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2008-09-23T08:58:00.000-07:00

Preocupación por lo ocurrido con Juan Antonio Zaccaría

Desde AFADER y la Asociación de Ex Presos, Presas y Exiliados Políticos “La Solapa” queremos expresar nuestra preocupación por el hecho ocurrido en horas de la mañana de ayer, lunes 22, en que fue encontrado en su celda inconsciente ante un presunto intento de suicidio el médico Juan Antonio Zaccaría.
Cuando hace exactamente 20 días el único civil imputado de la causa denominada Hospital Militar fue procesado por supresión de identidad y ocultamiento de menores, porque en su condición de jefe de terapia intensiva de dicho nosocomio de Paraná habría recibido a los mellizos que Raquel Negro dio a luz allí, entre marzo y abril de 1978; desde los organismos de Derechos Humanos celebramos la decisión de la jueza federal Myriam Galizzi, fundamentalmente por enviarlo a cárcel común, sin privilegios de prisión domiciliaria.
Pero hoy ante lo sucedido, reafirmando aún mas lo que los organismos hemos pedido en estos años que es que los responsables de delitos de lesa humanidad y en este caso en particular de robo de bebés vayan a cárceles comunes, queremos manifestar que en esos casos deben maximizarse los esfuerzos para garantizar la custodia de quien puede saber dónde y con quienes se encuentran los hijos de Raquel Negro y Tulio Valenzuela, ambos desaparecidos, y hermanos de Sebastián Álvarez; amen de investigarse de forma exhaustiva los hechos relacionados con el supuesto intento de suicidio.
Ya tuvimos a principios de año la lamentable muerte del represor Héctor Febres, bajo custodia de sus camaradas de prefectura, quien era el encargado de comprarles la ropita a los bebés nacidos durante el cautiverio de sus madres en la ESMA, y que aún se investiga. Y más cercano y llamativo incluso es el suicidio de Paul Alberto Navone, citado en esta causa, cuando fue llamado a indagatoria.
Los delitos por los cuales se encuentran procesados el médico paranaense y los represores Juan Daniel Amelong, Walter Salvador Pagano, Héctor Marino González, Jorge Alberto Fariña y Pascual Oscar Guerrieri continúan hoy cometiéndose, en todos los casos, esos chicos, hoy adultos no saben quienes son, quienes fueron sus padres, su verdadero nombre y que en muchos casos sus hermanos los buscan en cada paso. Ellos saben donde están, con quienes…
Por Memoria, Verdad y Justicia.

2008-09-23T08:54:00.000-07:00

El médico imputado por robo de bebés intentó suicidarse en la cárcel de Paraná

El médico Juan Antonio Zaccaría, imputado en la causa por robo de bebés nacidos en el Hospital Militar de Paraná durante la dictadura, fue trasladado de urgencia al Hospital San Martín después de ser hallado colgado en la celda que ocupaba en la Unidad Penal Número 1 de Paraná, en un presunto intento de suicidio, según indicaron fuentes penitenciarias.
Si bien el médico del Servicio Penitenciario consignó en su informe que Zaccaría había sufrido una descompensación por un cuadro de diabetes, los profesionales que lo atendieron en el Hospital San Martín decidieron dar aviso a la jueza federal de Paraná, Myiriam Galizzi, después de constatar una importante marca alrededor del cuello del imputado, que se relacionaría con un presunto intento de suicidio.
Mientras el profesional se recuperaba en el nosocomio acompañado por su esposa e hijos, la jueza Galizzi se presentó en la unidad penal para inspeccionar la celda que compartía con otros dos internos, uno de los cuales fue quien lo encontró desmayado y, al parecer, colgado de una sábana o un cinto –no se dieron precisiones al respecto–; mientras que el otro gozaba de una salida transitoria.
El director del Servicio Penitenciario, Horacio Pascual, precisó que “la primera persona que encontró a Zaccaría fue un compañero de celda, que dio aviso a un celador y luego se llamó al médico del penal”, y acotó que el imputado por delitos de lesa humanidad “compartía la celda con dos internos más. Uno estaba con una salida transitoria y el otro realizando actividades laborales dentro del penal, y al regreso se encontró con esta situación”, y acotó que la decisión de mantenerlo acompañado obedece a que “en la unidad penal se hace muy difícil tener internos solos, en función de la estructura edilicia que tenemos y la cantidad de gente; y porque ante la delicadeza de la causa, no puedan estar solos y se selecciona algún interno con el que pueda convivir”.
Pascual aseveró que “luego quedó a disposición de los médicos del hospital y en su revisión, pudieron observar que había un intento de ahorcamiento, lo que hizo que nosotros de esa manera preserváramos el ámbito y dimos aviso al Juzgado Federal y a la Policía Científica para hacer los peritajes correspondientes”.
Una vez que recuperó la luceidez, Zaccaría se negó a tomar la medicación e ingerir alimentos, pero retomó la posibilidad de comunicarse con su familia. Si bien aseguró no recordar lo que le sucedió, la directora del Hospital San Martín, Sandra Roland, reconoció que este cuadro es poco común, pero podría ser cierto teniendo en cuenta que sufrió la falta de irrigación de sangre al cerebro.
El médico había sido procesado el 3 de septiembre pasado acusado por el delito de sustracción de menores y sustitución de su identidad, ya que era jefe del Servicio de Terapia Intensiva del Hospital Militar entre marzo y abril de 1978, cuando se produjo el traslado de Raquel Negro desde el centro clandestino de detención Quinta de Funes, en las afueras de Rosario, hasta el nosocomio castrense para dar a luz.
En la declaración que brindó en los primeros días de mayo pasado, el profesional había dicho que en aquel momento no estaba en el Hospital Militar, que cuando llegó se encontró con una incubadora vacía y que le dijeron que un bebé que había nacido con complicaciones había sido trasladado a una clínica pediátrica privada y aseguró desconocer el destino que se dio a los mellizos que dio a luz Raquel Negro.

2008-09-18T18:12:00.000-07:00

Organismos de derechos humanos recordaron a Julio López y exigieron el esclarecimiento del caso, a dos años de su desaparición

Los organismos de derechos humanos de Paraná recordaron los dos años de la desaparición de Jorge Julio López, testigo del juicio que terminó con la condena del represor Miguel Etchecolatz, con un acto que se realizó en las calles Córdoba y Laprida, donde se realizó una actividad cultural, con el objetivo de reiterar el pedido de memoria, verdad y justicia.
Frente al mural que recuerda a López, pintado durante la tarde sobre la pared lateral del Consejo General de Educación (CGE), se leyó un documento consensuado entre AFADER, La Solapa, H.I.J.O.S. y las otras organizaciones sociales que integran la Multisectorial de Derechos Humanos de Entre Ríos.
En el texto se rescató “como un triunfo, producto de la lucha inclaudicable de las organizaciones sociales y de derechos humanos, las condenas a los genocidas” y se exhortó a “seguir avanzando” en la búsqueda de justicia.
“El único escenario exigimos es que ningún asesino esté libre o con prisiones domiciliarias, y que de una vez por todas todos los cómplices del terrorismo de Estado no tengan cabida en los Estados democráticos.
“La desaparición de Julio nos interpela y pone al descubierto las falencias denunciadas desde el inicio mismo de la etapa democrática en cuanto a la desarticulación del aparato represivo.
“Estamos hablando de la inseguridad permanente que los testigos y querellantes tienen, a pesar de programas que pretenden asistirlos y protegerlos. La única garantía es que todos estén presos en cárceles comunes y que todos sean juzgados”.
El integrante de La Solapa Darío Olivera indicó que el objetivo de las manifestaciones “es dar testimonio de que aquella consigna de nunca más, que todavía está pendiente en tanto siga desaparecido López”.
Respecto del escaso acompañamiento de la ciudadanía, admitió que “es parte de la situación que se dio en la dictadura: dejar que se vayan naturalizando determinados hechos como que López no va a aparecer y así se tiende un manto de olvido”.
En tanto, el integrante de AFADER Eduardo Ayala destacó que “el motivo del secuestro y desaparición del compañero López fue amedrentar a todos los posibles testigos en los juicios que se están desarrollando, objetivo que no se ha cumplido para nada porque los testigos siguen testimoniando y las causas continúan y nosotros seguimos bregando por la verdad, y no vamos a cejar en nuestra lucha”.

2008-09-17T17:38:00.000-07:00

Detuvieron en Río de Janeiro a Norberto Tozzo, el militar acusado por la Masacre de Margarita Belén que estaba prófugo desde hacía tres años

El oficial del Ejército Norberto Raúl Tozzo fue detenido en un lujoso hotel de Río de Janeiro tras permanecer prófugo desde el 30 de abril de 2005, acusado por su participación en la Masacre de Margarita Belén, en la que fueron asesinados los entrerrianos Raúl Caire, Fernando Piérola y Reinaldo Zapata Soñez, entre una veintena de militantes políticos y sociales.
Tozzo fue localizado por agentes de Interpol y policías brasileños después de realizar un pormenorizado seguimiento telefónico a sus familiares directos en las localidades entrerrianas de Hasenkamp y María Grande, donde el represor tenía negocios en medios de comunicación.
El paradero de Tozzo –quien al momento de la Masacre de Margarita Belén era teniente primero del Ejército– fue determinado después de un pormenorizado seguimiento telefónico a sus familiares directos. Cada uno de ellos tenía interceptado el teléfono por disposición judicial y allí fue que se pudo verificar desde dónde llamaba. Al parecer, el militar siempre se comunicaba desde el hotel de Río Janeiro donde se alojaba desde hacía un buen tiempo y seguía de cerca los negocios como las novedades familiares.
La tarea de inteligencia se completó con un seguimiento de dos días durante los cuales se tomaron fotografías y se analizaron pormenorizadamente sus movimientos. Así se comprobó que Tozzo estaba registrado bajo un nombre falso, sin pasaporte ni documentos y viviendo una vida absolutamente clandestina. Pero cuando los agentes de Interpol se acercaron, él mismo se identificó por su nombre y no se resistió al arresto. Su nombre fue lo único que dijo, luego no pronunció palabra.
Tozzo estaba prófugo desde el 30 de abril de 2005, cuando el juez federal de Resistencia, Carlos Skidelsky, ordenó su detención y la de otros nueve militares a los que imputó por el fusilamiento de un grupo de presos políticos detenidos en la alcaldía policial de Resistencia en un paraje cercano a Margarita Belén. Cuando lo fueron a buscar a su domicilio en Capital Federal ya se había ido. Tampoco lo hallaron en Entre Ríos. Su abogado defensor dijo que podría estar en España pero tampoco fue localizado.
El 9 de junio de ese mismo año Interpol lo incluyó en la lista de prófugos, acusado por “crímenes contra la vida y la salud y secuestro”. Nunca hubo datos concretos sobre su paradero aunque hay quienes aseguran haberlo visto en reiteradas ocasiones en María Grande, donde su canal de cable ocupa la frecuencia 3. Otros contaron que las visitas eran frecuentes. Hasta que en 2006 la sede de Río de Janeiro de Interpol comenzó a recibir información desde Argentina que indicaba que Tozzo podría estar en Brasil. “Poco a poco fuimos armando el rompecabezas hasta que lo localizamos”, se indicó.
El militar maneja un canal de cable que opera además en Hasenkamp, Viale, Tabossi, Aldea Santa María, El Pingo y Sosa a través de la firma Emprendimientos Comunicacionales Sociedad Anónima; también es socio en el servicio de televisión por cable de Conscripto Bernardi con el actual intendente justicialista, Rubén Boxler; y Santiago, el hijo de Tozzo –que vive en Hasenkamp con el resto de la familia pero juega al rugby en un equipo de Viale y es quien quedó a cargo del negocio–, tiene acceso directo actualmente a no pocos despachos de Casa de Gobierno, tal es así que los medios de comunicación del grupo tienen pautas de publicidad oficial y realizan las filmaciones de las sesiones de la Convención Constituyente.
Tozzo fue quien detuvo en Misiones a los militantes montoneros Fernando Piérola y su esposa María Julia Morresi, el 20 de octubre de 1976. Luego los trasladó hasta el Regimiento de Infantería 9 de Corrientes, donde los sometieron a torturas, y finalmente a Resistencia. Fernando fue torturado en la Unidad Regional 1 y en la U7 en la misma madrugada del 13 de diciembre de 1976 antes de ser asesinado a la altura de kilómetro 1.042 de la Ruta Nacional 11, a pocos kilómetros de la localidad de Margarita Belén.

2008-09-16T18:01:00.000-07:00

A treinta y dos años, se recordó la Noche de los Lápices y a los estudiantes entrerrianos desaparecidos

Un centenar de personas se congregaron en la Plaza Sáenz Peña de Paraná para recordar con un acto cultural el trigésimo segundo aniversario de la Noche de los Lápices, en la que una treintena de estudiantes secundarios fueron secuestrados en La Plata, pero también a los estudiantes entrerrianos desaparecidos durante la última dictadura militar, en un evento organizado por AFADER, la Asociación de ex Presos, Presas y Exiliados Políticos La Solapa, la agrupación H.I.J.O.S. y alumnos secundarios, que incluyó la lectura de un documento y la presentación de bandas locales de rock, folclore y tango.
En el documento elaborado por los organismos se indicó: “Nos encontramos en la Plaza Sáenz Peña, puntualmente, en el Monumento a la Memoria que hizo Amanda Mayor. Y son varios los hechos en la historia de la cual nos sentimos parte que conmemoramos hoy.
“En primer lugar, recordamos la Noche de los Lápices, el secuestro de los estudiantes secundarios de La Plata que reclamaban el medio boleto estudiantil, que eso era parte de su lucha porque eran militantes políticos, parte de una generación joven que creía en la construcción de una Patria realmente distinta, un Patria justa, y la dictadura militar les arrancó la vida y les truncó el proyecto. Hoy nosotros levantamos la bandera de aquella juventud comprometida.
“Esto también es un homenaje a los entrerrianos Mario Menéndez, dirigente de la Agrupación de Estudiantes Secundarios Regional II, del Colegio Don Bosco, que fue secuestrado en Rosario el 10 de septiembre de 1977; Eduardo Mencho Germano, dirigente del Colegio La Salle, secuestrado también en Rosario el 17 de diciembre de 1976; y Luis Alberto Bicho Fadil, dirigente de la AES de la Escuela de la Base Aérea de Paraná, asesinado el 6 de octubre de 1976 en Santa Fe. Ellos fueron los jóvenes de Paraná que se encargaron también de llevar a cabo esta lucha y que hoy no están, que están desaparecidos desde la última dictadura militar y son desapariciones por las cuales todavía no hay nadie preso.
“Otro de lo hechos es el 16 de septiembre de 1955, cuando las Fuerzas Armadas derrocaron a un gobierno democrático, en este caso el de Juan Domingo Perón.
“Se trató de un gobierno que había avanzado en la construcción de la justicia social, la soberanía y la independencia económica. Y a partir de entonces empieza lo que ellos llamaron la Revolución Libertadora y nosotros denominados Revolución Fusiladora, porque eso fue lo que vinieron a hacer: perseguir, encarcelar, torturar y fusilar a aquellas personas que estaban comprometidas con el proyecto de la soberanía política”.

2008-09-15T06:00:00.000-07:00

Repudiamos la modificación del proyecto para que ex funcionarios de dictaduras no ocupen cargos públicos

Desde AFADER queremos acompañar el repudio a la modificación de la presentación realizada por la Asociación de Ex presos, presas y exiliados políticos La Solapa para que quienes hayan sido funcionarios en gobiernos de facto no puedan ejercer cargos públicos en el Estado, lo que sería transformado para sancionar a aquellos que ocupen cargos en futuras dictaduras.
En primer término entendemos que consignar “quienes ocupen cargos en futuras dictaduras” permite vislumbrar un futuro que los argentinos no estamos dispuestos a repetir y que la lucha de estos 30 años ha sido por Memoria, para no olvidar y enseñar a las generaciones más jóvenes las atrocidades cometidas, tanto por las fuerzas represivas como por civiles cómplices; Verdad, para saber quiénes fueron los responsables directos, indirectos y mentores y dónde están los compañeros desaparecidos y los más de 400 nietos cuyo paradero se desconoce; y Justicia, que a 32 años se está finalmente llevando adelante con condenas ejemplares a los máximos responsables del autodenominado Proceso de Reorganización Nacional.
Como organismo que siempre ha pedido que quienes hayan sido partícipes o cómplices, civiles o militares, no ejerzan cargos públicos, creemos necesario que, acorde a los tiempos que vivimos, esa cláusula sea incorporada a la Constitución Provincial, tal cual se la había aprobado en una primera instancia.
Por Memoria, Verdad y Justicia.

2008-09-09T05:53:00.000-07:00

Otros dos nietos recuperaron su identidad

La Asociación Abuelas de Plaza de Mayo dio a conocer la restitución de la identidad de dos hijos de desaparecidos durante la última dictadura militar, una de ellas hija del entrerriano Raúl René De Sanctis, oriundo de Concepción del Uruguay, y Myriam Ovando (foto), que vivió en Paraná y fue acusada por su participación en el operativo en el que fue muerto el general Jorge Cáceres Monié, unos meses antes del golpe de Estado. El otro joven es hijo de Liliana Carmen Pereyra y Eduardo Alberto Cagnola, secuestrados de la pensión en la que vivían en Mar del Plata, el 5 de octubre de 1977.
Myriam Ovando nació en Rosario y fue secuestrada el 1° de abril de 1977 en la localidad de Virreyes, en la zona norte del Gran Buenos Aires, estando embarazada de seis meses. Pudo saberse que permaneció detenida en una casa operativa en la localidad de Escobar y que dio a luz en julio de 1977 a una nena a la que llamó Laura Catalina.
Myriam estudiaba Psicología en Rosario pero vivió en Paraná en los últimos meses de 1975, en una casa ubicada en Félix de Azara 25, junto con Mabel Fontana y María del Rosario Badano. Las tres fueron acusadas por su participación en el hecho en el que fue muerto el general Jorge Esteban Cáceres Monié, el 3 de diciembre de 1975 en Villa Urquiza, aunque Fontana y Ovando no fueron juzgadas en el Consejo de Guerra que se realizó durante la dictadura y permanecen desaparecidas.
Raúl De Sanctis nació el 29 de julio de 1954 en Concepción del Uruguay y fue detenido en mayo de 1977 en la estación de trenes de Campana. Ambos militaban en Montoneros y permanecen desaparecidos.

2008-09-05T11:32:00.000-07:00

Celebramos la detención en la cárcel de Paraná de un médico acusado por robo de bebés

Hemos sido sorprendidos gratamente con la noticia de que el día miércoles, por primera vez, la Justicia entrerriana, a través de la jueza federal Myriam Galizzi, ha dispuesto el procesamiento y detención por dictado de prisión preventiva de seis imputados por el robo y sustitución de identidad de dos bebés nacidos clandestinamente en 1978 en el Hospital Militar de Paraná, hijos de Raquel Negro, que fue traída a la capital entrerriana desde el centro clandestino de detención Quinta de Funes, en Rosario, donde se encontraba detenida.
Si bien cinco de los imputados (Juan Daniel Amelong, Walter Salvador Pagano, Héctor Marino González, Jorge Alberto Fariña y Pascual Oscar Guerrieri) son ex integrantes de las fuerzas represivas del terrorismo de Estado y ya estaban en prisión por otras causas; el sexto, Juan Antonio Zaccaría, no integraba las filas de las fuerzas y, no obstante ello, fue procesado y detenido en cárcel común, la Unidad Penal Número 1 de la ciudad de Paraná (foto), en su calidad de médico responsable de la Unidad de Terapia Intensiva del hospital, ámbito donde se han configurado las conductas tipificadas como sustracción y sustitución de identidad de menores de diez años.
Amén de ser este fallo el primero que evoluciona en la investigación para la futura condena en materia de derechos humanos y por crímenes de lesa humanidad en esta provincia, también trasciende la neta esfera de las fuerzas de seguridad represoras para avanzar hacia el verdadero espectro punible de aquel sector de la sociedad también culpable de esos crímenes.
Por la Memoria, la Verdad y la Justicia, y en esta búsqueda, acompañamos en esta epopeya a quienes como Sebastián Álvarez, hijo de Raquel y hermano de aquellos bebés a los que les robaron la historia y sus propias vidas; y a las queridas Abuelas de Plaza de Mayo, que querellan como parte a quienes, ab initio son autores responsables y bregamos por la inmediata citación a audiencia indagatoria de Juan Carlos Trimarco y de todos aquellos responsables directos, mentores ideológicos y garantes de los resultados del plan sistemático que incluyó la sustracción y supresión de identidad de los hijos de nuestros seres queridos presentes en la memoria.
Por Memoria, Verdad y Justicia.

