Una testigo declaró en el juicio contra militares en Corrientes que vio a Fernando Piérola en el RI-9

En el inicio de las testimoniales en el juicio contra cinco represores del Regimiento de Infantería 9, una psicóloga cordobesa denunció que fue violada y sometida a todo tipo de vejámenes por parte del ex capitán Juan Carlos De Marchi y contó que entre los detenidos en el centro clandestino de detención correntino vio al paranaense Fernando Piérola (foto), que unos meses después fue asesinado en la Masacre de Margarita Belén. Los imputados negaron los cargos por los que se los acusa e invocaron la obediencia debida
Marta Angélica Alvarez, una cordobesa de 67 años detenida en su casa en Corrientes el 14 de septiembre de 1976, por efectivos de la Policía Federal, y luego trasladada al RI-9, donde fue violada y sometida a todo tipo de vejámenes por un sujeto de voz no muy gruesa, con cierta disonancia, muy particular, y acento no local. Esa misma voz la reconocería durante los interrogatorios en el predio militar y cada vez que se retiraba el dueño de esa voz, y aquel perfume tan particular de quien fuera su abusador el primer día, ella preguntaba a los conscriptos santiagueños quién era el que había salido, e invariablemente contestaban sin dudar que se trataba del capitán De Marchi.
Por el agujero de la frazada que oficiaba de cortina en las mazmorras del centro clandestino de detención, ella espiaba a un hombre que siempre pateaba a los prisioneros indefensos, encadenados y encapuchados. Los mismos conscriptos lo identificaron como el subteniente Barreiro; y contó que a Losito lo vio a cara descubierta ya que le mostraba unas fotos de gente buscada por el grupo de tareas para que los identificara y como ella sufría una infección ocular no tenía en ese momento venda alguna.
El lugar donde estaba detenida era un galpón con boxes improvisados por armarios y como “puerta” o cortina tenía una frazada de campaña. En virtud de que estuvo un tiempo sin vendas y podía espiar a través de un agujero de la frazada, pudo ver que además de los “estables” siempre había diez o 15 prisioneros, y podían oírse los gritos desgarradores de la tortura que les era infligida. Allí alcanzó a ver al entrerriano Fernando Piérola, que había sido secuestrado en Misiones junto con su mujer, María Julia Morresi, y que fue asesinado en la Masacre de Margarita Belén, en la madrugada del 13 de diciembre de 1976.
Luego fue el turno de José Arnaldo Gómez. El testigo afirmó conocer a los ex capitanes Rafael Barreiro y Horacio Losito dado que era amigo del cuñado de ambos, Javier Mauriño. Es por eso que al notar que su casa estaba siendo merodeada por personal del Ejército y la policía, decidió apoyarse primero en Barreiro y después en Losito. Sin embargo, cuando se entregó amistosamente en manos de Losito, éste le confesó: “Te estábamos buscando”. Durante su cautiverio, Gómez también relató que escuchaba los gritos desesperados de los prisioneros bajo tortura y vio a detenidos en un estado de salud calamitoso.
Si bien cada una de las palabras de los testigos fueron estremecedoras, el momento más tenso se vivió cuando Hugo Bernardo Midón se paró y señaló personalmente y cara a cara al capitán retirado Juan Carlos Demarchi. “Ese señor era el que comandaba los operativos y participaba de las sesiones de tortura”, afirmó el abogado.
Midón fue el tercer orador. Detenido el 5 de diciembre de 1975, contó cómo la policía lo trasladó junto a su hermano a la Jefatura de Policía. Allí, al segundo día, comenzaron las torturas y los interrogatorios. Midón, que estuvo preso hasta 1980, hizo durante toda su exposición particular hincapié en “un muchacho joven, con un perfume muy particular, que andaba siempre con un cigarrillo”. Ese hombre fue el encargado de detenerlo y torturarlo, ese hombre es al que Midón señaló en medio de la sala. El reconocerlo no fue tan complejo, explicó luego, porque al estar tanto tiempo vendado se agudizó su olfato.
Luego brindó testimonio Julián Lionel Arce, un ex conscripto quen se encontraba prestando el servicio militar desde mediados de 1975 hasta el 11 de noviembre de 1976 cuando le dieron la baja y era el encargado de completar el libro de historia del Ejército. Arce aseguró que tanto Juan Carlos Demarchi, como Rafael Barreiro, Horacio Losito y Carlos Piriz eran los miembros del equipo de inteligencia que funcionaba en el RI-9 y se encargaba de realizar los procedimientos donde se secuestraban a los militantes políticos.
Reconoció una sesión de tortura en una sala que se ubicaba dentro del Casino de Oficiales, zona a la que describió como la que se usaba para alojar a los detenidos. Relató haber escuchado gritos “aterradores” de una persona que era sometida a tortura con picana eléctrica, y dijo que “ponían música de Julio Iglesias para que no se escucharan los gritos”.
Aseguró que todos los soldados, oficiales y suboficiales que estaban en el Regimiento 9 conocían de la existencia de los detenidos y de los vejámenes que sufrían. “El término ‘detenidos’ estaba generalizado entre todos”, enfatizó Arce, quien relató que una vez vio al ex capitán Demarchi descender de un auto arrastrando de los pelos a una mujer a la que llevaba hacia la zona del casino de oficiales.
A ese lugar sólo tenían acceso Demarchi, Losito, Barreiro y Piriz a quien calificó como El Boxeador, “por cómo castigaba a las personas y también a los soldados”.
También describió en las condiciones en que vio a otros de los testigos en esta causa, el militante de las Ligas Agrarias de Goya Rogelio Tomasella: “Estaba esposado en una cama del Hospital Militar totalmente vendado con un guardia en la única puerta que tenía el cuarto que lo custodiaba todo el día”.
Durante la cuarta jornada de proceso, cuatro de los seis imputados rechazaron los cargos de los que se los acusa y recurrieron a la figura de la obediencia debida. Dijeron haber actuado bajo órdenes del general a cargo de la Séptima Brigada de Infantería Cristino Nicolaides “Yo, en esa época, no tenía capacidad de mando, solo cumplía órdenes de Nicolaides. El tendría que estar acá y no está” exclamó Losito.
En tanto, el ex capitán del ejército, Juan Carlos Demarchi se abstuvo de declarar argumentando “no sé de que me acusan, a quién cometí los delitos y cuáles son las pruebas. Declararía pero no se de que se me acusa”.
El juicio es el primero que se desarrolla en el interior del país y tiene como imputados al ex jefe del Ejército Cristino Nicolaides, el capitán retirado Juan Carlos Demarchi, los coroneles Horacio Losito y Rafael Manuel Barreiro y los oficiales de la Gendarmería Carlos Roberto Piriz y Raúl Alfredo Reynoso, quienes están acusados por asociación ilícita, 12 casos de secuestros agravados, vejaciones, apremios, tormentos y las desapariciones forzadas de Juan Ramón Vargas y Rómulo Gregorio Artieda. En el caso de Nicolaides, no está siendo juzgado por su precario estado de salud y permanece internado en Córdoba.

