Preocupación por lo ocurrido con Juan Antonio Zaccaría

Desde AFADER y la Asociación de Ex Presos, Presas y Exiliados Políticos “La Solapa” queremos expresar nuestra preocupación por el hecho ocurrido en horas de la mañana de ayer, lunes 22, en que fue encontrado en su celda inconsciente ante un presunto intento de suicidio el médico Juan Antonio Zaccaría.
Cuando hace exactamente 20 días el único civil imputado de la causa denominada Hospital Militar fue procesado por supresión de identidad y ocultamiento de menores, porque en su condición de jefe de terapia intensiva de dicho nosocomio de Paraná habría recibido a los mellizos que Raquel Negro dio a luz allí, entre marzo y abril de 1978; desde los organismos de Derechos Humanos celebramos la decisión de la jueza federal Myriam Galizzi, fundamentalmente por enviarlo a cárcel común, sin privilegios de prisión domiciliaria.
Pero hoy ante lo sucedido, reafirmando aún mas lo que los organismos hemos pedido en estos años que es que los responsables de delitos de lesa humanidad y en este caso en particular de robo de bebés vayan a cárceles comunes, queremos manifestar que en esos casos deben maximizarse los esfuerzos para garantizar la custodia de quien puede saber dónde y con quienes se encuentran los hijos de Raquel Negro y Tulio Valenzuela, ambos desaparecidos, y hermanos de Sebastián Álvarez; amen de investigarse de forma exhaustiva los hechos relacionados con el supuesto intento de suicidio.
Ya tuvimos a principios de año la lamentable muerte del represor Héctor Febres, bajo custodia de sus camaradas de prefectura, quien era el encargado de comprarles la ropita a los bebés nacidos durante el cautiverio de sus madres en la ESMA, y que aún se investiga. Y más cercano y llamativo incluso es el suicidio de Paul Alberto Navone, citado en esta causa, cuando fue llamado a indagatoria.
Los delitos por los cuales se encuentran procesados el médico paranaense y los represores Juan Daniel Amelong, Walter Salvador Pagano, Héctor Marino González, Jorge Alberto Fariña y Pascual Oscar Guerrieri continúan hoy cometiéndose, en todos los casos, esos chicos, hoy adultos no saben quienes son, quienes fueron sus padres, su verdadero nombre y que en muchos casos sus hermanos los buscan en cada paso. Ellos saben donde están, con quienes…
Por Memoria, Verdad y Justicia.

El médico imputado por robo de bebés intentó suicidarse en la cárcel de Paraná

El médico Juan Antonio Zaccaría, imputado en la causa por robo de bebés nacidos en el Hospital Militar de Paraná durante la dictadura, fue trasladado de urgencia al Hospital San Martín después de ser hallado colgado en la celda que ocupaba en la Unidad Penal Número 1 de Paraná, en un presunto intento de suicidio, según indicaron fuentes penitenciarias.
Si bien el médico del Servicio Penitenciario consignó en su informe que Zaccaría había sufrido una descompensación por un cuadro de diabetes, los profesionales que lo atendieron en el Hospital San Martín decidieron dar aviso a la jueza federal de Paraná, Myiriam Galizzi, después de constatar una importante marca alrededor del cuello del imputado, que se relacionaría con un presunto intento de suicidio.
Mientras el profesional se recuperaba en el nosocomio acompañado por su esposa e hijos, la jueza Galizzi se presentó en la unidad penal para inspeccionar la celda que compartía con otros dos internos, uno de los cuales fue quien lo encontró desmayado y, al parecer, colgado de una sábana o un cinto –no se dieron precisiones al respecto–; mientras que el otro gozaba de una salida transitoria.
El director del Servicio Penitenciario, Horacio Pascual, precisó que “la primera persona que encontró a Zaccaría fue un compañero de celda, que dio aviso a un celador y luego se llamó al médico del penal”, y acotó que el imputado por delitos de lesa humanidad “compartía la celda con dos internos más. Uno estaba con una salida transitoria y el otro realizando actividades laborales dentro del penal, y al regreso se encontró con esta situación”, y acotó que la decisión de mantenerlo acompañado obedece a que “en la unidad penal se hace muy difícil tener internos solos, en función de la estructura edilicia que tenemos y la cantidad de gente; y porque ante la delicadeza de la causa, no puedan estar solos y se selecciona algún interno con el que pueda convivir”.
Pascual aseveró que “luego quedó a disposición de los médicos del hospital y en su revisión, pudieron observar que había un intento de ahorcamiento, lo que hizo que nosotros de esa manera preserváramos el ámbito y dimos aviso al Juzgado Federal y a la Policía Científica para hacer los peritajes correspondientes”.
Una vez que recuperó la luceidez, Zaccaría se negó a tomar la medicación e ingerir alimentos, pero retomó la posibilidad de comunicarse con su familia. Si bien aseguró no recordar lo que le sucedió, la directora del Hospital San Martín, Sandra Roland, reconoció que este cuadro es poco común, pero podría ser cierto teniendo en cuenta que sufrió la falta de irrigación de sangre al cerebro.
El médico había sido procesado el 3 de septiembre pasado acusado por el delito de sustracción de menores y sustitución de su identidad, ya que era jefe del Servicio de Terapia Intensiva del Hospital Militar entre marzo y abril de 1978, cuando se produjo el traslado de Raquel Negro desde el centro clandestino de detención Quinta de Funes, en las afueras de Rosario, hasta el nosocomio castrense para dar a luz.
En la declaración que brindó en los primeros días de mayo pasado, el profesional había dicho que en aquel momento no estaba en el Hospital Militar, que cuando llegó se encontró con una incubadora vacía y que le dijeron que un bebé que había nacido con complicaciones había sido trasladado a una clínica pediátrica privada y aseguró desconocer el destino que se dio a los mellizos que dio a luz Raquel Negro.

