Cronograma de actividades durante la Semana de la Memoria

* Domingo 16
A las 18 se realizará una mateada en la Plaza Juan Carlos Gómez Sosa, del barrio AATRA de Paraná. Organiza: H.I.J.O.S. Regional Paraná.

* Lunes 17
-A las 20 se proyectará un documental sobre Jorge Julio López, el testigo del juicio contra Miguel Etchecolatz que se encuentra desaparecido. El film se exhibirá frente a los Tribunales Federales de Paraná, en calle 25 de Mayo 256. Organiza: Multisectorial de Derechos Humanos.

* Miércoles 19
-A las 12 se realizará un homenaje a los militantes montoneros Juan Alberto Beto Osuna y Carlos José María Fernández, asesinados el 25 de septiembre de 1976 en Paraná. El acto se desarrollará en la casa que fue acribillada a balazos por las fuerzas de seguridad conocida como La Tapera, en calle Rondeau 1936 de Paraná. Organiza: Subsecretaría de la Juventud.
-A las 21 se exhibirá el film Trelew, la fuga que fue masacre, de Mariana Arruti. El film se proyectará en la sala del Centro Cultural y de Convenciones La Vieja Usina de Paraná, sita en calle Gregoria Matorras 861, con entrada libre y gratuita. Organizan: Subsecretaría de Derechos Humanos y Centro Cultural y de Convenciones La Vieja Usina, con la colaboración del Instituto Audiovisual de Entre Ríos.

* Jueves 20
-A las 20 se exhibirá el video sobre la realización del mural en homenaje al militante social Ramón Héctor Pichón Sánchez, en Avenida Ejército, en el barrio La Pasarela de Paraná.
-A las 20 se proyectará El Golpe, cronología de una conspiración, documental realizado por la Dirección Nacional de Juventud, en el Salón Eva Perón, sito en calle Andrés Pazos 35, de Paraná. Organiza: Subsecretaría de la Juventud.
-A las 21 se exhibirá el film 24 de marzo, del horror a la esperanza, realizado con el auspicio de la Secretaría de Medios de la Nación. El film se proyectará en la sala del Centro Cultural y de Convenciones La Vieja Usina de Paraná, sita en calle Gregoria Matorras 861, con entrada libre y gratuita.

* Viernes 21
-A las 21 se exhibirá el film Nietos - Identidad y Memoria, de Benjamín Ávila. El film se proyectará en la sala del Centro Cultural y de Convenciones La Vieja Usina de Paraná, sita en calle Gregoria Matorras 861, con entrada libre y gratuita.

* Sábado 22
-A partir de las 19 se realizará el Primer Festival de Música por la Identidad, en el Puerto Nuevo de Paraná, con la actuación de Carlos Negro Aguirre, María Silva, Miguel Zurdo Martínez y Arbolito. Organizan: Abuelas de Plaza de Mayo, Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, AFADER, H.I.J.O.S. Regional Paraná, La Solapa - Asociación de Ex - presos políticos, Grupo Tamvos y la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Municipalidad de Paraná.

* Domingo 23
-A partir de las 19 se realizará el Primer Festival de Música por la Identidad, en el Puerto Nuevo de Paraná, con la actuación de Jorge Fandermole, murga La Malparida, Tamvos, Alfredo Arce, Oscar Pato Sosa, La Clave, Georgina Asma y Actitud María Marta.
-A las 19 se realizará un recital de música que contará con la participación de Los Primos y Martín Pucheta; y habrá también recitado de poesía a cargo de autores locales invitados, en Gualeguaychú. Organizan: Madres de Plaza de Mayo Gualeguaychú, Familiares de detenidos-desaparecidos y Grupo de apoyo, Militantes por la Vida y CCC.