Estela Carlotto se presentó como querellante en la causa Hospital Militar y no descartó que en Paraná hayan nacido más bebés en cautiverio durante la dictadura

“No hay que descartar que los bebes apropiados sean más de cuatro, porque de otros centros de detención y maternidades clandestinas nos hemos llevado sorpresas. El registro de partos existe, el legal y el ilegal, hay que encontrarlos, porque los militares en eso son muy prolijitos, no tiran nada”, aseveró la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, a la salida de los Tribunales Federales de Paraná, donde se constituyó como querellante en la causa por robo de bebés nacidos en el Hospital Militar durante el cautiverio de sus padres en la dictadura. Una multitud la recibió con una aplauso en el frente del edificio y a la salida, 45 minutos después, tras ser saludada por la jueza federal Myriam Galizzi y luego de mantener un encuentro con el fiscal Mario Silva, quien le ratificó su compromiso con la investigación, a pesar de que en casi cuatro años no ha producido avance alguno. Los organismos de derechos humanos exigieron la detención del ex interventor militar en la provincia, Juan Carlos Trimarco.
Una multitud la recibió con aplausos en la puerta de los Tribunales Federales, cuando a las 11.45 Estela de Carlotto bajó del automóvil que la trajo hasta la capital entrerriana. De impecable trajecito y anteojos oscuros, no alcanzó a pisar la vereda que fue abordada por los periodistas que montaban la guardia.
“Abuelas de la Plaza, el pueblo las abraza”, era canto que se oía de fondo cuando la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo comenzó a responder las preguntas. “Los chicos hoy son adultos, tienen 30 años o más y quieren saber su identidad. Nosotros tenemos que ayudarlos a encontrarla y esa manifestación que va saliendo a los medios, a estos chicos que tienen dudas los motiva para decir ‘no seré yo alguno de los nietos’. Nosotros los ayudamos y los atendemos”, fueron sus primeras palabras.
Antes de ingresar al edificio tribunalicio, Carlotto remarcó que “nunca se sabe lo que puede encontrarse cuando uno inicia una investigación. Esto ha sido una lucha sin cuartel, contra el pueblo, clandestina, un terrorismo de Estado. Acá hay alguien que declaró y dijo que uno de los hijos de Raquel Negro murió y el otro fue entregado en un convento. Nosotros no creemos nada, hay que investigar queremos pruebas fehacientes porque hoy tenemos muchos chicos que están apropiados y siendo criados con una falsa identidad. En este largo recorrido uno avanza, aprende y abre el camino. Sabemos que en este Hospital Militar nacieron hijos de desaparecidos”.
Durante 45 minutos, una comisión de familiares de víctimas -encabezada por Carmen Germano y Clara Fink-, ex detenidos e integrantes de organismos de derechos humanos acompañó la presentación de Estela de Carlotto como querellante en la causa por robo de bebés nacidos en el Hospital Militar de Paraná durante la dictadura, formalizada con el patrocinio de la abogada de H.I.J.O.S. Regional Rosario, Ana Oberlin.
Luego del formalismo de la presentación, la comisión fue saludada por la jueza federal Myriam Galizzi -que en 2004 permitió la reapertura de las causas judiciales con su fallo en el que ratificó la validez de la ley que anuló las leyes de obediencia debida y punto final y declaró la inconstitucionalidad de los indultos presidenciales firmados por Carlos Menem- en la puerta de su despacho y enseguida se reunieron por el fiscal Mario Osvaldo Silva, quien les expresó su compromiso con la investigación. Sus declaraciones de ocasión crisparon los pelos de varios de los presentes, conocedores de que a casi cuatro años de reiniciadas las investigaciones no ha producido avance alguno. “El fiscal nos atendió en su despacho, nos explicó el procedimiento, su compromiso, el rol que les toca a los fiscales, intercambiamos una charla amistosa, esperanzadora. Sabemos que en la Justicia hay deficiencias edilicias, de presupuesto, falta de personal, pero a pesar de ello hay que trabajar”, diría Carlotto a la salida.