Organismos de derechos humanos recordaron a Julio López y exigieron el esclarecimiento del caso, a dos años de su desaparición

Los organismos de derechos humanos de Paraná recordaron los dos años de la desaparición de Jorge Julio López, testigo del juicio que terminó con la condena del represor Miguel Etchecolatz, con un acto que se realizó en las calles Córdoba y Laprida, donde se realizó una actividad cultural, con el objetivo de reiterar el pedido de memoria, verdad y justicia.
Frente al mural que recuerda a López, pintado durante la tarde sobre la pared lateral del Consejo General de Educación (CGE), se leyó un documento consensuado entre AFADER, La Solapa, H.I.J.O.S. y las otras organizaciones sociales que integran la Multisectorial de Derechos Humanos de Entre Ríos.
En el texto se rescató “como un triunfo, producto de la lucha inclaudicable de las organizaciones sociales y de derechos humanos, las condenas a los genocidas” y se exhortó a “seguir avanzando” en la búsqueda de justicia.
“El único escenario exigimos es que ningún asesino esté libre o con prisiones domiciliarias, y que de una vez por todas todos los cómplices del terrorismo de Estado no tengan cabida en los Estados democráticos.
“La desaparición de Julio nos interpela y pone al descubierto las falencias denunciadas desde el inicio mismo de la etapa democrática en cuanto a la desarticulación del aparato represivo.
“Estamos hablando de la inseguridad permanente que los testigos y querellantes tienen, a pesar de programas que pretenden asistirlos y protegerlos. La única garantía es que todos estén presos en cárceles comunes y que todos sean juzgados”.
El integrante de La Solapa Darío Olivera indicó que el objetivo de las manifestaciones “es dar testimonio de que aquella consigna de nunca más, que todavía está pendiente en tanto siga desaparecido López”.
Respecto del escaso acompañamiento de la ciudadanía, admitió que “es parte de la situación que se dio en la dictadura: dejar que se vayan naturalizando determinados hechos como que López no va a aparecer y así se tiende un manto de olvido”.
En tanto, el integrante de AFADER Eduardo Ayala destacó que “el motivo del secuestro y desaparición del compañero López fue amedrentar a todos los posibles testigos en los juicios que se están desarrollando, objetivo que no se ha cumplido para nada porque los testigos siguen testimoniando y las causas continúan y nosotros seguimos bregando por la verdad, y no vamos a cejar en nuestra lucha”.

Detuvieron en Río de Janeiro a Norberto Tozzo, el militar acusado por la Masacre de Margarita Belén que estaba prófugo desde hacía tres años

El oficial del Ejército Norberto Raúl Tozzo fue detenido en un lujoso hotel de Río de Janeiro tras permanecer prófugo desde el 30 de abril de 2005, acusado por su participación en la Masacre de Margarita Belén, en la que fueron asesinados los entrerrianos Raúl Caire, Fernando Piérola y Reinaldo Zapata Soñez, entre una veintena de militantes políticos y sociales.
Tozzo fue localizado por agentes de Interpol y policías brasileños después de realizar un pormenorizado seguimiento telefónico a sus familiares directos en las localidades entrerrianas de Hasenkamp y María Grande, donde el represor tenía negocios en medios de comunicación.
El paradero de Tozzo –quien al momento de la Masacre de Margarita Belén era teniente primero del Ejército– fue determinado después de un pormenorizado seguimiento telefónico a sus familiares directos. Cada uno de ellos tenía interceptado el teléfono por disposición judicial y allí fue que se pudo verificar desde dónde llamaba. Al parecer, el militar siempre se comunicaba desde el hotel de Río Janeiro donde se alojaba desde hacía un buen tiempo y seguía de cerca los negocios como las novedades familiares.
La tarea de inteligencia se completó con un seguimiento de dos días durante los cuales se tomaron fotografías y se analizaron pormenorizadamente sus movimientos. Así se comprobó que Tozzo estaba registrado bajo un nombre falso, sin pasaporte ni documentos y viviendo una vida absolutamente clandestina. Pero cuando los agentes de Interpol se acercaron, él mismo se identificó por su nombre y no se resistió al arresto. Su nombre fue lo único que dijo, luego no pronunció palabra.
Tozzo estaba prófugo desde el 30 de abril de 2005, cuando el juez federal de Resistencia, Carlos Skidelsky, ordenó su detención y la de otros nueve militares a los que imputó por el fusilamiento de un grupo de presos políticos detenidos en la alcaldía policial de Resistencia en un paraje cercano a Margarita Belén. Cuando lo fueron a buscar a su domicilio en Capital Federal ya se había ido. Tampoco lo hallaron en Entre Ríos. Su abogado defensor dijo que podría estar en España pero tampoco fue localizado.
El 9 de junio de ese mismo año Interpol lo incluyó en la lista de prófugos, acusado por “crímenes contra la vida y la salud y secuestro”. Nunca hubo datos concretos sobre su paradero aunque hay quienes aseguran haberlo visto en reiteradas ocasiones en María Grande, donde su canal de cable ocupa la frecuencia 3. Otros contaron que las visitas eran frecuentes. Hasta que en 2006 la sede de Río de Janeiro de Interpol comenzó a recibir información desde Argentina que indicaba que Tozzo podría estar en Brasil. “Poco a poco fuimos armando el rompecabezas hasta que lo localizamos”, se indicó.
El militar maneja un canal de cable que opera además en Hasenkamp, Viale, Tabossi, Aldea Santa María, El Pingo y Sosa a través de la firma Emprendimientos Comunicacionales Sociedad Anónima; también es socio en el servicio de televisión por cable de Conscripto Bernardi con el actual intendente justicialista, Rubén Boxler; y Santiago, el hijo de Tozzo –que vive en Hasenkamp con el resto de la familia pero juega al rugby en un equipo de Viale y es quien quedó a cargo del negocio–, tiene acceso directo actualmente a no pocos despachos de Casa de Gobierno, tal es así que los medios de comunicación del grupo tienen pautas de publicidad oficial y realizan las filmaciones de las sesiones de la Convención Constituyente.
Tozzo fue quien detuvo en Misiones a los militantes montoneros Fernando Piérola y su esposa María Julia Morresi, el 20 de octubre de 1976. Luego los trasladó hasta el Regimiento de Infantería 9 de Corrientes, donde los sometieron a torturas, y finalmente a Resistencia. Fernando fue torturado en la Unidad Regional 1 y en la U7 en la misma madrugada del 13 de diciembre de 1976 antes de ser asesinado a la altura de kilómetro 1.042 de la Ruta Nacional 11, a pocos kilómetros de la localidad de Margarita Belén.

A treinta y dos años, se recordó la Noche de los Lápices y a los estudiantes entrerrianos desaparecidos

