El represor Pascual Guerrieri declaró durante casi tres horas en la causa que investiga el robo de bebés

El represor Pascual Oscar Guerrieri (foto) declaró durante casi tres horas ante el juez federal subrogante de Paraná Gustavo Alfredo Ibáñez, en el marco de la investigación por robo de bebés nacidos en el Hospital Militar durante la última dictadura.
Entre las 16 y las 18.30 “prestó declaración indagatoria con la asistencia de uno de los defensores oficiales”, según informaron fuentes judiciales. Y luego fue trasladado nuevamente al penal de Marcos Paz, donde permanece alojado en el denominado pabellón de lesa humanidad, junto con otros represores.
En la causa está imputado como presunto responsable del delito de sustracción de menores nacidos en el Hospital Militar de Paraná y sustitución de sus identidades. De su dependencia habrían partido grupos de tareas que trasladaban detenidas –hoy desaparecidas– para dar a luz en la capital entrerriana en forma clandestina.
Guerrieri está imputado en varias causas por violaciones a los derechos humanos y en 2006 se le revocó la prisión domiciliaria de la que gozaba tras comprobarse que la había violado al menos en cuatro oportunidades.
El represor es uno de los ex jerarcas del Batallón 601 de Inteligencia que en diciembre del año pasado fue condenado a 20 años de prisión por el secuestro de seis personas en el marco de la contraofensiva de militantes montoneros y por haber formado parte de una asociación ilícita durante la última dictadura. Además, fue jefe del centro clandestino de detención Quinta de Funes durante la última dictadura y era el segundo jefe del Destacamento de Inteligencia 121 en Rosario, cuyos integrantes están imputados en la causa que se investiga en el Juzgado Federal de Paraná.

La Corte Suprema rechazó los planteos de los represores y se podrán comenzar a investigar los crímenes en la Causa “Área Paraná”

La Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazó el planteo de los abogados de los militares imputados en la Causa “Área Paraná” respecto al planteo de inconstitucionalidad de la ley que declaró la nulidad de las leyes de obediencia debida y punto final, por lo que después de casi cinco años el fiscal federal Mario Silva (foto) deberá solicitar formalmente la instrucción.
En el fallo, de sólo una carilla fechado el 29 de abril, el máximo tribunal consideró que “los planteos de los recurrentes promueven el examen de cuestiones sustancialmente análogas” a otras ya tratadas y resueltas, por lo que remitió a los fundamentos de aquellas causas en las que había declarado la validez de la Ley Número 25.779, que anuló las leyes de impunidad.
Del mismo modo, desestimó el “agravio fundado en la afectación de la garantía a obtener un juicio rápido”, dado que “no cumple con el requisito de fundamentación autónoma”. Con este planteo, los imputados se quejaban por el paso de los años sin el inicio del juicio, obviando que la demora obedece en gran medida a las maniobras dilatorias planteadas por sus propios abogados.
La Corte Suprema tenía desde hacía un año el expediente que engloba a la mayor cantidad de denuncias por secuestros, torturas y desaparición de personas durante la última dictadura militar en la provincia.
“Ahora la causa va a volver al Juzgado y finalmente, después de cinco años, empezaría la instrucción”, explicó la abogada querellante Marina Barbagelata.
En la causa está imputados Juan Carlos Ricardo Trimarco, Ramón Genaro Díaz Bessone, Jorge Humberto Appiani, Luis Francisco Armocida, José Anselmo Appelhans, Ramón Oscar Balcaza, Rosa Susana Bidinost, Hugo Mario Moyano, Oscar Ramón Obaid, Alberto Rivas, Manuel Daniel Rodríguez, Carlos Horacio Zapata, Carlos María Cerrillos y Julio Raúl Paredes. También estaban acusados Leopoldo Fortunato Galtieri, José Faustino Fernández, Carlos Patricio Zapata, Constantino Francisco González, Abel Teodoro Catuzzi y Alfredo Ismael Duré, pero han fallecido.

Foto: Análisis Digital.

La Universidad Nacional de Salta homenajeó a Miguel Arra y otros docentes y estudiantes desaparecidos