* Lunes 24
-A las 18 se realizará en la plaza principal de La Paz el acto central donde participarán grupos de música y se proyectará un video. Organizan: Delegación departamental de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la provincia de Entre Ríos y la Dirección de Cultura de la Municipalidad de La Paz.
-A las 19 se realizará la concentración en la Plaza Sáenz Peña para la movilización hasta la Plaza Alvear y el acto central, en Paraná. Organiza: Multisectorial de Derechos Humanos.
-A las 19 se realizará la marcha por la Memoria, la Verdad y la Justicia. La concentración tendrá lugar en la Plazoleta de los Derechos Humanos, en Boulevard Yrigoyen y Maipú, paso por el Juzgado Federal y cierre en Plaza Ramírez con recital de música, en Concepción del Uruguay.
-A las 19 concentración en la esquina Rocamora y 25 de Mayo de Gualeguaychú, con movilización por la memoria, la verdad y la justicia hasta el acto central que se realizará en el Teatro Gualeguaychú a partir de las 20. Habrá un panel donde brindarán testimonio las Madres de Plaza de Mayo Gualeguaychú e hijos de desaparecidos. Luego se presentará la obra de teatro de títeres La máquina (para todo público); también habrá un recital de poesía a cargo de Raúl Ingold; Música por la Memoria, con la presentación de David Fernández, Eduardo Goncebat y Nene Bredle. Organizan: Madres de Plaza de Mayo Gualeguaychú, Familiares de detenidos-desaparecidos y Grupo de apoyo, Militantes por la Vida y CCC.
-A las 19.30, en la intersección de las calles Pellegrini y Salta de Concordia, se inaugurará el Mural por la Memoria, en una actividad enmarcada dentro las jornadas oficiales, que se delinearon a partir de la Mesa de Gestión del municipio, donde participaron familiares de desaparecidos, docentes, promotores territoriales para el cambio social.
-A la hora 21 se realizará el acto de inauguración de la muestra 15 tapas, que muestra Diarios de Plaza de Mayo de 1993 a 2008, en la Casa de la Cultura de La Paz. Además, se leerán poesías, hablarán militantes de la década de 1970 y actuará el dúo musical integrado por César Trachitti y Tito Zabala, que harán temas del repertorio tradicional latinoamericano. Organizan: Delegación departamental de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la provincia de Entre Ríos y la Dirección de Cultura de la Municipalidad de La Paz.

* Martes 25
-A las 20.30 se presentará Peón 4 Rey Jaque. Operación Walsh, un documental del director Gustavo Gordillo, en el Museo de Bellas Artes, sito en calle Buenos Aires 361 de Paraná, con entrada libre y gratuita. Luego habrá un panel-debate que contará con la presencia de José Bantar; Eduardo Ayala, presidente de La Solapa - Asociación de Ex - presos políticos; y el profesor Alejandro Richardet, de la UADER. Organizan: Agenda Cultural de Sidecreer, UADER y La Solapa - Asociación de Ex - presos políticos.

* Miércoles 26
-A las 20 se desarrollará una charla-debate sobre derechos humanos, a cargo de Vicente Zito Lema, en el Salón de Actos de la Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales de la UADER, en la Escuela Normal de Concepción del Uruguay, sita en calle Jordana 50.

* Jueves 27
-A las 20 se presentará el CD La escena entrerriana 76-83, un proyecto de investigación realizado por Florencia Penna, Oscar Lesa y Gabriel Cosoy en el marco del Programa Identidad del Consejo Federal de Inversiones, con un relevamiento de experiencias teatrales durante la dictadura militar, en la Casa de la Cultura de Entre Ríos, sita en la esquina de esquina de Carbó y 9 de Julio de Paraná, con entrada libre y gratuita.

* Viernes 28
-A las 10.30 se realizará un panel sobre “Educar en Derechos Humanos”, integrado por integrado por el doctor Enrique Stola, director de la Casa de Entre Ríos en Buenos Aires; el licenciado Alfredo Forti, secretario de Asuntos Internacionales del Ministerio de Defensa de la Nación, que expondrá sobre “Derechos Humanos y Democracia en América Latina”; la doctora Mariana Blengio Valdés, coordinadora de la Cátedra Unesco de Derechos Humanos de la Universidad de la República de Uruguay, que expondrá sobre “La importancia de Educar en Derechos Humanos”; y el profesor Alberto Sileoni, secretario de Educación del Ministerio de Educación de la Nación. También se presentará Daniel Rochi y su grupo musical. El evento tendrá lugar en el Auditorio Amanda Mayor en el Rectorado de la UADER, sito en Avenida Ramírez 1143 de Paraná.