Un centenar de personas se congregaron en la Plaza Sáenz Peña de Paraná para recordar con un acto cultural el trigésimo segundo aniversario de la Noche de los Lápices, en la que una treintena de estudiantes secundarios fueron secuestrados en La Plata, pero también a los estudiantes entrerrianos desaparecidos durante la última dictadura militar, en un evento organizado por AFADER, la Asociación de ex Presos, Presas y Exiliados Políticos La Solapa, la agrupación H.I.J.O.S. y alumnos secundarios, que incluyó la lectura de un documento y la presentación de bandas locales de rock, folclore y tango.
En el documento elaborado por los organismos se indicó: “Nos encontramos en la Plaza Sáenz Peña, puntualmente, en el Monumento a la Memoria que hizo Amanda Mayor. Y son varios los hechos en la historia de la cual nos sentimos parte que conmemoramos hoy.
“En primer lugar, recordamos la Noche de los Lápices, el secuestro de los estudiantes secundarios de La Plata que reclamaban el medio boleto estudiantil, que eso era parte de su lucha porque eran militantes políticos, parte de una generación joven que creía en la construcción de una Patria realmente distinta, un Patria justa, y la dictadura militar les arrancó la vida y les truncó el proyecto. Hoy nosotros levantamos la bandera de aquella juventud comprometida.
“Esto también es un homenaje a los entrerrianos Mario Menéndez, dirigente de la Agrupación de Estudiantes Secundarios Regional II, del Colegio Don Bosco, que fue secuestrado en Rosario el 10 de septiembre de 1977; Eduardo Mencho Germano, dirigente del Colegio La Salle, secuestrado también en Rosario el 17 de diciembre de 1976; y Luis Alberto Bicho Fadil, dirigente de la AES de la Escuela de la Base Aérea de Paraná, asesinado el 6 de octubre de 1976 en Santa Fe. Ellos fueron los jóvenes de Paraná que se encargaron también de llevar a cabo esta lucha y que hoy no están, que están desaparecidos desde la última dictadura militar y son desapariciones por las cuales todavía no hay nadie preso.
“Otro de lo hechos es el 16 de septiembre de 1955, cuando las Fuerzas Armadas derrocaron a un gobierno democrático, en este caso el de Juan Domingo Perón.
“Se trató de un gobierno que había avanzado en la construcción de la justicia social, la soberanía y la independencia económica. Y a partir de entonces empieza lo que ellos llamaron la Revolución Libertadora y nosotros denominados Revolución Fusiladora, porque eso fue lo que vinieron a hacer: perseguir, encarcelar, torturar y fusilar a aquellas personas que estaban comprometidas con el proyecto de la soberanía política”.

Repudiamos la modificación del proyecto para que ex funcionarios de dictaduras no ocupen cargos públicos

Desde AFADER queremos acompañar el repudio a la modificación de la presentación realizada por la Asociación de Ex presos, presas y exiliados políticos La Solapa para que quienes hayan sido funcionarios en gobiernos de facto no puedan ejercer cargos públicos en el Estado, lo que sería transformado para sancionar a aquellos que ocupen cargos en futuras dictaduras.
En primer término entendemos que consignar “quienes ocupen cargos en futuras dictaduras” permite vislumbrar un futuro que los argentinos no estamos dispuestos a repetir y que la lucha de estos 30 años ha sido por Memoria, para no olvidar y enseñar a las generaciones más jóvenes las atrocidades cometidas, tanto por las fuerzas represivas como por civiles cómplices; Verdad, para saber quiénes fueron los responsables directos, indirectos y mentores y dónde están los compañeros desaparecidos y los más de 400 nietos cuyo paradero se desconoce; y Justicia, que a 32 años se está finalmente llevando adelante con condenas ejemplares a los máximos responsables del autodenominado Proceso de Reorganización Nacional.
Como organismo que siempre ha pedido que quienes hayan sido partícipes o cómplices, civiles o militares, no ejerzan cargos públicos, creemos necesario que, acorde a los tiempos que vivimos, esa cláusula sea incorporada a la Constitución Provincial, tal cual se la había aprobado en una primera instancia.
Por Memoria, Verdad y Justicia.

Otros dos nietos recuperaron su identidad

La Asociación Abuelas de Plaza de Mayo dio a conocer la restitución de la identidad de dos hijos de desaparecidos durante la última dictadura militar, una de ellas hija del entrerriano Raúl René De Sanctis, oriundo de Concepción del Uruguay, y Myriam Ovando (foto), que vivió en Paraná y fue acusada por su participación en el operativo en el que fue muerto el general Jorge Cáceres Monié, unos meses antes del golpe de Estado. El otro joven es hijo de Liliana Carmen Pereyra y Eduardo Alberto Cagnola, secuestrados de la pensión en la que vivían en Mar del Plata, el 5 de octubre de 1977.
Myriam Ovando nació en Rosario y fue secuestrada el 1° de abril de 1977 en la localidad de Virreyes, en la zona norte del Gran Buenos Aires, estando embarazada de seis meses. Pudo saberse que permaneció detenida en una casa operativa en la localidad de Escobar y que dio a luz en julio de 1977 a una nena a la que llamó Laura Catalina.
Myriam estudiaba Psicología en Rosario pero vivió en Paraná en los últimos meses de 1975, en una casa ubicada en Félix de Azara 25, junto con Mabel Fontana y María del Rosario Badano. Las tres fueron acusadas por su participación en el hecho en el que fue muerto el general Jorge Esteban Cáceres Monié, el 3 de diciembre de 1975 en Villa Urquiza, aunque Fontana y Ovando no fueron juzgadas en el Consejo de Guerra que se realizó durante la dictadura y permanecen desaparecidas.
Raúl De Sanctis nació el 29 de julio de 1954 en Concepción del Uruguay y fue detenido en mayo de 1977 en la estación de trenes de Campana. Ambos militaban en Montoneros y permanecen desaparecidos.

Celebramos la detención en la cárcel de Paraná de un médico acusado por robo de bebés

Hemos sido sorprendidos gratamente con la noticia de que el día miércoles, por primera vez, la Justicia entrerriana, a través de la jueza federal Myriam Galizzi, ha dispuesto el procesamiento y detención por dictado de prisión preventiva de seis imputados por el robo y sustitución de identidad de dos bebés nacidos clandestinamente en 1978 en el Hospital Militar de Paraná, hijos de Raquel Negro, que fue traída a la capital entrerriana desde el centro clandestino de detención Quinta de Funes, en Rosario, donde se encontraba detenida.
Si bien cinco de los imputados (Juan Daniel Amelong, Walter Salvador Pagano, Héctor Marino González, Jorge Alberto Fariña y Pascual Oscar Guerrieri) son ex integrantes de las fuerzas represivas del terrorismo de Estado y ya estaban en prisión por otras causas; el sexto, Juan Antonio Zaccaría, no integraba las filas de las fuerzas y, no obstante ello, fue procesado y detenido en cárcel común, la Unidad Penal Número 1 de la ciudad de Paraná (foto), en su calidad de médico responsable de la Unidad de Terapia Intensiva del hospital, ámbito donde se han configurado las conductas tipificadas como sustracción y sustitución de identidad de menores de diez años.
Amén de ser este fallo el primero que evoluciona en la investigación para la futura condena en materia de derechos humanos y por crímenes de lesa humanidad en esta provincia, también trasciende la neta esfera de las fuerzas de seguridad represoras para avanzar hacia el verdadero espectro punible de aquel sector de la sociedad también culpable de esos crímenes.
Por la Memoria, la Verdad y la Justicia, y en esta búsqueda, acompañamos en esta epopeya a quienes como Sebastián Álvarez, hijo de Raquel y hermano de aquellos bebés a los que les robaron la historia y sus propias vidas; y a las queridas Abuelas de Plaza de Mayo, que querellan como parte a quienes, ab initio son autores responsables y bregamos por la inmediata citación a audiencia indagatoria de Juan Carlos Trimarco y de todos aquellos responsables directos, mentores ideológicos y garantes de los resultados del plan sistemático que incluyó la sustracción y supresión de identidad de los hijos de nuestros seres queridos presentes en la memoria.
Por Memoria, Verdad y Justicia.