Carlotto no quiso dejar pasar la ocasión para saludar al camarista Gabriel Chausovsky. Se encontraron en los pasillos del edificio, y hubo la titular de Abuelas de Plaza de Mayo recordó a quien fue uno de los pocos jueces en el país que en 1988 planteó en un fallo judicial la inconstitucionalidad de las leyes de obediencia debida y punto final.
La causa se inició en 2005 a raíz de una denuncia en la que se consignó que Raquel Negro, que estaba detenida en el centro clandestino de detención Quinta de Funes, en las afueras de Rosario, fue trasladada a Paraná e ingresada en el Hospital Militar como sobrina del general Leopoldo Fortunato Galtieri para dar a luz. La mujer tuvo mellizos, pero el varón habría fallecido un mes después de nacer y la nena habría sido dejada en un convento en Rosario; mientras que la mujer fue asesinada, devuelta a la ciudad santafesina y desaparecida. Pero además, se tiene constancia de otra mujer que también habría dado a luz en la misma fecha, a mediados de 1978. En esta causa está imputado Juan Carlos Trimarco por sustracción de menores de edad y sustitución de identidad. Si bien debía prestar declaración indagatoria el 30 de noviembre pasado, presentó un certificado médico en el que se asegura que padece Alzehimer. Por estos días, la jueza espera el resultado de una pericia que determine si está en condiciones de declarar.
Una lluvia de flashes la recibió al pie de la escalera. Se dejó fotografiar pacientemente y luego aseveró que “tenemos la certeza de que hay cuatro bebés que nacieron en el Hospital Militar cuatro, pero no se sabe que puede pasar mas adelante y no hay que descartar que los bebes apropiados sean más de cuatro, porque de otros centros de detención y maternidades clandestinas nos hemos llevado sorpresas. El registro de partos existe, el legal y el ilegal, hay que encontrarlos, porque los militares en eso son muy prolijitos, no tiran nada. Yo le recomendé al fiscal que mire e investigue porque en estos hospitales existen registros. Siempre hay algunas pistas que los militares creen que no se ven, pero hay que buscarlas. Y si se llega a tener constancia o evidencia de otros chicos nacidos en Paraná, se harán más presentaciones”, remarcó Carlotto.
Además, puntualizó que “en el caso de los hijos de Raquel Negro, alguien ha declarado que el nene murió y que la nena fue dejada en una casa de monjas, pero que diga dónde está el cuerpito y mediante prueba de ADN vamos a identificarlo; solo así vamos a creerlo, porque además hay un hermano. Y en el caso de la niña, que estará apropiada y con su identidad cambiada, la Justicia que rastrear hasta donde la dejaron. Esas son las puntas claras que hay en este caso”, al tiempo que agregó que “avanzar depende de la Justicia. Los querellantes traemos los elementos, la paciencia, el interés y después hay que ver cómo responden ellos. Las autoridades judiciales tienen el poder de accionar”.
Por otra parte, se refirió a la continuidad de la lucha para encontrar a los más de 400 nietos robados por la dictadura y destacó que “después de los programas que se emitieron de Televisión por la Identidad, no se imaginan la cantidad de chicos con dudas que aparecieron por la Casa de las Abuelas. Tuvimos que abrir espacios nuevos, crear horarios distintos, poner más gente para escucharlos. Todo el tiempo viene gente y eso pasa en todo el país, porque en las provincias hay nódulos de la Red Nacional por la Identidad, para que los chicos no tengan necesidad de viajar a Buenos Aires”. En el caso de Paraná, está a cargo del Programa de Derechos Humanos del Rectorado de la Universidad Autónoma de Entre Ríos (UADER), en calle Ramírez 1143, aunque el contacto puede ser al teléfono (0343) 4207907 - interno 32.
Por último, Carlotto remarcó que “nosotros vamos abriendo el camino en forma permanente, recibiendo un apoyo cada vez mayor y damos dos mensajes: todas aquellas personas que saben algo sobre los desaparecidos, los nietos robados o que tengan la certeza de que en el barrio hay un chico que puede ser hijo de desaparecidos, que lo denuncien ante la Justicia o ante los organismos de derechos humanos; y a los jóvenes les decimos que si tienen una duda, que no se queden con la duda, que averigüen sobre su identidad, que hay gente para ayudarlos y estamos las Abuelas para abrazarlos”.

