendido, señor’”, detalló.
Después escuchó que los detenidos cantaban el Himno Nacional. De inmediato “se escuchaba como que hablaban muy fuerte, muchos gritos”, hasta que “alguien gritó ‘¡se quieren escapar!’”. Después escuchó disparos de ametralladora, dos ráfagas, una pausa y disparos aislados de pistola calibre 45. Cuando la balacera concluyó, el capitán Luis Emilio Sosa le ordenó “verificar el estado de los cuerpos”. Pese a su “estado de shock”, intentó acatar la orden. “Se sentía el olor a pólvora, había humo. Los vi en el centro del pasillo. Se sentían muchos quejidos de dolor”. Los fusiladores estaban ahí. “En ningún momento se fueron”.
“Hice dos o cuatro pasos y regresé. Temí por mi salud, por el shock de ver los cuerpos. Entregué mi armamento muy nervioso y confuso”. Luego “me llevaron a la enfermería y ahí me desperté en horas de la tarde. Me dieron un sedante para tranquilizarme. Era el más moderno de los militares”, agregó.
Recién al concluir su relato Marandino identificó a “los señores oficiales”: capitán Luis Emilio Sosa, capitán Raúl Herrera, teniente Emilio Del Real y teniente Carlos Guillermo Bravo. Los cuatro “portaban las dos armas: pistola calibre 45 y pistola ametralladora PAM”, detalló. Herrera está fallecido, Sosa y Del Real detenidos y Bravo es hasta ahora el único prófugo de la causa. Vive en Miami y es dueño de RGB Group Inc., firma que lleva sus iniciales, factura millones de dólares y provee de servicios a las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos.
Marandino también declaró que “dos o tres días después” de la masacre “me informaron que debía manifestar la fuga de estas personas y a su vez que el señor capitán Sosa había sido golpeado por estas personas”, para la elaboración del sumario interno de la Armada, recordó que su declaración transcurrió en Bahía Blanca y que nunca obtuvo copia de su testimonio. El sumario no está agregado a la causa porque se habría quemado en un incendio. Se sabe, en cambio, que estuvo a cargo del capitán de navío retirado Jorge Enrique Bautista. El fiscal Fernando Gélvez ya solicitó que no se lo cite a prestar declaración testimonial sino indagatoria. Bautista tiene ochenta y un años.
En mayo de 1973, Marandino fue enviado en comisión a Estados Unidos, hasta diciembre de 1975. Allí ascendió a cabo primero. “Me retiraron en 1975”, concluyó. Pese a los treinta y dos años transcurridos, en octubre pasado la Armada lo citó al Edificio Libertad. Lo recibieron el capitán de fragata Ángel Vázquez, de la Secretaría General Naval, y el capitán de navío Juan Martín Poggi, oficial de Inteligencia y subsecretario de Relaciones Institucionales. Le informaron que se había reabierto la causa y que “posiblemente iba a tener alguna mención (sic) de su supuesta intervención”. Poggi le anticipó que “quizás habría novedades después de las elecciones” y le dijo que lo mantendría informado. Le entregaron sus tarjetas, tomaron nota de cómo ubicar a su abogado Roberto Aguiar, pero nunca más se comunicaron.

Fuente: Página/12

Repudiamos las amenazas contra integrantes de AFADER

Ante las amenazas recibidas por nuestros compañeros Carmen Germano, María Luz Piérola y Carlos Guastavino, queremos manifestar nuestro más enérgico repudio y exigir al Estado y a la Justicia que hagan lo que tienen que hacer.
Los personajes de siempre, serviles y funcionales a los genocidas, siguen operando como en los peores años que ha vivido nuestro país.
Esto es porque aún caminan impunes por las calles, porque los que están imputados y procesados aún no tienen sentencias, ya que las causas no avanzan o mejor dicho no las quieren avanzar. Porque hay muchos autores y cómplices que aún ni siquiera están denunciados.
Creemos que el Estado debe investigar a cada uno de los responsables de estas amenazas a estas dos luchadoras integrantes de nuestra Asociación, como así también a los de las amenazas recibidas por el compañero Carlos Guastavino y de todas las que han ocurrido en nuestra provincia, para conocer con nombre y apellido a los cobardes que siguen actuando en la oscuridad.
Tenemos la convicción de que la lucha, que es la que hemos demostrado en estos últimos 30 años, la verdad y la justicia, son las armas con las cuales vamos a poder encarcelar a cada uno de los asesinos y garantizar que el pueblo comience a gestar el ideal que soñaron los 30.000 compañeros que dieron sus vidas por un país más justo para todos y con igualdad de oportunidades.
Por los 30.000 compañeros.
Por Memoria, Verdad y Justicia.