Procesaron a cinco militares y un médico civil en la causa en la que se investiga el robo de bebés en Paraná

La jueza federal de Paraná, Myriam Galizzi, dictó el procesamiento con prisión preventiva para cinco militares y un médico civil por la sustracción y sustitución de identidad de una pareja de mellizos que dio a luz Raquel Negro (foto) en el Hospital Militar de la capital entrerriana en los primeros meses de 1978, mientras estaba detenida clandestinamente.
Los procesados son los represores Juan Daniel Amelong, Walter Salvador Pagano, Héctor Marino González, Jorge Alberto Fariña y Pascual Oscar Guerrieri y el médico paranaense Juan Antonio Zaccaría; mientras que la jueza no se expidió respecto de la situación del ex interventor militar de la provincia, Juan Carlos Ricardo Trimarco, dado que aún no resolvió sobre el planteo de nulidad de la pericia médica que lo consideró inimputable. Además, la magistrada dictó la falta de mérito para el médico ginecólogo Jorge Mario Cantaberta, que también cumplía funciones en el nosocomio castrense. En la causa también estaba imputado Paúl Alberto Navone, quien se suicidó de un disparo en la cabeza en un hotel de la Fuerza Aérea en la localidad cordobesa de Ascochinga.
El médico Zaccaría era jefe del Servicio de Terapia Intensiva del Hospital Militar y es el único de los procesados que no estaba detenido, por lo que se dispuso su arresto y fue alojado en la Unidad Penal Número 1 de Paraná; mientras que los militares continuarán presos en el pabellón de represores de la cárcel de Marcos Paz.
Los militares imputados en el robo de bebés eran miembros del Destacamento de Inteligencia 121, que tenía como jefe al fallecido coronel Edgardo Alcides Juvenal Pozzi; secundado por el coronel Guerrieri; mientras que el jefe de Operaciones Especiales de Inteligencia era el capitán Fariña; el segundo jefe de Operaciones Especiales era el teniente Amelong; y Pagano y González también eran agentes de inteligencia militar en Paraná y Santa Fe cuando se produjo el traslado de Raquel Negro desde el centro clandestino de detención Quinta de Funes al Hospital Militar de Paraná para que diera a luz a una pareja de mellizos, entre febrero y marzo de 1978.
La abogada Marina Barbagelata, que representa al hijo de Raquel Negro, afirmó que “las pruebas contra los represores procesados fueron contundentes”, y confió en que “esta causa está en un procedimiento que culminará en un juicio oral y público”.

Las Abuelas de Plaza de Mayo encontraron a la nieta número 93

Las Abuelas de Plaza de Mayo lograron restituir la identidad de la hija de Olga Noemí Casado y Juan Oscar Cugura, ambos desaparecidos durante la última dictadura militar. La nieta número 93 en conocer su verdadero origen nació en cautiverio entre noviembre de 1977 y enero de 1978 y las denuncias sobre la pareja de apropiadores datan de 1985.
El juzgado Federal Número 1 de La Plata confirmó la restitución de la identidad a la hija de Olga Noemí Casado y Juan Oscar Cugura, ambos desaparecidos durante la última dictadura militar cuando ella estaba embarazada de siete meses. La chica es veterinaria y se llamaría Alejandra.
Olga Noemí Casado nació el 1º de abril de 1958 en Mar del Plata, militaba en Montoneros y sus compañeros la llamaban Julia. Fue secuestrada en noviembre y, por testimonios, pudo saberse que permaneció detenida en el centro clandestino de detención Puesto Vasco.
Juan Oscar Cugura nació el 4 de junio de 1946 en Rawson, también militaba en Montoneros, era conocido como Cefe, Negro Cefe o Ceferino y fue raptado entre octubre y noviembre de 1977.
El nacimiento de la beba fue informado inicialmente ante la Conadep por la familia Cugura, junto con la denuncia por la desaparición de su hijo y su compañera Julia, de quien desconocían el verdadero nombre, según informó Abuelas de Plaza de Mayo.
Recién en 2006 la Conadi recibió información que le permitió comenzar la investigación del caso y, a partir de un testimonio y tras una ardua investigación, en abril de 2007 se pudo confirmar que Olga Noemí Casado era efectivamente Julia.
A partir de allí se pudo solicitar a las familias Cugura y Casado que dejaran su información genética en el Banco Nacional de Datos Genéticos para así aguardar que la información de algunos de los cientos de jóvenes que se analizan para esclarecer su origen biológico, diera con su grupo familiar. Un año después hubo resultados positivos.
Las denuncias acerca de que una familia tenía anotada como propia a la joven que hoy se conoce es la hija de la pareja Cugura-Casado, existen en Abuelas de Plaza de Mayo desde 1985, y la última fue recibida en 2000. Pero la localización de la joven no fue fácil, ya que la familia apropiadora solía mudarse y ha vivido en distintas provincias. La denuncia avanzó hasta que el juez federal de La Plata Manuel Humberto Blanco ordenó un allanamiento para extraer las pruebas de ADN necesarias para establecer la filiación de la joven y esta semana se confirmó la identidad de la joven que hoy tiene 30 años.

Carmen Argibay planteó la necesidad de incorporar el delito de genocidio en el Código Penal

La jueza de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Carmen Argibay (foto) reclamó la incorporación al Código Penal de la figura del genocidio y consideró que legislar sobre esa figura penal es “una deuda pendiente” del Congreso Nacional, aunque reconoció que es “dificultosa de usar” en el contexto argentino. Además, manifestó su preocupación por las carencias que deben soportar los jueces, fiscales y querellantes en los juicios a imputados por delitos de lesa humanidad.
Los planteos sobre la figura de genocidio reaparecieron durante la lectura de los alegatos de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de Neuquén y del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos, querellantes contra represores de La Escuelita, y en el de Justicia Ya! en el juicio por crímenes de lesa humanidad en Mansión Seré y Mar del Plata. La APDH comparó la masacre argentina con los genocidios nazi y armenio y con la matanza de Ruanda. El Ceprodh destacó que el Tribunal Oral Federal de La Plata “reconoció la existencia jurídica del genocidio”, argumentó en base a escritos del sociólogo Daniel Feierstein que la dictadura “se propuso eliminar una fracción de la sociedad” y reiteró al describir los delitos de cada imputado que los cometieron “con la intención de eliminar total o parcialmente a un grupo nacional y en consecuencia forman parte del genocidio ocurrido en la Argentina”.
Argibay recordó que “el genocidio está incorporado a la Constitución Nacional porque la Argentina ratificó la Convención Internacional sobre Genocidio y se incluyó en la reforma de 1994”, aunque no está tipificado en el Código Penal. “Es una deuda que tiene el Congreso Nacional”, indicó la ministra de la Corte Suprema.
En ese sentido, recordó que en el Código Penal hay una figura que se le parece al genocidio, “que es el homicidio agravado por motivos de odio racial o religioso”, aunque “la mención del genocidio en nuestro contexto es dificultosa de usar desde el punto de vista de los documentos internacionales”, que lo definen como los actos perpetrados con la intención de destruir a un grupo nacional, étnico, racial o religioso.
Por último, Argibay destacó que los funcionarios de la Justicia que intervienen en causas por delitos de lesa humanidad “trabajan como pueden, con lo que tienen, atadito con alambre, como decimos los argentinos”.