Foto: Análisis Digital.

Siguen las demoras para conformar el tribunal que realizará el juicio por la causa Brusa en Santa Fe

Tras la excusación de los integrantes titulares del Tribunal Oral Federal santafesino se excusaron de intervenir en el juicio contra el ex juez federal Víctor Hermes Brusa (foto) y otros seis represores por privación ilegítima de la libertad agravada y apremios ilegales cometidos durante la última dictadura militar, por su cercanía con el proceso, sigue sin definirse quiénes serán los encargados de llevar adelante el juicio oral, puesto que por distintos motivos una docena de conjueces ha desistido de integrar la corte.
Los jueces titulares María Ivon Vella, José María Escobar Cello y Ramiro Puyol se apartaron del proceso contra Brusa, María Eva Aebi, Domingo Marcelini, Eduardo Ramos, Héctor Colombini, Mario Facino y Juan Perizotti -Nicolás Tete Correa falleció el año pasado-. Vella puso como argumento su antigua relación laboral con Brusa, Escobar Cello fue funcionario judicial durante la dictadura y Puyol tiene un familiar cercano desaparecido en Córdoba en los años de la represión ilegal.
De inmediato comenzó se realizó el sorteo a partir de la lista de conjueces integrada por 25 profesionales del fuero federal. Hasta el momento, tres de los cuatro que aceptaron el cargo tuvieron algún vínculo con alguno de los detenidos, ya sea por cuestiones personales, tanto como por haber participado de procesos administrativos o judiciales en los que se enfrentaron en otra ocasión, por lo que fueron recusados. En total, doce letrados han sido rechazados. El abogado Martín Francisco Gutiérrez es el único que hasta ahora no ha recibido reproches.
Además, las víctimas de la dictadura han manifestado críticas a la fiscal del proceso, porque consideran que “por su cercanía (con el ex juez Víctor Brusa), nos despierta serias dudas. Frente a ello es que estamos solicitando una reunión con el procurador general de la Nación, Esteban Righi, para ponerlo al tanto de lo que sabemos y de los temores que tenemos con esta Fiscalía. Hay usos y costumbres según los cuales los tribunales no fallan penas superiores a las que los fiscales piden”, explicó Patricia Isasa, una de las querellantes en el proceso.
Ante esta situación de incertidumbre, victimas y querellantes estudian entablar acciones para que el tribunal se constituya con jueces de otras jurisdicciones, ya sean de la propia provincia o de otras.
En definitiva, todo indica que el futuro inmediato de la causa será tan intrincado como lo fue todo este proceso que se inició en mayo de 2002, a partir de una denuncia del fiscal federal Eduardo Freiler y como derivación de la causa que tramitaba en España el juez Baltasar Garzón por “terrorismo y genocidio”, que involucró a los mismos imputados en Santa Fe. La causa judicial fue instruida durante cinco años por el juez federal Reinaldo Rodríguez, quien el 14 de agosto de 2002 declaró la inconstitucionalidad de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final. Tres años después, el 17 de febrero de 2005, procesó a Brusa, a los policías Facino -ex presidente comunal de San José de Rincón-, Colombini, Perizzotti, el ex oficial de inteligencia Ramos, la ex carcelera Aebi y al ex suboficial del Ejército, Nicolás Correa por supuesta “privación ilegítima de la libertad agravada, vejaciones, apremios ilegales, coacción y tormentos” y embargó sus bienes por 800.000 pesos a cada uno; y dos meses más tarde, en abril de 2005, procesó al coronel Marcellini, ex jefe del Destacamento de Inteligencia Militar 122, como autor mediato de la represión ilegal.
Además, la mayoría de los detenidos goza de la prisión domiciliaria: Marcellini en su casa en la ciudad de Mendoza; Facino en San José del Rincón y Perizzotti y Colombini en Santa Fe. Sólo Aebi sigue presa en el cuartel de la Guardia de Infantería Reforzada y Ramos en el piso alto del Cuerpo de Bomberos Zapadores, en el microcentro santafesino; mientras que Brusa continúa internado en un sanatorio privado, después de sufrir una descompensación.
La causa tiene otra dificultad, ya que las actuaciones contra quien se desempeñara como jefe del Área 212, el ex coronel Juan Orlando Rolón, fueron desacumuladas del proceso principal elevado a juicio y el ex hombre fuerte del Ejército santafesino será indagado nuevamente.