* Sábado 29
-A las 21 se presentará Potestad, una obra de teatro de Tato Pavlosky interpretada por el Grupo Sidharta, con dirección de Félix Gutiérrez en el Auditorio Municipal Arturo Illia de Concepción del Uruguay.

Los represores Amelong y Pagano se negaron a declarar pero dijeron ser inocentes en la causa por robo de bebés

Los represores Juan Daniel Amelong (foto superior) y Walter Salvador Pagano (foto inferior) se abstuvieron de declarar ante la jueza federal Myriam Galizzi, que investiga el robo de bebés nacidos en el Hospital Militar de Paraná durante la última dictadura. Ambos llegaron trasladados desde la cárcel de Marcos Paz, donde cumplen arresto por violaciones a los derechos humanos en Rosario. En el caso de Amelong dijo que prestará testimonio una vez que vea el expediente y conozca las pruebas en su contra; en tanto, Pagano dijo ser inocente.
El teniente coronel retirado y abogado Juan Daniel Amelong está acusado del delito de sustracción de menores y sustitución de identidad, después que su compañero de armas Eduardo Costanzo los señalara como uno de los integrantes del grupo de tareas que trasladó y custodió a la detenida-desaparecida Raquel Negro desde el centro clandestino de detención Quinta de Funes hasta el Hospital Militar de Paraná para que dé a luz entre febrero y marzo de 1978. Según el relato de Costanzo, Amelong y Pagano dejaron a uno de los bebés que tuvo Raquel Negro, una nena, frente a un convento de Rosario.
Amelong es un hombre delgado de 56 años. Vestía un traje negro y llevaba un libro en sus manos esposadas. Lo custodiaban dos efectivos de la Policía Federal que lo acompañaron desde la cárcel de Marcos Paz, donde está detenido por orden de la Justicia Federal de Rosario en el marco de la causa contra el represor Pascual Guerrieri, quien comandaba el centro clandestino de detención Quinta de Funes, imputado por el secuestro y posterior asesinato de 14 militantes montoneros, entre ellos los entrerrianos Oscar Daniel Capella y Miguel Ángel Tosetti y Pedro Retamar.
Ante la jueza, Amelong se abstuvo de declarar argumentando que desconocía el expediente, pero dijo que prestará testimonio una vez que vea cuáles son los elementos en su contra y analice en profundidad los hechos que se le imputan. Sin embargo, fuentes de la investigación dejaron trascender que fuera del despacho de la jueza negó su participación en el hecho. “Además de militar es abogado y por esa razón quería saber cuál era la imputación. Está dispuesto a declarar total y absolutamente”, dijeron fuentes judiciales. En esta causa, es asistido por el defensor oficial Juan Carlos Ferrari.
Juan Daniel El Flaco Amelong fue procesado en junio de 2004 por varios secuestros y desapariciones ocurridas en la Fábrica Militar de Armas Domingo Matheu, donde hoy funciona la Jefatura de Policía rosarina. Está acusado por las desapariciones de Ariel Morandi, Susana Miranda e Hilda Cardozo y la privación ilegítima de la libertad de Ramón Verón, Juan Antonio Rivero, Adriana Arce y Olga Moyano. Además, está acusado por secuestros torturas y desaparición en la Quinta de Funes. En enero, el represor Eduardo Costanzo dijo que Amelong había intentado asesinarlo: “Cuando estaba detenido en el Batallón 121 me quiso matar dos veces. La denuncia está en el Juzgado Federal a cargo de (Germán) Sutter Schneider y no se hizo nada, a pesar de que había testigos como los soldados. Y ahora están buscando cómo me sacan de mi casa para mandarme a una cárcel para que me maten, y me pase lo mismo que le pasó a (Héctor) Febres, porque lo que ellos pretenden es que no llegue al juicio oral”, señaló.
Amelong es también el dueño de la casa donde funcionó el centro clandestino de detención La Intermedia, en la autopista Rosario-Santa Fe. Hasta allí fueron trasladados los detenidos en la Quinta de Funes una vez que se frustró la Operación México, en la que Tulio Tucho Valenzuela -pareja de Raquel Negro y padre de los mellizos que esperaba- debía facilitar el asesinato o encarcelamiento de la cúpula de Montoneros que estaba exiliada en aquel país. Cuando el propio Valenzuela denunció la operación en los medios, los militares decidieron trasladar a los presos políticos desde la Quinta de Funes hasta La Intermedia, donde habrían sido asesinados, según el relato del represor Costanzo.
Al día siguiente fue el turno de Walter Salvador Pagano, quien siguió una estrategia similar a la usada por la mayoría de los imputados por crímenes de lesa humanidad, es decir negó absolutamente los delitos que se le imputan y dijo que es inocente. Ex integrante del Servicio de Inteligencia Destacamento 121 de Rosario también fue imputado luego de que Costanzo lo mencionara como miembro del grupo de tareas que trasladó y custodió a Raquel Negro.
El ex agente de Inteligencia, de 61 años, también está detenido en la cárcel de seguridad de Marcos Paz por disposición de la Justicia Federal de Rosario, al igual que Amelong, por los crímenes cometidos en la Quinta de Funes.
Estuvo 45 minutos reunido con su defensor oficial, Juan Carlos Ferrari, y luego se declaró inocente ante la jueza Galizzi. “Hizo una breve declaración. Contradijo algunas declaraciones que le imputan. Él niega tener participación en los hechos de sustracción (de menores) y sustitución (de identidad). Eso es todo. Se limitó a hacer una breve declaración, pero no contestó preguntas”, contó a la salida de tribunales el defensor oficial. Ferrari también señaló que Pagano negó haber cumplido funciones en la capital entrerriana durante la dictadura: “Dijo que vino como referente de Ítalo Argentino Luder en 1986 y que esta era la segunda vez que estaba acá”.