2008-09-03T17:58:00.000-07:00

Procesaron a cinco militares y un médico civil en la causa en la que se investiga el robo de bebés en Paraná

La jueza federal de Paraná, Myriam Galizzi, dictó el procesamiento con prisión preventiva para cinco militares y un médico civil por la sustracción y sustitución de identidad de una pareja de mellizos que dio a luz Raquel Negro (foto) en el Hospital Militar de la capital entrerriana en los primeros meses de 1978, mientras estaba detenida clandestinamente.
Los procesados son los represores Juan Daniel Amelong, Walter Salvador Pagano, Héctor Marino González, Jorge Alberto Fariña y Pascual Oscar Guerrieri y el médico paranaense Juan Antonio Zaccaría; mientras que la jueza no se expidió respecto de la situación del ex interventor militar de la provincia, Juan Carlos Ricardo Trimarco, dado que aún no resolvió sobre el planteo de nulidad de la pericia médica que lo consideró inimputable. Además, la magistrada dictó la falta de mérito para el médico ginecólogo Jorge Mario Cantaberta, que también cumplía funciones en el nosocomio castrense. En la causa también estaba imputado Paúl Alberto Navone, quien se suicidó de un disparo en la cabeza en un hotel de la Fuerza Aérea en la localidad cordobesa de Ascochinga.
El médico Zaccaría era jefe del Servicio de Terapia Intensiva del Hospital Militar y es el único de los procesados que no estaba detenido, por lo que se dispuso su arresto y fue alojado en la Unidad Penal Número 1 de Paraná; mientras que los militares continuarán presos en el pabellón de represores de la cárcel de Marcos Paz.
Los militares imputados en el robo de bebés eran miembros del Destacamento de Inteligencia 121, que tenía como jefe al fallecido coronel Edgardo Alcides Juvenal Pozzi; secundado por el coronel Guerrieri; mientras que el jefe de Operaciones Especiales de Inteligencia era el capitán Fariña; el segundo jefe de Operaciones Especiales era el teniente Amelong; y Pagano y González también eran agentes de inteligencia militar en Paraná y Santa Fe cuando se produjo el traslado de Raquel Negro desde el centro clandestino de detención Quinta de Funes al Hospital Militar de Paraná para que diera a luz a una pareja de mellizos, entre febrero y marzo de 1978.
La abogada Marina Barbagelata, que representa al hijo de Raquel Negro, afirmó que “las pruebas contra los represores procesados fueron contundentes”, y confió en que “esta causa está en un procedimiento que culminará en un juicio oral y público”.

2008-08-23T08:49:00.000-07:00

Las Abuelas de Plaza de Mayo encontraron a la nieta número 93

Las Abuelas de Plaza de Mayo lograron restituir la identidad de la hija de Olga Noemí Casado y Juan Oscar Cugura, ambos desaparecidos durante la última dictadura militar. La nieta número 93 en conocer su verdadero origen nació en cautiverio entre noviembre de 1977 y enero de 1978 y las denuncias sobre la pareja de apropiadores datan de 1985.
El juzgado Federal Número 1 de La Plata confirmó la restitución de la identidad a la hija de Olga Noemí Casado y Juan Oscar Cugura, ambos desaparecidos durante la última dictadura militar cuando ella estaba embarazada de siete meses. La chica es veterinaria y se llamaría Alejandra.
Olga Noemí Casado nació el 1º de abril de 1958 en Mar del Plata, militaba en Montoneros y sus compañeros la llamaban Julia. Fue secuestrada en noviembre y, por testimonios, pudo saberse que permaneció detenida en el centro clandestino de detención Puesto Vasco.
Juan Oscar Cugura nació el 4 de junio de 1946 en Rawson, también militaba en Montoneros, era conocido como Cefe, Negro Cefe o Ceferino y fue raptado entre octubre y noviembre de 1977.
El nacimiento de la beba fue informado inicialmente ante la Conadep por la familia Cugura, junto con la denuncia por la desaparición de su hijo y su compañera Julia, de quien desconocían el verdadero nombre, según informó Abuelas de Plaza de Mayo.
Recién en 2006 la Conadi recibió información que le permitió comenzar la investigación del caso y, a partir de un testimonio y tras una ardua investigación, en abril de 2007 se pudo confirmar que Olga Noemí Casado era efectivamente Julia.
A partir de allí se pudo solicitar a las familias Cugura y Casado que dejaran su información genética en el Banco Nacional de Datos Genéticos para así aguardar que la información de algunos de los cientos de jóvenes que se analizan para esclarecer su origen biológico, diera con su grupo familiar. Un año después hubo resultados positivos.
Las denuncias acerca de que una familia tenía anotada como propia a la joven que hoy se conoce es la hija de la pareja Cugura-Casado, existen en Abuelas de Plaza de Mayo desde 1985, y la última fue recibida en 2000. Pero la localización de la joven no fue fácil, ya que la familia apropiadora solía mudarse y ha vivido en distintas provincias. La denuncia avanzó hasta que el juez federal de La Plata Manuel Humberto Blanco ordenó un allanamiento para extraer las pruebas de ADN necesarias para establecer la filiación de la joven y esta semana se confirmó la identidad de la joven que hoy tiene 30 años.

2008-08-23T08:45:00.000-07:00

Carmen Argibay planteó la necesidad de incorporar el delito de genocidio en el Código Penal

La jueza de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Carmen Argibay (foto) reclamó la incorporación al Código Penal de la figura del genocidio y consideró que legislar sobre esa figura penal es “una deuda pendiente” del Congreso Nacional, aunque reconoció que es “dificultosa de usar” en el contexto argentino. Además, manifestó su preocupación por las carencias que deben soportar los jueces, fiscales y querellantes en los juicios a imputados por delitos de lesa humanidad.
Los planteos sobre la figura de genocidio reaparecieron durante la lectura de los alegatos de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de Neuquén y del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos, querellantes contra represores de La Escuelita, y en el de Justicia Ya! en el juicio por crímenes de lesa humanidad en Mansión Seré y Mar del Plata. La APDH comparó la masacre argentina con los genocidios nazi y armenio y con la matanza de Ruanda. El Ceprodh destacó que el Tribunal Oral Federal de La Plata “reconoció la existencia jurídica del genocidio”, argumentó en base a escritos del sociólogo Daniel Feierstein que la dictadura “se propuso eliminar una fracción de la sociedad” y reiteró al describir los delitos de cada imputado que los cometieron “con la intención de eliminar total o parcialmente a un grupo nacional y en consecuencia forman parte del genocidio ocurrido en la Argentina”.
Argibay recordó que “el genocidio está incorporado a la Constitución Nacional porque la Argentina ratificó la Convención Internacional sobre Genocidio y se incluyó en la reforma de 1994”, aunque no está tipificado en el Código Penal. “Es una deuda que tiene el Congreso Nacional”, indicó la ministra de la Corte Suprema.
En ese sentido, recordó que en el Código Penal hay una figura que se le parece al genocidio, “que es el homicidio agravado por motivos de odio racial o religioso”, aunque “la mención del genocidio en nuestro contexto es dificultosa de usar desde el punto de vista de los documentos internacionales”, que lo definen como los actos perpetrados con la intención de destruir a un grupo nacional, étnico, racial o religioso.
Por último, Argibay destacó que los funcionarios de la Justicia que intervienen en causas por delitos de lesa humanidad “trabajan como pueden, con lo que tienen, atadito con alambre, como decimos los argentinos”.

2008-08-22T08:54:00.000-07:00

Identificaron los restos de una modista tucumana asesinada en 1978

El Equipo Argentino de Antropología Forense identificó los restos de Norma Delia Sibantos (foto), una modista tucumana de treinta y ocho años que fue secuestrada por grupos de tareas durante la última dictadura militar y estaba enterrada desde hacía treinta años como NN en el cementerio de la localidad de Clodomira.
La mujer fue secuestrada el 19 de junio de 1978 y su cuerpo fue encontrado a fines de agosto en un camino vecinal que une las localidades de Clodomira con La Aurora, con dos disparos en la cabeza. Según el Legajo Número 5.553 de la Conadep, Sibantos no estuvo en centros clandestinos de detención y estaba embarazada al momento de su desaparición.
El Equipo Argentino de Antropología Forense confirmó su identidad luego de cotejar las huellas en el banco de datos de desaparecidos que fueron tomadas a la mujer previo a su entierro en el cementerio de Clodomira. Durante tres décadas, el cuerpo permaneció en una fosa común sin que nadie lo reclamara.
El caso fue abierto por el abogado Antenor Ferreyra, de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, que realizó una denuncia en la Justicia Federal para procurar determinar si se trataba de una víctima de la represión ilegal, ya que pobladores aseguraban haber encontrado el cadáver de una joven de tez blanca y cabellera rubia al costado del camino vecinal, a fines de agosto de 1978.

2008-08-21T08:57:00.000-07:00

Negaron la prisión domiciliaria al cura Von Wernich y seguirá preso en la cárcel de Marcos Paz

El Tribunal Oral Federal Número Uno de La Plata rechazó el pedido de la defensa del ex capellán de la Policía Bonaerense, Christian von Wernich (foto), que había solicitado por tratarse de una persona de setenta años. Los magistrados argumentaron “la gravedad de los delitos cometidos y los hechos empleados al valerse de su condición de sacerdote de la Iglesia Católica”, para no hacer lugar al planteo.
Los camaristas Carlos Rozanski, Norberto Lorenzo y Horacio Isaurralde desestimaron por completo el argumento de los abogados del ex capellán, quienes habían señalado que su cliente tenía derecho al beneficio del arresto domiciliario por haber cumplido setenta años.
En el fallo, Rozanski remarcó que países como Argentina “que han padecido el terrorismo de Estado, no pueden darse el lujo de finalizar investigaciones y juicio en los que recayeron condenas tolerando que dicho esfuerzo se diluya al transformar la sanción en una mera formalidad”, por lo que Von Wernich deberá seguir alojado en el penal de Marcos Paz, donde se encuentra desde que recibió la sentencia a reclusión perpetua por siete homicidios triplemente calificados, cuarenta y un casos de privaciones ilegales de la libertad y treinta y un tomentos agravados, ocurridos en los centros clandestinos de detención que funcionaron en la zona de La Plata y el sur del Gran Buenos Aires.
Rozanski recordó además que cuando la Corte Suprema de Justicia declaró la inconstitucionalidad de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final “ratificó la plena vigencia del derecho internacional de los derechos humanos que torna incompatible cualquier medida del Estado que transforme –manifiesta o encubiertamente– la sanción impuesta a un condenado por delitos de lesa humanidad, en una mera formalidad”.
Von Wernich nació el 27 de mayo de 1938 en San Isidro, aunque llegó a Concordia cuando tenía apenas dos años de vida. Fue el cuarto de diez hermanos –cuatro mujeres y seis varones–, hijos de uno de los primeros forestadores de la región y de una mujer de una fina familia de Buenos Aires.

2008-08-21T08:52:00.000-07:00

Ahora y siempre: aniversario a treinta y dos años de la Masacre de Fátima

El 20 de agosto se cumplieron treinta y dos años de la Masacre de Fátima. Quisieron matar treinta ilusiones y no pudieron, porque los treinta compañeros asesinados continúan presentes.
Este es el primer año que no se organiza un acto conmemorativo y no es una casualidad, porque también fue el año del Juicio de Fátima. Como consecuencia de toda esa conmoción que implica revivir hechos y situaciones tan tremendas muchos familiares directos de las víctimas se encuentran hasta ahora fuertemente afectados.
No crean que claudicamos, que bajamos los brazos ni mucho menos, sólo necesitamos reponernos para lo que se viene. Continuar con el pedido de justicia, para que sean condenados todos los autores de este cruel crimen y ayudar ha identificar a los compañeros que aún no pudieron recobrar su identidad. Para todo ello vamos a necesitar de toda su colaboración y acompañamiento.
Gracias a todos los que se hicieron presentes en las audiencias del juicio, a quienes testimoniaron, a los que alentaron, a los que se indignaron al escuchar las sentencias, a los que nos abrazaron y contuvieron.
Gracias Compañeros.
30.000 detenidos-desaparecidos, presentes; ahora y siempre.
Familiares de las Víctimas de la Masacre de Fátima - www.masacredefatima.com.ar

2008-08-11T18:07:00.000-07:00

El Cuerpo Médico Forense del Poder Judicial determinó que Trimarco no puede declarar en la causa por robo de bebés

Una pericia plagada de irregularidades realizada por el Cuerpo Médico Forense del Poder Judicial de la Nación determinó que el represor Juan Carlos Ricardo Trimarco está imposibilitado de declarar como imputado en la causa por robo de bebés nacidos en el Hospital Militar de Paraná y esa situación podría extenderse a las otras investigaciones por los crímenes cometidos durante la dictadura en Entre Ríos. Sin embargo, el informe fue impugnado por la querella porque el perito de parte no fue notificado aunque su nombre fue incluido falsamente en el documento remitido a la Justicia Federal.
El informe del Cuerpo Médico Forense determinó que Trimarco no podrá ser investigado en la causa por el robo de bebés, que se inició en mayo de 2005, a partir de la denuncia presentada en el Juzgado Federal de Paraná por Sebastián Álvarez, hijo de Raquel Negro, con el patrocinio de los abogados Marina Barbagelata, Marcelo Baridón y Gamal Taleb. Negro estaba secuestrada en el centro clandestino de detención Quinta de Funes, en Rosario, y en los primeros meses de 1978 fue trasladada al Hospital Militar de Paraná, donde dio a luz a mellizos. A Trimarco se le imputan dos delitos: sustitución de identidad prevista en el artículo 139 inciso 2 del Código Penal, que establece una pena de uno a cuatro años de prisión; y sustracción de menores de edad del artículo 146, que establece una pena de tres a diez años.
El informe médico dice: “Al momento del examen, Juan Carlos Ricardo Trimarco se encuentra clínicamente compensado en su estado de salud física aparente”; del examen neurológico se desprende que presenta una patología “compatible con encefalopatía vascular y deterioro cerebral cognitivo de patrón mixto (córtico subcortical), en correlación con los cambios vasculares cerebrales observados en RMN”, que en términos coloquiales, significa que está disminuido en sus capacidades físicas y psíquicas tanto por su avanzada edad como por un problema circulatorio que hace que no tenga buena irrigación al cerebro; por lo que se concluye que “los hallazgos imposibilitan al demandado para declarar”.
Sin embargo, la abogada Marina Barbagelata ya presentó un escrito solicitando que se declare la nulidad del estudio médico porque el perito de parte no fue notificado, como sí lo fue el experto designado por la defensa de Trimarco. Más aun, la letrada advirtió que en el informe presentado al juez se consignó falsamente la presencia del perito en el examen efectuado el 23 de abril.
Las conclusiones del informe de los peritos del Cuerpo Médico Forense consignan que “los hallazgos imposibilitan al demandado (Trimarco) para declarar”. Un profesional paranaense –independiente del proceso judicial– explicó que del estudio se desprende que Trimarco se expresa en un tono de voz bajo, que tiene poco movimiento de la lengua y eso le genera dificultades para hablar –aunque el perito de la defensa admite que “su palabra es clara”–; además, le cuesta elaborar oraciones complejas y presenta una tendencia a repetir palabras y frases, pero remarcó que “se trata de patologías propias de la edad, cualquier persona de ochenta y tres años está disminuida en sus capacidades físicas y psíquicas, pero eso no le impide razonar”. Sin embargo, advirtió que “la falta de irrigación sanguínea al cerebro ocasiona problemas para hablar, en los movimientos y también para pensar correctamente, entonces una persona con esta patología no puede recordar algunas cosas”. Sin embargo, consideró que la negativa para realizar el estudio psicológico, “es otro elemento que revela que no se trata de una persona que está fuera de sus capacidades, porque en ese caso no podría comprender de qué se trata; y mucho menos ‘alienada’ –como planteó el perito de la defensa–, que en términos médicos es alguien que padece una afección que le produce incapacidad para actuar normalmente en la sociedad y eso lo convierte en extraño dentro de su grupo”.
Juan Carlos Trimarco nació en Buenos Aires el 27 de marzo de 1925. Ingresó en el Ejército en febrero de 1944 y egresó en diciembre de 1947. Llegó a Paraná en 1975 como segundo de Abel Teodoro Catuzzi en la Segunda Brigada de Caballería Blindada y además era jefe de Estado Mayor de la Brigada de Caballería. El mismo 24 de marzo de 1976 juró como interventor militar en la provincia y a partir de entonces fue amo y señor en todo el territorio entrerriano. A partir de diciembre de 1976 pasó a ser comandante de la Segunda Brigada de Caballería Blindada hasta enero de 1979; fue jefe del Segundo Cuerpo de Ejército con asiento en Rosario entre el 9 de diciembre de 1980 y el 2 de julio de 1982, como parte del premio por compartir tragos con Leopoldo Fortunato Galtieri, que por entonces decidió desplazar a militares que podían molestarle para su proyecto y ubicar a su alrededor a los hombres que conocía desde las noches rosarinas; y lideró el Primer Cuerpo de Ejército desde julio de 1982 hasta el final de la dictadura.
Fue el interventor militar en Entre Ríos en los primeros días de la dictadura y, aunque luego delegó la administración del gobierno, siempre detentó el poder desde el mando militar. A su llegada, Trimarco fue ubicando personal uniformado en diversas dependencias, pero también numerosos civiles con los que tenía afinidad. También tenía una estrecha relación con el arzobispo paranaense y vicario general castrense, Adolfo Servando Tortolo, que conocía todos los detalles del plan represivo que en la provincia ejecutaba Trimarco y hasta le había dado su bendición.
Pero también se dedicó a hacer negocios desde el poder, ya que allegados y parientes se beneficiaron con obras públicas que se realizaron en Entre Ríos y otras provincias del Segundo Cuerpo de Ejército y hasta realizó negocios inmobiliarios como consecuencia de la cosecha de bienes muebles e inmuebles de desaparecidos.

Fuente: semanario Análisis.

2008-08-07T10:53:00.000-07:00

El militar absuelto en Corrientes había amenazado a María Luz Piérola en 2006

Cuatro represores fueron condenados por crímenes de lesa humanidad cometidos en el Regimiento de Infantería 9 de Corrientes durante la dictadura; pero el Tribunal Oral Federal absolvió al ex suboficial Carlos Piriz (foto), el mismo cuyo automóvil se determinó que estuvo apostado, en actitud claramente intimidatoria, frente a la casa de la dirigente de AFADER María Luz Piérola, en noviembre de 2006, aunque en la Justicia Federal nunca avanzó en esa investigación. El teniente coronel Julio Rafael Barreiro fue condenado a prisión perpetua; el ex capitán y ex titular de la Sociedad Rural Juan Carlos Demarchi y el teniente coronel Horacio Losito –que será juzgado el año próximo por la Masacre de Margarita Belén, en la que fue asesinado Fernando Piérola– recibieron la pena de veinticinco años; y el ex comandante de Gendarmería Raúl Alfredo Reynoso fue condenado a dieciocho años.
La pena mayor, prisión perpetua, recayó sobre el coronel Julio Rafael Manuel Barreiro porque el tribunal presidido por Víctor Alonso e integrado por Lucrecia Rojas de Bardaró y Guillermo Navarro lo consideró autor del delito de asociación ilícita, coautor de la privación ilegítima de la libertad seguida de muerte de Rómulo Artieda y de trece secuestros agravados por violencia, duración y aplicación de tormentos a perseguidos políticos cometidos en el Regimiento de Infantería 9.
Artieda fue asesinado y enterrado en una fosa común del cementerio de Empedrado. De allí lo exhumó el Equipo Argentino de Antropología Forense, meses antes del inicio del juicio.
Demarchi y el coronel Horacio Losito, agregado militar en Italia hasta 2003, fueron condenados a veinticinco años de prisión por asociación ilícita más once y diez secuestros y tormentos respectivamente. El gendarme Raúl Alfredo Reynoso, alias El Astiz correntino por infiltrarse en la familia de Artieda, fue condenado a dieciocho años de prisión como partícipe necesario en seis casos y coautor de un séptimo. Todos los militares deberán cumplir sus condenas en cárceles comunes, pero resta definir si será en Marcos Paz o en Resistencia.
El absuelto de culpa y cargo es el sargento retirado Carlos Roberto Píriz. Los motivos de la absolución, que las querellas van a recurrir ante la Cámara de Casación, se conocerán el 17 de septiembre cuando el tribunal dé a conocer sus fundamentos de su sentencia. En ese sentido, el abogado Mario Bosch afirmó que “la absolución demuestra que las sentencias no están escritas de antemano, que los juzgamientos no son políticos y que estamos transitando el camino de la justicia y la verdad. Píriz llegó a juicio porque había pruebas suficientes. Que un tribunal imparcial pueda valorar la prueba y resolver lo contrario forma parte de las reglas de un Estado de Derecho”.
Píriz es un sargento retirado del Ejército conocido con el apodo de El Boxeador. Un detenido recordó que “era muy robusto, con una caja torácica muy grande, bajo, de tez trigueña, pelo castaño oscuro”. Ex presos políticos lo acusaron de ser uno de los que golpeaba y torturaba prisioneros en el Regimiento de Infantería 9.
En 2006 María Luz Piérola denunció que fue amedrentada desde un vehículo que estuvo estacionado frente a su vivienda el jueves 9 de noviembre. Según declaró en sede judicial, cerca de las 23, la militante de derechos humanos y ex detenida política observó en la puerta de su casa un automóvil desde el cual algunos individuos reían amenazantes. Según pudo determinar el fiscal federal de Resistencia y titular de la Unidad de Coordinación y Seguimiento de las causas por violaciones a los derechos humanos, Jorge Auat, el automóvil figuraba en el Registro Automotor a nombre de Píriz, aunque nunca se pudo avanzar en una causa judicial en su contra.
Además, otro de los condenados, Horacio Losito, era un coronel retirado del Ejército que estuvo en actividad como agregado militar en la Embajada de Italia hasta su detención en 2003 y en los próximos meses volverá a ser juzgado por la Masacre de Margarita Belén, en Chaco, en la que fueron asesinados una veintena de presos políticos, entre ellos los entrerrianos Raúl Caire, Fernando Piérola –hermano de María Luz– y Reinaldo Zapata Soñez, por lo que en aquel momento se sospechaba que las amenazas podían tener relación con el avance de ambas causas judiciales.