Primera vez una hija de desaparecidos es querellante en el juicio contra sus apropiadores

Comenzó este martes el juicio contra un militar y un matrimonio civil por sustracción de una menor de edad, falsificación de documento público y supresión de identidad de una hija de desaparecidos durante la última dictadura. El capitán José Berthier (foto superior) está acusado de entregar a María Eugenia Sampallo Barragán al matrimonio compuesto por Osvaldo Rivas y María Cristina Gómez Pinto, que también serán juzgados. Esta es la primera vez que una nieta recuperada por Abuelas de Plaza de Mayo será querellante en el juicio por su apropiación ilegal. La chica nació en febrero de 1978 y el parto fue asistido por el médico paranaense Julio César Cáceres Monié (foto inferior).
El capitán del Ejército Enrique José Berthier y el matrimonio compuesto por Osvaldo Rivas y María Cristina Gómez Pinto deberán comparecer ante el Tribunal Oral Federal Número 5. Al matrimonio se le imputa haber participado en la sustracción de María Eugenia Sampallo Barragán de las manos de sus padres, de haber participado en su ocultación y retención, de participar en la falsificación ideológica de la partida de nacimiento con la que se inscribió a la joven como su hija biológica y con la que se obtuvo su documento nacional de identidad falso, suprimiendo así el estado civil y la identidad. A Berthier se lo acusa de los mismos delitos, así como también de haber participado en la falsificación ideológica del certificado de nacimiento suscripto por el médico militar Julio César Cáceres Monié.
Hija de los desaparecidos Leonardo Rubén Sampallo y Mirta Mabel Barragán, la menor fue inscripta como hija propia por el matrimonio con el nombre María Eugenia Violeta Rivas, con fecha de nacimiento 7 de mayo de 1978, aunque había nacido en febrero. Sus padres fueron secuestrados el 6 de diciembre de 1977 de su casa en Capital Federal. Mirta tenía un hijo de tres años de otra pareja -que fue dejado en custodia de su abuelo paterno- y llevaba un embarazo de seis meses. La pareja tenía una actividad gremial: Leonardo en Astilleros de La Plata y Mirta en la fábrica SIAP también en la capital bonaerense.
Según el abogado de Abuelas de Plaza de Mayo, Tomás Ojea Martínez, en el juicio se intentará demostrar que Berthier -un militar retirado cuyo nombre figura en los legajos de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep)- fue quien entregó la niña al matrimonio, después de haberla retenido durante un tiempo. “El nombre Violeta es el mismo que el de la esposa del militar y está comprobado que ninguno de los matrimonios podía tener hijos”, informó el letrado que acotó que en el juicio se sumará el testimonio de la joven que referirá que su apropiadora le decía “a vos te trajo Berthier”.
En 1980 Abuelas de Plaza de Mayo recibieron la denuncia de la desaparición de Mirta Mabel Barragán y su compañero Leonardo Sampallo realizada por Azucena Flora Martín de Barragán. En 1989 se recibieron en la institución denuncias anónimas sobre una criatura apropiada por un matrimonio que la había inscripto como hija propia, lo que motivó una extensa investigación para recopilar las circunstancias y el posible origen de la niña. A su vez, María Eugenia sabía desde los siete años que era hija adoptiva de Osvaldo Rivas y María Cristina Gómez Pinto. En ese momento, se dio intervención al Poder Judicial de la Nación desde la Procuración General y se realizaron los análisis inmunogenéticos, pero los resultados no fueron positivos.
La identidad de María Eugenia Sampallo Barragán comenzó a revelarse cuando a mediados de 2000, y ante las dudas sobre su origen que cotidianamente se planteaba, se acercó a la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (Conadi) y luego a Abuelas de Plaza de Mayo. El 24 de julio del 2001 el informe del Banco Nacional de Datos Genéticos que confirmó que María Eugenia es hija de Mirta Barragán con una probabilidad del 99,99 por ciento, y cuando meses después se obtuvieron muestras de los hermanos de Sampallo se confirmó la filiación paterna. Era la nieta recuperada número 72.
La partida de nacimiento fue firmada por el médico paranaense Julio César Cáceres Monié, hermano del general Jorge Esteban Cáceres Monié, asesinado en diciembre de 1975 en Villa Urquiza. El teniente coronel falsificó los certificados de nacimiento de Claudia Victoria Poblete Hlaczik, María Eugenia Sampallo Barragán y Alejandro Sandoval Fontana -hijo de los entrerrianos Pedro Sandoval y Liliana Fontana-. . Los padres de todos ellos pasaron por el circuito de centros clandestinos de detención conocido como ABO: Club Atlético, El Banco y El Olimpo. El Tordo, tal como se lo conocía, murió en 1980.
Para que este sea el primer juicio en el que la víctima de robo de bebés se presente como querellante se conjugaron varios elementos, entre los cuales Ojea Martínez destacó la actitud de los fiscales en la causa contra Berthier que acusaban a la joven de falso testimonio y que motivaron la intervención de Abuelas de Plaza de Mayo. Además, la defensa del militar había solicitado al tribunal que se realizara un nuevo examen de ADN a la joven, poniendo en peligro su derecho a la identidad y el de todos los nietos restituidos.
“María Eugenia entiende que sus apropiadores no están arrepentidos y que no piensan dar información y por eso decide ser querellante. Esa es una actitud histórica de los apropiadores, que se agrava cuando no hay reparación del delito, es decir cuando se oculta información”, explicó Ojea Martínez como otra razón.
Asimismo, remarcó que “la apropiación de niños es un delito de lesa humanidad y como tal tiene una gravedad que muchas veces queda diluido. La sustracción es una forma de hacer desaparecer a la persona, y en el caso de María Eugenia significó que estuviera 25 años continuando la misma situación de desaparecida que sus padres” en el intento de buscar atenuantes, pero que, aún así, “el origen tiñe todo lo demás de ilegitimo”.
El capitán Berthier se encuentra detenido en Campo de Mayo, mientras que el matrimonio de Osvaldo Rivas y María Cristina Gómez Pinto afronta el proceso en libertad. Las audiencias se extenderán hasta el miércoles 5 de marzo, por lo que la sentencia se conocería a mediados del mes próximo.