Carta entregada por los organismos de derechos humanos a la ministra de la Corte Suprema, Carmen Argibay

Los Organismos de Derechos Humanos abajo firmantes, nos dirigimos a Usted y por su intermedio a los demás Señores Ministros de ese Alto Cuerpo, en relación con la causa caratulada “SR. FISCAL SOLICITA EL DESARCHIVO DE CAUSAS QUE TRAMITARON POR ARTICULO 10, LEY 23.049”, con el fin de ponerle de manifiesto nuestra consternación por el tiempo que hace que la mencionada causa se encuentra a disposición de ese máximo tribunal, sin que hasta la fecha, se haya obtenido pronunciamiento judicial.
La razón por la que entendemos que resulta apropiado que como ciudadanos le requiramos el pronto tratamiento de dicha causa, se funda en que el próximo 13 de abril se cumplirá un año desde que las actuaciones llegaron a la órbita de ese tribunal supremo que Usted compone, a efectos de que se expidiera en relación a cuestiones (la prescripción de la acción, validez de las leyes de obediencia debida y punto final, validez de los indultos, cosa juzgada, etcétera) sobre las que la excelentísima Corte Suprema ya ha resuelto en conocidos precedentes como los fallos recaídos en las causas Simón, Arancibia Clavel y Riveros, entre otros.
Señora ministra, huelga explayarnos sobre nuestro añejo reclamo de justicia, postergado a cada paso por las claras maniobras de dilación por parte de la defensa, que han logrado que hasta el día de hoy aún no se haya siquiera comenzado la investigación judicial de los atroces delitos de lesa humanidad acaecidos en nuestra provincia.
A treinta y dos años de los hechos aberrantes del terrorismo de Estado no hay más tiempo para esperar. Es indispensable que la sociedad y las instituciones del Estado den un cierre definitivo al largo camino de impunidad que ha recorrido nuestro país.
En ese marco entonces, le requerimos que arbitre los medios conducentes a la pronta resolución de las cuestiones planteadas ante la Corte Suprema en esta causa, que posibiliten el inmediato juzgamiento de todos los responsables del terrorismo de Estado en Entre Ríos.
Adjuntamos a la presente una impresión del estado de avance del expediente
Sin otro particular, reconociendo su trayectoria y compromiso con la democracia, la saludamos atentamente.

AFADER - Asociación de Familiares y Amigos de Detenidos-Desaparecidos de Entre Ríos.
H.I.J.O.S. Regional Paraná.
La Solapa - Asociación de Ex - presos políticos.