La Universidad Nacional de Salta rindió homenaje a los profesores y estudiantes desaparecidos durante la dictadura, entre ellos el paranaense Miguel Arra (foto), secuestrado el 24 de junio de 1975. El acto fue organizado por la Asociación de Docentes e Investigadores, que convocó a sobrevivientes, familiares y amigos de las víctimas del terrorismo de Estado.
El acto se desarrolló frente al mural que recuerda a los diecisiete docentes y alumnos asesinados y desaparecidos, en el ingreso al complejo de Campo Castañares en la capital salteña, donde hubo sentidas palabras de investigadores y familiares de las víctimas y luego se realizó un recorrido por las aulas que llevan el nombre, y un retrato, de las víctimas de la represión estatal.
Miguel Ángel Roberto Arra, el Turco había nacido en Paraná el 20 de agosto de 1946, era licenciado en Ciencias Naturales y zoólogo y dictaba clases en la Facultad de Ciencias Naturales, hasta que fue secuestrado el 24 de junio de 1975 en la capital salteña.
En la casa de estudios también se recordó a los docentes Graciela Droz, Silvia Aramayo, Luis Alberto Calou y Raúl Humberto Machaca; y los estudiantes Roberto Oglietti, Carlos Humberto Ceferino García y Nora Saravia de García –que estaban casados–, Pedro José Tufiño, Gregorio Tufiño, Carlos Estanislao Figueroa, Héctor Alberto Oliva, Ana María Caballero Cuellar, Hilda Yolanda Cardozo, Carlos Alberto Rivera, Silvia Sáez de Vuistaz y el boliviano Nils Alfredo Cazón Coria.
Este año el Consejo Superior de la Universidad Nacional de Salta aprobó que la institución se presente como querellante en la causa en la que se investigan estas desapariciones.

Por los cortes de rutas, el represor Jorge Fariña no pudo declarar en Paraná

El represor Jorge Alberto Fariña, que debía declarar en Paraná por el robo de bebés durante la última dictadura, no llegó a la audiencia debido a que el camión que lo trasladaba desde la unidad penal de Marcos Paz quedó varado en uno de los cortes de ruta de los productores agropecuarios, por lo que la jueza federal Myriam Galizzi deberá fijar nueva fecha para que preste declaración indagatoria.
El teniente coronel Fariña formaba parte del Servicio de Inteligencia del Ejército y está imputado en la causa en la que se investiga el robo de los bebés que habría dado a luz Raquel Negro en el Hospital Militar de Paraná, en 1978.
Actualmente está detenido en la cárcel de Marcos Paz, acusado por su rol como integrante de la patota de la Quinta de Funes, donde estaba secuestrada Raquel Negro. Fariña se encuentra sujeto a prisión preventiva por su vinculación en los casos de “amenazas, tormentos y desaparición física” en una causa que está en trámite ante el Tribunal Oral Federal Número 1 de Rosario.

El médico Zaccaría admitió que era jefe de terapia intensiva del Hospital Militar cuando Raquel Negro dio a luz

El médico paranaense Juan Antonio Zaccaría admitió que era jefe de la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital Militar de Paraná a mediados de 1978 y dijo haber visto “una incubadora vacía” en la época en que habrían nacido los mellizos que dio a luz Raquel Negro, mientras estaba detenida-desaparecida.
El profesional declaró durante tres horas en el Juzgado Federal de Paraná, adonde había sido citado como imputado por su presunta participación en el nacimiento de bebés durante el cautiverio de sus madres en el Hospital Militar.
La abogada querellante Marina Barbagelata explicó que un día encontró en la sala de terapia intensiva “una incubadora vacía, y que le informaron que un bebé que había nacido con complicaciones había sido trasladado a pediatría, aunque dijo desconocer cuál fue su destino”, comentó a Radio Del Plata.
El profesional corroboró los testimonios de otras testigos respecto a que Raquel Negro dio a luz a mellizos y que el varón tuvo complicaciones por lo que debió ser derivado a un instituto privado: “Zaccaría indicó que su área de competencia estaba en terapia intensiva y que los bebés habían sido derivados de la maternidad del Hospital Militar”, comentó Barbagelata. Sin embargo, apuntó que “resulta difícil establecer quiénes eran los encargados del servicio de maternidad del Hospital Militar, quiénes eran los ginecólogos, enfermeras y parteras, entre otro personal”.

La Cámara de Diputados debatirá un proyecto para que quienes hayan colaborado con una dictadura no puedan ejercer cargos públicos

La diputada nacional Victoria Donda Pérez (PJ-Capital Federal) presentó un proyecto de ley por el cual se pretende inhabilitar “en forma absoluta y perpetua” a quienes hayan cometido delitos de lesa humanidad o hayan ocupado cargos de ministro, secretario, subsecretario o director nacional durante una dictadura.
La iniciativa apunta a “terminar con los funcionarios responsables y cómplices de la última dictadura” y evitar que se produzcan situaciones como las que ocurrieron en los casos de los represores Antonio Domingo Bussi y Luis Patti, a quienes la Cámara de Diputado impugnó como legisladores, pero que la Justicia dispuso que debieran asumir sus bancas.
Por ello, se pretende inhabilitar para ejercer cargos públicos de cualquier tipo a todos aquellos que hayan cometido delitos de lesa humanidad, y se extiende sobre quienes “existan pruebas suficientes” de haber participado de ese tipo de delitos, y sobre quienes “hayan usurpado” cargos públicos durante la dictadura.
En el escrito, Victoria Donda Pérez –nacida en la ESMA durante el cautiverio de sus padres– expresó: “Veinticinco años de impunidad y el retardo de justicia hicieron que Patti estuviera al borde de asumir una banca de diputado, cuando hace años que debería estar donde está ahora, en la cárcel”.
A través de este proyecto se modificarían varias leyes, a las que deben ser incorporadas las futuras restricciones para ejercer cargos electivos y partidarios. Entre ellas, las leyes del Código Nacional Electoral, la de Partidos Políticos y la de Ética Pública.
Otro artículo incorpora como inhabilidad para ocupar cargos partidarios o electivos a quienes hayan sido condenados por robo, defraudación, estafa, o por “facilitar, promover o encubrir graves violaciones a los derechos humanos”, y se indica que de haber condena, la inhabilitación será “perpetua”.

