Paúl Navone no se presentó a declarar en la causa por robo de bebés y fue citado nuevamente para el 3 de marzo

El teniente coronel Paúl Alberto Navone presentó tres certificados médicos a través de los cuales se excusó de prestar declaración indagatoria en el Juzgado Federal de Paraná, en la causa que lo tiene como imputado por su supuesta actuación en el robo de bebés nacidos en el Hospital Militar (foto) durante la última dictadura. El ex agente de Inteligencia argumentó que tuvo un pico de glucemia y se le recomendó reposo por 48 horas, por lo que la jueza Myriam Galizzi fijó como nueva fecha para su comparencia el lunes 3 de marzo próximo. En tanto, los querellantes solicitaron que sea revisado por el profesional del Poder Judicial de la Nación más cercano a su lugar de residencia.
El militar no viajó desde la localidad cordobesa de La Granja -donde reside- alegando problemas de salud, por lo que fue citado nuevamente para el 3 de marzo. Navone envió tres certificados médicos que acreditan que padeció un pico de glucemia ya que desde hace nueve años sufre de diabetes crónica, y se le ordenó un reposo de 48 horas. Los certificados fueron firmados por el Dispensario del Hospital Militar local, por un centro asistencial zonal y por un especialista que lo habría revisado.
En tanto, la abogada querellante Marina Barbagelata indicó que se solicitó que Navone sea revisado por un médico del Poder Judicial de la Nación más cercano a La Granja, y que si se constata que su estado no le impide presentarse a declarar sea detenido en forma inmediata, aunque admitió que la jueza no haría lugar a la petición puesto que ya fijó nueva fecha para su indagatoria.
Navone prestó servicios en la Sección Inteligencia 122 de Paraná, dependiente del Destacamento de Inteligencia 122 de Santa Fe, a su vez dependiente del Segundo Cuerpo del Ejército con asiento en Rosario. Durante 1976 “se encontraba en apoyo del Comando de la Segunda Brigada Blindada” de la capital entrerriana, tal lo que informó a la Justicia el Comando local del Ejército, además de aportar para la causa los datos personales del imputado y las fotocopias autenticadas de su ficha individual.
“Entiendo que se mantiene a la fecha lo considerado en cuanto a que, según las constancias arribadas a la causa, puede sostenerse razonablemente que se cuenta con una acreditación básica suficiente respecto de los hechos delictuosos sometidos a investigación, como para sustentar procedente la imputación y citación de Paúl Alberto Navone, requerida por el señor fiscal, bajo su eventual actuación en calidad de autor de los delitos denunciados e investigados”, sostuvo la jueza en el llamado a declaración.
Los hechos investigados están encuadrados en los artículos 139 inciso 2 (alteración de identidad de un menor) y 146 (sustracción de un menor del poder de sus padres), ambos del Código Penal. Navone está domiciliado en Calle Pública sin número de La Granja, una localidad ubicada en las sierras cordobesas. Para tomar los recaudos correspondientes, ya a principios de este mes Galizzi libró oficio a la Policía Federal para que lo identifique en cinco juegos completos de fichas dactiloscópicas y efectúe un “informe de vida y costumbres”. También se estableció su estado patrimonial, con elementos de valoración para que se fijen honorarios, en caso de corresponder.
Se espera que Navone aporte datos sobre qué sucedió con los hijos mellizos que habría dado a luz Raquel Negro en el Hospital Militar de Paraná, hacia mediados de 1978, ya que integró el grupo de tareas que la trajo desde Rosario y permaneció con ella durante el cautiverio en la institución de Avenida Ejército, según lo que declaró en noviembre pasado el ex agente de Inteligencia Eduardo Tucu Costanzo.