Identificaron los restos de una modista tucumana asesinada en 1978

El Equipo Argentino de Antropología Forense identificó los restos de Norma Delia Sibantos (foto), una modista tucumana de treinta y ocho años que fue secuestrada por grupos de tareas durante la última dictadura militar y estaba enterrada desde hacía treinta años como NN en el cementerio de la localidad de Clodomira.
La mujer fue secuestrada el 19 de junio de 1978 y su cuerpo fue encontrado a fines de agosto en un camino vecinal que une las localidades de Clodomira con La Aurora, con dos disparos en la cabeza. Según el Legajo Número 5.553 de la Conadep, Sibantos no estuvo en centros clandestinos de detención y estaba embarazada al momento de su desaparición.
El Equipo Argentino de Antropología Forense confirmó su identidad luego de cotejar las huellas en el banco de datos de desaparecidos que fueron tomadas a la mujer previo a su entierro en el cementerio de Clodomira. Durante tres décadas, el cuerpo permaneció en una fosa común sin que nadie lo reclamara.
El caso fue abierto por el abogado Antenor Ferreyra, de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, que realizó una denuncia en la Justicia Federal para procurar determinar si se trataba de una víctima de la represión ilegal, ya que pobladores aseguraban haber encontrado el cadáver de una joven de tez blanca y cabellera rubia al costado del camino vecinal, a fines de agosto de 1978.

Negaron la prisión domiciliaria al cura Von Wernich y seguirá preso en la cárcel de Marcos Paz

El Tribunal Oral Federal Número Uno de La Plata rechazó el pedido de la defensa del ex capellán de la Policía Bonaerense, Christian von Wernich (foto), que había solicitado por tratarse de una persona de setenta años. Los magistrados argumentaron “la gravedad de los delitos cometidos y los hechos empleados al valerse de su condición de sacerdote de la Iglesia Católica”, para no hacer lugar al planteo.
Los camaristas Carlos Rozanski, Norberto Lorenzo y Horacio Isaurralde desestimaron por completo el argumento de los abogados del ex capellán, quienes habían señalado que su cliente tenía derecho al beneficio del arresto domiciliario por haber cumplido setenta años.
En el fallo, Rozanski remarcó que países como Argentina “que han padecido el terrorismo de Estado, no pueden darse el lujo de finalizar investigaciones y juicio en los que recayeron condenas tolerando que dicho esfuerzo se diluya al transformar la sanción en una mera formalidad”, por lo que Von Wernich deberá seguir alojado en el penal de Marcos Paz, donde se encuentra desde que recibió la sentencia a reclusión perpetua por siete homicidios triplemente calificados, cuarenta y un casos de privaciones ilegales de la libertad y treinta y un tomentos agravados, ocurridos en los centros clandestinos de detención que funcionaron en la zona de La Plata y el sur del Gran Buenos Aires.
Rozanski recordó además que cuando la Corte Suprema de Justicia declaró la inconstitucionalidad de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final “ratificó la plena vigencia del derecho internacional de los derechos humanos que torna incompatible cualquier medida del Estado que transforme –manifiesta o encubiertamente– la sanción impuesta a un condenado por delitos de lesa humanidad, en una mera formalidad”.
Von Wernich nació el 27 de mayo de 1938 en San Isidro, aunque llegó a Concordia cuando tenía apenas dos años de vida. Fue el cuarto de diez hermanos –cuatro mujeres y seis varones–, hijos de uno de los primeros forestadores de la región y de una mujer de una fina familia de Buenos Aires.

Ahora y siempre: aniversario a treinta y dos años de la Masacre de Fátima

El 20 de agosto se cumplieron treinta y dos años de la Masacre de Fátima. Quisieron matar treinta ilusiones y no pudieron, porque los treinta compañeros asesinados continúan presentes.
Este es el primer año que no se organiza un acto conmemorativo y no es una casualidad, porque también fue el año del Juicio de Fátima. Como consecuencia de toda esa conmoción que implica revivir hechos y situaciones tan tremendas muchos familiares directos de las víctimas se encuentran hasta ahora fuertemente afectados.
No crean que claudicamos, que bajamos los brazos ni mucho menos, sólo necesitamos reponernos para lo que se viene. Continuar con el pedido de justicia, para que sean condenados todos los autores de este cruel crimen y ayudar ha identificar a los compañeros que aún no pudieron recobrar su identidad. Para todo ello vamos a necesitar de toda su colaboración y acompañamiento.
Gracias a todos los que se hicieron presentes en las audiencias del juicio, a quienes testimoniaron, a los que alentaron, a los que se indignaron al escuchar las sentencias, a los que nos abrazaron y contuvieron.
Gracias Compañeros.
30.000 detenidos-desaparecidos, presentes; ahora y siempre.
Familiares de las Víctimas de la Masacre de Fátima - www.masacredefatima.com.ar

El Cuerpo Médico Forense del Poder Judicial determinó que Trimarco no puede declarar en la causa por robo de bebés