Elevan a juicio oral una causa contra tres represores neuquinos por el secuestro de tres maestras entrerrianas

El juez federal de Neuquén Guillermo Labate elevó a juicio oral la causa contra tres ex jefes militares acusados de delitos de lesa humanidad cometidos en el centro clandestino de detención La Escuelita, que funcionó en el Batallón Militar de la capital provincial durante la última dictadura. Se trata de ex jefes militares, acusados de la detención ilegal y asesinato de 15 personas, entre ellas tres maestras entrerrianas, detenidas en Cipoletti por el crimen del general Jorge Esteban Cáceres Monié, en Villa Urquiza, en 1975.
Los imputados son el general Enrique Braulio Olea, ex jefe del Batallón Militar de Neuquén; el teniente coronel Oscar Lorenzo Reinhold, ex jefe de Inteligencia del Comando de la Sexta Brigada; y el mayor Luis Alberto Farías Barrera, todos procesados y con arresto domiciliario hasta la realización del juicio oral, a quienes el magistrado acusó de conformar una asociación ilícita, privación ilegal de la libertad agravada, aplicación de tormentos psíquicos y físicos agravados por ser perseguidos políticos, allanamiento ilegal y robo.
El juez Labate precisó que “estos delitos ocurrieron hace más de 30 años y obedecieron a un plan sistemático y criminal instaurado en todo el territorio de la Nación con el apoyo de otros gobiernos dictatoriales del Cono Sur por quienes usurparon el poder en la Argentina el 24 de marzo de 1976”.
En su resolución, el magistrado apuntó que los militares “pretendieron asegurar la impunidad de estos delitos mediante la destrucción de la mayoría de los elementos probatorios, levantamientos militares que obligaron a poderes del Estado al dictado de leyes que contrariaban la Constitución y amenazas de toda índole”, por lo que consideró que “estos hechos deben ser enmarcados en un genocidio que tuvo como objetivo perseguir y destruir a un grupo de personas identificadas por determinadas características”.
Esta primera parte de la investigación esta orientada a juzgar lo ocurrido en el centro clandestino de detención La Escuelita, que funcionó en el Batallón Militar de Neuquén. Las quince víctimas incluidas en este tramo de la investigación, fueron trasladadas en forma ilegal a ese lugar donde permanecieron secuestradas y sometidas a torturas. Entre ellas, tres docentes entrerrianas, que fueron condenadas por el Consejo de Guerra que se implementó por el crimen de Cáceres Monié.
El juez Labate también consignó que “la organización delictiva contó con la estructura que le otorgaba el Ejército Argentino, los suficientes cuadros humanos oficiales, suboficiales y personal civil- destinados en unidades militares de la Subzona 5.2 y los materiales e instalaciones militares que ocupaban gran parte del territorio de la ciudad, armas, logística, automotores que permitieron establecer a mediados de 1976 un centro clandestino de detención”.
Además, En una segunda etapa, el juez elevará a juicio oral otro tramo de la investigación por el funcionamiento de La Escuelita por la que están procesados y detenidos el médico militar Hilarión de Paz Sosa y los ex miembros del área de inteligencia Mario Gómez Arena, Francisco Julio Oviedo, Jorge Molina Escurra y Sergio San Martín. Mientras tanto, el fiscal José María Darquier le solicitó al juez que indague a otros veintiséis militares, un gendarme, cuatro policías penitenciarios, dos policías federales, diez policías rionegrinos y un policía neuquino imputados por delitos cometidos en el centro clandestino de detención conocido como La Escuelita.