2008-08-04T08:59:00.000-07:00

Restringen las visitas de turistas a la Base Naval de Mar del Plata porque funcionó como centro clandestino de detención

El juez federal Rodolfo Pradas restringió parcialmente las visitas a la Base Naval de Mar del Plata porque funcionó como centro clandestino de detención durante la última dictadura militar. El planteo había sido efectuado por organismos de derechos humanos de la ciudad balnearia. Se sospecha que por ese lugar pasaron los entrerrianos Néstor Valentín Furrer y su esposa Lucía Julia Perriere, secuestrados el 4 de febrero de 1978 en Necochea.
Según informaron fuentes judiciales, varios turistas pretendían recorrer la Base Naval y ver los buques de guerra amarrados durante las vacaciones invernales, en el marco de un convenio entre el Área Naval Atlántica y el Ente Municipal de Turismo.
La medida cautelar de limitación de las visitas fue reclamada por organismos de derechos humanos de la ciudad balnearia, que participan como querellantes en los Juicios por la Verdad, y advirtieron que en el lugar funcionó un centro clandestino de detención entre 1976 y 1983 y que “dada la magnitud de los crímenes cometidos en las dependencias de la Base naval, no es posible que se la muestre como si allí nada hubiere ocurrido, mientras se sustancia un proceso por delitos de lesa humanidad cometidos en el marco de un genocidio”.
El dictamen fue firmado por el juez federal Rodolfo Pradas y dispone “restringir parcialmente el ingreso de turistas a algunas de las instalaciones de la Base Naval, como la escuela de submarinistas y el casino de oficiales”, al tiempo que se estableció también el impedimento para recorrer “algunos depósitos, por ser sectores investigados por la Justicia debido a que funcionaban como parte de un centro clandestino de detención”.
Según testimonios de ex presos políticos, por la Base Naval de Mar del Plata pasaron los entrerrianos Néstor Valentín Furrer y su esposa, Lucía Julia Perriere. Ambos fueron secuestrados en Necochea el 4 de febrero de 1978 junto a sus dos hijas, que luego aparecieron en un instituto de menores de la ciudad balnearia, donde fueron halladas por sus familiares. Furrer tenía entonces 27 años, mientras que Perriere tenía 21. Ambos fueron vistos también en el centro clandestino de detención La Cacha hasta el 29 de julio 1978.

2008-07-30T11:02:00.000-07:00

Volvieron a robar la placa que recordaba a Mario Menéndez en el Colegio Don Bosco

Desde AFADER y desde la Asociación de ex Presos, ex Presas y Exiliados Políticos de Entre Ríos La Solapa repudiamos el vandálico hecho perpetrados por desconocidos que realizaron pintadas y volvieron a robar del Colegio Don Bosco de Paraná la placa que homenajeaba a Mario Menéndez (foto), un ex alumno del establecimiento que fue secuestrado el 10 de septiembre de 1977 en Rosario y permanece desaparecido. Los personajes nefastos que cometieron los hechos buscaron amedrentar, amenazar y dejar un mensaje a la comunidad educativa, lo que revela la vigencia de un oscuro e infame aparato represivo, lamentablemente impune, por lo cual exigimos que se investigue.
Hemos tomado conocimiento de que en horas de la madrugada del 12 de julio ingresaron ejerciendo violencia al Colegio Don Bosco de Paraná personajes nefastos, cuyo objetivo directo fue amedrentar, amenazar y dejar un mensaje en definitiva a la comunidad educativa y así a la sociedad toda y volver a sustraer, entre otras cosas, la placa erigida en homenaje al compañero desaparecido, Mario Menéndez, que fue alumno de la institución.
Además, denunciamos que dentro de la institución se efectuaron actos vandálicos como fogatas y macabros mensajes personales destinados a quien de alguna manera se ha atrevido y con ello pretendido instalar un debate histórico y social entre los alumnos.
Más allá de las denuncias y de los procedimientos de rutina, más allá de las hipótesis, no cabe duda alguna de que este accionar repugnante, incompatible con la naturaleza de cualquier ideología y credo y con la propia naturaleza humana, revela la vigencia de un oscuro e infame aparato represivo, lamentablemente impune.
Y ante lo acontecido repudiamos enérgicamente lo sucedido y exigimos la inmediata investigación y castigo a quienes fueron sus autores, para que de una vez por todas podamos creer que con justicia lograremos el país que nuestros desaparecidos soñaron.

2008-07-28T08:46:00.000-07:00

En Entre Ríos no hay represores presos, a tres años de la reactivación de las causas

A tres años de la reactivación de la mayoría de las causas por crímenes de la dictadura, los represores prófugos suman más que los condenados, ya que hay un total de 55 genocidas que no han sido localizados, entre ellos Norberto Raúl Tozzo (foto), imputado por la Masacre de Margarita Belén, en la que fueron asesinados tres militantes entrerrianos; mientras que apenas 22 fueron condenados por tribunales federales. En los más de mil expedientes judiciales hay 429 procesados, pero ninguno de ellos en la provincia de Entre Ríos, donde hay una treintena de militares y civiles imputados.
Según los datos de la Unidad Fiscal, que realiza el seguimiento de estos expedientes, hasta hoy han sido condenados 22 represores mientras que la Justicia aún intenta localizar a otros 55 que permanecen prófugos. Del informe también se desprende el paso lento con el que avanzan los más de mil expedientes judiciales, ya que de los 429 procesados, 334 aguardan el juicio oral en prisión preventiva.
Uno de los represores prófugos es Norberto Raúl Tozzo, imputado por su participación en la Masacre de Margarita Belén, el 13 de diciembre de 1976, en la que fueron asesinados los entrerrianos Raúl Caire, Fernando Piérola y Reinaldo Zapata Soñez. Tozzo está prófugo desde el 30 de abril de 2005, cuando el juez federal de Resistencia, Carlos Skidelsky, ordenó su captura nacional e internacional. El represor tenía negocios en distintos medios de comunicación en María Grande y Hasenkamp, en la provincia de Entre Ríos.
Tras la condena contra el ex jefe del Tercer Cuerpo Luciano Benjamín Menéndez y otros siete represores del centro clandestino de detención La Perla, el registro que depende de la Procuración General de la Nación actualizó sus datos. Según sus planillas, el distrito judicial con mayor cantidad de causas tramitadas es la Ciudad de Buenos Aires, que tiene 27 expedientes con 135 procesados. Lo siguen Córdoba, con 15 causas y 53 procesados, y La Plata, con 12 y 46, respectivamente.
En Entre Ríos hay seis causas abiertas por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura, cuatro en el Juzgado Federal de Paraná y dos en Concepción del Uruguay, pero ninguna de ellas tiene procesados. De hecho, sólo en la causa por robo de bebés han declarado como imputados algunos represores y médicos del Hospital Militar de Paraná.
A fin de año, la cantidad total de condenados podría aumentar. En los próximos días, la Justicia Federal de Corrientes dictará sentencia por los crímenes en el Regimiento de Infantería 9, de los que están acusados seis militares.
El 5 de agosto comenzarán en Tucumán las audiencias por el asesinato del senador Guillermo Vargas Aignasse que sentarán al banquillo a Menéndez y al entrerriano Antonio Domingo Bussi. Y el 21 de agosto, el Tribunal Oral Federal Número 5 juzgará a otros cinco represores de los centros clandestinos Mansión Seré, El Vesubio y Mar del Plata.

2008-07-27T08:37:00.000-07:00

Se presentó la querella por el secuestro del capellán montonero Jorge Adur

Un hermano del sacerdote Jorge Oscar Adur se presentó como querellante en la causa por su desaparición, que se instruye en el Juzgado Federal de Paso de los Libres, ya que el capellán de la organización Montoneros fue secuestrado el 26 de junio de 1980 en esa localidad correntina y detenido en el centro clandestino de detención conocido como Estancia La Polaca.
“Veinticinco años de democracia, de impunidad, es demasiado tiempo. Tendría que ir un poco más rápido esto de la justicia”, admitió Hugo Adur, hermano del cura oriundo de Nogoyá tras presentarse como querellante en la causa y autorizar a los abogados Jorge Olivera y Ramón Leguizamón para llevar adelante la investigación.
Luego de la presentación, la querella solicitó al Juzgado Federal que cite a declarar como testigos de Silvia Noemí Tolchinsky, radicada en Barcelona; y del actual embajador argentino en Colombia y ex jefe del Ejército, Martín Balza, que en esa época era jefe del Grupo de Artillería Número 3 en Paso de los Libres.
Adur fue capellán de Montoneros, confesor del general Juan Domingo Perón y asesor espiritual de la familia Abal Medina. Oriundo de Nogoyá, nació el 19 de mayo de 1932 y fue el noveno de los 12 hijos de Manuel Adur y Juana Dominga Bernachea.
Después de recibirse de bachiller, viajó a Buenos Aires para ingresar como seminarista a la congregación francesa de Los Agustinos de la Asunción, perteneciente a la Iglesia Católica y conocidos como los asuncionistas. Se ordenó como sacerdote estando en Chile y regresó a Nogoyá para celebrar su primera misa.
Pronto fue designado párroco de la Iglesia San Miguel de Tournes en el barrio de Belgrano de Buenos Aires, y al poco tiempo se vinculó con los curas que conformaban el Movimiento de Sacerdotes para el Tercer Mundo, del cual fue uno de los redactores de sus documentos.
Perseguido por el terrorismo de Estado, fue trasladado al interior de la provincia de Buenos Aires un grupo de curas y obispos, donde permaneció un tiempo hasta que el nuncio apostólico Pío Laghi lo llevó en auto hasta el avión en el que salió del país. Según sus allegados, Adur regresó a la Argentina en el marco de la contraofensiva montonera y fue secuestrado el 26 de junio de 1980 en el paso fronterizo Uruguaiana-Paso de los Libres cuando viajaba a Porto Alegre, en un micro de la empresa General Urquiza, bajo el nombre de Pedro Ramón Altamirano.
Ese mismo día, y en el mismo lugar, fue secuestrado Lorenzo Ismael Viñas, quien se dirigía a Río de Janeiro en la empresa de transporte brasilera Pluma, en el autobús 7825. Adur y Viñas viajaban en sendos asientos número 11. Ambos fueron llevados al centro clandestino de detención conocido como La Polaca, una estancia de unas 40 hectáreas ubicada a la vera del río Uruguay y a pocos kilómetros de la ciudad correntina de Paso de los Libres.
El predio de La Polaca fue utilizado cuando comenzaron a producirse los secuestros de militantes de la organización Montoneros que regresaban al país en el marco de los que se llamó la contraofensiva. En aquella época, Paso de los Libres contaba con Aeronáutica; el Batallón y el Regimiento de Infantería del Ejército; Gendarmería; Prefectura; Policía Federal; Policía de la provincia y el Destacamento 123 de Inteligencia. Martín Balza era jefe del Grupo de Artillería Número 3 con asiento en Paso de los Libres.

2008-07-24T11:22:00.000-07:00

Condenaron a prisión perpetua y cárcel común a Luciano Benjamín Menéndez y otros siete represores

El Tribunal Oral Federal 1 de Córdoba condenó al ex jefe del Tercer Cuerpo del Ejército, Luciano Benjamín Menéndez, y otros siete militares por el secuestro, tortura y muerte en 1977 de cuatro jóvenes del Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT) y dispuso que cumplan las penas en una cárcel común.
Menéndez fue condenado a la pena de prisión perpetua por la comisión de delitos de lesa humanidad durante la última dictadura, la que deberá cumplir en una unidad carcelaria de la provincia de Córdoba: “Se ordena su inmediata detención y alojamiento en una unidad carcelaria de la provincia de Córdoba”, anunció el tribunal en la lectura de su veredicto, al revocar la prisión domiciliaria de la que gozaba el represor.
El fallo, histórico para la jurisprudencia argentina, condenó también a prisión perpetua y cárcel común a los ex militares Luis Manzanelli, Oreste Padován y Carlos Díaz, y el ex agente civil de inteligencia Ricardo Lardone. A su vez, el tribunal sentenció con veintidós años de prisión y cárcel común a Hermes Rodríguez y Jorge Exequiel Acosta –nacido en la ciudad de Paraná–, y con dieciocho años a Carlos Vega. Todos deberán pasar sus días en una unidad penal de Bower, ubicada en las afueras de la capital cordobesa.
Un par de horas antes de conocer su sentencia, el ex titular del Tercer Cuerpo del Ejército, había reivindicado nuevamente la represión que comandó desde Córdoba durante la última dictadura, argumentando que se llevó a cabo “para evitar el asalto al poder de la subversión marxista, que buscaba arrancar el alma de nuestro pueblo”.
Como la mayoría de los represores en los juicios, habló de una guerra y se refirió a las Fuerzas Armadas “soldados victoriosos” que actuaron contra la “guerrilla marxista”. Además, hizo un recorrido histórico, donde criticó los “intentos subversivos” sufridos por los ex Presidentes Arturo Illia y Arturo Frondizi, ambos –según sus paradójicas declaraciones– “inobjetablemente democráticos”.
Con algunas interrupciones, y mientras el represor insistía en que “los guerrilleros no pueden decir que actuaban en defensa de la democracia”, fuera del recinto, en la calle, decenas de militantes de derechos humanos repudiaban sus últimas palabras. Adentro de la sala, dos mujeres fueron retiradas por increpar a Menéndez: “¡Asesino!”, se escuchó que le gritaron.
“Ostentamos el dudoso mérito –continuó el represor– de ser el primer país en la historia del mundo que juzga a sus soldados victoriosos que lucharon y vencieron por orden de y para sus compatriotas”, afirmó también el represor Menéndez.
Los ex militares fueron acusados por el secuestro, la tortura y el asesinato de Humberto Brandalisis, Hilda Palacios, Raúl Cardozo y Carlos Lajas, acribillados por los militares en un simulacro de enfrentamiento en la capital cordobesa en la madrugada del 15 de diciembre de 1977 y enterrados como NN en el cementerio San Vicente. Sólo los restos de Palacios fueron identificados por el Equipo Argentino de Antropología Forense y restituidos a sus familiares.

2008-07-12T08:56:00.000-07:00

Dos granitos de justicia y un bofetazo por la Masacre de Fátima

Los comisarios retirados Juan Carlos Lapuyole y Carlos Enrique Gallone (foto) fueron condenados a prisión perpetua por treinta asesinatos y secuestros que perpetraron en la madrugada del 20 de agosto de 1976 en un hecho que se conoció como la Masacre de Fátima; sin embargo, el tribunal consideró que la participación del comisario Miguel Ángel Timarchi en los crímenes estaba en duda y lo absolvió.
El Tribunal Oral Federal Número Cinco condenó a la pena de prisión perpetua a los comisarios retirados Juan Carlos Lapuyole y Carlos Enrique Gallone, pero absolvió de culpa y cargo, gracias a la duda sembrada por una oportuna licencia médica, al comisario Miguel Ángel Timarchi. El festejo desmesurado de sus abogados Carlos Broitman y Héctor Amarelle ante decenas de madres, hermanos e hijos de los masacrados hizo explotar la bronca contenida en la sala. “¡Asesinos!”, gritaron jóvenes y ancianos. Daniel Obligado, presidente del tribunal, pidió permiso a su colega Guillermo Gordo y con su visto bueno ordenó desalojar la sala. Expulsó a los colaboradores de Timarchi que habían contenido la emoción, pero no les llamó la atención a los efusivos letrados.
A pedido del tribunal, que también integra Ricardo Farías, las Madres de Plaza de Mayo guardaron sus pañuelos, los familiares guardaron las fotos de los masacrados y los reporteros gráficos no pudieron ingresar a la sala. A las 17.55, cuando el secretario ordenó ponerse de pie para recibir a Sus Señorías, varias butacas estaban vacías.
Tras rechazar los planteos de Adrián Tellas y Martín Cardoso, abogados de Gallone, el juez Obligado, con voz firme, anunció la condena a perpetua de Lapuyole, que ya se había ido a su casa, donde goza de arresto domiciliario. El ex director de Inteligencia de Superintendencia de Seguridad Federal fue sentenciado como autor mediato de las treinta privaciones ilegítimas de la libertad y los treinta homicidios agravados por la alevosía de ejecutarlos contra personas que tenían las manos atadas y los ojos vendados. Luego leyó la condena a perpetua para Gallone, jefe de una brigada, como coautor de los secuestros y partícipe necesario de los homicidios.
Cuando el juez leyó “absolviendo libremente y sin costas a Miguel Ángel Timarchi”, Amarelle gritó “¡Vamos todavía!”, saltó como quien festeja el gol de su vida y le dio un beso a Broitman. Timarchi permaneció inmutable. El juez intentó seguir pero, en medio de gritos y llantos desconsolados, los H.I.J.O.S. comenzaron a cantar: “Como a los nazis… les va a pasar… a donde vayan los iremos a buscar”. Obligado ordenó desalojar la bandeja superior y luego la inferior, repletas de Madres sin pañuelos.
Con la sala vacía y el canto “a los nazis” de fondo el juez terminó de leer la sentencia. Para absolver a Timarchi invocó el artículo 3 del Código Procesal Penal, que en caso de duda juega a favor del reo. “Estamos conformes con las condenas, pero vamos a apelar la absolución. Antes tenemos que conocer los fundamentos, ya que el tribunal dejó entrever dudas sobre su rol aquella madrugada. Para condenar la Justicia exige pruebas contundentes que después de treinta años no es fácil conseguir. Son las reglas de juego”, reflexionó en medio de abrazos y llantos la abogada Carolina Varsky, del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).
En la causa no pudo ser juzgado Luis Alberto El Japonés Martínez, quien permanece prófugo; pero tampoco al coronel Manuel Morelli –oriundo de Paraná–, ya que el entonces jefe de la Superintendencia de Seguridad Federal, falleció en 1979.
De las 30 personas fusiladas y dinamitadas al costado de la ruta, al día de hoy, sólo se ha recuperado la identidad de 16. El resto permanece como NN. En los años posteriores a la masacre sólo cinco habían sido identificados: Inés Nocetti, Ramón Lorenzo Vélez, Ángel Osvaldo Leiva, Alberto Evaristo Comas y Conrado Alzogaray. Posteriormente, se recuperó la identidad de 11 víctimas más: Susana Elena Pedrini de Bronzel, José Daniel Bronzel, Selma Julia Ocampo, Haydee Rosa Cirullo de Carnaghi, Norma Susana Frontini, Jorge Daniel Argente, Carmen María Carnaghi, Horacio Osear García Gastelú, Juan Carlos Vera, Carlos Raúl Pargas y Ricardo José Raúl Herrera Carrizo. Pargas era entrerriano y tenía entonces 31 años. Había terminado sus estudios secundarios en el Colegio Nacional de Gualeguaychú, se fue a La Plata y luego a Capital Federal, donde pasó a cumplir funciones en el Banco de la Nación Argentina, sucursal Pellegrini. Allí fue detenido el 12 de julio de 1976.