Una pericia plagada de irregularidades realizada por el Cuerpo Médico Forense del Poder Judicial de la Nación determinó que el represor Juan Carlos Ricardo Trimarco está imposibilitado de declarar como imputado en la causa por robo de bebés nacidos en el Hospital Militar de Paraná y esa situación podría extenderse a las otras investigaciones por los crímenes cometidos durante la dictadura en Entre Ríos. Sin embargo, el informe fue impugnado por la querella porque el perito de parte no fue notificado aunque su nombre fue incluido falsamente en el documento remitido a la Justicia Federal.
El informe del Cuerpo Médico Forense determinó que Trimarco no podrá ser investigado en la causa por el robo de bebés, que se inició en mayo de 2005, a partir de la denuncia presentada en el Juzgado Federal de Paraná por Sebastián Álvarez, hijo de Raquel Negro, con el patrocinio de los abogados Marina Barbagelata, Marcelo Baridón y Gamal Taleb. Negro estaba secuestrada en el centro clandestino de detención Quinta de Funes, en Rosario, y en los primeros meses de 1978 fue trasladada al Hospital Militar de Paraná, donde dio a luz a mellizos. A Trimarco se le imputan dos delitos: sustitución de identidad prevista en el artículo 139 inciso 2 del Código Penal, que establece una pena de uno a cuatro años de prisión; y sustracción de menores de edad del artículo 146, que establece una pena de tres a diez años.
El informe médico dice: “Al momento del examen, Juan Carlos Ricardo Trimarco se encuentra clínicamente compensado en su estado de salud física aparente”; del examen neurológico se desprende que presenta una patología “compatible con encefalopatía vascular y deterioro cerebral cognitivo de patrón mixto (córtico subcortical), en correlación con los cambios vasculares cerebrales observados en RMN”, que en términos coloquiales, significa que está disminuido en sus capacidades físicas y psíquicas tanto por su avanzada edad como por un problema circulatorio que hace que no tenga buena irrigación al cerebro; por lo que se concluye que “los hallazgos imposibilitan al demandado para declarar”.
Sin embargo, la abogada Marina Barbagelata ya presentó un escrito solicitando que se declare la nulidad del estudio médico porque el perito de parte no fue notificado, como sí lo fue el experto designado por la defensa de Trimarco. Más aun, la letrada advirtió que en el informe presentado al juez se consignó falsamente la presencia del perito en el examen efectuado el 23 de abril.
Las conclusiones del informe de los peritos del Cuerpo Médico Forense consignan que “los hallazgos imposibilitan al demandado (Trimarco) para declarar”. Un profesional paranaense –independiente del proceso judicial– explicó que del estudio se desprende que Trimarco se expresa en un tono de voz bajo, que tiene poco movimiento de la lengua y eso le genera dificultades para hablar –aunque el perito de la defensa admite que “su palabra es clara”–; además, le cuesta elaborar oraciones complejas y presenta una tendencia a repetir palabras y frases, pero remarcó que “se trata de patologías propias de la edad, cualquier persona de ochenta y tres años está disminuida en sus capacidades físicas y psíquicas, pero eso no le impide razonar”. Sin embargo, advirtió que “la falta de irrigación sanguínea al cerebro ocasiona problemas para hablar, en los movimientos y también para pensar correctamente, entonces una persona con esta patología no puede recordar algunas cosas”. Sin embargo, consideró que la negativa para realizar el estudio psicológico, “es otro elemento que revela que no se trata de una persona que está fuera de sus capacidades, porque en ese caso no podría comprender de qué se trata; y mucho menos ‘alienada’ –como planteó el perito de la defensa–, que en términos médicos es alguien que padece una afección que le produce incapacidad para actuar normalmente en la sociedad y eso lo convierte en extraño dentro de su grupo”.
Juan Carlos Trimarco nació en Buenos Aires el 27 de marzo de 1925. Ingresó en el Ejército en febrero de 1944 y egresó en diciembre de 1947. Llegó a Paraná en 1975 como segundo de Abel Teodoro Catuzzi en la Segunda Brigada de Caballería Blindada y además era jefe de Estado Mayor de la Brigada de Caballería. El mismo 24 de marzo de 1976 juró como interventor militar en la provincia y a partir de entonces fue amo y señor en todo el territorio entrerriano. A partir de diciembre de 1976 pasó a ser comandante de la Segunda Brigada de Caballería Blindada hasta enero de 1979; fue jefe del Segundo Cuerpo de Ejército con asiento en Rosario entre el 9 de diciembre de 1980 y el 2 de julio de 1982, como parte del premio por compartir tragos con Leopoldo Fortunato Galtieri, que por entonces decidió desplazar a militares que podían molestarle para su proyecto y ubicar a su alrededor a los hombres que conocía desde las noches rosarinas; y lideró el Primer Cuerpo de Ejército desde julio de 1982 hasta el final de la dictadura.
Fue el interventor militar en Entre Ríos en los primeros días de la dictadura y, aunque luego delegó la administración del gobierno, siempre detentó el poder desde el mando militar. A su llegada, Trimarco fue ubicando personal uniformado en diversas dependencias, pero también numerosos civiles con los que tenía afinidad. También tenía una estrecha relación con el arzobispo paranaense y vicario general castrense, Adolfo Servando Tortolo, que conocía todos los detalles del plan represivo que en la provincia ejecutaba Trimarco y hasta le había dado su bendición.
Pero también se dedicó a hacer negocios desde el poder, ya que allegados y parientes se beneficiaron con obras públicas que se realizaron en Entre Ríos y otras provincias del Segundo Cuerpo de Ejército y hasta realizó negocios inmobiliarios como consecuencia de la cosecha de bienes muebles e inmuebles de desaparecidos.

Fuente: semanario Análisis.