Fuente: Página/12.

Los organismos de derechos humanos exigimos un eficaz sistema de protección a testigos y ser recibidos por el gobernador

Representantes de organismos de derechos humanos de la provincia manifestaron su preocupación por el secuestro de Juan Evaristo Puthod, quien estuvo desaparecido durante 24 horas. Ante ello exigieron la implementación de un efectivo sistema de protección a testigos en el ámbito provincial ante el avance que han registrado las causas tanto en Paraná como en Concepción del Uruguay. En ese marco, consideraron que hechos como el de Puthod demuestran la gravedad de la situación que están viviendo quienes tienen que atestiguar y por eso volvieron a reclamar que los represores estén presos en cárceles comunes y con prisiones efectivas. En ese marco, volvieron a reclamar ser atendidos por el gobernador Sergio Urribarri (foto), tal como vienen planteando desde octubre pasado sin respuestas, para discutir sobre este tema y la política oficial en el tema, como también la permanencia de funcionarios vinculados a la dictadura en la estructura del Estado. Asimismo, coincidieron en que se trata de un problema “que excede a los ex presos o a las víctimas de la dictadura y que es parte de todos los argentinos”.
María Luz Piérola abrió la conferencia manifestando que “siempre hemos exigido que la garantía para que estos hechos no sucedan y que los juicios sean efectivos, que se lleven a cabo todos los juicios en Argentina y que los genocidas estén en cárceles comunes y con prisión efectiva”, al tiempo que remarcó que “hemos solicitado la protección a testigos, querellantes, abogados y jueces, porque las intimidaciones se han repetido, no son menores y demuestran que los represores siguen siendo fuertes, que siguen estando y que no van a soportar sus prisiones. Entonces debemos contrarrestar esto con una movida colectiva y la exigencia para que de una vez por todas haya juicios para todos los genocidas”. En ese sentido, insistió en el pedido de audiencia con el gobernador Urribarri, ya que “hemos solicitado que nos reciba en forma individual y también en forma colectiva, para trabajar esta política de derechos humanos y un sistema de protección a testigos, porque consideramos que la única forma de protección es que la provincia se haga parte y garantice lo garantice. Pero hasta ahora no hemos tenido respuestas”.
Por su parte, el referente de la Asociación de ex Presos La Solapa Darío Olivera expresó que “los hechos que se han venido sucediendo, primero con Jorge Julio López y ahora con Juan Puthod demuestran la gravedad de la situación que están viviendo los que tienen que atestiguar en las causas por violaciones a los derechos humanos; pero eso nuestra preocupación es que esto siga sucediendo en momentos en que los juicios avanzan”.
Eduardo Ayala, también de La Solapa, acotó que “si bien esto trasciende el ámbito provincial, es bueno remarcar que el objetivo es lograr un contacto con el gobierno porque lamentablemente estamos ante una problemática que está vigente. Nosotros tenemos antecedentes de amenazas, hay procesos iniciados y eso se pondrá más caliente con el tiempo a partir del avance de los juicios. Por eso sería importante tener un contacto con el gobierno para avanzar en la garantía de protección a los testigos”.
En tanto, Cristela Piérola, de Afader, advirtió que “no sólo queremos reclamar al gobierno, sino que pretendemos llegar a toda la sociedad, para que entendamos que esto nos está pasando a todos; es un problema que excede a los ex presos o a las víctimas de la dictadura, sino que es parte de un problema de todos los argentinos y todos debemos hacernos cargo de lo que está pasando”, insistió.
Asimismo, Julián Froidevaux, de H.I.J.O.S. Regional Paraná, remarcó que “los responsables y ejecutores del genocidio se mueven sobre una base de impunidad y en un pacto de silencio que lo mantienen entre todos y no están dispuestos a romperlo. En algunos momentos revienta para el lado de Paúl Navone; pero cuando pueden organizarse mejor, pasa lo que ocurrió con Juan Puthod, Luis Gerez y Jorge Julio López. Quien tiene que responder principalmente es el Poder Judicial en su conjunto, es su deber histórico hacerlo y los jueces federales deben llevar a las cárceles comunes, con prisión perpetua y efectiva a todos los genocidas y sus cómplices”.