Hallaron una foto dedicada por Menem a Febres entre las pertenencias del represor

En una pesquisa realizada por los investigadores de la causa en la que se investiga la muerte del represor Héctor Febres se encontraron nuevos elementos, entre ellos una foto dedicada por el ex Presidente Carlos Menem en la que se dirige “a mi amigo y compañero Héctor Febres, un abrazo con afecto…”. Además, aparecieron fotos de vacaciones con su familia en la a la base naval de Azul mientras debía estar detenido y placas de cursos de inteligencia que involucran a personal en actividad. También se determinó que la escena del crimen fue modificada y el ex subprefecto conservó sus armas aun detenido.
La pesquisa por el envenenamiento del subprefecto llegó hasta una casa en el barrio de Palermo que habitó la familia hasta la detención de Héctor Febres en diciembre de 1998, apropiación de bebés durante la dictadura. Desde entonces está alquilada por una familia que no tiene parentesco con el represor, que entregaron a los investigadores elementos pertenecientes a los propietarios de la vivienda. “Ah, disculpen, quizás esto les sirva. Los dueños nos pidieron si podían guardar algunas cosas en la baulera”, les dijo la mujer que los atendió.
Entre varios elementos personales encontraron condecoraciones y felicitaciones enmarcadas como diplomas. Uno les llamó la atención: la foto autografiada de Carlos Menem con la banda y el pelo felinamente abultado. “A mi amigo y compañero Héctor Febres, un abrazo con afecto...”, puede leerse antes de la firma del ex Presidente, la misma que estampó en los indultos y en la ley de Obediencia Debida que cobijó al prefecto.
Entre los cuadritos encontrados en el allanamiento de la baulera aparecieron otros de interés para los investigadores. Son placas de cursos vinculados a servicios de inteligencia, de los que surgen nombres de personal en actividad. “Hay mucha documentación para producir medidas y con puntas a seguir”, comentó una fuente de la causa. “Hay nombres poderosos, por eso no podemos descartar nada”, agregó.
En 1998 Febres cayó preso por haber sido parte del plan sistemático de apropiación de menores durante la dictadura, un delito que no estaba amparado por aquellos perdones. Sin embargo, a juzgar por las numerosas pruebas acumuladas en la investigación de su muerte, mal no le fue durante su encierro VIP.
A pocos días de que su cadáver apareciera en el departamento de dos ambientes de la Zona Delta de la Prefectura Naval, se conocieron las condiciones de privilegio de las que gozaba, y que los investigadores sospechaban que además tenía libertad de movimientos. El curso del caso demostró que Febres tenía un chofer a disposición, y la Armada, la Prefectura y la Justicia le permitieron ir de vacaciones en familia a la base naval de Azul. Las autoridades de la Prefectura lo trataban como un jefe en apuros, más que como un acusado de delitos de lesa humanidad, lo dejaban participar de sus actividades protocolares y le daban servicios de telefonía, Internet, cancha de tenis, visitas sin horario, registro ni requisa, uso de sus salones para fiestas y reuniones regadas con bebidas alcohólicas. Febres podía tener su billetera, documentos, trajes, llaves y medicamentos. Y hasta 2003 conservó sus armas, según consta en un certificado que obra en el expediente judicial.
El relajo de la prisión preventiva era tal que su esposa podía quedarse a dormir en la habitación con baño en suite y cama de dos plazas. La jueza Sandra Arroyo Salgado determinó que la escena del crimen fue totalmente alterada, encontró la computadora de Febres en otro sitio, y a los familiares y prefectos participando de estos movimientos. Ahora, además, se dio cuenta de que el cuerpo del represor, aparecido boca abajo, estaba en una cama de una plaza. Alguien quiso ocultar también las comodidades matrimoniales.
Más allá de la incógnita respecto de lo que pueda hacer la Cámara Federal de San Martín con los procesamientos dictados por la jueza a la esposa Stella Maris Guevara, y los hijos, Héctor y Sonia, como encubridores, y a dos prefectos como partícipes del homicidio -uno de ellos el concordiense Héctor Volpi-, el caso avanza hacia las responsabilidades institucionales. En los próximos días, Arroyo Salgado estará en condiciones de decidir si cita a indagatoria al ex jefe de la Prefectura Carlos Fernández y al jefe de la Armada, Jorge Godoy, como le solicitaron las abogadas que representan a Enrique Fukman y a Carlos Lordkipanidse, sobrevivientes de la ESMA.
La jueza estableció además que hubo una comunión de intereses entre la Prefectura y la Armada para mantener a Febres cómodo y a la vez controlado, por si acaso se le ocurría dar más detalles sobre su paso por la ESMA, donde los sobrevivientes lo ubican no sólo como torturador sino también como encargado de los bebés nacidos en cautiverio. El prefecto ya había nombrado a varios de sus jefes de entonces y solía manifestar su bronca contra las cúpulas que seguían en libertad. Pero los veranos de 2003, 2004 y 2005 que pasó en Azul se sintió tan relajado como para armar el álbum fotográfico de recuerdos. Esas imágenes de Febres en la pileta y en los chalecitos de la base dejan poco margen para la duda sobre la vinculación de la Armada con la detención de privilegio del prefecto asesinado. De hecho, la sospecha es que la fuerza a cargo del almirante Jorge Godoy fue cómplice de Prefectura.

Fuente: Página/12.