AFADER agradece las muestras de apoyo recibidas ante las amenazas y los agravios contra Estela de Carlotto

* HIJOS Regional Córdoba: Compañeros y compañeras, además de sumarnos al repudio de las amenazas de los cagones de siempre, desde H.I.J.O.S. Regional Córdoba en la Red Nacional, nos sumamos al pedido de exigencia a las instituciones públicas para que tomen todas las medidas necesarias para, por un lado, proteger a quienes luchan por los derechos humanos y, por otro, para enjuiciar y condenar, de una vez por todas, a quienes se esconden tras las cortinas de la impunidad para no ser juzgados por las atroces violaciones a los derechos humanos que cometieron.
Un abrazo solidario, mucha fuerza en el camino hacia la victoria y la libertad.

* Secretaría de Derechos Humanos Buenos Aires: La Secretaría de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires adhiere al repudio que realiza AFADER por las declaraciones que realizara el señor Rubén Almará hacia la señora Estela Barnes de Carlotto, asimismo tomamos los dichos para seguir más fuertes en la lucha.
Por memoria, verdad y justicia. Sara Derotier de Cobacho, secretaria.

* Área de Derechos Humanos de la UADER: El equipo de Derechos Humanos de la UADER adhiere al comunicado de AFADER repudiando las declaraciones y actitudes del presidente del Consejo Departamental del PJ de Paraná, Rubén Almará, efectuadas y realizadas durante la visita de la presidente de la Abuelas de Plaza de Mayo Estela Barnes de Carlotto.
La valiente denuncia de un grupo de militantes peronistas y familiares de desaparecidos entrerrianos, que entregaron a la señora de Carlotto en Tribunales la desgrabación de las declaraciones, permitieron que el país se enterara de tamaña vergüenza para la ciudadanía de Paraná en general. A ellos nuestras gracias porque quienes menos figuran en los medios y en los escenarios públicos, con su compromiso y coherencia vuelven a poner blanco sobre negro este lado oscuro del poder político.
Como testigos de la irrupción de este irresponsable tratando de empañar el acto de homenaje en la Gobernación, consideramos no es un incidente menor.
También nos solidarizamos con María Luz Piérola y Carlos Guastavino ya que en radio La Voz, el día viernes en el programa de la mañana conducido por este señor Almará se efectuaron amenazas al aire a la profesora de la UADER e integrante de AFADER María Luz Piérola y a Carlos Guastavino militante y familiar de desaparecidos quien fuera uno de los aportantes de pruebas ante Carlotto. Es una muestra más que la impunidad necesita límites y los poderes constituidos deben actuar en consecuencia.
Alejandro J. Richardet, Programa Educar en Derechos Humanos (UADER).

* Vientos del Pueblo. Estamos conmovidos por todo lo que ha pasado, gozosos porque una vez más la fuerza del pueblo ha logrado desplazar a uno de los representantes más funestos nada más y nada menos que de un cargo de conducción partidaria.
Su discurso es el que aún predomina en algunos núcleos retrógrados y fascistas, sabemos también que muchos lo callan pero piensan parecido.
Para los compañeros hoy amenazados, nuestra queridísima Nechi Piérola y al Mono con peluca Guastavino, sólo decirles que cuenten con nosotros, que acá estamos pa’ lo que gusten mandar…
Estas amenazas sólo logran enaltecer a aquellos que las reciben, como han sido las pasadas en los casos de Mencho y Carmen Germano, y son solo intentos estériles de frenar una lucha digna de tantos años que hoy está rindiendo sus frutos.
Por todos los milicos y civiles cómplices que aún faltan meter presos; por todos nuestros hermanos que faltan encontrar; por justicia y memoria
La Vientos del Pueblo los saluda con todo afecto y con toda la fuerza militante.

APDH La Plata: La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos La Plata adhiere al comunicado de AFADER y de la misma manera repudia las declaraciones de Rubén Almará, exigimos la retractación de sus dichos y calumnias que atentan contra la verdad irrefutable de lo sucedido durante la ultima dictadura cívico-militar.
Por Mesa Directiva, doctora Alicia Peralta, secretaria de Organización.

* Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos Regional Mendoza: El MEDH Regional Mendoza, enterado de las amenazas recibidas por las compañeras Carmen Germano y María Luz Piérola, repudia enérgicamente este hecho que es uno más en la cadena desatada por la impunidad que aún reina en nuestro país.
Es perentorio que la justicia avance a un ritmo más acelerado en todo el país y que las causas donde ya hay imputados y procesados tengan sentencias firmes. Porque los familiares de los desaparecidos y los demás organismos de derechos humanos seguiremos firmes en la lucha por la verdad y la justicia, lucha que ya lleva más de 30 años.
Por los 30.000 compañeros desaparecidos; por la memoria, la verdad y la justicia.
Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos Regional Mendoza.

Y siguen las adhesiones…

Un marino entrerriano preso por la Masacre de Trelew contó como fusilaron a los presos políticos en 1972

El cabo Carlos Amadeo Marandino (foto superior) declaró, ante el juez que investiga la Masacre de Trelew, que en 1972 la Marina le ordenó dar información falsa para encubrir el fusilamiento de dieciséis presos que estaban detenidos en la base aeronaval Almirante Zar, tras el intento de fuga del penal de Rawson -entre ellos el entrerriano Alfredo Elías Kohon-. También contó que los ejecutores de la matanza “olían a alcohol” y que luego le ordenaron “verificar el estado de los cuerpos”. Además, el entrerriano que se encuentra detenido dijo que en octubre de 2007 fue citado al Edificio Libertad para hablar de la causa judicial.
En 1972 la Armada Argentina ordenó a sus oficiales formular declaraciones con información falsa con el fin de encubrir el fusilamiento de dieciséis presos políticos indefensos y respaldar la versión oficial del “intento de fuga” en la base aeronaval Almirante Zar, según declaró el marino entrerriano Carlos Amadeo Marandino, que fue quien abrió las puertas de los calabozos.
El dirigente entrerriano de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR) Alfredo Elías Kohon fue uno de los masacrados en Trelew. Había nacido el 22 de marzo de 1945, tenía 27 años, estudiaba ingeniería en la Universidad de Córdoba y trabajaba en una fábrica metalúrgica. Formó parte de los comandos Santiago Pampillón y fue fundador de las FAR local, donde militó hasta que fue detenido el 29 de diciembre de 1970.
Entrerriano, 58 años, chofer del agregado naval en Washington hasta diciembre de 2004, Marandino es el cuarto oficial de la Armada detenido por el juez federal Hugo Sastre, el tercero que aceptó declarar y el primero que rompió el pacto de silencio tan caro a los sentimientos de la familia naval. El cabo adelantó su retorno de los Estados Unidos cuando supo que se había librado su orden de detención. Se entregó manso en Ezeiza, fue trasladado a Chubut y el miércoles habló durante cinco horas.
El 16 de agosto de 1972, cuando los guerrilleros fugados del penal de Rawson fueron encerrados en calabozos de la base Zar, hacía seis días que Marandino había llegado. Tenía 22 años, era un cabo raso de Infantería pero cumplía funciones de marinería. Le tocó cubrir cuatro guardias, con compañeros distintos. La tercera fue el 21 de agosto. La última comenzó a la medianoche del 22. La formaban un oficial y cuatro o seis personas que portaban pistolas 45. Otros dos oficiales quedaban detrás de un biombo, sentados, con dos ametralladoras. Un guardia se asomaba cada quince o veinte minutos por las mirillas de los calabozos y “de vez en cuando venían señores oficiales de Infantería a dar recorridas”.
Los presos no hablaban. Se comunicaban por señas o golpes en las paredes. Para ir al baño salían custodiados por dos personas. Lo mismo para comer. Al comienzo comían en grupos de dos o de tres. En su declaración, Marandino afirmó que “nunca hubo ningún problema”con los detenidos durante sus guardias y que “siempre había silencio”.