El militar absuelto en Corrientes había amenazado a María Luz Piérola en 2006

Cuatro represores fueron condenados por crímenes de lesa humanidad cometidos en el Regimiento de Infantería 9 de Corrientes durante la dictadura; pero el Tribunal Oral Federal absolvió al ex suboficial Carlos Piriz (foto), el mismo cuyo automóvil se determinó que estuvo apostado, en actitud claramente intimidatoria, frente a la casa de la dirigente de AFADER María Luz Piérola, en noviembre de 2006, aunque en la Justicia Federal nunca avanzó en esa investigación. El teniente coronel Julio Rafael Barreiro fue condenado a prisión perpetua; el ex capitán y ex titular de la Sociedad Rural Juan Carlos Demarchi y el teniente coronel Horacio Losito –que será juzgado el año próximo por la Masacre de Margarita Belén, en la que fue asesinado Fernando Piérola– recibieron la pena de veinticinco años; y el ex comandante de Gendarmería Raúl Alfredo Reynoso fue condenado a dieciocho años.
La pena mayor, prisión perpetua, recayó sobre el coronel Julio Rafael Manuel Barreiro porque el tribunal presidido por Víctor Alonso e integrado por Lucrecia Rojas de Bardaró y Guillermo Navarro lo consideró autor del delito de asociación ilícita, coautor de la privación ilegítima de la libertad seguida de muerte de Rómulo Artieda y de trece secuestros agravados por violencia, duración y aplicación de tormentos a perseguidos políticos cometidos en el Regimiento de Infantería 9.
Artieda fue asesinado y enterrado en una fosa común del cementerio de Empedrado. De allí lo exhumó el Equipo Argentino de Antropología Forense, meses antes del inicio del juicio.
Demarchi y el coronel Horacio Losito, agregado militar en Italia hasta 2003, fueron condenados a veinticinco años de prisión por asociación ilícita más once y diez secuestros y tormentos respectivamente. El gendarme Raúl Alfredo Reynoso, alias El Astiz correntino por infiltrarse en la familia de Artieda, fue condenado a dieciocho años de prisión como partícipe necesario en seis casos y coautor de un séptimo. Todos los militares deberán cumplir sus condenas en cárceles comunes, pero resta definir si será en Marcos Paz o en Resistencia.
El absuelto de culpa y cargo es el sargento retirado Carlos Roberto Píriz. Los motivos de la absolución, que las querellas van a recurrir ante la Cámara de Casación, se conocerán el 17 de septiembre cuando el tribunal dé a conocer sus fundamentos de su sentencia. En ese sentido, el abogado Mario Bosch afirmó que “la absolución demuestra que las sentencias no están escritas de antemano, que los juzgamientos no son políticos y que estamos transitando el camino de la justicia y la verdad. Píriz llegó a juicio porque había pruebas suficientes. Que un tribunal imparcial pueda valorar la prueba y resolver lo contrario forma parte de las reglas de un Estado de Derecho”.
Píriz es un sargento retirado del Ejército conocido con el apodo de El Boxeador. Un detenido recordó que “era muy robusto, con una caja torácica muy grande, bajo, de tez trigueña, pelo castaño oscuro”. Ex presos políticos lo acusaron de ser uno de los que golpeaba y torturaba prisioneros en el Regimiento de Infantería 9.
En 2006 María Luz Piérola denunció que fue amedrentada desde un vehículo que estuvo estacionado frente a su vivienda el jueves 9 de noviembre. Según declaró en sede judicial, cerca de las 23, la militante de derechos humanos y ex detenida política observó en la puerta de su casa un automóvil desde el cual algunos individuos reían amenazantes. Según pudo determinar el fiscal federal de Resistencia y titular de la Unidad de Coordinación y Seguimiento de las causas por violaciones a los derechos humanos, Jorge Auat, el automóvil figuraba en el Registro Automotor a nombre de Píriz, aunque nunca se pudo avanzar en una causa judicial en su contra.
Además, otro de los condenados, Horacio Losito, era un coronel retirado del Ejército que estuvo en actividad como agregado militar en la Embajada de Italia hasta su detención en 2003 y en los próximos meses volverá a ser juzgado por la Masacre de Margarita Belén, en Chaco, en la que fueron asesinados una veintena de presos políticos, entre ellos los entrerrianos Raúl Caire, Fernando Piérola –hermano de María Luz– y Reinaldo Zapata Soñez, por lo que en aquel momento se sospechaba que las amenazas podían tener relación con el avance de ambas causas judiciales.

Restringen las visitas de turistas a la Base Naval de Mar del Plata porque funcionó como centro clandestino de detención

El juez federal Rodolfo Pradas restringió parcialmente las visitas a la Base Naval de Mar del Plata porque funcionó como centro clandestino de detención durante la última dictadura militar. El planteo había sido efectuado por organismos de derechos humanos de la ciudad balnearia. Se sospecha que por ese lugar pasaron los entrerrianos Néstor Valentín Furrer y su esposa Lucía Julia Perriere, secuestrados el 4 de febrero de 1978 en Necochea.
Según informaron fuentes judiciales, varios turistas pretendían recorrer la Base Naval y ver los buques de guerra amarrados durante las vacaciones invernales, en el marco de un convenio entre el Área Naval Atlántica y el Ente Municipal de Turismo.
La medida cautelar de limitación de las visitas fue reclamada por organismos de derechos humanos de la ciudad balnearia, que participan como querellantes en los Juicios por la Verdad, y advirtieron que en el lugar funcionó un centro clandestino de detención entre 1976 y 1983 y que “dada la magnitud de los crímenes cometidos en las dependencias de la Base naval, no es posible que se la muestre como si allí nada hubiere ocurrido, mientras se sustancia un proceso por delitos de lesa humanidad cometidos en el marco de un genocidio”.
El dictamen fue firmado por el juez federal Rodolfo Pradas y dispone “restringir parcialmente el ingreso de turistas a algunas de las instalaciones de la Base Naval, como la escuela de submarinistas y el casino de oficiales”, al tiempo que se estableció también el impedimento para recorrer “algunos depósitos, por ser sectores investigados por la Justicia debido a que funcionaban como parte de un centro clandestino de detención”.
Según testimonios de ex presos políticos, por la Base Naval de Mar del Plata pasaron los entrerrianos Néstor Valentín Furrer y su esposa, Lucía Julia Perriere. Ambos fueron secuestrados en Necochea el 4 de febrero de 1978 junto a sus dos hijas, que luego aparecieron en un instituto de menores de la ciudad balnearia, donde fueron halladas por sus familiares. Furrer tenía entonces 27 años, mientras que Perriere tenía 21. Ambos fueron vistos también en el centro clandestino de detención La Cacha hasta el 29 de julio 1978.

Volvieron a robar la placa que recordaba a Mario Menéndez en el Colegio Don Bosco

Desde AFADER y desde la Asociación de ex Presos, ex Presas y Exiliados Políticos de Entre Ríos La Solapa repudiamos el vandálico hecho perpetrados por desconocidos que realizaron pintadas y volvieron a robar del Colegio Don Bosco de Paraná la placa que homenajeaba a Mario Menéndez (foto), un ex alumno del establecimiento que fue secuestrado el 10 de septiembre de 1977 en Rosario y permanece desaparecido. Los personajes nefastos que cometieron los hechos buscaron amedrentar, amenazar y dejar un mensaje a la comunidad educativa, lo que revela la vigencia de un oscuro e infame aparato represivo, lamentablemente impune, por lo cual exigimos que se investigue.
Hemos tomado conocimiento de que en horas de la madrugada del 12 de julio ingresaron ejerciendo violencia al Colegio Don Bosco de Paraná personajes nefastos, cuyo objetivo directo fue amedrentar, amenazar y dejar un mensaje en definitiva a la comunidad educativa y así a la sociedad toda y volver a sustraer, entre otras cosas, la placa erigida en homenaje al compañero desaparecido, Mario Menéndez, que fue alumno de la institución.
Además, denunciamos que dentro de la institución se efectuaron actos vandálicos como fogatas y macabros mensajes personales destinados a quien de alguna manera se ha atrevido y con ello pretendido instalar un debate histórico y social entre los alumnos.
Más allá de las denuncias y de los procedimientos de rutina, más allá de las hipótesis, no cabe duda alguna de que este accionar repugnante, incompatible con la naturaleza de cualquier ideología y credo y con la propia naturaleza humana, revela la vigencia de un oscuro e infame aparato represivo, lamentablemente impune.
Y ante lo acontecido repudiamos enérgicamente lo sucedido y exigimos la inmediata investigación y castigo a quienes fueron sus autores, para que de una vez por todas podamos creer que con justicia lograremos el país que nuestros desaparecidos soñaron.