2008-07-08T11:18:00.000-07:00

Pesar por el fallecimiento de Mireya González, Madre de Plaza de Mayo de Gualeguaychú

Desde AFADER queremos expresar nuestro pesar por la muerte de Mireya Norma Barquín de González, Madre de Plaza de Mayo de Gualeguaychú, una de las tantas mujeres, de las tantas madres, que entregó su vida a la lucha y a la búsqueda de su hija y de los 30.000 desaparecidos que fueron hijos de todas las madres, que falleciera el lunes 7 de julio y cuyos restos fueron inhumados en el Cementerio Norte.
Norma Beatriz González, Noni, su hija, había nacido el 4 de septiembre de 1955. Cursó sus estudios primarios en la Escuela Guillermo Rawson y el secundario en el Colegio Nacional Luis Clavarino. Fue detenida-desaparecida el 12 de agosto de 1976, en un operativo del Ejército con apoyo de la Policía de Entre Ríos, cuando salía de su trabajo en el supermercado El Picaflor, ubicado en Urquiza y Rosario de Gualeguaychú, acusada como integrante de “la logística previa para el atentado” contra el general Jorge Cáceres Monié, en proximidades de Villa Urquiza, en 1975, aunque esa versión era absolutamente falsa.
Mireya, que nunca abandonó la lucha y la búsqueda de Noni, dijo: “Mi hija era una militante social y una militante política. Yo estoy orgullosa de ella”.
El último 24 de marzo, el Concejo Deliberante de Gualeguaychú la había declarado ciudadana ilustre, junto con otras luchadoras. “Las Madres de Plaza de Mayo viven en la memoria de sus hijos, en sus sueños, preguntan y luchan con insistencia. Cuando ellas empiezan a juntarse y resuelven después colocar en sus cabezas el pañal de sus seres queridos, luego vuelto pañuelo como señal de reconocimiento mutuo, lo hacen ya sabiendo que están atravesando la frontera, donde se aúnan (…) Porque se necesita una gran convicción para realizar cosas imprevisibles, que no estaban en el repertorio de lo común de sus vidas anteriores”, rezaba el texto que homenajeaba a Noemí Díaz de Guastavino, Mireya Barquín de González, Olga Piedrabuena de Corfield, Ramona Peruzzo de Raffo, Otilia Bofelli de Savoy, Teresita Giacopuzzi de Dezorzi, Aurora Molina de Fraccarolli, Blanca Ingold de Angerosa, María Angélica Guido de Araujo, Elvira Cepeda de Bugnone y Rosa Fleitas de Pargas.
Desde AFADER acompañamos a sus hijos, familiares, amigos y compañeros en este triste momento, pero principalmente queremos enviarles la energía suficiente para que podamos seguir su ejemplo de vida, y seamos merecedores de su fuerza y su lucha.
Por Memoria, Verdad y Justicia.

2008-07-04T09:13:00.000-07:00

El represor Caggiano Tedesco fue condenado a 25 años de prisión por la desaparición de un docente en Misiones

El ex coronel Carlos Caggiano Tedesco fue condenado a veinticinco años de cárcel como autor mediato penalmente responsable de los delitos de privación ilegítima de la libertad agravada por la aplicación de tormento seguido de muerte, por la desaparición y muerte del ex decano de la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de Misiones, Alfredo González, el 4 de marzo de 1978.
En un último intento desesperado por sostener su inocencia, el ex coronel Humberto Caggiano Tedesco apeló a la obediencia debida para deslindar responsabilidades, en el único momento en el que se refirió a la desaparición del docente Alfredo González.
Cuando su suerte ya estaba echada, se mantuvo oculto en una oficina y prefirió no escuchar la sentencia que lo condena a pasar veinticinco años en prisión, con accesorias legales y costas e inhabilitación perpetua para ser funcionario público.
El primer Juicio por la Verdad en Misiones culminó con aplausos emocionados. Amelia González, hermana del docente desaparecido e impulsora de la causa, se fundió en abrazos con sus allegados y militantes de derechos humanos.
“Cualquier sentencia estaba bien, porque ya fue un triunfo que haya habido juicio, que se sepa lo que pasó para que nunca más vuelva a suceder”, fue lo primero que dijo, apenas el presidente del tribunal, Carlos Adolfo Sodá, terminó la lectura de la sentencia.
El represor se retiró de los tribunales camuflado con un casco y chaleco antibalas, esposado y rodeado de policías, como si fuera uno más del operativo de seguridad.

2008-07-03T09:09:00.000-07:00

Impulsan la creación de un nuevo programa de protección de testigos en causas por violaciones a los derechos humanos

Organismos de derechos humanos e investigadores iniciaron un debate para conformar un marco integral de protección de personas vinculadas con las causas de lesa humanidad, a partir de una iniciativa de la diputada nacional Victoria Donda Pérez (PJ-Capital Federal) y del titular del Programa Verdad y Justicia, Marcelo Sain, que apuntan principalmente a fortalecer y ordenar el sistema de seguridad de testigos, tras la desaparición de Jorge Julio López y las amenazas sufridas por gente vinculada con las investigaciones penales.
Los diferentes actores involucrados en las causas judiciales sobre crímenes de lesa humanidad debatieron en un encuentro que tiene como objetivo impulsar una ley que fortalezca y unifique las tareas para proteger a querellantes, testigos, sobrevivientes, familiares de desaparecidos, jueces, fiscales y funcionarios.
Después de la desaparición de Jorge Julio López y la serie de amenazas, el Programa Nacional de Protección de Testigos comenzó a ocuparse de la seguridad de quienes participan en las investigaciones por violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura y, además, se creó el Programa Verdad y Justicia.
Actualmente hay un centenar de testigos vinculados con el Programa Nacional de Protección de Testigos del Ministerio de Justicia que dirige Darío Díaz, pero la mayoría ha decidido no tener custodia permanente.
El proyecto de Sain modifica el programa existente y hace hincapié en la creación de una unidad policial propia que pueda atender los casos de personas vinculadas con causas sobre violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura y “brinda solución a la falta de confianza de las víctimas y testigos de crímenes de lesa humanidad en las fuerzas policiales o de seguridad para proveer a su custodia y cuidado. Esta falta de confianza deriva de que las denuncias o testimonios se dirigen a miembros de esas mismas fuerzas”.
Además, establece ayuda económica, laboral, social y psicológica, y se indicó que en el programa abarcaría “excepcionalmente cuando hay riesgo de vida o está en juego la integridad física de la persona”, señaló el funcionario.
En tanto, la iniciativa de Victoria Donda Pérez –hija del entrerriano José María Laureano Donda y de María Hilda Pérez, ambos detenidos-desaparecidos– se centra en la protección de las personas vinculadas con las causas de lesa humanidad. La legisladora sostuvo que “los programas que existen funcionan con mucha voluntad de las personas que los tienen a cargo, pero evidentemente son áreas por separado que se no articulan entre sí. Perdemos la fuerza que deberíamos tener todos juntos. Por eso, pedimos mayor presupuesto y planificación y que se tenga en cuenta la problemática de los testigos vinculados con casos de lesa humanidad, que tienen una especificidad distinta a los testigos de otras causas. También queremos que se atiendan las diferentes realidades de la ciudad de Buenos Aires y el conurbano y el interior del país”.

2008-06-20T10:07:00.000-07:00

El 5 de agosto se inicia en Tucumán el juicio contra el represor entrerriano Antonio Bussi

Los represores Antonio Domingo Bussi –nacido en la localidad entrerriana de Victoria– (foto) y Luciano Benjamín Menéndez serán juzgados a partir del 5 de agosto a partir de las 9.30 por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Tucumán por el secuestro, torturas y desaparición del ex senador provincial peronista Guillermo Vargas Aignasse, en 1976.
La fecha del juicio oral y público se fijó después que la Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazara las excepciones de cosa juzgada, juez natural y prescripción de la acción penal y, ratificara la imprescriptibilidad de la persecución de los crímenes de lesa humanidad que habían planteado los abogados de los represores.
En la causa por la desaparición de Vargas Aignasse las partes ofrecieron prueba y el tribunal, que integran Carlos Jiménez Montilla, Gabriel Casas y Josefina Curi, resolvió las cuestiones previas y sólo resta que fije el cronograma de testigos.
El tribunal formalizará un acuerdo con el Consejo de la Magistratura de la Nación para que, por la importancia histórica del juicio, puedan ser filmadas las audiencias públicas del primer proceso penal contra los responsables de la represión en Tucumán. Mientras Menéndez afronta un juicio oral en Córdoba y cumple arresto domiciliario; Bussi cumple arresto domiciliario en la casa de un familiar en Yerba Buena, municipio cercano a la capital tucumana.
Además, Bussi y Menéndez están imputados en unas seiscientas causas, a raíz de que el primero, entre 1976 y 1977, estuvo al frente de la Quinta Brigada de Infantería, que dependía del Tercer Cuerpo de Ejército que encabezaba el segundo.

2008-06-07T12:23:00.000-07:00

Homenaje a Amanda Mayor, a tres años de su fallecimiento

Desde AFADER, queremos rendir nuestro mayor homenaje en este tercer aniversario de su muerte a Amanda Mayor, una de las fundadoras de la asociación, referente de la lucha por los derechos humanos, artista plástica y madre de Plaza de Mayo.
Porque así como desde su lucha cotidiana supo pedir justicia por todos los desaparecidos, como artista plástica, su obra es un registro más de su preocupación por la memoria, la verdad y su compromiso en la búsqueda de justicia.
Batalló por justicia para cada uno de los familiares de las víctimas de la horrenda Masacre de Margarita Belén, donde fue asesinado su hijo Fernando Piérola. Amanda Mayor era una de ellas y nunca tuvo un rol pasivo.
Fue de las primeras personas que se puso al frente de la causa judicial en el Chaco; tuvo la loca ocurrencia de pintar un mural inmenso en el Aula Magna de la Universidad Nacional del Nordeste, en Resistencia, adonde había asistido su hijo, con la imagen de un cura presenciando la sesión de tortura y que provocó la inmediata reacción de la Iglesia, que acudió a la Justicia para hacer borrar esa imagen; hasta que en 2004, luego de pintadas y despintadas, se le permitió ubicar nuevamente la figura en el mural. En los últimos años, pasó buena parte de sus días en esa provincia, peleando cada paso del expediente.
Amanda no pudo encontrarse con los restos de su hijo Fernando, porque todavía siguen las investigaciones para determinar dónde fueron sepultados esos jóvenes acribillados en la madrugada del 13 de diciembre de 1976. Pero su integridad, su lucha y su fuerza nos empujan a no cejar en la búsqueda ni abandonar los valores que nos inculcó con su lucha.

Juro

Tu figura se iba perdiendo en la distancia.
Te vi partir, llevabas la guitarra, tu equipaje
y caminabas erguido , mostrando tu elegancia,
llena la cabeza de sueños y bagajes.

Me dejaste tu voz, cantando en mis oídos,
calmando mi tristeza como un trino.
Transformaste alegremente en alegría el ruido
y la risa fue burbuja, néctar, vino.

Me dejaste tus manos, delgadas, suaves,
pegadas a mi cara en la ternura,
metiéndose en mis poros como aves,
buscando abrigo y protección segura.

Me dejaste tus ojos, vivos, puros,
metidos muy adentro de los míos,
por eso llegaré a lugar seguro
y navegaré con ellos por mil ríos.

Me dejaste tu lucha muy metida
En el torrente de mi sangre.
No puedo detener mi marcha dolorida
hasta compensar tanta injusticia y hambre.

Me dejaste tu humildad dignificada
en el amor que diste a manos llenas,
soñando el bien con acciones elevadas
y llenando mi vida de ternura plena.

Me dejaste tu abrazo de un momento
que se hizo milagro eternamente.
Aunque no estás, no lo lamento
porque te siento junto a mí muy dulcemente

Estás en cada ser que amo,
en cada vida que aparto del espanto,
en cada bien que da mi mano,
en cada risa que rescato al llanto.

Estás aquí, te toco, te acaricio amado,
te hago vivir en mi fuerza interminable,
te hago triunfar en mi esfuerzo denodado,
te hago surgir guiándome incansable.

Allá vas con la guitarra hacia tu suerte.
Siento tu canto en el silencio amable.
Juro, la mano en alto, clarificar tu muerte
y marcar la ignominia en la frente del culpable.

(*) Amanda Mayor, diciembre de 1979.

2008-06-06T10:03:00.000-07:00

Otro médico declaró como imputado en la causa por robo de bebés en el Hospital Militar de Paraná

El médico Jorge Mario Cantaberta declaró como imputado durante casi cuatro horas en la causa en la que se investiga el robo de bebés nacidos en el Hospital Militar de Paraná durante el autodenominado Proceso de Reorganización Nacional
Este ginecólogo del Hospital Militar es el segundo médico en prestar declaración indagatoria por el presunto delito de sustracción y sustitución de identidad de bebés nacidos en cautiverio durante la dictadura, y el noveno imputado en la investigación sobre el destino que tuvieron los mellizos que dio a luz Raquel Negro en los primeros meses de 1978. Ingresó al despacho de la jueza federal Myriam Galizzi a las 16, asistido por el defensor oficial Juan Carlos Ferrari, y recién se retiró a las 19.45.
A partir de esta imputación, los abogados querellantes que representan a Sebastián Álvarez –hijo de la mujer que estaba detenida en el centro clandestino de detención Quinta de Funes, en las afueras de Rosario, y que habría sido asesinada después de dar a luz– anunciaron que aportarán a la Justicia nuevos elementos que demostrarían la participación de varios profesionales de la salud en el delito que se investiga: sustracción y sustitución de identidad de menores nacidos en el Hospital Militar de Paraná.
Esos datos apuntan, fundamentalmente, a esclarecer cómo era el funcionamiento de la maternidad clandestina, cómo eran traídas en aviones las parturientas detenidas, cómo se anotaban los bebés en el Registro Civil de Paraná y quiénes serían los médicos que tenían intervención en los hechos.

2008-06-02T10:55:00.000-07:00

Se suspendió el juicio contra el represor Víctor Enrique Rei, apropiador de un hijo de desaparecidos entrerrianos

Una nueva resolución del Tribunal Oral Federal Número 6 de Capital suspendió el inicio del juicio que debía haber comenzar el 2 de junio contra el represor Víctor Enrique Rei, un oficial retirado de inteligencia de Gendarmería Nacional, por la apropiación del hijo de los desaparecidos entrerrianos Liliana Clelia Fontana y Pedro Fabián Sandoval (foto).
Luego de cinco años de instrucción y de varias cuestiones de competencia que demoraron aún más el avance de la causa, el juicio oral contra Víctor Enrique Rei fue suspendido por los camaristas José Martínez Sobrino, María del Carmen Roqueta y Adriana Palliotti que, si bien convalidaron el allanamiento que permitió establecer la identidad de Alejandro Sandoval como el joven apropiado, a pedido de éste ordenaron una nueva pericia en el Banco Nacional de Datos Genéticos y el Cuerpo Médico Forense.
Durante la investigación efectuada, en la que Abuelas de Plaza de Mayo intervino como parte querellante, pudo comprobarse que el joven apropiado es en verdad el hijo del matrimonio conformado por Liliana Clelia Fontana –nacida en Viale– y Pedro Fabián Sandoval –oriundo de Nogoyá–, ambos desaparecidos.
Liliana y Pedro fueron secuestrados el 1° de julio de 1977 en su domicilio de Caseros. Ella estaba embarazada de dos meses y medio. Por testimonios de sobrevivientes pudo saberse que ambos estuvieron detenidos en el centro clandestino de detención conocido como Club Atlético y que Liliana tuvo un varón.
El de Alejandro Sandoval es un caso en el que, debido a la negativa del joven a efectuarse un análisis de ADN, la justicia ordenó realizar un allanamiento para recoger objetos personales de su domicilio a fin de extraer las muestras de ADN necesarias para determinar su verdadera identidad. El 14 de julio de 2006 se obtuvieron los resultados que confirmaron el vínculo biológico con Pedro y Liliana. Es el primer caso que llega a juicio oral después de haberse arribado a los resultados mediante un allanamiento.
Víctor Enrique Rei fue jefe de inteligencia de la agrupación Formosa de Gendarmería Nacional desde 1973, después de haber desarrollado un curso de inteligencia y contra-inteligencia en la Escuela de las Américas, en Panamá, recibiendo por ello una insignia que lo nombra miembro honorario de inteligencia del Ejército de los Estados Unidos.
Ocupaba ese cargo cuando comenzó la persecución a Pedro Sandoval, responsable de la organización FR-17. En ese entonces, el Destacamento de Gendarmería de Formosa intervenía directamente en la represión.
En 1977 fue nombrado subjefe de inteligencia a nivel nacional de esa fuerza, y enviado de vuelta a Buenos Aires. A principios de 1978 fue adscripto al Comando I del Primer Cuerpo del Ejército, con funciones de inteligencia dentro del Cuerpo Móvil Número 1 de Gendarmería.
Bajo el mando de Carlos Guillermo Suárez Mason, Rei participó de las detenciones ilegales de numerosas personas vinculadas al Banco de Hurlingham, quienes fueron privados de la libertad en Campo de Mayo. Existen numerosos testimonios en diversas causas judiciales en los que se reconoce a Rei como uno de los responsables de estos hechos, pese a lo cual nunca fue juzgado por los mismos.
Antes de la dictadura había participado del Operativo Independencia en Tucumán, luego estuvo destinado a la seguridad del Mundial de Fútbol de 1978 y después se desempeñó en la Dirección de Operación e Inteligencia de Gendarmería. Posteriormente cumplió funciones como segundo jefe del Escuadrón de Concepción del Uruguay.

2008-06-01T09:55:00.000-07:00

La Solapa ocupará un lugar en el Espacio de la Memoria en el predio de la ESMA

La Asociación de ex Presos y Exiliados Políticos La Solapa tendrá un lugar en el Espacio de la Memoria que funciona en el predio de la Escuela Superior de Mecánica de la Armada (ESMA), junto con otras organizaciones de derechos humanos, y desde allí trabajarán por las reivindicaciones históricas y actuales de las víctimas del terrorismo de Estado.
La Solapa integra la recientemente conformada Comisión Nacional de ex Presos Políticos, que integrará una mesa de trabajo conjunto para abordar los distintos problemas que sufren quienes estuvieron detenidos por motivos políticos y solicitaron una “política reparatoria integral”.
En ese marco, lograron ser incorporados al Espacio de la Memoria que funciona en el predio de lo que fuera la ESMA “como reconocimiento a nuestra lucha”, comentó Eduardo Ayala, presidente de La Solapa.
“Este momento histórico es esencial para nosotros, porque de una vez por todas tenemos que decir lo que pasó, quiénes somos, qué queríamos, por qué luchábamos y por qué seguimos luchando. No lo hacemos para ocupar cargos políticos, sino para que esta sociedad sea humanamente posible y habitable para todos”, expresó María Luz Piérola, vocal de la asociación, tras el acuerdo alcanzado con la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación para acceder a un lugar en el Espacio de la Memoria.
La Solapa se conformó en el último trimestre de 2007, en principio como espacio de encuentro de ex presos políticos, aunque luego se sumaron también aquellos que debieron abandonar el país durante la última dictadura, perseguidos por el terrorismo de Estado. Uno de los objetivos que se plantea la asociación es la asistencia humanitaria a los ex detenidos que atraviesan problemas económicos o sociales.
“Nos ha sorprendido la constante integración de compañeros. De las reuniones semanales participan no menos de quince o veinte personas, que comparten el ejercicio del derecho a la participación, sentirnos contenidos y, fundamentalmente, reivindicar la forma que creímos de ejercicio del derecho que tenemos en nuestro país”, indicó Ayala, que precisó que los encuentros se desarrollan los martes a las 20 en la sede del gremio Foecyt, sito en calle San Martín 1248 de Paraná.
“En estos momentos somos los protagonistas principales de la lucha contra la impunidad. Somos sobrevivientes, querellantes y testigos de todas las causas. Hoy es importante nuestro protagonismo y por eso nos juntamos, para reconstruir lo que pasó pero también para seguir marcando objetivos que tienen que ver con nuestra lucha de los años sesenta y setenta”, agregó Piérola.

2008-05-29T12:08:00.000-07:00

La Presidenta promulgó un paquete de leyes para agilizar las causas de la dictadura

La Presidenta Cristina Kirchner promulgó una serie de leyes tendientes a agilizar los juicios por delitos de lesa humanidad, entre las que se cuenta la creación de un Fondo de Recompensas de cinco millones de pesos para quienes aporten datos para capturar a personas acusadas de participar en la represión ilegal durante la dictadura.
Las normas habían sido impulsadas por el Poder Ejecutivo Nacional y aprobadas la semana pasada por la Cámara de Senadores, a fin de agilizar los juicios por delitos de lesa humanidad.
El Fondo de Recompensas quedará constituido inicialmente con cinco millones de pesos en el ámbito del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, con el objetivo de recompensar a quienes aporten datos que contribuyan a la detención de personas buscadas por violación a los derechos humanos.
La nueva ley crea también la Unidad Especial para la Búsqueda de Personas Ordenada por la Justicia y establece que la identidad de quien aporte la información será mantenida en secreto, según informó Crítica Digital.
Otra de las leyes con las que se pretende agilizar las actuaciones procesales en el ámbito penal está vinculada con los planteos dilatorios existentes en la justicia, como los recursos judiciales que apuntan a asegurar al imputado un pronunciamiento definitivo, en un plazo razonable.
El paquete incluye además una norma que apunta a agilizar la elevación a la etapa oral de los juicios y busca evitar que la demora en la resolución de las causas prolongue innecesariamente la etapa de instrucción. Esta iniciativa establece que el recurso de apelación se seguirá interponiendo en forma escrita ante el juez que dictó la resolución y que la audiencia no pueda llevarse a cabo sin la presencia del recurrente.
Además, se estableció la creación de una nueva Cámara de Casación Penal, que tendrá jurisdicción sobre los juzgados de la Ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires, y que, entre otras cuestiones, facilitará la futura transferencia de los tribunales de la Capital Federal.
La quinta ley sancionada tras un extenso debate, propone un mecanismo para la designación de los integrantes de los tribunales orales en lo Criminal Federal de todo el país, para casos de licencia, suspensión, recusación o vacancia de sus miembros y establece un orden para su nombramiento.