“Era todo normal” hasta las 3.15 de la madrugada, cuando ingresaron “los señores oficiales”. Eran cinco. “Caminaban bien, se expresaban bien, pero olían a alcohol”, subrayó. Dos vestían pantalón blanco y chaqueta azul, que identifican a “los navales, de marinería o de aviación naval”. Los otros tres, incluido uno robusto, uniforme verde oliva, color de los infantes de Marina.
“Estos señores oficiales parecía que venían un poco tomados de copas (sic). Me ordenaron desarmarme. Pensé que me había mandado alguna macana, entregué mi arma como me lo ordenaron”, contó. Un verde oliva le entregó las llaves de los calabozos y le ordenó abrirlos. “Abrí los calabozos y no mencioné nada. No los desperté”, aclaró. “Una vez cumplida la orden, me ordenaron que me retirara. Dije ‘sí, señor’ o ‘comprendido, señor’”, detalló.
Después escuchó que los detenidos cantaban el Himno Nacional. De inmediato “se escuchaba como que hablaban muy fuerte, muchos gritos”, hasta que “alguien gritó ‘¡se quieren escapar!’”. Después escuchó disparos de ametralladora, dos ráfagas, una pausa y disparos aislados de pistola calibre 45. Cuando la balacera concluyó, el capitán Luis Emilio Sosa le ordenó “verificar el estado de los cuerpos”. Pese a su “estado de shock”, intentó acatar la orden. “Se sentía el olor a pólvora, había humo. Los vi en el centro del pasillo. Se sentían muchos quejidos de dolor”. Los fusiladores estaban ahí. “En ningún momento se fueron”.
“Hice dos o cuatro pasos y regresé. Temí por mi salud, por el shock de ver los cuerpos. Entregué mi armamento muy nervioso y confuso”. Luego “me llevaron a la enfermería y ahí me desperté en horas de la tarde. Me dieron un sedante para tranquilizarme. Era el más moderno de los militares”, agregó.
Recién al concluir su relato Marandino identificó a “los señores oficiales”: capitán Luis Emilio Sosa, capitán Raúl Herrera, teniente Emilio Del Real y teniente Carlos Guillermo Bravo. Los cuatro “portaban las dos armas: pistola calibre 45 y pistola ametralladora PAM”, detalló. Herrera está fallecido, Sosa y Del Real detenidos y Bravo es hasta ahora el único prófugo de la causa. Vive en Miami y es dueño de RGB Group Inc., firma que lleva sus iniciales, factura millones de dólares y provee de servicios a las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos.
Marandino también declaró que “dos o tres días después” de la masacre “me informaron que debía manifestar la fuga de estas personas y a su vez que el señor capitán Sosa había sido golpeado por estas personas”, para la elaboración del sumario interno de la Armada, recordó que su declaración transcurrió en Bahía Blanca y que nunca obtuvo copia de su testimonio. El sumario no está agregado a la causa porque se habría quemado en un incendio. Se sabe, en cambio, que estuvo a cargo del capitán de navío retirado Jorge Enrique Bautista. El fiscal Fernando Gélvez ya solicitó que no se lo cite a prestar declaración testimonial sino indagatoria. Bautista tiene ochenta y un años.
En mayo de 1973, Marandino fue enviado en comisión a Estados Unidos, hasta diciembre de 1975. Allí ascendió a cabo primero. “Me retiraron en 1975”, concluyó. Pese a los treinta y dos años transcurridos, en octubre pasado la Armada lo citó al Edificio Libertad. Lo recibieron el capitán de fragata Ángel Vázquez, de la Secretaría General Naval, y el capitán de navío Juan Martín Poggi, oficial de Inteligencia y subsecretario de Relaciones Institucionales. Le informaron que se había reabierto la causa y que “posiblemente iba a tener alguna mención (sic) de su supuesta intervención”. Poggi le anticipó que “quizás habría novedades después de las elecciones” y le dijo que lo mantendría informado. Le entregaron sus tarjetas, tomaron nota de cómo ubicar a su abogado Roberto Aguiar, pero nunca más se comunicaron.