Pidieron 17 años de prisión para el represor que se apropió de Juan Cabandié

El fiscal federal Carlos Rívolo solicitó que el ex oficial de inteligencia de la Policía Federal Luis Falco sea condenado a 17 años de prisión por el secuestro y sustitución de identidad de Juan Cabandié (foto superior), a quien inscribió como hijo propio. Los estudios de ADN determinaron que el joven era hijo de Damián Abel Cabandié -oriundo de Entre Ríos- y Alicia Elena Alfonsín, ambos desaparecidos, y en enero de 2004 recuperó su identidad (foto inferior).
En el marco de un proceso que se rige por el viejo Código Penal escrito, el fiscal Rívolo, acusó a Luis Falco por la retención, ocultamiento y falsificación de datos de identidad de quien había inscripto como hijo de su matrimonio con María Teresa Perrone. Falco se apropió de Cabandié hace casi tres décadas, cuando era apenas un recién nacido.
Juan es hijo del entrerriano Damián Abel Cabandié y Alicia Elena Alfonsín, secuestrados el 23 de noviembre de 1977. Damián tenía 19 años, era delegado gremial en la empresa Entel y activista barrial y no regresó del trabajo a la hora habitual. Con sus llaves, un grupo que se identificó como “Fuerzas Conjuntas” volvió a entrar más tarde a la casa y se llevó a Alicia, de 16 años, embarazada de cinco meses y con un fuerte trabajo político y social en una villa miseria en la provincia de Buenos Aires. Ambos fueron vistos en el centro clandestino de detención El Banco por compañeros de cautiverio que lo recuerdan a él como Boggie y a ella como Bebé. Luego Alicia fue trasladada a la ESMA a fines de diciembre, donde fue alojada en la llamada pieza de embarazadas y en marzo de 1978, con asistencia del obstetra del Hospital Naval Jorge Luis Magnasco, dio a luz a un varón al que llamó Juan. Estuvo con él 22 días, hasta que Héctor Febres le anunció su “traslado” y se llevó al bebé.
El 26 de enero de 2004 Juan recibió la confirmación de que era hijo de Alicia y Damián, luego de casi dos años de búsqueda de su identidad. Desde entonces fundó Generación por la Emancipación Nacional (GEN), un espacio de militancia barrial integrado por jóvenes porteños y bonaerenses y agrupaciones de la Universidad de Buenos Aires, que se reúnen periódicamente para desarrollar diversos tipos de trabajos socio-antropológicos. Y desde hace unos meses ocupa una banca en la Legislatura porteña por el partido Frente para la Victoria.

Comenzó el juicio oral y público contra seis represores de la dictadura en Corrientes