La justicia declaró que la muerte de Cáceres Monié no fue un crimen de lesa humanidad

El juez federal Julián Ercolini desestimó una denuncia planteada por familiares de militares que pretendían declarar como de lesa humanidad a los crímenes cometidos de las organizaciones armadas que actuaron en la década de 1970. Puntualmente, el magistrado declaró que el asesinato del general Jorge Esteban Cáceres Monié (foto) y de su esposa Beatriz Isabel Sasiaiñ no fue delito de lesa humanidad. Ambos fueron muertos el 3 de diciembre de 1975 en un operativo de la Organización Montoneros en la balsa de Villa Urquiza.
El juez sostuvo que los crímenes de lesa humanidad son aquellos cometidos bajo el amparo del aparato estatal y no desde organizaciones armadas clandestinas que no contaron con el apoyo del Estado. Por ello dijo que esos delitos prescribieron y no pueden ser juzgados en la actualidad. En igual sentido se había expresado el fiscal Oscar Amirante.
“Los movimientos vinculados a los grupos organizados señalados no poseyeron el poder estatal, o ejercido su dominio aunque sea sobre un espacio geográfico determinado, ni han tenido el reconocimiento internacional de beligerancia. Entiéndase por dominio aquella capacidad de someter a la población al dictado de normas, con un grado de eficacia general o poder de hecho para aplicarlas”, explicó el juez Ercolini en su resolución. Además, consideró que algunos de los hechos denunciados por Eduardo Sinforiano San Emeterio -a quien se agregaron otros familiares- ya fueron investigados por la Justicia, por lo que “una nueva investigación sería violatoria a la garantía de cosa juzgada y juez natural”, sostuvo.
Los denunciantes habían incluido en su listado de crímenes como el homicidio del ex jefe del Ejército Pedro Eugenio Aramburu, ocurrido en 1970. También se detectó que hubo investigaciones por los homicidios del general Jorge Cáceres Monié y su esposa y el atentado de 1977 contra la Superintendencia de Seguridad Federal, causa en la que fallaron en igual sentido que Ercolini la jueza María Servini de Cubría y la sala I de la Cámara Federal. Por el caso Cáceres Monié fueron encarceladas más de sesenta personas que fueron sometidas a un Consejo de Guerra en 1977 y la mayoría de ellas fueron condenadas, mientras que otros fueron secuestrados y permanecen desaparecidos.

Piden la detención de todo el grupo de tareas acusado del robo de bebés en el Hospital Militar de Paraná

Los abogados querellantes en la causa en la que se investiga el robo de bebés nacidos en el Hospital Militar de Paraná durante la última dictadura, solicitaron que se impute y se cite a prestar declaración indagatoria a once ex integrantes de los servicios de Inteligencia del Segundo Cuerpo del Ejército y que nueve de ellos sean detenidos -los otros dos están presos en Rosario-.
La solicitud fue presentada ante la jueza federal de Paraná, Myriam Galizzi, a partir de la declaración del represor Eduardo Rodolfo Costanzo (foto), y comprende al teniente coronel Marino González, un ex agente del Destacamento 122 de Inteligencia al que se conoce con el alias de Pepe y que viviría en Santa Fe; Walter Salvador Pagano, que está detenido en Rosario; Juan Daniel Amelong, otro represor detenido en Rosario; Daniel Porra, alias El Puma; Ariel López, conocido como Aldo, Andrés Cabrera, que utilizaba el apodo de El Barba; Alberto Enrique Pelliza; Carlos Puccini, alias Carlitos; Francisco Cilabra; una persona de apellido Troncoso, alias Torre; y otra de apellido Ruscoe, al que conocían como Barbeta y estaría viviendo en Posadas. Con excepción de Pagano y Amelong, ya detenidos, se pidió que los otros sean apresados.
Los abogados Marina Barbagelata, Marcelo Baridón y Gamal Taleb argumentaron el pedido de detención por “lo sucedido con Paúl Navone”, quien apareció muerto en la localidad cordobesa de Ascochinga el mismo día que debía declarar en la capital entrerriana, y “con el objeto de evitar que esto se repita, o que con cualquier otra metodología se impida el accionar de la Justicia”.
En la presentación se indicó que la sustracción de los bebés mellizos de la detenida-desparecida Raquel Negro, y la sustitución de su identidad, “no se hubiera podido realizar sin el aporte que al plan específico hicieron” los militares mencionados. Para esto se basó en el testimonio que Costanzo dio como testigo en esta causa y afirmó que el operativo estuvo a cargo del “mayor Navone, del Hospital Militar de Paraná, adonde era trasladada por ser el único hospital militar de la zona, y coordinado por Marino González que era el que organizaba las guardias”. Los otros militares denunciados habrían integrado el grupo de tareas.
Costanzo declaró que todas esas personas, junto a Navone, fueron integrantes del grupo de tareas encargado del traslado de Negro al Hospital Militar de Paraná desde el centro clandestino de detención conocido como Quinta de Funes, de su custodia y control, así como de determinar el destino de los niños luego del parto.
En otro párrafo del escrito se consignó que en la jurisdicción del Ejército correspondiente a Paraná, durante febrero y marzo de 1978, “el principal responsable militar era el general Juan Carlos Ricardo Trimarco, por ser el comandante de la Segunda Brigada de Caballería Blindada”.
También se destacó que el robo de los hijos de Negro “fue un hecho dentro de un plan sistemático, planificado, organizado y dinamizado por Trimarco, en el que a todas las mujeres embarazadas detenidas se les sustraían sus bebés y a ellos se les sustituía su identidad. Trimarco fue el autor mediato de esos delitos, ya que impartía las órdenes a los autores inmediatos o materiales”, es decir, el grupo de tareas cuya detención se solicita.