Fuente: Página/12

Repudiamos las amenazas contra integrantes de AFADER

Ante las amenazas recibidas por nuestros compañeros Carmen Germano, María Luz Piérola y Carlos Guastavino, queremos manifestar nuestro más enérgico repudio y exigir al Estado y a la Justicia que hagan lo que tienen que hacer.
Los personajes de siempre, serviles y funcionales a los genocidas, siguen operando como en los peores años que ha vivido nuestro país.
Esto es porque aún caminan impunes por las calles, porque los que están imputados y procesados aún no tienen sentencias, ya que las causas no avanzan o mejor dicho no las quieren avanzar. Porque hay muchos autores y cómplices que aún ni siquiera están denunciados.
Creemos que el Estado debe investigar a cada uno de los responsables de estas amenazas a estas dos luchadoras integrantes de nuestra Asociación, como así también a los de las amenazas recibidas por el compañero Carlos Guastavino y de todas las que han ocurrido en nuestra provincia, para conocer con nombre y apellido a los cobardes que siguen actuando en la oscuridad.
Tenemos la convicción de que la lucha, que es la que hemos demostrado en estos últimos 30 años, la verdad y la justicia, son las armas con las cuales vamos a poder encarcelar a cada uno de los asesinos y garantizar que el pueblo comience a gestar el ideal que soñaron los 30.000 compañeros que dieron sus vidas por un país más justo para todos y con igualdad de oportunidades.
Por los 30.000 compañeros.
Por Memoria, Verdad y Justicia.

Primera vez una hija de desaparecidos es querellante en el juicio contra sus apropiadores