Esta mañana comenzó en Corrientes el juicio contra seis represores por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura en centro clandestino de detención que funcionó en el Regimiento de Infantería 9. Los imputados son el ex jefe del Ejército Cristino Nicolaides (foto), el capitán retirado Juan Carlos Demarchi, los coroneles Horacio Losito y Rafael Manuel Barreiro y los oficiales de la Gendarmería Carlos Roberto Piriz y Raúl Alfredo Reynoso, quienes están acusados por asociación ilícita, 12 casos de secuestros agravados, vejaciones, apremios, tormentos y las desapariciones forzadas de Juan Ramón Vargas y Rómulo Gregorio Artieda. En el lugar estuvo detenido el paranaense Fernando Piérola, asesinado en Margarita Belén.
Los jueces del Tribunal Oral Federal de Corrientes Víctor Alonso, Lucrecia Rojas Badaró y el conjuez Carlos Navarro -reemplaza a Vicente Constancio Espósito, quien debió excusarse porque fue juez federal durante la dictadura y las defensas de los imputados lo ofrecieron como testigo- iniciaron poco después de las 8.30 las audiencias contra los cinco imputados por secuestros y desapariciones durante la dictadura militar.
La jornada de apertura del juicio oral servirá para la discusión técnica entre los abogados defensores, la fiscalía y los querellantes. Del debate surgirán las líneas de acción de los que acusan y de los que defienden a los cinco imputados. La ronda de testigos recién se abrirá el martes de la semana próxima. Entre los 90 declarantes, se destaca el testimonio que brindará el médico policial Otto Eliseo Manzolillo, que fue quien hizo la autopsia de cuatro cadáveres que aparecieron flotando en el río Paraná, en la zona de Empedrado, entre los años 1976 y 1977. Los cuatro fueron inhumados como NN y el único identificado hasta ahora es el de Rómulo Gregorio Artieda. Los cuerpos tenían una característica común: les habían abierto el vientre, se supone que para que no pudieran salir a flote.
Las historias de Rómulo Gregorio Artieda y Juan Ramón Vargas, militantes de la Juventud Peronista desaparecidos en la provincia, serán los ejes de la acusación contra los cinco represores que comenzaron a ser juzgados. Artieda es el primero y hasta ahora único desaparecido correntino cuyo cuerpo fue identificado por el Equipo de Antropología Forense en 2006. Lo habían secuestrado en la estación bonaerense de Burzaco, del ex ferrocarril Roca, y lo llevaron al Regimiento de Infantería 9. A Vargas, miembro de la JP relacionado con las Ligas Agrarias, una organización que fue diezmada por la represión, lo secuestraron en Goya y también fue visto en el RI-9.
También declarará medio centenar de militares retirados y capataces de estancia. Por las querellas darán testimonio más de 40 testigos, en su mayoría sobrevivientes del RI-9. También la documentalista francesa Marie Monique Robin y miembros del Equipo Argentino de Antropología Forense. Además, se presentarán familiares del paranaense Fernando Piérola. El juicio se estima que tendrá una duración de cuatro meses.
Por el RI-9 pasaron también Fernando Piérola -aunque fue secuestrado en Misiones-, Luis Díaz y Carlos Alberto Duarte, tres de las víctimas de la matanza que se produjo en Margarita Belén, en la que estuvo involucrado el general Cristino Nicolaides, quien no se presentará en este juicio, aunque también está como imputado. Los médicos forenses dicen que está muy enfermo y que ni siquiera le notificaron que fue condenado a 25 años de prisión en otra causa porque “no podría soportarlo” dado su estado de salud.
Los imputados son ex miembros del Regimiento de Infantería 9, y entre ellos sobresale el capitán (R) Juan Carlos Demarchi, un empresario ganadero que despierta simpatías en las familias patricias correntinas a quien sus camaradas bautizaron El Electricista por sus destrezas con la picana y era el interrogador en carácter de jefe de inteligencia del área militar 231. Además, serán juzgados los coroneles Horacio Losito y Rafael Manuel Barreiro, y los oficiales de Gendarmería Carlos Roberto Piriz y Raúl Alfredo Reynoso.
La causa del RI-9 se reabrió a fines de 2003 con la presentación de familiares de Vicente Ayala, patrocinados por la Comisión de Derechos Humanos de Corrientes y en 2004 se sumaron los familiares de Vargas y Artieda. Si bien los casos se unificaron, la causa se desdobló y el caso Ayala no fue elevado. En octubre de 2004 el juez federal Carlos Soto Dávila ordenó las primeras detenciones, que conmocionaron a la alta sociedad correntina. Sobre todo por el caso Demarchi, próspero ganadero que llegó a presidir la Sociedad Rural.
Además, los coroneles Barreiro y Losito estaban en actividad cuando fueron detenidos. Barreiro cumplía funciones en el Regimiento de Monte Caseros y Losito era agregado militar en Italia hasta que en 2003 el juez federal de Resistencia, Carlos Skidelsky, ordenó su detención por su actuación en la Masacre de Margarita Belén. La Cámara Federal lo liberó, pero allí culminó su aventura europea. En el caso de Reynoso, llegó a ser comandante de Gendarmería y después fue candidato a intendente de Orán, en Salta, y asumió como concejal por el Partido Renovador del capitán de navío Roberto Ulloa.
Excepto los gendarmes Reynoso y Piriz, presos en Marcos Paz, y Nicolaides, los militares imputados estuvieron detenidos desde el primer día en la Base de Apoyo Logístico de La Liguria, en Resistencia, servidos por sus pares. Recién en diciembre, cuando el prefecto Héctor Febres apareció envenenado en su dúplex del Tigre, fueron trasladados al Instituto Penal de Campo de Mayo. Desde el miércoles están alojados en la Unidad 7 del Servicio Penitenciario chaqueño y desde el martes deberán presentarse ante el tribunal correntino.
Para el inicio de las audiencias se acercó un gran número de personalidades y organismos de derechos humanos, ya que este es el primer juicio que se sustancia en el interior del país. Entre otros llegaron a Corrientes Mabel Tati Almeida, de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora; desde el Foro por la Justicia de Goya arribaron la docente Berta Arroyo, el sacerdote Víctor Hugo Arroyo y el abogado Tadeo Solís; la dirigente de Familiares de Detenidos y Desaparecidos por Causas Políticas, Ángela Boitano; los diputados nacionales Remo Carlotto, Araceli Carmona, Hugo Perié, Eduardo Galantini, Diana Conti; el senador nacional Fabián Ríos y el diputado provincial Tamandaré Ramírez Forte; la responsable de la Casa de Derechos Humanos de Curuzú Cuatiá, Martha Pelloni; la dirigente de la Red Provincial de Derechos Humanos Hilda Presman; por los organismos de Derechos Humanos de Paso de los Libres, el abogado Jorge Olivera y la operadora del Programa Verdad y Justicia de la Nación, María José Guembe; y de AFADER está María Luz Piérola.