En Entre Ríos no hay represores presos, a tres años de la reactivación de las causas

A tres años de la reactivación de la mayoría de las causas por crímenes de la dictadura, los represores prófugos suman más que los condenados, ya que hay un total de 55 genocidas que no han sido localizados, entre ellos Norberto Raúl Tozzo (foto), imputado por la Masacre de Margarita Belén, en la que fueron asesinados tres militantes entrerrianos; mientras que apenas 22 fueron condenados por tribunales federales. En los más de mil expedientes judiciales hay 429 procesados, pero ninguno de ellos en la provincia de Entre Ríos, donde hay una treintena de militares y civiles imputados.
Según los datos de la Unidad Fiscal, que realiza el seguimiento de estos expedientes, hasta hoy han sido condenados 22 represores mientras que la Justicia aún intenta localizar a otros 55 que permanecen prófugos. Del informe también se desprende el paso lento con el que avanzan los más de mil expedientes judiciales, ya que de los 429 procesados, 334 aguardan el juicio oral en prisión preventiva.
Uno de los represores prófugos es Norberto Raúl Tozzo, imputado por su participación en la Masacre de Margarita Belén, el 13 de diciembre de 1976, en la que fueron asesinados los entrerrianos Raúl Caire, Fernando Piérola y Reinaldo Zapata Soñez. Tozzo está prófugo desde el 30 de abril de 2005, cuando el juez federal de Resistencia, Carlos Skidelsky, ordenó su captura nacional e internacional. El represor tenía negocios en distintos medios de comunicación en María Grande y Hasenkamp, en la provincia de Entre Ríos.
Tras la condena contra el ex jefe del Tercer Cuerpo Luciano Benjamín Menéndez y otros siete represores del centro clandestino de detención La Perla, el registro que depende de la Procuración General de la Nación actualizó sus datos. Según sus planillas, el distrito judicial con mayor cantidad de causas tramitadas es la Ciudad de Buenos Aires, que tiene 27 expedientes con 135 procesados. Lo siguen Córdoba, con 15 causas y 53 procesados, y La Plata, con 12 y 46, respectivamente.
En Entre Ríos hay seis causas abiertas por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura, cuatro en el Juzgado Federal de Paraná y dos en Concepción del Uruguay, pero ninguna de ellas tiene procesados. De hecho, sólo en la causa por robo de bebés han declarado como imputados algunos represores y médicos del Hospital Militar de Paraná.
A fin de año, la cantidad total de condenados podría aumentar. En los próximos días, la Justicia Federal de Corrientes dictará sentencia por los crímenes en el Regimiento de Infantería 9, de los que están acusados seis militares.
El 5 de agosto comenzarán en Tucumán las audiencias por el asesinato del senador Guillermo Vargas Aignasse que sentarán al banquillo a Menéndez y al entrerriano Antonio Domingo Bussi. Y el 21 de agosto, el Tribunal Oral Federal Número 5 juzgará a otros cinco represores de los centros clandestinos Mansión Seré, El Vesubio y Mar del Plata.

Se presentó la querella por el secuestro del capellán montonero Jorge Adur

Un hermano del sacerdote Jorge Oscar Adur se presentó como querellante en la causa por su desaparición, que se instruye en el Juzgado Federal de Paso de los Libres, ya que el capellán de la organización Montoneros fue secuestrado el 26 de junio de 1980 en esa localidad correntina y detenido en el centro clandestino de detención conocido como Estancia La Polaca.
“Veinticinco años de democracia, de impunidad, es demasiado tiempo. Tendría que ir un poco más rápido esto de la justicia”, admitió Hugo Adur, hermano del cura oriundo de Nogoyá tras presentarse como querellante en la causa y autorizar a los abogados Jorge Olivera y Ramón Leguizamón para llevar adelante la investigación.
Luego de la presentación, la querella solicitó al Juzgado Federal que cite a declarar como testigos de Silvia Noemí Tolchinsky, radicada en Barcelona; y del actual embajador argentino en Colombia y ex jefe del Ejército, Martín Balza, que en esa época era jefe del Grupo de Artillería Número 3 en Paso de los Libres.
Adur fue capellán de Montoneros, confesor del general Juan Domingo Perón y asesor espiritual de la familia Abal Medina. Oriundo de Nogoyá, nació el 19 de mayo de 1932 y fue el noveno de los 12 hijos de Manuel Adur y Juana Dominga Bernachea.
Después de recibirse de bachiller, viajó a Buenos Aires para ingresar como seminarista a la congregación francesa de Los Agustinos de la Asunción, perteneciente a la Iglesia Católica y conocidos como los asuncionistas. Se ordenó como sacerdote estando en Chile y regresó a Nogoyá para celebrar su primera misa.
Pronto fue designado párroco de la Iglesia San Miguel de Tournes en el barrio de Belgrano de Buenos Aires, y al poco tiempo se vinculó con los curas que conformaban el Movimiento de Sacerdotes para el Tercer Mundo, del cual fue uno de los redactores de sus documentos.
Perseguido por el terrorismo de Estado, fue trasladado al interior de la provincia de Buenos Aires un grupo de curas y obispos, donde permaneció un tiempo hasta que el nuncio apostólico Pío Laghi lo llevó en auto hasta el avión en el que salió del país. Según sus allegados, Adur regresó a la Argentina en el marco de la contraofensiva montonera y fue secuestrado el 26 de junio de 1980 en el paso fronterizo Uruguaiana-Paso de los Libres cuando viajaba a Porto Alegre, en un micro de la empresa General Urquiza, bajo el nombre de Pedro Ramón Altamirano.
Ese mismo día, y en el mismo lugar, fue secuestrado Lorenzo Ismael Viñas, quien se dirigía a Río de Janeiro en la empresa de transporte brasilera Pluma, en el autobús 7825. Adur y Viñas viajaban en sendos asientos número 11. Ambos fueron llevados al centro clandestino de detención conocido como La Polaca, una estancia de unas 40 hectáreas ubicada a la vera del río Uruguay y a pocos kilómetros de la ciudad correntina de Paso de los Libres.
El predio de La Polaca fue utilizado cuando comenzaron a producirse los secuestros de militantes de la organización Montoneros que regresaban al país en el marco de los que se llamó la contraofensiva. En aquella época, Paso de los Libres contaba con Aeronáutica; el Batallón y el Regimiento de Infantería del Ejército; Gendarmería; Prefectura; Policía Federal; Policía de la provincia y el Destacamento 123 de Inteligencia. Martín Balza era jefe del Grupo de Artillería Número 3 con asiento en Paso de los Libres.