Respecto de la forma de implementación de un sistema eficaz para la protección de testigos, querellantes, abogados y funcionarios judiciales, María Luz Piérola remarcó que “la garantía fundamental es que estos tipos estén presos, quitándoles cada vez más el poder que tienen. Pero paralelamente, el Estado debe garantizar las custodias, aunque cada uno tiene derecho a decidir si la quiere o no; además de afinar los detalles para garantizar entre nosotros la seguridad porque estos tipos han demostrado que siguen siendo peligrosos”.
Ayala acotó que “nosotros no estamos en condiciones de desarrollar tareas de inteligencia o contrainteligencia, nuestro objetivo es mantener viva la memoria y con la verdad llegar a la justicia; es el Estado el que debe abusar de todos sus mecanismos para garantizar la seguridad. Otro punto a tener en cuentas es que si hay funcionarios que tienen la ideología de la dictadura, no se puede tener la garantía de que no se cuelen cosas y que no haya una seguridad plena. Por eso, lo primero que hay que hacer es desmantelar este aparato y apartar a esta gente, ellos no pueden participar de los ámbitos de gobierno porque es como tener el zorro dentro del gallinero”.
Olivera coincidió y apuntó además que “estas cuestiones exigen que las autoridades mantengan un diálogo con los organismos de derechos humanos para coordinar cómo se hace efectiva la protección pero hasta ahora no hemos tenido oportunidades para conversar ni siquiera cuál es la política de derechos humanos de este gobierno. Entonces, el Poder Ejecutivo debe hacerse cargo de llevar adelante una política concreta de derechos humanos, protección a testigos y aceleración de las causas”.
Hacia fines de 2006, Piérola fue amenazada por carta y un automóvil estuvo apostado en la puerta de su casa. Sin embargo, la dirigente señaló que “no sólo no se llegó nada sino que la causa se archivó y se desarchivó nuevamente por pedido de Jorge Auat (titular de la Unidad de Coordinación y Seguimiento de las causas). Evidentemente, también en el Poder Judicial hay cómplices de la dictadura. Pero aquí no hay una custodia en serio, porque se ponen por un período y luego se sacan”.
En ese sentido, comentó que el propietario del automóvil que estuvo apostado en su casa es el sargento Carlos Roberto Piriz, uno de los militares que está siendo juzgado en Corrientes por su actuación en el centro clandestino de detención que funcionó en el Regimiento de Infantería 9 de la capital provincial. “Esto demuestra que no es casual lo que pasó, que los tipos siguen operando, que mantienen sus conexiones en todos los puntos del país y que manejan un dinero importante para hacer este tipo de cosas”.
En el mismo sentido, el abogado de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, José Iparraguirre, manifestó que “los organismos de derechos humanos no pueden sino presionar públicamente y reclamar al Estado para que tome las medidas que debe tomar, pero la responsabilidad principal de dar seguridad es del Estado. La detección de focos neonazis, fascistas y pro-dictadura que existen en la provincia es parte de una tarea de inteligencia que debe desarrollar el Estado a través de la policía o de los mecanismos administrativos y también del poder Judicial, para detectarlos y desmantelarlos”, y agregó que “claramente se ve un avance de sectores de derecha y reaccionarios que demuestran que pueden hacer actos como el de Puthod en la provincia de Entre Ríos, porque las prácticas aquellas se reproducen hoy en casos de gatillo fácil, apremios ilegales, abusos, amenazas constantes a los sectores populares y la ideología es la misma que tenía la dictadura”.
Por último, Olivera destacó que “la sociedad argentina ha ido avanzando en todos estos años en la comprensión de lo que fue el genocidio y el terrorismo de Estado. Pero también existen sectores de la sociedad exigen dejar de lado esto porque se trata de hechos del pasado, pero creo que hechos como el que le ocurrió a Puthod demuestran la vigencia y la actualidad de estos temas. Desde los organismos de derechos humanos y desde el conjunto de la sociedad debemos controlar que este tipo de hechos no ocurran, porque queremos evitar tener que actuar sobre los hechos consumados y tener una actitud de prevención y custodia sobre quienes deben declarar en las causas”.
De la convocatoria también participaron la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (AGMER), la Central de Trabajadores Argentinos (CTA), el equipo de derechos humanos de la Universidad Autónoma de Entre Ríos (UADER), la Facultad de Ciencias de la Gestión de la UADER, el Partido Comunista y el Centro de Estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Educación.