Comenzó este martes el juicio contra un militar y un matrimonio civil por sustracción de una menor de edad, falsificación de documento público y supresión de identidad de una hija de desaparecidos durante la última dictadura. El capitán José Berthier (foto superior) está acusado de entregar a María Eugenia Sampallo Barragán al matrimonio compuesto por Osvaldo Rivas y María Cristina Gómez Pinto, que también serán juzgados. Esta es la primera vez que una nieta recuperada por Abuelas de Plaza de Mayo será querellante en el juicio por su apropiación ilegal. La chica nació en febrero de 1978 y el parto fue asistido por el médico paranaense Julio César Cáceres Monié (foto inferior).
El capitán del Ejército Enrique José Berthier y el matrimonio compuesto por Osvaldo Rivas y María Cristina Gómez Pinto deberán comparecer ante el Tribunal Oral Federal Número 5. Al matrimonio se le imputa haber participado en la sustracción de María Eugenia Sampallo Barragán de las manos de sus padres, de haber participado en su ocultación y retención, de participar en la falsificación ideológica de la partida de nacimiento con la que se inscribió a la joven como su hija biológica y con la que se obtuvo su documento nacional de identidad falso, suprimiendo así el estado civil y la identidad. A Berthier se lo acusa de los mismos delitos, así como también de haber participado en la falsificación ideológica del certificado de nacimiento suscripto por el médico militar Julio César Cáceres Monié.
Hija de los desaparecidos Leonardo Rubén Sampallo y Mirta Mabel Barragán, la menor fue inscripta como hija propia por el matrimonio con el nombre María Eugenia Violeta Rivas, con fecha de nacimiento 7 de mayo de 1978, aunque había nacido en febrero. Sus padres fueron secuestrados el 6 de diciembre de 1977 de su casa en Capital Federal. Mirta tenía un hijo de tres años de otra pareja -que fue dejado en custodia de su abuelo paterno- y llevaba un embarazo de seis meses. La pareja tenía una actividad gremial: Leonardo en Astilleros de La Plata y Mirta en la fábrica SIAP también en la capital bonaerense.
Según el abogado de Abuelas de Plaza de Mayo, Tomás Ojea Martínez, en el juicio se intentará demostrar que Berthier -un militar retirado cuyo nombre figura en los legajos de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep)- fue quien entregó la niña al matrimonio, después de haberla retenido durante un tiempo. “El nombre Violeta es el mismo que el de la esposa del militar y está comprobado que ninguno de los matrimonios podía tener hijos”, informó el letrado que acotó que en el juicio se sumará el testimonio de la joven que referirá que su apropiadora le decía “a vos te trajo Berthier”.
En 1980 Abuelas de Plaza de Mayo recibieron la denuncia de la desaparición de Mirta Mabel Barragán y su compañero Leonardo Sampallo realizada por Azucena Flora Martín de Barragán. En 1989 se recibieron en la institución denuncias anónimas sobre una criatura apropiada por un matrimonio que la había inscripto como hija propia, lo que motivó una extensa investigación para recopilar las circunstancias y el posible origen de la niña. A su vez, María Eugenia sabía desde los siete años que era hija adoptiva de Osvaldo Rivas y María Cristina Gómez Pinto. En ese momento, se dio intervención al Poder Judicial de la Nación desde la Procuración General y se realizaron los análisis inmunogenéticos, pero los resultados no fueron positivos.
La identidad de María Eugenia Sampallo Barragán comenzó a revelarse cuando a mediados de 2000, y ante las dudas sobre su origen que cotidianamente se planteaba, se acercó a la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (Conadi) y luego a Abuelas de Plaza de Mayo. El 24 de julio del 2001 el informe del Banco Nacional de Datos Genéticos que confirmó que María Eugenia es hija de Mirta Barragán con una probabilidad del 99,99 por ciento, y cuando meses después se obtuvieron muestras de los hermanos de Sampallo se confirmó la filiación paterna. Era la nieta recuperada número 72.
La partida de nacimiento fue firmada por el médico paranaense Julio César Cáceres Monié, hermano del general Jorge Esteban Cáceres Monié, asesinado en diciembre de 1975 en Villa Urquiza. El teniente coronel falsificó los certificados de nacimiento de Claudia Victoria Poblete Hlaczik, María Eugenia Sampallo Barragán y Alejandro Sandoval Fontana -hijo de los entrerrianos Pedro Sandoval y Liliana Fontana-. . Los padres de todos ellos pasaron por el circuito de centros clandestinos de detención conocido como ABO: Club Atlético, El Banco y El Olimpo. El Tordo, tal como se lo conocía, murió en 1980.
Para que este sea el primer juicio en el que la víctima de robo de bebés se presente como querellante se conjugaron varios elementos, entre los cuales Ojea Martínez destacó la actitud de los fiscales en la causa contra Berthier que acusaban a la joven de falso testimonio y que motivaron la intervención de Abuelas de Plaza de Mayo. Además, la defensa del militar había solicitado al tribunal que se realizara un nuevo examen de ADN a la joven, poniendo en peligro su derecho a la identidad y el de todos los nietos restituidos.
“María Eugenia entiende que sus apropiadores no están arrepentidos y que no piensan dar información y por eso decide ser querellante. Esa es una actitud histórica de los apropiadores, que se agrava cuando no hay reparación del delito, es decir cuando se oculta información”, explicó Ojea Martínez como otra razón.
Asimismo, remarcó que “la apropiación de niños es un delito de lesa humanidad y como tal tiene una gravedad que muchas veces queda diluido. La sustracción es una forma de hacer desaparecer a la persona, y en el caso de María Eugenia significó que estuviera 25 años continuando la misma situación de desaparecida que sus padres” en el intento de buscar atenuantes, pero que, aún así, “el origen tiñe todo lo demás de ilegitimo”.
El capitán Berthier se encuentra detenido en Campo de Mayo, mientras que el matrimonio de Osvaldo Rivas y María Cristina Gómez Pinto afronta el proceso en libertad. Las audiencias se extenderán hasta el miércoles 5 de marzo, por lo que la sentencia se conocería a mediados del mes próximo.