2008-05-28T12:11:00.000-07:00

Las Abuelas de Plaza de Mayo recuperaron a la nieta número 90: Laura Ruiz Dameri

Las Abuelas de Plaza de Mayo lograron restituir la identidad de Laura Ruiz Dameri, hija de desaparecidos durante la última dictadura militar, que se convirtió en la nieta recuperada número 90. La joven tiene dos hermanos que ya habían sido identificados. El apropiador es el ex prefecto Juan Antonio Azic, que actuó en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) y estaba detenido desde 2003 por la apropiación de Victoria Donda Pérez.
La titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, confirmó la noticia y adelantó que la joven de 28 años es hija de Silvia Dameri y Orlando Ruiz (foto), ambos desaparecidos en mayo de 1980, y tiene dos hermanos que ya habían sido recuperado su identidad: Marcelo y María de las Victorias.
Laura había sido criada como hermana de Victoria Donda por el ex ayudante mayor de la Prefectura Naval Juan Antonio Azic, quien en 2003 intentó suicidarse de un tiro en la boca en la Dársena F del Puerto de Buenos Aires, y desde entonces permanece detenido por disposición de la jueza federal María Servini de Cubría.
La nieta recuperada es hija de Silvia Dameri y Orlando Ruiz, ambos nacidos en la ciudad de Buenos Aires y militantes de Montoneros. En 1974 el joven tuvo, junto a su primera esposa, a sus hijos mellizos, Pablo y Ariel.
El 31 de octubre de 1976 nació Marcelo, el primer hijo de la pareja y en 1977 se exiliaron en Suiza, donde nació María de las Victorias, el 25 de marzo de 1978. Al año siguiente, viajaron a Cuba y a comienzos de 1980 decidieron regresar al país, pero toda la familia fue secuestrada en mayo de ese año, estando Silvia embarazada de cinco meses. Por testimonios de sobrevivientes pudo saberse que permanecieron detenidos en la ESMA y que Silvia también estuvo detenida en el centro clandestino de detención Quinta de Pacheco, hasta que en agosto de 1980 dio a luz una niña a la que llamó Laura en la ESMA.
Marcelo fue localizado por la Filial Córdoba de Abuelas de Plaza de Mayo. A fines de 1980 el niño había sido abandonado en la Casa Cuna de esa ciudad con un cartel donde se mencionaba su nombre. Tiempo después fue adoptado por la familia Heinzmann. En febrero de 1989 se realizó los análisis inmunogenéticos y en agosto de 1990 los resultados confirmaron que se trataba de Marcelo Ruiz Dameri. El joven continuó viviendo con su familia adoptiva y en contacto con su familia biológica.
En febrero de 1998 Abuelas de Plaza de Mayo recibió una denuncia anónima sobre una joven que había sido abandonada el 14 de diciembre de 1980 en las puertas del Sanatorio de Niños de Rosario con un cartel que decía que se llamaba Victoria. La niña fue adoptada por el matrimonio Torres. En 1998 un diario publicó las fotos de algunos hijos desaparecidos junto con sus padres y Victoria se reconoció. En diciembre de 1999 la joven se realizó los análisis inmunogenéticos que el 4 de enero de 2000 confirmaron su identidad. Al día siguiente, Marcelo y Victoria se reencontraron en la sede de Abuelas de Plaza de Mayo.

2008-05-16T10:45:00.000-07:00

Gustavo Germano presentó en Paraná la muestra fotográfica Ausencias

El fotógrafo Gustavo Germano presentó en Paraná Ausencias, una muestra que toma una foto antigua extraída de álbumes familiares y otra actual en la que alguien posa con la intención de revelar la presencia del desaparecido.
Es fuerte ver el tamaño de esas veintiocho fotos. Catorce historias de trabajadores, militantes barriales, estudiantes, obreros, profesionales y familias enteras que fueron mutiladas por el terror de la dictadura. El dolor expresado en llanto, la piel erizada y la profunda emoción se vieron reflejados en el más de un centenar de personas que se acercaron hasta el Museo Provincial de Bellas Artes, donde Gustavo Germano presentó su trabajo, que podrá visitarse hasta el 3 de junio.
Ahí estaban Carmen y Clarita, tomadas del brazo, conteniéndose y sosteniéndose. Ellas, el emblema de las madres que todavía luchan por memoria, verdad y justicia en Paraná, están retratadas y reflejan el dolor de tantos, que fueron víctimas del plan sistemático de represión ilegal y desaparición forzada de personas.
Es que las fotos efectivamente impactan. No sólo impactan los ausentes sino también los presentes, que conservan el dolor en el rostro, en los gestos, en el cuerpo. Impacta verlos tan grandes, tan vivos, tan humanos, tan como gente común. Impactan las reacciones, el llanto, el dolor en el alma. Impacta también el lugar, porque el museo antes no lo era, y detrás de esas prolijas paredes blancas se escondían gritos. Impacta porque allí donde hoy es museo antes era una de esas casas que utilizaba la División de Investigaciones de la Policía de Entre Ríos para torturar a estudiantes secundarios.
Y como lo expresó Marta Nin, curadora de la exposición y directora adjunta de Casa Amèrica Catalunya, la fundación que financió el proyecto, en la apertura: “Esta exposición conmueve, remueve, provoca, hiere en lo profundo, sintoniza con el público en una frecuencia universal. Emociona, ese es su acierto, su magnifico potencial. Las fotografías consiguen arrancarle al visitante una y otra vez un pedazo de silencio, de tiempo suspendido, de interior”, pero Ausencias también ha conseguido “acercar el horror a lo más cotidiano. Sin estridencias, sin escenificaciones de impacto, sin espectáculo. Y así es como consigue comprometernos desde el primer minuto y golpearnos en lo más profundo del subconsciente y explicarnos que practicar la memoria es un ejercicio de coraje y de honestidad, no de rencor. Allí es donde la lección de Ausencias va directo al estómago, al cerebro y al corazón”.
Gustavo Germano es un fotógrafo que desde 2001 reside en Barcelona. Este trabajo es también parte de su historia, compromiso y militancia. Su hermano Eduardo tenía dieciocho años cuando fue secuestrado el 17 de diciembre de 1976 y permanece desaparecido. Era un activo militante estudiantil que había presidido el Centro de Estudiantes del Colegio La Salle de Paraná, donde comenzó a militar de lleno en la Juventud Peronista, y finalizado el ciclo secundario se instaló en Rosario.
Catorce fotos componen la muestra. Catorce puntos que son treinta mil. La familia Amestoy-Fettolini, asesinada el 19 de noviembre de 1976 en la Masacre de la calle Juan B. Justo, en San Nicolás. José Ismael Acevedo, detenido el 17 de julio de 1976 en Buenos Aires. Raúl María Caire, secuestrado junto a su mujer y sus dos hijos el 2 de noviembre de 1976 en Resistencia. Mario Eduardo Menéndez, secuestrado en septiembre de 1977 en Rosario. Victorio José Ramón Erbetta, detenido el 16 de agosto de 1976 en Paraná, y Elsa Raquel Díaz, asesinada en un operativo policial el 16 de agosto de 1977 en Rosario. Raúl Alberto Ramat, asesinado el 11 de junio de 1976 en Campana. Silvia Ester Bianchi, asesinada el 21 de agosto de 1976 junto a su marido en Córdoba estando embarazada de nueve meses. María Irma Ferreira, asesinada junto a su marido el 7 de enero de 1977 en Rosario. Eduardo Raúl Germano, secuestrado el 17 de diciembre de 1976 en Rosario. Jorge Emilio Papetti, detenido el 16 de marzo de 1977 en Concordia. Roberto Ismael Sorba, secuestrado el 21 de enero de 1976 en Santa Fe. Claudio Marcelo Fink, secuestrado el 12 de agosto de 1976 en Paraná. Orlando René Méndez, secuestrado el 21 de octubre de 1976, y Leticia Margarita Oliva, secuestrada el 27 de diciembre de 1978, delante de Laura que entonces tenía tres años.
La muestra permanecerá en el Museo Provincial de Bellas Artes Pedro E. Martínez, sito en calle Buenos Aires 355, hasta el 3 de junio. Su itinerancia la llevará después a Chile, donde la Presidenta Michelle Bachelet inaugurará la exposición en el Palacio de la Moneda; y luego volverá al país para estar en el Museo de la Memoria de Rosario y más adelante estará en Paraguay, España, Italia y otros países europeos.

2008-05-16T07:14:00.000-07:00

El represor Pascual Guerrieri declaró durante casi tres horas en la causa que investiga el robo de bebés

El represor Pascual Oscar Guerrieri (foto) declaró durante casi tres horas ante el juez federal subrogante de Paraná Gustavo Alfredo Ibáñez, en el marco de la investigación por robo de bebés nacidos en el Hospital Militar durante la última dictadura.
Entre las 16 y las 18.30 “prestó declaración indagatoria con la asistencia de uno de los defensores oficiales”, según informaron fuentes judiciales. Y luego fue trasladado nuevamente al penal de Marcos Paz, donde permanece alojado en el denominado pabellón de lesa humanidad, junto con otros represores.
En la causa está imputado como presunto responsable del delito de sustracción de menores nacidos en el Hospital Militar de Paraná y sustitución de sus identidades. De su dependencia habrían partido grupos de tareas que trasladaban detenidas –hoy desaparecidas– para dar a luz en la capital entrerriana en forma clandestina.
Guerrieri está imputado en varias causas por violaciones a los derechos humanos y en 2006 se le revocó la prisión domiciliaria de la que gozaba tras comprobarse que la había violado al menos en cuatro oportunidades.
El represor es uno de los ex jerarcas del Batallón 601 de Inteligencia que en diciembre del año pasado fue condenado a 20 años de prisión por el secuestro de seis personas en el marco de la contraofensiva de militantes montoneros y por haber formado parte de una asociación ilícita durante la última dictadura. Además, fue jefe del centro clandestino de detención Quinta de Funes durante la última dictadura y era el segundo jefe del Destacamento de Inteligencia 121 en Rosario, cuyos integrantes están imputados en la causa que se investiga en el Juzgado Federal de Paraná.

2008-05-14T12:17:00.000-07:00

La Corte Suprema rechazó los planteos de los represores y se podrán comenzar a investigar los crímenes en la Causa “Área Paraná”

La Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazó el planteo de los abogados de los militares imputados en la Causa “Área Paraná” respecto al planteo de inconstitucionalidad de la ley que declaró la nulidad de las leyes de obediencia debida y punto final, por lo que después de casi cinco años el fiscal federal Mario Silva (foto) deberá solicitar formalmente la instrucción.
En el fallo, de sólo una carilla fechado el 29 de abril, el máximo tribunal consideró que “los planteos de los recurrentes promueven el examen de cuestiones sustancialmente análogas” a otras ya tratadas y resueltas, por lo que remitió a los fundamentos de aquellas causas en las que había declarado la validez de la Ley Número 25.779, que anuló las leyes de impunidad.
Del mismo modo, desestimó el “agravio fundado en la afectación de la garantía a obtener un juicio rápido”, dado que “no cumple con el requisito de fundamentación autónoma”. Con este planteo, los imputados se quejaban por el paso de los años sin el inicio del juicio, obviando que la demora obedece en gran medida a las maniobras dilatorias planteadas por sus propios abogados.
La Corte Suprema tenía desde hacía un año el expediente que engloba a la mayor cantidad de denuncias por secuestros, torturas y desaparición de personas durante la última dictadura militar en la provincia.
“Ahora la causa va a volver al Juzgado y finalmente, después de cinco años, empezaría la instrucción”, explicó la abogada querellante Marina Barbagelata.
En la causa está imputados Juan Carlos Ricardo Trimarco, Ramón Genaro Díaz Bessone, Jorge Humberto Appiani, Luis Francisco Armocida, José Anselmo Appelhans, Ramón Oscar Balcaza, Rosa Susana Bidinost, Hugo Mario Moyano, Oscar Ramón Obaid, Alberto Rivas, Manuel Daniel Rodríguez, Carlos Horacio Zapata, Carlos María Cerrillos y Julio Raúl Paredes. También estaban acusados Leopoldo Fortunato Galtieri, José Faustino Fernández, Carlos Patricio Zapata, Constantino Francisco González, Abel Teodoro Catuzzi y Alfredo Ismael Duré, pero han fallecido.

Foto: Análisis Digital.

2008-05-13T10:49:00.000-07:00

La Universidad Nacional de Salta homenajeó a Miguel Arra y otros docentes y estudiantes desaparecidos

La Universidad Nacional de Salta rindió homenaje a los profesores y estudiantes desaparecidos durante la dictadura, entre ellos el paranaense Miguel Arra (foto), secuestrado el 24 de junio de 1975. El acto fue organizado por la Asociación de Docentes e Investigadores, que convocó a sobrevivientes, familiares y amigos de las víctimas del terrorismo de Estado.
El acto se desarrolló frente al mural que recuerda a los diecisiete docentes y alumnos asesinados y desaparecidos, en el ingreso al complejo de Campo Castañares en la capital salteña, donde hubo sentidas palabras de investigadores y familiares de las víctimas y luego se realizó un recorrido por las aulas que llevan el nombre, y un retrato, de las víctimas de la represión estatal.
Miguel Ángel Roberto Arra, el Turco había nacido en Paraná el 20 de agosto de 1946, era licenciado en Ciencias Naturales y zoólogo y dictaba clases en la Facultad de Ciencias Naturales, hasta que fue secuestrado el 24 de junio de 1975 en la capital salteña.
En la casa de estudios también se recordó a los docentes Graciela Droz, Silvia Aramayo, Luis Alberto Calou y Raúl Humberto Machaca; y los estudiantes Roberto Oglietti, Carlos Humberto Ceferino García y Nora Saravia de García –que estaban casados–, Pedro José Tufiño, Gregorio Tufiño, Carlos Estanislao Figueroa, Héctor Alberto Oliva, Ana María Caballero Cuellar, Hilda Yolanda Cardozo, Carlos Alberto Rivera, Silvia Sáez de Vuistaz y el boliviano Nils Alfredo Cazón Coria.
Este año el Consejo Superior de la Universidad Nacional de Salta aprobó que la institución se presente como querellante en la causa en la que se investigan estas desapariciones.

2008-05-10T10:51:00.000-07:00

Por los cortes de rutas, el represor Jorge Fariña no pudo declarar en Paraná

El represor Jorge Alberto Fariña, que debía declarar en Paraná por el robo de bebés durante la última dictadura, no llegó a la audiencia debido a que el camión que lo trasladaba desde la unidad penal de Marcos Paz quedó varado en uno de los cortes de ruta de los productores agropecuarios, por lo que la jueza federal Myriam Galizzi deberá fijar nueva fecha para que preste declaración indagatoria.
El teniente coronel Fariña formaba parte del Servicio de Inteligencia del Ejército y está imputado en la causa en la que se investiga el robo de los bebés que habría dado a luz Raquel Negro en el Hospital Militar de Paraná, en 1978.
Actualmente está detenido en la cárcel de Marcos Paz, acusado por su rol como integrante de la patota de la Quinta de Funes, donde estaba secuestrada Raquel Negro. Fariña se encuentra sujeto a prisión preventiva por su vinculación en los casos de “amenazas, tormentos y desaparición física” en una causa que está en trámite ante el Tribunal Oral Federal Número 1 de Rosario.

2008-05-07T12:21:00.000-07:00

El médico Zaccaría admitió que era jefe de terapia intensiva del Hospital Militar cuando Raquel Negro dio a luz

El médico paranaense Juan Antonio Zaccaría admitió que era jefe de la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital Militar de Paraná a mediados de 1978 y dijo haber visto “una incubadora vacía” en la época en que habrían nacido los mellizos que dio a luz Raquel Negro, mientras estaba detenida-desaparecida.
El profesional declaró durante tres horas en el Juzgado Federal de Paraná, adonde había sido citado como imputado por su presunta participación en el nacimiento de bebés durante el cautiverio de sus madres en el Hospital Militar.
La abogada querellante Marina Barbagelata explicó que un día encontró en la sala de terapia intensiva “una incubadora vacía, y que le informaron que un bebé que había nacido con complicaciones había sido trasladado a pediatría, aunque dijo desconocer cuál fue su destino”, comentó a Radio Del Plata.
El profesional corroboró los testimonios de otras testigos respecto a que Raquel Negro dio a luz a mellizos y que el varón tuvo complicaciones por lo que debió ser derivado a un instituto privado: “Zaccaría indicó que su área de competencia estaba en terapia intensiva y que los bebés habían sido derivados de la maternidad del Hospital Militar”, comentó Barbagelata. Sin embargo, apuntó que “resulta difícil establecer quiénes eran los encargados del servicio de maternidad del Hospital Militar, quiénes eran los ginecólogos, enfermeras y parteras, entre otro personal”.

2008-05-06T10:52:00.000-07:00

La Cámara de Diputados debatirá un proyecto para que quienes hayan colaborado con una dictadura no puedan ejercer cargos públicos

La diputada nacional Victoria Donda Pérez (PJ-Capital Federal) presentó un proyecto de ley por el cual se pretende inhabilitar “en forma absoluta y perpetua” a quienes hayan cometido delitos de lesa humanidad o hayan ocupado cargos de ministro, secretario, subsecretario o director nacional durante una dictadura.
La iniciativa apunta a “terminar con los funcionarios responsables y cómplices de la última dictadura” y evitar que se produzcan situaciones como las que ocurrieron en los casos de los represores Antonio Domingo Bussi y Luis Patti, a quienes la Cámara de Diputado impugnó como legisladores, pero que la Justicia dispuso que debieran asumir sus bancas.
Por ello, se pretende inhabilitar para ejercer cargos públicos de cualquier tipo a todos aquellos que hayan cometido delitos de lesa humanidad, y se extiende sobre quienes “existan pruebas suficientes” de haber participado de ese tipo de delitos, y sobre quienes “hayan usurpado” cargos públicos durante la dictadura.
En el escrito, Victoria Donda Pérez –nacida en la ESMA durante el cautiverio de sus padres– expresó: “Veinticinco años de impunidad y el retardo de justicia hicieron que Patti estuviera al borde de asumir una banca de diputado, cuando hace años que debería estar donde está ahora, en la cárcel”.
A través de este proyecto se modificarían varias leyes, a las que deben ser incorporadas las futuras restricciones para ejercer cargos electivos y partidarios. Entre ellas, las leyes del Código Nacional Electoral, la de Partidos Políticos y la de Ética Pública.
Otro artículo incorpora como inhabilidad para ocupar cargos partidarios o electivos a quienes hayan sido condenados por robo, defraudación, estafa, o por “facilitar, promover o encubrir graves violaciones a los derechos humanos”, y se indica que de haber condena, la inhabilitación será “perpetua”.

Fuente: Página/12.