La Corte Suprema ordenó que dos procesados por la Masacre de Margarita Belén sigan detenidos

Jorge Carnero Sabol y Luis Alberto Patetta, seguirán detenidos acusados de participar de la Masacre de Margarita Belén, en la que fueron asesinados los entrerrianos Raúl Caire, Fernando Piérola y Reinaldo Zapata Soñez, por decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Ambos están acusados de homicidio agravado por alevosía y por el número de partícipes reiterados en once hechos, y por la desaparición forzada de personas, también reiterada.
Con esta decisión, el máximo tribunal dejó firme un fallo de la Cámara Federal de Resistencia, e impidió la liberación de Carnero Sobol y Patetta porque los hechos imputados a los represores constituían delitos de lesa humanidad.
Asimismo, la Corte Suprema consideró “los riesgos procesales que una eventual excarcelación podría provocar y concluyó que la gravedad de la pena conminada en abstracto era una fuerte presunción para suponer que, estando en libertad, podrían eludir dicho accionar”, según informó la agencia de noticias Télam.

El jefe de los fiscales instó a acelerar las causas por violaciones a los derechos humanos durante la dictadura

El procurador general de la Nación, Esteban Righi (foto), ordenó a los fiscales argentinos que se aceleren los trámites en las investigaciones por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar, tal como también lo vienen solicitando los organismos de derechos humanos desde hace tiempo y a los que se ha sumado también el gobierno nacional. Asimismo, les solicitó que eviten procesos que conlleven una “atomización” y el análisis de una “realidad fragmentada” de los casos.
Righi planteó que entre los habituales motivos de demoras se encuentran los planteos de nulidad presentados por las defensas de los militares y civiles imputados en las causas ante distintas instancias de apelación, lo que a veces provoca que las investigaciones se paralicen. En este sentido, el jefe de los fiscales recordó que hay jurisprudencia que establece que “la existencia de recursos pendientes de resolución ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación o la Cámara Nacional de Casación Penal no obsta a la posibilidad de elevar las actuaciones a juicio”.
En otro tramo de su resolución, el procurador general alertó que “la principal consecuencia que debe prevenirse es la de arribar a juicios orales por pocos hechos, circunstancia que implica un claro dispendio jurisdiccional y de recursos humanos y materiales, una evitable exposición de víctimas y testigos, la descontextualización histórica del suceso que se pretende juzgar y, por fin, una prolongación inaceptable de los procesos vistos como una totalidad”.
En la provincia de Entre Ríos, las principales causas iniciadas con el advenimiento de la democracia están paralizadas con resoluciones pendientes de la Corte Suprema que impiden la continuidad de las investigaciones conocidas como “Área Paraná” y “Área Concordia”. De hecho, en casi cuatro años ninguna de las dos ha producido avances porque no se ha realizado el pedido de instrucción formal por diversas trabas procesales.