viernes, 28 de diciembre de 2007

Juzgarán a Bussi y Menéndez por el secuestro del ex senador Vargas Aignasse

El represor entrerriano Antonio Domingo Bussi (foto superior) será sometido a juicio oral y público por la desaparición del ex senador provincial peronista Guillermo Vargas Aignasse, secuestrado en su casa el 24 de marzo de 1976 por personas armadas y encapuchadas “pertenecientes a las fuerzas de seguridad”, según consignó el juez federal subrogante de Tucumán, Daniel Bejas al clausurar la investigación. Por la misma causa también será juzgado Luciano Benjamín Menéndez (foto inferior), que era jefe del Tercer Cuerpo de Ejército, del que dependía la Brigada de Infantería V, que lideraba Bussi.
Los dos mayores símbolos del terrorismo de Estado del norte argentino, y que ostentan el record absoluto de imputaciones por secuestros, torturas y asesinatos, serán juzgados en 2008. Según la Comisión Bicameral Investigadora, formada en 1984 en Tucumán, el 68 por ciento de los 507 secuestros registrados durante la dictadura en la provincia se produjeron entre 1976 y 1977. En esos años, Bussi era comandante de la Brigada de Infantería V e interventor militar de Tucumán; mientras que Menéndez era jefe del Tercer Cuerpo de Ejército, del que dependía la brigada. De ese universo de casos, 387 personas permanecen desaparecidas, 96 fueron liberadas y de apenas 24 se recuperaron los cadáveres.
Ambos serán juzgados por el secuestro del ex senador Vargas Aignasse, desaparecido desde el 24 de marzo de 1976 por personas armadas y encapuchadas “pertenecientes a las fuerzas de seguridad”, apuntó el juez. En la Brigada de Investigaciones de la policía provincial fue “sometido a torturas, tratos crueles e inhumanos”. Luego lo trasladaron al penal de Villa Urquiza. Su cautiverio concluyó con “una parodia de puesta en libertad”, a la que precedió “el secuestro y posterior desaparición forzosa de Vargas Aignasse”.
El juez Bejas imputó a los militares por violación de domicilio, privación ilegítima de la libertad agravada, tormentos reiterados, homicidio calificado y asociación ilícita. El fiscal Emilio Ferrer compartió el argumento según el cual “la modalidad de aniquilamiento sobre personas determinadas, provenientes del accionar del aparato estatal, configuran el delito internacional penal de genocidio”. Ambos represores tienen más de 70 años y gozan de arresto domiciliario, Bussi -oriundo de Victoria- en un country de la recoleta Yerba Buena, en Tucumán, y Menéndez en Córdoba.
Sin embargo, el abogado Horacio Conesa Mones Ruiz anunció que presentará un incidente de nulidad contra la resolución del magistrado, por considerar que es arbitraria y subsisten líneas de investigación que no fueron atendidas, al tiempo que afirmó que “el fallo cedió a la tentación del circo romano”.

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