2008-05-02T10:52:00.000-07:00

Los organismos de derechos humanos exigimos un eficaz sistema de protección a testigos y ser recibidos por el gobernador

Representantes de organismos de derechos humanos de la provincia manifestaron su preocupación por el secuestro de Juan Evaristo Puthod, quien estuvo desaparecido durante 24 horas. Ante ello exigieron la implementación de un efectivo sistema de protección a testigos en el ámbito provincial ante el avance que han registrado las causas tanto en Paraná como en Concepción del Uruguay. En ese marco, consideraron que hechos como el de Puthod demuestran la gravedad de la situación que están viviendo quienes tienen que atestiguar y por eso volvieron a reclamar que los represores estén presos en cárceles comunes y con prisiones efectivas. En ese marco, volvieron a reclamar ser atendidos por el gobernador Sergio Urribarri (foto), tal como vienen planteando desde octubre pasado sin respuestas, para discutir sobre este tema y la política oficial en el tema, como también la permanencia de funcionarios vinculados a la dictadura en la estructura del Estado. Asimismo, coincidieron en que se trata de un problema “que excede a los ex presos o a las víctimas de la dictadura y que es parte de todos los argentinos”.
María Luz Piérola abrió la conferencia manifestando que “siempre hemos exigido que la garantía para que estos hechos no sucedan y que los juicios sean efectivos, que se lleven a cabo todos los juicios en Argentina y que los genocidas estén en cárceles comunes y con prisión efectiva”, al tiempo que remarcó que “hemos solicitado la protección a testigos, querellantes, abogados y jueces, porque las intimidaciones se han repetido, no son menores y demuestran que los represores siguen siendo fuertes, que siguen estando y que no van a soportar sus prisiones. Entonces debemos contrarrestar esto con una movida colectiva y la exigencia para que de una vez por todas haya juicios para todos los genocidas”. En ese sentido, insistió en el pedido de audiencia con el gobernador Urribarri, ya que “hemos solicitado que nos reciba en forma individual y también en forma colectiva, para trabajar esta política de derechos humanos y un sistema de protección a testigos, porque consideramos que la única forma de protección es que la provincia se haga parte y garantice lo garantice. Pero hasta ahora no hemos tenido respuestas”.
Por su parte, el referente de la Asociación de ex Presos La Solapa Darío Olivera expresó que “los hechos que se han venido sucediendo, primero con Jorge Julio López y ahora con Juan Puthod demuestran la gravedad de la situación que están viviendo los que tienen que atestiguar en las causas por violaciones a los derechos humanos; pero eso nuestra preocupación es que esto siga sucediendo en momentos en que los juicios avanzan”.
Eduardo Ayala, también de La Solapa, acotó que “si bien esto trasciende el ámbito provincial, es bueno remarcar que el objetivo es lograr un contacto con el gobierno porque lamentablemente estamos ante una problemática que está vigente. Nosotros tenemos antecedentes de amenazas, hay procesos iniciados y eso se pondrá más caliente con el tiempo a partir del avance de los juicios. Por eso sería importante tener un contacto con el gobierno para avanzar en la garantía de protección a los testigos”.
En tanto, Cristela Piérola, de Afader, advirtió que “no sólo queremos reclamar al gobierno, sino que pretendemos llegar a toda la sociedad, para que entendamos que esto nos está pasando a todos; es un problema que excede a los ex presos o a las víctimas de la dictadura, sino que es parte de un problema de todos los argentinos y todos debemos hacernos cargo de lo que está pasando”, insistió.
Asimismo, Julián Froidevaux, de H.I.J.O.S. Regional Paraná, remarcó que “los responsables y ejecutores del genocidio se mueven sobre una base de impunidad y en un pacto de silencio que lo mantienen entre todos y no están dispuestos a romperlo. En algunos momentos revienta para el lado de Paúl Navone; pero cuando pueden organizarse mejor, pasa lo que ocurrió con Juan Puthod, Luis Gerez y Jorge Julio López. Quien tiene que responder principalmente es el Poder Judicial en su conjunto, es su deber histórico hacerlo y los jueces federales deben llevar a las cárceles comunes, con prisión perpetua y efectiva a todos los genocidas y sus cómplices”.
Respecto de la forma de implementación de un sistema eficaz para la protección de testigos, querellantes, abogados y funcionarios judiciales, María Luz Piérola remarcó que “la garantía fundamental es que estos tipos estén presos, quitándoles cada vez más el poder que tienen. Pero paralelamente, el Estado debe garantizar las custodias, aunque cada uno tiene derecho a decidir si la quiere o no; además de afinar los detalles para garantizar entre nosotros la seguridad porque estos tipos han demostrado que siguen siendo peligrosos”.
Ayala acotó que “nosotros no estamos en condiciones de desarrollar tareas de inteligencia o contrainteligencia, nuestro objetivo es mantener viva la memoria y con la verdad llegar a la justicia; es el Estado el que debe abusar de todos sus mecanismos para garantizar la seguridad. Otro punto a tener en cuentas es que si hay funcionarios que tienen la ideología de la dictadura, no se puede tener la garantía de que no se cuelen cosas y que no haya una seguridad plena. Por eso, lo primero que hay que hacer es desmantelar este aparato y apartar a esta gente, ellos no pueden participar de los ámbitos de gobierno porque es como tener el zorro dentro del gallinero”.
Olivera coincidió y apuntó además que “estas cuestiones exigen que las autoridades mantengan un diálogo con los organismos de derechos humanos para coordinar cómo se hace efectiva la protección pero hasta ahora no hemos tenido oportunidades para conversar ni siquiera cuál es la política de derechos humanos de este gobierno. Entonces, el Poder Ejecutivo debe hacerse cargo de llevar adelante una política concreta de derechos humanos, protección a testigos y aceleración de las causas”.
Hacia fines de 2006, Piérola fue amenazada por carta y un automóvil estuvo apostado en la puerta de su casa. Sin embargo, la dirigente señaló que “no sólo no se llegó nada sino que la causa se archivó y se desarchivó nuevamente por pedido de Jorge Auat (titular de la Unidad de Coordinación y Seguimiento de las causas). Evidentemente, también en el Poder Judicial hay cómplices de la dictadura. Pero aquí no hay una custodia en serio, porque se ponen por un período y luego se sacan”.
En ese sentido, comentó que el propietario del automóvil que estuvo apostado en su casa es el sargento Carlos Roberto Piriz, uno de los militares que está siendo juzgado en Corrientes por su actuación en el centro clandestino de detención que funcionó en el Regimiento de Infantería 9 de la capital provincial. “Esto demuestra que no es casual lo que pasó, que los tipos siguen operando, que mantienen sus conexiones en todos los puntos del país y que manejan un dinero importante para hacer este tipo de cosas”.
En el mismo sentido, el abogado de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, José Iparraguirre, manifestó que “los organismos de derechos humanos no pueden sino presionar públicamente y reclamar al Estado para que tome las medidas que debe tomar, pero la responsabilidad principal de dar seguridad es del Estado. La detección de focos neonazis, fascistas y pro-dictadura que existen en la provincia es parte de una tarea de inteligencia que debe desarrollar el Estado a través de la policía o de los mecanismos administrativos y también del poder Judicial, para detectarlos y desmantelarlos”, y agregó que “claramente se ve un avance de sectores de derecha y reaccionarios que demuestran que pueden hacer actos como el de Puthod en la provincia de Entre Ríos, porque las prácticas aquellas se reproducen hoy en casos de gatillo fácil, apremios ilegales, abusos, amenazas constantes a los sectores populares y la ideología es la misma que tenía la dictadura”.
Por último, Olivera destacó que “la sociedad argentina ha ido avanzando en todos estos años en la comprensión de lo que fue el genocidio y el terrorismo de Estado. Pero también existen sectores de la sociedad exigen dejar de lado esto porque se trata de hechos del pasado, pero creo que hechos como el que le ocurrió a Puthod demuestran la vigencia y la actualidad de estos temas. Desde los organismos de derechos humanos y desde el conjunto de la sociedad debemos controlar que este tipo de hechos no ocurran, porque queremos evitar tener que actuar sobre los hechos consumados y tener una actitud de prevención y custodia sobre quienes deben declarar en las causas”.
De la convocatoria también participaron la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (AGMER), la Central de Trabajadores Argentinos (CTA), el equipo de derechos humanos de la Universidad Autónoma de Entre Ríos (UADER), la Facultad de Ciencias de la Gestión de la UADER, el Partido Comunista y el Centro de Estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Educación.

2008-04-25T10:39:00.000-07:00

Comienza el juicio contra tres policías acusados por la Masacre de Fátima

El próximo martes 29 de abril comenzará el juicio contra tres ex oficiales de la Policía Federal por su responsabilidad en la denominada Masacre de Fátima, en la que una treintena de militantes sociales y políticos fueron asesinados y sus cuerpos dinamitados, entre ellos el entrerriano Carlos Raúl Pargas, oriundo de Gualeguaychú (foto superior). El brutal crimen fue perpetrado el 20 de agosto de 1976 y ordenado por otro militar paranaense: el coronel Manuel Morelli (foto inferior), muerto de un ataque al corazón en diciembre de 1979.
A partir del martes comenzará el primer juicio oral y público por los crímenes cometidos en la órbita del Primer Cuerpo de Ejército, cuando sean sometidos a proceso tres ex oficiales de la Policía Federal por su responsabilidad en la denominada Masacre de Fátima. Los enjuiciados serán los ex comisarios Carlos Gallone, Juan Lapuyole y el principal Miguel Ángel Timarchi. El fiscal Federico Delgado, en la solicitud de elevación de la causa a juicio calificó el hecho como “uno de los capítulos más oscuros de la historia”, al considerar que todos los delitos fueron cometidos desde el Estado y señaló que “se trató de una feroz y desnuda represión ejecutada por quienes usurparon el poder el 24 de marzo de 1976”.
La noche del 20 de agosto de 1976, treinta personas que estaban privadas de su libertad en la Superintendencia de Seguridad de la Policía Federal fueron trasladadas hasta la localidad bonaerense de Fátima, en el partido de Pilar, donde fueron fusiladas en un camino de tierra a la altura del kilómetro sesenta y dos de la ruta ocho y luego los cuerpos fueron apilados y dinamitados por una bomba.
Según declaró el médico forense de la Policía de Pilar, Gregorio Ferrá, uno de los muertos llevaba en un bolsillo una tarjeta en la que decía “30 x 1”. La hipótesis que corría era si un integrante de las Fuerzas Armadas era ultimado por “subversivos”, lo “cobrarían” con treinta personas secuestradas. Cuando se produjo la Masacre de Fátima hacía poco tiempo que había sido asesinado el general Omar Carlos Actis, uno de los organizadores del Mundial de Fútbol de 1978.
La Masacre de Fátima fue ordenada por el coronel Manuel Alejandro Morelli, oriundo de Paraná y que murió de un paro cardíaco en diciembre de 1979. Hasta marzo de ese año comandó la terrorífica Superintendencia de Seguridad Federal del gobierno militar. Casado con la hermana del cura represor, Christian von Wernich y hermano del ex presidente del Club Atlético Estudiantes de Paraná, Salvador Morelli, tuvo también un rol cuestionable en la investigación por la desaparición del ex director del diario El Cronista Comercial, Rafael Perrota y la ex esposa del empresario Osvaldo Sivak, Marta Oyhanarte, lo implicó en el secuestro de su marido.
Todos los cuerpos estaban maniatados y con los ojos vendados, y en un primer momento sólo se pudo identificar a una mujer y cuatro hombres, mientras que otras nueve mujeres y dieciséis hombres, fueron sepultados en el cementerio de Derqui bajo la denominación “NN”, entre ellos el entrerriano Carlos Raúl Pargas. Años después, el Equipo Argentino de Antropología Forense logró la identificación de los asesinados.
Los restos de Carlos Raúl Pargas fueron recuperados e inhumados en el Cementerio de Gualeguaychú en febrero de 2005. Había nacido en la localidad del sur entrerriano en 1947. Era militante montonero, estudiante y empleado del Banco Nación en la sucursal Retiro. De ahí fue secuestrado el 12 de julio de 1976.

2008-04-24T10:37:00.000-07:00

Renunció un funcionario judicial que permitió la liberación del apropiador del hijo de Liliana Fontana y Pedro Sandoval

El secretario de la Sala IV de la Cámara de Casación, Daniel Enrique Madrid, presentó su renuncia, tras haber sido denunciado por los propios jueces del tribunal por haber basado una sentencia que favorecía a un represor en un fallo anterior que no existía. Ambas resoluciones estaban vinculadas con la liberación de Víctor Enrique Rei, el apropiador del hijo que tuvieron Liliana Fontana y Pedro Sandoval (foto), que fueron secuestrados y se encuentran desaparecidos desde 1977. Alejandro recuperó su identidad en 2006.
Madrid firmó como secretario una resolución con la que se concedía la excarcelación a Rei, acusado de apropiarse de Alejandro Sandoval Fontana durante la última dictadura. El fallo se conoció en mayo de 2006 y estaba fundamentado en una supuesta decisión anterior del tribunal que en realidad nunca había salido. En ámbitos judiciales suponen que la confusión se originó porque existía un proyecto favorable a Rei, pero que luego no fue firmado ni notificado. Según esa hipótesis, la segunda resolución se realizó en base a ese borrador. Para las Abuelas de Plaza de Mayo, la “irregularidad” se cometió para evitar que el represor siguiera en prisión.
El escrito impugnado fue suscripto por los jueces Ana María Capolupo de Durañona y Vedia (que luego renunció) y Gustavo Hornos. Al detectar la maniobra, las Abuelas de Plaza de Mayo recusaron a esos magistrados. El presidente de la Cámara, Juan Fégoli, abrió una investigación por el tema en la que quedó involucrado Madrid. Además, el tribunal y el abogado del represor Rei iniciaron acciones penales contra el secretario judicial.
En su momento, el funcionario judicial fue respaldado por el ex presidente de la Cámara de Casación, Alfredo Bisordi, cuestionado por intentar trabar los juicios por violaciones a los derechos humanos, lo que valió inclusive una expresión en ese sentido del entonces Presidente Néstor Kirchner en un acto por el trigésimo aniversario del golpe de Estado en el centro clandestino de detención La Perla, de Córdoba.
Alejandro es hijo de Liliana Fontana y Pedro Sandoval. Ambos fueron secuestrados y se encuentran desaparecidos desde el 1º de julio de 1977. Ella tenía 20 años, era estudiante de peluquería y había nacido en Viale; él era oriundo de Nogoyá, tenía 33 años y era albañil. La pareja fue secuestrada en la casa de Caseros donde vivían junto a los padres de ella, Rubén y Chela. Por testimonios de sobrevivientes se supo que los llevaron al centro clandestino de detención Club Atlético, y que Liliana fue sacada de allí varios meses después para dar a luz. El hijo de ambos fue el nieto número 84 recuperado por Abuelas de Plaza de Mayo en septiembre de 2006.

2008-04-22T13:26:00.000-07:00

Homenaje a los compañeros desaparecidos Mabel Fontana y Pedro La Blunda

Hoy se cumplen treinta y un años de la desaparición de los militantes Pedro La Blunda y su compañera, Mabel Fontana. Hoy recordamos a dos personas más que dieron sus vidas por nosotros, que derramaron su sangre por un país para todos.
Los secuestraron en San Fernando, el mismo lugar donde los recordamos, y donde dejaron a su hijo Mauro a sus vecinos, por pedido de su mamá, sabiendo cuáles eran sus destinos, y hoy continúan desaparecidos.
Mabel nació en Estación General Racedo, Entre Ríos y era docente, Pedro nació en Junín y era abogado, militaban en montoneros y tenían treinta y un años; tenían toda una vida por delante para luchar y cambiar una realidad injusta para los argentinos. Podríamos decir muchas cosas de ellos, pero hoy debemos hablar no sólo de ellos dos, ellos trascienden un número, ellos hoy son todos los compañeros muertos y desaparecidos, son los 30.000, son las Madres, son las Abuelas, son Mauro.
Desde AFADER, no sólo queremos homenajear a estos héroes de nuestra historia, sino también acompañar a Mauro en esta etapa de su vida, que asume su nueva identidad tomando las banderas de sus padres y reivindicando enormemente la lucha y entrega de toda una generación.
El camino que empezó a caminar Mauro, este homenaje, todos los homenajes y lo que hemos logrado y seguiremos logrando los organismos de Derechos Humanos, son una muestra fehaciente de que NO NOS HAN VENCIDO, que SEGUIREMOS LUCHANDO, que no descansaremos hasta que estén presos cada uno de los responsables de este genocidio, y hasta que HALLEMOS A LOS MÁS DE CUATROCIENTOS NIÑOS APROPIADOS, y que ENCONTRAREMOS LA VERDAD DE ESTA HISTORIA, aunque esto nos cueste atravesar muchas generaciones.
Por Mabel y Pedro.
Por nuestros 30.000 compañeros.
Por Memoria, Verdad y Justicia.

2008-04-17T20:09:00.000-07:00

Dolor y preocupación por la liberación de Luis Abelardo Patti

Hace dos años celebramos que la Cámara de Diputados no permita el ingreso de un genocida como Luis Abelardo Patti (foto) por “falta de idoneidad moral”. Luego fue detenido por el juez Alberto Suárez Araujo, en el marco de la causa en la que se investigan los crímenes que se cometieron en el centro clandestino de detención y exterminio que funcionó en Campo de Mayo y en jurisdicción del Comando de Institutos Militares, por delitos de Lesa Humanidad y como tales son imprescriptibles. Y también celebramos, porque hacía treinta años que desde los organismos de Derechos Humanos veníamos denunciando a este represor por secuestros, torturas y asesinatos.
Hoy, después de que fuera liberado porque la Cámara Federal de San Martín entiende, a raíz de un fallo de la Corte Suprema de Justicia, que Patti tiene fueros parlamentarios desde el día en que fue elegido, con dolor y preocupación, desde AFADER expresamos nuestro repudio, para que este asesino no vuelva a caminar entre nosotros y no pueda llegar a asumir como diputado nacional.
Luis Abelardo Patti actualmente está acusado de los secuestros de Diego Muñiz Barreto y Juan Fernández, detenidos en Escobar el 16 febrero de 1977, torturados en la comisaría de la zona, luego trasladados a la Unidad Regional Tigre y finalmente a Campo de Mayo y posteriormente llevados hasta una zona cercana a la ciudad de Villaguay, donde fueron adormecidos y arrojados a un arroyo en el mismo Fiat 128 de Fernández. También del asesinato de Gastón Gonçalves, las desapariciones de Carlos Souto y Luis y Guillermo D’Amico y la detención de Osvaldo Arriosti. Además, Patti está acusado por el secuestro de los periodistas entrerrianos Ricardo Giménez y Tilo Wenner, que continúan desaparecidos. Al mismo tiempo, está acusado en otra causa por el encubrimiento de los represores Jorge Granada y Luis Arias Duval, quienes estuvieron prófugos durante un año en el expediente que investiga al Batallón de Inteligencia 601 por la desaparición de militantes montoneros durante la contraofensiva.
Por todo esto desde AFADER, repudiamos la decisión adoptada de dejar en libertad a represores imputados por graves delitos de Lesa Humanidad. Represores reconocidos por sus víctimas que hoy, después de haber testimoniado sobre los tormentos sufridos hace más de treinta años, porque la justicia ha sido lenta y dilatoria, tienen que caminar por los mismos lugares. Exigimos el desafuero y encarcelamiento inmediato de Luis Abelardo Patti.
Por Memoria, Verdad y Justicia.

2008-04-15T18:19:00.000-07:00

Apoyo, adhesión y abrazo fraternal a María Eugenia Sampallo Barragán

Desde AFADER queremos hacerles llegar a Abuelas de Plaza de Mayo y por su intermedio también a María Eugenia Sampallo Barragán, nuestro mayor apoyo, adhesión y abrazo fraternal frente a los sucesos producidos en torno al juicio seguido contra sus apropiadores y el militar entregador; en el cual, El Tribunal Federal Oral Número 5 condenó con ocho y siete años de prisión a Osvaldo Rivas y María Cristina Gómez Pinto, apropiadores de María Eugenia. Y con diez años al capitán retirado Enrique Berthier, militar que la entregó.
Esto no obstante y más allá de que los jueces no entienden la gravedad de los delitos de apropiación de niños, constituye un hito de gran trascendencia por cuanto es el punto de inicio de conductas imitables.
El hecho de ser la propia victima, cuya identidad fue robada, su vida impostada y los sueños que le pertenecían truncados, quien haya salido a la palestra, a pedir reivindicación, a pedir justicia, debería avergonzarnos como ciudadanos y mucho más aun a quien, con la responsabilidad institucional de sentenciar se queda a mitad de camino con una decisión de levedad impropia respecto de los hechos.
Sin lugar a dudas se ha resuelto en esta causa como si se tratase de hurto o robo de una cosa y no como en realidad fue, robo (apropiación con violencia) de persona, y con ello robo de una vida, de una identidad, de una historia, de una familia.
Bregamos entonces porque este delito, acción antijurídica y culpable, como parte de un plan sistemático de desaparición de personas, de ideales, de valores y de una macabra formación de otros seres con un cerebro lavado y con historias cambiadas; sea considerado tal cual es, delito de lesa humanidad, y en ese sentido debería recibir el tratamiento jurisdiccional de tal, cuando sabido es que esos delitos son imprescriptibles, que no admiten perdón y que además han sido cometidos desde el aparato estatal de modo sistemático, como ocurrió durante la última dictadura.
El robo y apropiación de bebes hijos de desaparecidos por razones políticas fue, sin dudas una más de las aristas de este plan sistemático y la que denota la mayor perversidad por cuanto se apropian de los hijos de toda esa generación a fin de que ellos, sus ideas y su naturaleza no dejen descendencia y así aniquilar cualquier proyecto de liberación de los hombres y de un país más justo.
Es por todas estas razones que reiteramos nuestro apoyo a María Eugenia, quien sin dudas pudo recuperar por si misma, y por la lucha de las Abuelas, su identidad y con ella su esencia y nuestra descendencia, y dejar así un hilo de esperanza hacia el futuro.

2008-04-11T10:57:00.000-07:00

Repudio a la represión policial durante el traslado de Patti a los tribunales

Desde AFADER queremos expresar nuestro enérgico repudio por la represión policial que sufrieron militantes sociales y de Derechos Humanos durante el día de ayer en momentos en que el represor Luis Abelardo Patti fuera llevado a declarar en una causa sobre secuestro y torturas en la comisaría donde entonces prestaba servicios como oficial de la Policía Bonaerense. Este tipo de acciones son propias de la dictadura, nos recuerdan la peor época de la historia argentina y no hacen más que ratificar la lucha por Justicia que clamamos desde hace más de treinta años.
Patti, procesado por delitos de Lesa Humanidad, había sido llevado al Juzgado Federal de San Martín para declarar en la causa sobre la desaparición del periodista y poeta Tilo Wenner, oriundo de la ciudad de General Galarza, Entre Ríos. En diciembre de 1975 Tilo Wenner había escrito notas sobre la huelga en la Ford y en esos días policías irrumpieron en el diario El Actual, donde trabajaba, y rompieron todo. El periodista contó que reconoció a Patti a pesar de que estaba disfrazado de obrero y que éste le pegó una cachetada. Tilo Wenner se encuentra desaparecido desde el 26 de marzo de 1976.
A raíz de ese traslado se reunieron en la puerta del juzgado militantes de derechos humanos y de organizaciones sociales diversas, quienes se encontraban repudiando el accionar del represor durante la última dictadura, cuando la Policía comenzó a empujarlos y reprimir a los allí presentes.
Durante estos hechos fue herida con rebotes de balas de goma Ana Oberlín, abogada querellante en la causa en la que Patti está acusado de “privación ilegal de la libertad doblemente agravada, imposición de tormentos y allanamientos ilegales”, en los casos de Diego Muñiz Barreto y Juan Fernández, ambos tirados dentro de un auto en un arroyo de la ciudad entrerriana de Villaguay. Fernández sobrevivió y luego realizó la denuncia en la cual menciona a Luis Abelardo Patti como uno de los responsables del hecho. Además se le imputa la desaparición de Gastón Gonçalves, Carlos Souto, Luis y Guillermo D’Amico y Osvaldo Arriosti. También abogada querellante de Abuelas de Plaza de Mayo en la causa en la que se investiga el robo de bebés nacidos en el Hospital Militar de Paraná y la sustitución de sus identidades.
Por Memoria, Verdad y Justicia.