Citaron a declarar al ex agente de Inteligencia Paul Navone en la Causa Hospital Militar

La jueza federal de Paraná, Myriam Galizzi, citó a prestar declaración indagatoria al ex teniente primero Paul Alberto Navone, en el marco de la investigación por robo de bebés nacidos en el Hospital Militar de Paraná, durante la última dictadura. Navone fue citado para el lunes 25 de febrero y, según lo que dijo el ex represor Eduardo Tucu Costanzo, podría aportar datos sobre qué sucedió con los hijos mellizos de Raquel Negro, ya que sería uno de los integrantes de la patota que la trajo desde Rosario a dar a luz a la capital entrerriana y permaneció con ella durante el cautiverio en el predio de Avenida Ejército al final.
El mayor Navone integraba el Servicio de Inteligencia del Segundo Cuerpo del Ejército -al igual que Costanzo-. La jueza Galizzi consideró que existen pruebas suficientes sobre su vinculación con los hechos que se investigan, sucedidos en 1978, como para llamarlo a indagatoria. Inclusive, no se descarta que tras brindar testimonio, Navone quede detenido.
En su declaración como testigo en la causa, Costanzo precisó que Raquel Negro fue trasladada a Paraná para dar a luz “por ser el único Hospital Militar de la zona”. También dijo que creía que del operativo había estado a cargo “el mayor Navone, del Hospital Militar de Paraná” y que estaba coordinado por Marino González “que era el que organizaba las guardias. Navone era el segundo jefe, pero no era médico, y es quien recibe a esta persona como sobrina del general (Leopoldo Fortunato) Galtieri, por lo que entiendo que aquí todos creían que era verdad”.
Con estos elementos, se sospecha que en breve, la jueza también podría citar como imputado al propio teniente coronel Marino González. En sus recientes declaraciones a la prensa, Costanzo aseguró que “el que manejaba todo ahí (en el centro clandestino de detención La Calamita, de Rosario) era el teniente coronel Marino González, que vive en Santa Fe, y le dicen Pepe”.
Además, se espera que surjan datos para conocer cuál fue el destino final de los mellizos que tuvo Raquel Negro. La versión de Costanzo es que el varón nació muerto, aunque esto se contradice con testimonios de ex trabajadores de una clínica privada de neonatología de Paraná que los atendieron y que señalaron que el chico padecía serios problemas de salud que no habría podido superar. En tanto, la nena habría sido dejada en la puerta de un convento u orfanato de Rosario, por un grupo que integraban el ex agente civil de Inteligencia del Ejército Walter Pagano y el teniente coronel retirado Daniel Amelong, según los dichos de Costanzo.
Hay que recordar que el traslado de Negro a Paraná se realizó mientras se desarrollaba la denominada “Operación México”, por la cual su pareja, Tulio Valenzuela, también detenido, debía viajar a México para asesinar o permitir el asesinato de la cúpula de Montoneros. Sin embargo, una vez en México, Tucho Valenzuela desbarató el operativo y denunció ante la prensa las graves violaciones a los derechos humanos que se cometían en los centros clandestinos de detención de la zona de Rosario. Actualmente, Valenzuela también está desaparecido.

Repudiamos enérgicamente los agravios contra Estela de Carlotto

Desde la Asociación de Familiares y Amigos de Desaparecidos Entrerrianos y en Entre Ríos (AFADER) queremos expresar el más enérgico repudio a las declaraciones públicas del presidente del Consejo Departamental de Paraná del Partido Justicialista, Rubén Almará (foto), quien en su programa radial se definió como “peronista lopezreguista” y cuestionó la integridad de la presidenta de la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, Estela Barnes de Carlotto -quien se encontraba en la ciudad para constituirse como querellante en la causa por robo de bebés nacidos en cautiverio en el Hospital Militar- y de los ex presos políticos de la última dictadura, poniendo en duda los secuestros, torturas y desapariciones cometidos durante el Terrorismo de Estado.
Consideramos que este tipo de prácticas deben ser desterradas, tanto de la política partidaria como de la sociedad misma; y estos personajes no deben ocupar los medios de comunicación del Estado para calumniar a luchadores políticos y sociales y hacer apología de los delitos más aberrantes.
Asimismo, ratificamos nuestro compromiso como el de quienes han luchado durante más de treinta años y repudiamos todo tipo de amenazas, calumnias y expresiones agraviantes a quienes construimos memoria, apostamos a la verdad y confiamos en la justicia como banderas para que los hechos del pasado no vuelvan a repetirse en el futuro.
Por Memoria, Verdad y Justicia.