Citaron a declarar al ex agente de Inteligencia Paul Navone en la Causa Hospital Militar

La jueza federal de Paraná, Myriam Galizzi, citó a prestar declaración indagatoria al ex teniente primero Paul Alberto Navone, en el marco de la investigación por robo de bebés nacidos en el Hospital Militar de Paraná, durante la última dictadura. Navone fue citado para el lunes 25 de febrero y, según lo que dijo el ex represor Eduardo Tucu Costanzo, podría aportar datos sobre qué sucedió con los hijos mellizos de Raquel Negro, ya que sería uno de los integrantes de la patota que la trajo desde Rosario a dar a luz a la capital entrerriana y permaneció con ella durante el cautiverio en el predio de Avenida Ejército al final.
El mayor Navone integraba el Servicio de Inteligencia del Segundo Cuerpo del Ejército -al igual que Costanzo-. La jueza Galizzi consideró que existen pruebas suficientes sobre su vinculación con los hechos que se investigan, sucedidos en 1978, como para llamarlo a indagatoria. Inclusive, no se descarta que tras brindar testimonio, Navone quede detenido.
En su declaración como testigo en la causa, Costanzo precisó que Raquel Negro fue trasladada a Paraná para dar a luz “por ser el único Hospital Militar de la zona”. También dijo que creía que del operativo había estado a cargo “el mayor Navone, del Hospital Militar de Paraná” y que estaba coordinado por Marino González “que era el que organizaba las guardias. Navone era el segundo jefe, pero no era médico, y es quien recibe a esta persona como sobrina del general (Leopoldo Fortunato) Galtieri, por lo que entiendo que aquí todos creían que era verdad”.
Con estos elementos, se sospecha que en breve, la jueza también podría citar como imputado al propio teniente coronel Marino González. En sus recientes declaraciones a la prensa, Costanzo aseguró que “el que manejaba todo ahí (en el centro clandestino de detención La Calamita, de Rosario) era el teniente coronel Marino González, que vive en Santa Fe, y le dicen Pepe”.
Además, se espera que surjan datos para conocer cuál fue el destino final de los mellizos que tuvo Raquel Negro. La versión de Costanzo es que el varón nació muerto, aunque esto se contradice con testimonios de ex trabajadores de una clínica privada de neonatología de Paraná que los atendieron y que señalaron que el chico padecía serios problemas de salud que no habría podido superar. En tanto, la nena habría sido dejada en la puerta de un convento u orfanato de Rosario, por un grupo que integraban el ex agente civil de Inteligencia del Ejército Walter Pagano y el teniente coronel retirado Daniel Amelong, según los dichos de Costanzo.
Hay que recordar que el traslado de Negro a Paraná se realizó mientras se desarrollaba la denominada “Operación México”, por la cual su pareja, Tulio Valenzuela, también detenido, debía viajar a México para asesinar o permitir el asesinato de la cúpula de Montoneros. Sin embargo, una vez en México, Tucho Valenzuela desbarató el operativo y denunció ante la prensa las graves violaciones a los derechos humanos que se cometían en los centros clandestinos de detención de la zona de Rosario. Actualmente, Valenzuela también está desaparecido.