2008-04-11T10:34:00.000-07:00

Marino González negó haber integrado la patota que trasladó a Raquel Negro a dar a luz en el Hospital Militar de Paraná

El teniente coronel Héctor Marino González (foto) se presentó a prestar declaración indagatoria como imputado en la causa en la que se investiga el robo de bebés nacidos en el Hospital Militar de Paraná durante el cautiverio de sus madres en la dictadura. El represor negó haber integrado el grupo de tareas que en 1978 trasladó a Raquel Negro para dar a luz en el nosocomio de la capital entrerriana e incluso dijo no conocer a Eduardo Tucu Costanzo, quien lo sindicó como responsable del operativo de traslado desde Rosario, y luego quedó en libertad hasta que la jueza Myriam Galizzi resuelva su situación procesal. “La declaración fue escueta e irrelevante para la causa”, sintetizó la abogada Marina Barbagelata y alegó que el testimonio “fue del mismo tenor que el del represor (Walter) Pagano”.
González se presentó este jueves por la tarde ante la Justicia Federal de Paraná tras haberse excusado de comparecer por supuestos problemas de salud el 1° de abril, y tras negar los hechos que se le imputan, quedó en libertad.
La imputación e indagatoria de González fue resuelta por la jueza federal Myriam Galizzi, luego de que su nombre fuera aportado a la causa por el represor Eduardo Costanzo, quien declaró en calidad de testigo y lo mencionó como integrante del grupo de tareas que en 1978 trasladó a Raquel Negro al Hospital Militar de Paraná para dar a luz.
Por su parte, la abogada querellante Marina Barbagelata contó, en diálogo con Radio Del Plata Paraná, que el represor negó el hecho que se le imputaba en relación con su intervención a la sustracción de los mellizos que Raquel Negro dio a luz en el Hospital Militar de Paraná, tras su traslado desde el centro clandestino de detención Quinta de Funes. “González dijo que no conocía a Costanzo y aclaró, posteriormente, que eso era lo único que iba declarar. El relato fue muy escueto e irrelevante”, manifestó la letrada.
Marino González fue quien estuvo a cargo del operativo de traslado de Raquel Negro, a lo que se sumaba la responsabilidad de disponer de su custodia. “Además, encabezó las operaciones de regreso a Rosario y el destino de los bebés, por eso dentro de la patota era quien contaba con mayor jerarquía”.
Asimismo, Barbagelata comentó que existe la posibilidad de realizar un careo entre Costanzo y González, aunque dejó entrever su moderado optimismo al respecto ya que este último tiene derecho de abstenerse de declarar y así de negarse a someterse al careo.
Por otra parte, informó que aún no se realizó la pericia al represor Juan Carlos Ricardo Trimarco, para determinar si padece Alzheimer y si está en condiciones de prestar declaración como imputado en esta causa. “Aún falta determinar qué tipo de estudios médicos se le solicitarán desde la Justicia y en base a esos resultados se determinará si puede ser imputado”, precisó Barbagelata.

Fuente: Análisis Digital. Foto: El Diario.

2008-04-05T13:08:00.000-07:00

Se inauguró en el Parque Gazzano el Paseo Amanda Mayor

En un acto íntimo y familiar, se inauguró el Paseo Amanda Mayor en Parque Gazzano, donde la artista plástica pasó gran parte de su vida, sobre todo su infancia y adolescencia, cuando era propiedad de su abuelo José. El Paseo que lleva su nombre está ubicado en una parte del predio sobre Avenida Zanni, con un cartel que lo señala y un camino de piedras coloradas en su recorrido.
Con la presencia de familiares, amigos y vecinos quedó inaugurado el paseo que lleva el nombre de la reconocida artista plástica, escritora, profesora y luchadora por los derechos humanos, donde fuera la casa de José Gazzano, abuelo de Amanda Mayor. Llegado desde Italia, en 1873 Gazzano desembarcó en Uruguay, para arribar a la Argentina nueve, afincándose en Paraná hasta su muerte en 1961 a los noventa y seis años. Visionario, trabajador innato, con un acentuado sentido del humor y un profundo sentimiento religioso, Gazzano fue a la vez un filántropo sensible que amaba los árboles y la naturaleza.
Bautizado primero como “Parque Dios y Patria”, el predio fue adquirido en 1983 por la Municipalidad de Paraná y rebautizado con el nombre de su fundador y creador. Aunque pasó años de olvido y abandono, el nuevo cuidador Dante Clivio se impuso como meta renovarlo, darle vida y vigor y gestó también el homenaje a la enorme luchadora que fue Amanda, una de las veintinueve nietas de Gazzano.
Cristela Piérola, la quinta de sus seis hijos, leyó un poema titulado Abuelo, que Amanda dedicó a José Gazzano y en el que describe la vida en el parque:

De lejos llegaste cargado de sueños
y aquí te afincaste amando la tierra.
Llenaste de verde para que los pájaros
hicieran sus nidos, como hiciste el tuyo.
Allí abrazaron ciruelos, manzanos,
moras y guayabos, cubriendo de flores
las tardes soleadas y fue tu festejo
teñirte de rosa con los durazneros,
confundir el cielo brotando glicinas
de los enrejados. Violetas y jazmines,
y las matas blancas de coronas níveas,
como si algún ángel
se quedara quieto entre los rosales.
Llegabas rodeado de rayos rojizos
y dabas sonriendo soles pequeñitos,
para el alimento de patos y gansos,
que raudos corrían, hambrientos voraces.
Allá te rodeaban cantando su júbilo
de tardes soleadas, que ya se dormían
como si estuvieras en lejanas tierras
que oyeron tu llanto de niño pequeño.
De lejos llegaste cargado de sueños
y aquí nos brindaste toda tu poesía,
toda tu ternura, manojo de hierbas,
milagro de amor, frescura del lago,
susurro de hojas, canto de mil pájaros.

Posteriormente, Gladys Sánchez, una de sus compañeritas de la promoción 1947 de la Escuela Normal, recordó con emoción rasgos de su batalladora personalidad: “La presencia ayer y el recuerdo hoy de nuestra querida Amanda nos convoca nuevamente. Nos convocan sus cualidades que siempre nos atrajeron, nos enamoraron. Nos convoca su alegría, su amor, su entereza, su calidad de vida, su forma de ser y fundamentalmente la paz que ella generaba con su presencia y decir. Vivió por que la paz y la memoria no la dejaran de lado. El homenaje mejor que le podíamos brindar es la entrega de amor, porque el amor construye y los rencores y los odios destruyen”, evocó.
A su turno, la secretaria de Gobierno municipal, Rosario Romero, destacó el predio como “un lugar hermoso” donde generaciones enteras asistieron gozosas a disfrutar las bondades de la naturaleza, y plantó como un aspecto positivo que lugares como el Paseo Amanda Mayor lleven el nombre de aquellos que honran a cada localidad. “Este es un espacio por el que transitarán generaciones enteras y Amanda va a estar acá, como está entre nosotros con su espíritu y su lucha, como está también Victoria Gazzano y tantos compañeros desaparecidos y detenidos. Que este paseo lleve el nombre de Amanda Mayor tiene una significación del recuerdo querido que tenemos de ella, es un mensaje, un legado que le dejamos a las generaciones que vienen, de que éstas son las personas que queremos rescatar para nuestros espacios públicos. Nuestras calles se tienen que llamar con los nombres de aquellos argentinos y argentinas que han sentido la Patria”.

2008-03-29T11:34:00.000-07:00

La Universidad Nacional de Rosario otorgó a la familia de Silvia Bianchi el título como egresada de Psicología

En un sentido y emotivo homenaje, el 28 de marzo último las actuales autoridades de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Rosario entregaron a la familia de Silvia Bianchi (foto) el título de egresada, a pesar de que a la joven paranaense le faltaba una materia para recibirse cuando las balas de la dictadura hicieron añicos su sueño de amor, de madre y de militante, el 21 de agosto de 1976. Los padres de Silvia recorrieron el Museo de la Memoria y también concurrieron al cementerio de esa ciudad, donde están inhumados sus restos junto con los de su marido, Raúl Milito.
El acto fue sencillo pero con una fuerte carga emotiva. Ana María Fontana, Doña Mari, y Samuel Aureliano Bianchi llegaron hasta Rosario para recibir el título que no pudo su hija. El viernes 28 de marzo la Universidad Nacional de Rosario rindió un justo homenaje a Silvia Ester Bianchi, una joven estudiante que tuvo que resignar sus estudios cuando le faltaba una materia para recibirse. Tenía veintitrés años y había desarrollado una brillante carrera a la par de una comprometida militancia social, ya que realizaba trabajos en la cárcel, donde ayudó a un muchacho que estaba condenado por homicidio a recibirse de abogado; colaboraba con un grupo de monjas francesas en el barrio San Francisquito, uno de los más pobres de Rosario, enseñándoles a los chicos para que pudieran progresar en la escuela; y también había conseguido una beca para trabajar en el comedor universitario. Militante de Montoneros, era conocida como La Cristiana, por su profunda práctica religiosa.
Entre el estudio, el trabajo social y otras andanzas había conocido a Raúl Milito, un fuerte cuadro dentro de la organización. “Yo nunca vi una relación de tanto amor. Tenían un amor de locos, uno veía que había un amor muy profundo, siempre estaban pendientes de la seguridad el uno del otro”, contó una vez Hugo, hermano de Raúl, que era estudiante de Arquitectura y alcanzó a recibirse, pero tampoco pudo retirar su título y ahora será homenajeado por la Universidad. Hugo y otros familiares también acompañaron a los padres de Silvia. Es que están unidos por un lazo muy profundo: Silvia estaba embarazada de nueve meses, a punto de dar a luz, cuando ambos fueron asesinados en Córdoba, por una patota del autodenominado Comando Libertadores de América. Silvia tenía fecha para dar a luz a su hijo después del 20 de agosto, pero los asesinaron en las primeras horas del 21. Recibió un tiro en la espalda.

2008-03-15T19:05:00.000-07:00

Cronograma de actividades durante la Semana de la Memoria

* Domingo 16
A las 18 se realizará una mateada en la Plaza Juan Carlos Gómez Sosa, del barrio AATRA de Paraná. Organiza: H.I.J.O.S. Regional Paraná.

* Lunes 17
-A las 20 se proyectará un documental sobre Jorge Julio López, el testigo del juicio contra Miguel Etchecolatz que se encuentra desaparecido. El film se exhibirá frente a los Tribunales Federales de Paraná, en calle 25 de Mayo 256. Organiza: Multisectorial de Derechos Humanos.

* Miércoles 19
-A las 12 se realizará un homenaje a los militantes montoneros Juan Alberto Beto Osuna y Carlos José María Fernández, asesinados el 25 de septiembre de 1976 en Paraná. El acto se desarrollará en la casa que fue acribillada a balazos por las fuerzas de seguridad conocida como La Tapera, en calle Rondeau 1936 de Paraná. Organiza: Subsecretaría de la Juventud.
-A las 21 se exhibirá el film Trelew, la fuga que fue masacre, de Mariana Arruti. El film se proyectará en la sala del Centro Cultural y de Convenciones La Vieja Usina de Paraná, sita en calle Gregoria Matorras 861, con entrada libre y gratuita. Organizan: Subsecretaría de Derechos Humanos y Centro Cultural y de Convenciones La Vieja Usina, con la colaboración del Instituto Audiovisual de Entre Ríos.

* Jueves 20
-A las 20 se exhibirá el video sobre la realización del mural en homenaje al militante social Ramón Héctor Pichón Sánchez, en Avenida Ejército, en el barrio La Pasarela de Paraná.
-A las 20 se proyectará El Golpe, cronología de una conspiración, documental realizado por la Dirección Nacional de Juventud, en el Salón Eva Perón, sito en calle Andrés Pazos 35, de Paraná. Organiza: Subsecretaría de la Juventud.
-A las 21 se exhibirá el film 24 de marzo, del horror a la esperanza, realizado con el auspicio de la Secretaría de Medios de la Nación. El film se proyectará en la sala del Centro Cultural y de Convenciones La Vieja Usina de Paraná, sita en calle Gregoria Matorras 861, con entrada libre y gratuita.

* Viernes 21
-A las 21 se exhibirá el film Nietos - Identidad y Memoria, de Benjamín Ávila. El film se proyectará en la sala del Centro Cultural y de Convenciones La Vieja Usina de Paraná, sita en calle Gregoria Matorras 861, con entrada libre y gratuita.

* Sábado 22
-A partir de las 19 se realizará el Primer Festival de Música por la Identidad, en el Puerto Nuevo de Paraná, con la actuación de Carlos Negro Aguirre, María Silva, Miguel Zurdo Martínez y Arbolito. Organizan: Abuelas de Plaza de Mayo, Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, AFADER, H.I.J.O.S. Regional Paraná, La Solapa - Asociación de Ex - presos políticos, Grupo Tamvos y la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Municipalidad de Paraná.

* Domingo 23
-A partir de las 19 se realizará el Primer Festival de Música por la Identidad, en el Puerto Nuevo de Paraná, con la actuación de Jorge Fandermole, murga La Malparida, Tamvos, Alfredo Arce, Oscar Pato Sosa, La Clave, Georgina Asma y Actitud María Marta.
-A las 19 se realizará un recital de música que contará con la participación de Los Primos y Martín Pucheta; y habrá también recitado de poesía a cargo de autores locales invitados, en Gualeguaychú. Organizan: Madres de Plaza de Mayo Gualeguaychú, Familiares de detenidos-desaparecidos y Grupo de apoyo, Militantes por la Vida y CCC.

* Lunes 24
-A las 18 se realizará en la plaza principal de La Paz el acto central donde participarán grupos de música y se proyectará un video. Organizan: Delegación departamental de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la provincia de Entre Ríos y la Dirección de Cultura de la Municipalidad de La Paz.
-A las 19 se realizará la concentración en la Plaza Sáenz Peña para la movilización hasta la Plaza Alvear y el acto central, en Paraná. Organiza: Multisectorial de Derechos Humanos.
-A las 19 se realizará la marcha por la Memoria, la Verdad y la Justicia. La concentración tendrá lugar en la Plazoleta de los Derechos Humanos, en Boulevard Yrigoyen y Maipú, paso por el Juzgado Federal y cierre en Plaza Ramírez con recital de música, en Concepción del Uruguay.
-A las 19 concentración en la esquina Rocamora y 25 de Mayo de Gualeguaychú, con movilización por la memoria, la verdad y la justicia hasta el acto central que se realizará en el Teatro Gualeguaychú a partir de las 20. Habrá un panel donde brindarán testimonio las Madres de Plaza de Mayo Gualeguaychú e hijos de desaparecidos. Luego se presentará la obra de teatro de títeres La máquina (para todo público); también habrá un recital de poesía a cargo de Raúl Ingold; Música por la Memoria, con la presentación de David Fernández, Eduardo Goncebat y Nene Bredle. Organizan: Madres de Plaza de Mayo Gualeguaychú, Familiares de detenidos-desaparecidos y Grupo de apoyo, Militantes por la Vida y CCC.
-A las 19.30, en la intersección de las calles Pellegrini y Salta de Concordia, se inaugurará el Mural por la Memoria, en una actividad enmarcada dentro las jornadas oficiales, que se delinearon a partir de la Mesa de Gestión del municipio, donde participaron familiares de desaparecidos, docentes, promotores territoriales para el cambio social.
-A la hora 21 se realizará el acto de inauguración de la muestra 15 tapas, que muestra Diarios de Plaza de Mayo de 1993 a 2008, en la Casa de la Cultura de La Paz. Además, se leerán poesías, hablarán militantes de la década de 1970 y actuará el dúo musical integrado por César Trachitti y Tito Zabala, que harán temas del repertorio tradicional latinoamericano. Organizan: Delegación departamental de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la provincia de Entre Ríos y la Dirección de Cultura de la Municipalidad de La Paz.

* Martes 25
-A las 20.30 se presentará Peón 4 Rey Jaque. Operación Walsh, un documental del director Gustavo Gordillo, en el Museo de Bellas Artes, sito en calle Buenos Aires 361 de Paraná, con entrada libre y gratuita. Luego habrá un panel-debate que contará con la presencia de José Bantar; Eduardo Ayala, presidente de La Solapa - Asociación de Ex - presos políticos; y el profesor Alejandro Richardet, de la UADER. Organizan: Agenda Cultural de Sidecreer, UADER y La Solapa - Asociación de Ex - presos políticos.

* Miércoles 26
-A las 20 se desarrollará una charla-debate sobre derechos humanos, a cargo de Vicente Zito Lema, en el Salón de Actos de la Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales de la UADER, en la Escuela Normal de Concepción del Uruguay, sita en calle Jordana 50.

* Jueves 27
-A las 20 se presentará el CD La escena entrerriana 76-83, un proyecto de investigación realizado por Florencia Penna, Oscar Lesa y Gabriel Cosoy en el marco del Programa Identidad del Consejo Federal de Inversiones, con un relevamiento de experiencias teatrales durante la dictadura militar, en la Casa de la Cultura de Entre Ríos, sita en la esquina de esquina de Carbó y 9 de Julio de Paraná, con entrada libre y gratuita.

* Viernes 28
-A las 10.30 se realizará un panel sobre “Educar en Derechos Humanos”, integrado por integrado por el doctor Enrique Stola, director de la Casa de Entre Ríos en Buenos Aires; el licenciado Alfredo Forti, secretario de Asuntos Internacionales del Ministerio de Defensa de la Nación, que expondrá sobre “Derechos Humanos y Democracia en América Latina”; la doctora Mariana Blengio Valdés, coordinadora de la Cátedra Unesco de Derechos Humanos de la Universidad de la República de Uruguay, que expondrá sobre “La importancia de Educar en Derechos Humanos”; y el profesor Alberto Sileoni, secretario de Educación del Ministerio de Educación de la Nación. También se presentará Daniel Rochi y su grupo musical. El evento tendrá lugar en el Auditorio Amanda Mayor en el Rectorado de la UADER, sito en Avenida Ramírez 1143 de Paraná.

* Sábado 29
-A las 21 se presentará Potestad, una obra de teatro de Tato Pavlosky interpretada por el Grupo Sidharta, con dirección de Félix Gutiérrez en el Auditorio Municipal Arturo Illia de Concepción del Uruguay.

2008-03-13T12:54:00.000-07:00

Los represores Amelong y Pagano se negaron a declarar pero dijeron ser inocentes en la causa por robo de bebés

Los represores Juan Daniel Amelong (foto superior) y Walter Salvador Pagano (foto inferior) se abstuvieron de declarar ante la jueza federal Myriam Galizzi, que investiga el robo de bebés nacidos en el Hospital Militar de Paraná durante la última dictadura. Ambos llegaron trasladados desde la cárcel de Marcos Paz, donde cumplen arresto por violaciones a los derechos humanos en Rosario. En el caso de Amelong dijo que prestará testimonio una vez que vea el expediente y conozca las pruebas en su contra; en tanto, Pagano dijo ser inocente.
El teniente coronel retirado y abogado Juan Daniel Amelong está acusado del delito de sustracción de menores y sustitución de identidad, después que su compañero de armas Eduardo Costanzo los señalara como uno de los integrantes del grupo de tareas que trasladó y custodió a la detenida-desaparecida Raquel Negro desde el centro clandestino de detención Quinta de Funes hasta el Hospital Militar de Paraná para que dé a luz entre febrero y marzo de 1978. Según el relato de Costanzo, Amelong y Pagano dejaron a uno de los bebés que tuvo Raquel Negro, una nena, frente a un convento de Rosario.
Amelong es un hombre delgado de 56 años. Vestía un traje negro y llevaba un libro en sus manos esposadas. Lo custodiaban dos efectivos de la Policía Federal que lo acompañaron desde la cárcel de Marcos Paz, donde está detenido por orden de la Justicia Federal de Rosario en el marco de la causa contra el represor Pascual Guerrieri, quien comandaba el centro clandestino de detención Quinta de Funes, imputado por el secuestro y posterior asesinato de 14 militantes montoneros, entre ellos los entrerrianos Oscar Daniel Capella y Miguel Ángel Tosetti y Pedro Retamar.
Ante la jueza, Amelong se abstuvo de declarar argumentando que desconocía el expediente, pero dijo que prestará testimonio una vez que vea cuáles son los elementos en su contra y analice en profundidad los hechos que se le imputan. Sin embargo, fuentes de la investigación dejaron trascender que fuera del despacho de la jueza negó su participación en el hecho. “Además de militar es abogado y por esa razón quería saber cuál era la imputación. Está dispuesto a declarar total y absolutamente”, dijeron fuentes judiciales. En esta causa, es asistido por el defensor oficial Juan Carlos Ferrari.
Juan Daniel El Flaco Amelong fue procesado en junio de 2004 por varios secuestros y desapariciones ocurridas en la Fábrica Militar de Armas Domingo Matheu, donde hoy funciona la Jefatura de Policía rosarina. Está acusado por las desapariciones de Ariel Morandi, Susana Miranda e Hilda Cardozo y la privación ilegítima de la libertad de Ramón Verón, Juan Antonio Rivero, Adriana Arce y Olga Moyano. Además, está acusado por secuestros torturas y desaparición en la Quinta de Funes. En enero, el represor Eduardo Costanzo dijo que Amelong había intentado asesinarlo: “Cuando estaba detenido en el Batallón 121 me quiso matar dos veces. La denuncia está en el Juzgado Federal a cargo de (Germán) Sutter Schneider y no se hizo nada, a pesar de que había testigos como los soldados. Y ahora están buscando cómo me sacan de mi casa para mandarme a una cárcel para que me maten, y me pase lo mismo que le pasó a (Héctor) Febres, porque lo que ellos pretenden es que no llegue al juicio oral”, señaló.
Amelong es también el dueño de la casa donde funcionó el centro clandestino de detención La Intermedia, en la autopista Rosario-Santa Fe. Hasta allí fueron trasladados los detenidos en la Quinta de Funes una vez que se frustró la Operación México, en la que Tulio Tucho Valenzuela -pareja de Raquel Negro y padre de los mellizos que esperaba- debía facilitar el asesinato o encarcelamiento de la cúpula de Montoneros que estaba exiliada en aquel país. Cuando el propio Valenzuela denunció la operación en los medios, los militares decidieron trasladar a los presos políticos desde la Quinta de Funes hasta La Intermedia, donde habrían sido asesinados, según el relato del represor Costanzo.
Al día siguiente fue el turno de Walter Salvador Pagano, quien siguió una estrategia similar a la usada por la mayoría de los imputados por crímenes de lesa humanidad, es decir negó absolutamente los delitos que se le imputan y dijo que es inocente. Ex integrante del Servicio de Inteligencia Destacamento 121 de Rosario también fue imputado luego de que Costanzo lo mencionara como miembro del grupo de tareas que trasladó y custodió a Raquel Negro.
El ex agente de Inteligencia, de 61 años, también está detenido en la cárcel de seguridad de Marcos Paz por disposición de la Justicia Federal de Rosario, al igual que Amelong, por los crímenes cometidos en la Quinta de Funes.
Estuvo 45 minutos reunido con su defensor oficial, Juan Carlos Ferrari, y luego se declaró inocente ante la jueza Galizzi. “Hizo una breve declaración. Contradijo algunas declaraciones que le imputan. Él niega tener participación en los hechos de sustracción (de menores) y sustitución (de identidad). Eso es todo. Se limitó a hacer una breve declaración, pero no contestó preguntas”, contó a la salida de tribunales el defensor oficial. Ferrari también señaló que Pagano negó haber cumplido funciones en la capital entrerriana durante la dictadura: “Dijo que vino como referente de Ítalo Argentino Luder en 1986 y que esta era la segunda vez que estaba acá”.

2008-03-08T08:54:00.000-08:00

Carta entregada por los organismos de derechos humanos a la ministra de la Corte Suprema, Carmen Argibay

Los Organismos de Derechos Humanos abajo firmantes, nos dirigimos a Usted y por su intermedio a los demás Señores Ministros de ese Alto Cuerpo, en relación con la causa caratulada “SR. FISCAL SOLICITA EL DESARCHIVO DE CAUSAS QUE TRAMITARON POR ARTICULO 10, LEY 23.049”, con el fin de ponerle de manifiesto nuestra consternación por el tiempo que hace que la mencionada causa se encuentra a disposición de ese máximo tribunal, sin que hasta la fecha, se haya obtenido pronunciamiento judicial.
La razón por la que entendemos que resulta apropiado que como ciudadanos le requiramos el pronto tratamiento de dicha causa, se funda en que el próximo 13 de abril se cumplirá un año desde que las actuaciones llegaron a la órbita de ese tribunal supremo que Usted compone, a efectos de que se expidiera en relación a cuestiones (la prescripción de la acción, validez de las leyes de obediencia debida y punto final, validez de los indultos, cosa juzgada, etcétera) sobre las que la excelentísima Corte Suprema ya ha resuelto en conocidos precedentes como los fallos recaídos en las causas Simón, Arancibia Clavel y Riveros, entre otros.
Señora ministra, huelga explayarnos sobre nuestro añejo reclamo de justicia, postergado a cada paso por las claras maniobras de dilación por parte de la defensa, que han logrado que hasta el día de hoy aún no se haya siquiera comenzado la investigación judicial de los atroces delitos de lesa humanidad acaecidos en nuestra provincia.
A treinta y dos años de los hechos aberrantes del terrorismo de Estado no hay más tiempo para esperar. Es indispensable que la sociedad y las instituciones del Estado den un cierre definitivo al largo camino de impunidad que ha recorrido nuestro país.
En ese marco entonces, le requerimos que arbitre los medios conducentes a la pronta resolución de las cuestiones planteadas ante la Corte Suprema en esta causa, que posibiliten el inmediato juzgamiento de todos los responsables del terrorismo de Estado en Entre Ríos.
Adjuntamos a la presente una impresión del estado de avance del expediente
Sin otro particular, reconociendo su trayectoria y compromiso con la democracia, la saludamos atentamente.

AFADER - Asociación de Familiares y Amigos de Detenidos-Desaparecidos de Entre Ríos.
H.I.J.O.S. Regional Paraná.
La Solapa - Asociación de Ex - presos políticos.

2008-03-06T08:37:00.000-08:00

La justicia declaró que la muerte de Cáceres Monié no fue un crimen de lesa humanidad

El juez federal Julián Ercolini desestimó una denuncia planteada por familiares de militares que pretendían declarar como de lesa humanidad a los crímenes cometidos de las organizaciones armadas que actuaron en la década de 1970. Puntualmente, el magistrado declaró que el asesinato del general Jorge Esteban Cáceres Monié (foto) y de su esposa Beatriz Isabel Sasiaiñ no fue delito de lesa humanidad. Ambos fueron muertos el 3 de diciembre de 1975 en un operativo de la Organización Montoneros en la balsa de Villa Urquiza.
El juez sostuvo que los crímenes de lesa humanidad son aquellos cometidos bajo el amparo del aparato estatal y no desde organizaciones armadas clandestinas que no contaron con el apoyo del Estado. Por ello dijo que esos delitos prescribieron y no pueden ser juzgados en la actualidad. En igual sentido se había expresado el fiscal Oscar Amirante.
“Los movimientos vinculados a los grupos organizados señalados no poseyeron el poder estatal, o ejercido su dominio aunque sea sobre un espacio geográfico determinado, ni han tenido el reconocimiento internacional de beligerancia. Entiéndase por dominio aquella capacidad de someter a la población al dictado de normas, con un grado de eficacia general o poder de hecho para aplicarlas”, explicó el juez Ercolini en su resolución. Además, consideró que algunos de los hechos denunciados por Eduardo Sinforiano San Emeterio -a quien se agregaron otros familiares- ya fueron investigados por la Justicia, por lo que “una nueva investigación sería violatoria a la garantía de cosa juzgada y juez natural”, sostuvo.
Los denunciantes habían incluido en su listado de crímenes como el homicidio del ex jefe del Ejército Pedro Eugenio Aramburu, ocurrido en 1970. También se detectó que hubo investigaciones por los homicidios del general Jorge Cáceres Monié y su esposa y el atentado de 1977 contra la Superintendencia de Seguridad Federal, causa en la que fallaron en igual sentido que Ercolini la jueza María Servini de Cubría y la sala I de la Cámara Federal. Por el caso Cáceres Monié fueron encarceladas más de sesenta personas que fueron sometidas a un Consejo de Guerra en 1977 y la mayoría de ellas fueron condenadas, mientras que otros fueron secuestrados y permanecen desaparecidos.

2008-03-04T08:26:00.000-08:00

Piden la detención de todo el grupo de tareas acusado del robo de bebés en el Hospital Militar de Paraná

Los abogados querellantes en la causa en la que se investiga el robo de bebés nacidos en el Hospital Militar de Paraná durante la última dictadura, solicitaron que se impute y se cite a prestar declaración indagatoria a once ex integrantes de los servicios de Inteligencia del Segundo Cuerpo del Ejército y que nueve de ellos sean detenidos -los otros dos están presos en Rosario-.
La solicitud fue presentada ante la jueza federal de Paraná, Myriam Galizzi, a partir de la declaración del represor Eduardo Rodolfo Costanzo (foto), y comprende al teniente coronel Marino González, un ex agente del Destacamento 122 de Inteligencia al que se conoce con el alias de Pepe y que viviría en Santa Fe; Walter Salvador Pagano, que está detenido en Rosario; Juan Daniel Amelong, otro represor detenido en Rosario; Daniel Porra, alias El Puma; Ariel López, conocido como Aldo, Andrés Cabrera, que utilizaba el apodo de El Barba; Alberto Enrique Pelliza; Carlos Puccini, alias Carlitos; Francisco Cilabra; una persona de apellido Troncoso, alias Torre; y otra de apellido Ruscoe, al que conocían como Barbeta y estaría viviendo en Posadas. Con excepción de Pagano y Amelong, ya detenidos, se pidió que los otros sean apresados.
Los abogados Marina Barbagelata, Marcelo Baridón y Gamal Taleb argumentaron el pedido de detención por “lo sucedido con Paúl Navone”, quien apareció muerto en la localidad cordobesa de Ascochinga el mismo día que debía declarar en la capital entrerriana, y “con el objeto de evitar que esto se repita, o que con cualquier otra metodología se impida el accionar de la Justicia”.
En la presentación se indicó que la sustracción de los bebés mellizos de la detenida-desparecida Raquel Negro, y la sustitución de su identidad, “no se hubiera podido realizar sin el aporte que al plan específico hicieron” los militares mencionados. Para esto se basó en el testimonio que Costanzo dio como testigo en esta causa y afirmó que el operativo estuvo a cargo del “mayor Navone, del Hospital Militar de Paraná, adonde era trasladada por ser el único hospital militar de la zona, y coordinado por Marino González que era el que organizaba las guardias”. Los otros militares denunciados habrían integrado el grupo de tareas.
Costanzo declaró que todas esas personas, junto a Navone, fueron integrantes del grupo de tareas encargado del traslado de Negro al Hospital Militar de Paraná desde el centro clandestino de detención conocido como Quinta de Funes, de su custodia y control, así como de determinar el destino de los niños luego del parto.
En otro párrafo del escrito se consignó que en la jurisdicción del Ejército correspondiente a Paraná, durante febrero y marzo de 1978, “el principal responsable militar era el general Juan Carlos Ricardo Trimarco, por ser el comandante de la Segunda Brigada de Caballería Blindada”.
También se destacó que el robo de los hijos de Negro “fue un hecho dentro de un plan sistemático, planificado, organizado y dinamizado por Trimarco, en el que a todas las mujeres embarazadas detenidas se les sustraían sus bebés y a ellos se les sustituía su identidad. Trimarco fue el autor mediato de esos delitos, ya que impartía las órdenes a los autores inmediatos o materiales”, es decir, el grupo de tareas cuya detención se solicita.

2008-03-04T08:09:00.000-08:00

La Corte Suprema ordenó que dos procesados por la Masacre de Margarita Belén sigan detenidos

Jorge Carnero Sabol y Luis Alberto Patetta, seguirán detenidos acusados de participar de la Masacre de Margarita Belén, en la que fueron asesinados los entrerrianos Raúl Caire, Fernando Piérola y Reinaldo Zapata Soñez, por decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Ambos están acusados de homicidio agravado por alevosía y por el número de partícipes reiterados en once hechos, y por la desaparición forzada de personas, también reiterada.
Con esta decisión, el máximo tribunal dejó firme un fallo de la Cámara Federal de Resistencia, e impidió la liberación de Carnero Sobol y Patetta porque los hechos imputados a los represores constituían delitos de lesa humanidad.
Asimismo, la Corte Suprema consideró “los riesgos procesales que una eventual excarcelación podría provocar y concluyó que la gravedad de la pena conminada en abstracto era una fuerte presunción para suponer que, estando en libertad, podrían eludir dicho accionar”, según informó la agencia de noticias Télam.

2008-03-04T07:01:00.000-08:00

El jefe de los fiscales instó a acelerar las causas por violaciones a los derechos humanos durante la dictadura

El procurador general de la Nación, Esteban Righi (foto), ordenó a los fiscales argentinos que se aceleren los trámites en las investigaciones por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar, tal como también lo vienen solicitando los organismos de derechos humanos desde hace tiempo y a los que se ha sumado también el gobierno nacional. Asimismo, les solicitó que eviten procesos que conlleven una “atomización” y el análisis de una “realidad fragmentada” de los casos.
Righi planteó que entre los habituales motivos de demoras se encuentran los planteos de nulidad presentados por las defensas de los militares y civiles imputados en las causas ante distintas instancias de apelación, lo que a veces provoca que las investigaciones se paralicen. En este sentido, el jefe de los fiscales recordó que hay jurisprudencia que establece que “la existencia de recursos pendientes de resolución ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación o la Cámara Nacional de Casación Penal no obsta a la posibilidad de elevar las actuaciones a juicio”.
En otro tramo de su resolución, el procurador general alertó que “la principal consecuencia que debe prevenirse es la de arribar a juicios orales por pocos hechos, circunstancia que implica un claro dispendio jurisdiccional y de recursos humanos y materiales, una evitable exposición de víctimas y testigos, la descontextualización histórica del suceso que se pretende juzgar y, por fin, una prolongación inaceptable de los procesos vistos como una totalidad”.
En la provincia de Entre Ríos, las principales causas iniciadas con el advenimiento de la democracia están paralizadas con resoluciones pendientes de la Corte Suprema que impiden la continuidad de las investigaciones conocidas como “Área Paraná” y “Área Concordia”. De hecho, en casi cuatro años ninguna de las dos ha producido avances porque no se ha realizado el pedido de instrucción formal por diversas trabas procesales.

2008-02-28T06:55:00.000-08:00

La culpa lo mató… o lo mataron los culpables: la extraña muerte de Paúl Navone

Fue puntual. El abogado llegado desde Córdoba caminó por la soleada vereda paranaense, esquivó la obra y subió hasta el primer piso del edificio de Tribunales. A las 9 presentó tres certificados médicos en los que consignaba que su defendido había sufrido un pico de glucemia por una diabetes crónica que lo tenía a maltraer desde hacía nueve años. Un dispensario local, el Hospital Militar zonal y un médico especialista lo certificaron. Acompañó también un pedido de exención de prisión y ganó una semana, ya que la jueza decidió postergar la indagatoria. Sin embargo, cuando toda esta escena transcurría, el acusado ya hacía una hora que había aparecido en un parque en la pequeña y turística localidad de Ascochinga con un balazo en la sien.
El teniente primero Paul Alberto Navone era un tipo de estatura media, 65 años, que durante la dictadura había sido agente del Destacamento de Inteligencia 122 con asiento en Santa Fe, pero que operaba también en la capital entrerriana, y dependía del Segundo Cuerpo de Ejército que tenía su base en Rosario. El lunes debía presentarse en el Juzgado Federal de Paraná a prestar declaración indagatoria en la causa en la que se investiga el destino de una pareja de mellizos nacidos en el Hospital Militar en los años de plomo.
En la declaración que brindó como testigo, el 22 de noviembre pasado, el ex agente de Inteligencia Eduardo Rodolfo Costanzo cuenta que Raquel Negro fue trasladada a dar a luz desde el centro clandestino de detención Quinta de Funes, en las afueras de Rosario, y que el operativo estuvo a cargo del “mayor Navone, del Hospital Militar de Paraná, adonde era trasladada por ser el único hospital militar de la zona, y coordinado por Marino González que era el que organizaba las guardias. Navone era el segundo jefe, pero no era médico. Él es quien recibe a esta persona como sobrina del general (Leopoldo Fortunato) Galtieri, por lo que aquí todos creían que era verdad. Ese fue el único traslado que tuvo, pero no recuerdo la época”. Según las investigaciones y testimonios, Raquel Negro habría dado a luz a mellizos en los primeros meses de 1978.
Esta era la primera vez en que Navone aparecía involucrado directamente en una investigación por crímenes de lesa humanidad. Su nombre fue mencionado como integrante de la patota en Rosario y habría participado de varios operativos de fuerzas conjuntas, pero no estaba imputado judicialmente; en Santa Fe fue reconocido como integrante del Destacamento de Inteligencia 122, a la que también respondía la jurisdicción Paraná, pero tampoco tenía procesos judiciales abiertos; y en Córdoba era casi un desconocido ya que ni siquiera había prestado servicio en esa provincia. Sin embargo, por su rol como agente de Inteligencia del Ejército, Navone tenía mucha información sobre el funcionamiento completo de la gran maquinaria represiva que operó en las provincias de Entre Ríos, Santa Fe, Corrientes, Misiones, Chaco y Formosa. “Si bien la operación fue planificada por los más altos mandos del Segundo Cuerpo de Ejército, es decir, Leopoldo Fortunato Galtieri y Luciano Adolfo Jáuregui, que le encomendaron la tarea a Marino González, por cuestiones de jurisdicción se ponen en contacto con Navone que era el coordinador de esta operación del lado entrerriano. De manera que su función fue la de realizar toda la logística y facilitar el traslado de Raquel Negro y su llegada al Hospital Militar de Paraná. Si bien ella estaba acompañada por la patota de la Quinta de Funes, Navone tenía la responsabilidad de que el operativo salga bien”, explicó el abogado Gamal Taleb.
No era de esas personas que sobresalía. Había nacido en Casilda pero en la localidad santafesina lo recuerdan como un tipo solitario, un poco retraído y que no gozaba de mayores simpatías. Tenía un hermano menor con el que hacía un tiempo que no tenía relación y ambos habían sido criados por su madre y con un padre ausente. “Era un auténtico solitario, un tipo controvertido que no era amigo de nadie”, recuerda un vecino de aquellos años. “De chico había tenido un accidente con pirotecnia, le explotó una bolsa de cohetes que llevaba en el bolsillo y aunque no le dejó secuelas, tenía una gran cicatriz en la pierna. Eso provocaba algunas burlas de los chicos. Vio como son los chicos…”, acotó a este cronista.
Salido de su adolescencia inició la carrera militar y se fue del pueblo. La década de 1970 lo encontró como integrante de la principal unidad de Inteligencia del Ejército, el Batallón de 601, un grupo operativo integrado por militares y civiles que se movía irrestrictamente en distintas zonas del país y se sospecha que también actuó en jurisdicción del Segundo Cuerpo de Ejército, puntualmente en Paraná y Santa Fe. Como integrante de los grupos de tarea del Ejército, Navone estuvo en Tucumán y luego fue destinado a la capital santafesina, también para cumplir tareas de Inteligencia, aunque habría continuado ligado al Batallón 601, lo que hace suponer que tenía un amplio conocimiento del accionar represivo, más allá de la causa por robo de bebés.
Desde hacía varios años estaba radicado en la localidad cordobesa de La Granja, ubicada unos 40 kilómetros al norte de la capital provincial. Era un próspero empresario que explotaba el negocio turístico en la zona a través del restaurante Puesto Roca que había instalado en la entrada de Ascochinga, a pocos metros del acceso al predio del Hotel Parque de la Fuerza Aérea. Al lado de la parrilla había construido un pequeño hospedaje con algunas habitaciones con las que solía aprovechar el excedente de reservas del hotel en el que supo pasar algún tiempo de reclusión María Estela Martínez de Perón, tras su caída del gobierno el 24 de marzo de 1976, cuando fue acusada aunque nunca enjuiciada por malversación de fondos.
Vivía con su esposa y un hijo en Calle Pública sin número de La Granja, vecina de Ascochinga, en el departamento Colón; mientras que una hija reside en la ciudad de Jesús María. Hasta allí había llegado hace unas semanas una comisión de la Policía Federal con un oficio librado por la jueza federal Myriam Galizzi para que se lo identifique en cinco juegos completos de fichas dactiloscópicas, se efectúe un “informe de vida y costumbres” y se establezca su estado patrimonial. En el pequeño poblado era un vecino más. “El guaso era totalmente desconocido en la provincia. En Córdoba no estaba involucrado en ninguna causa relacionada con violaciones a los derechos humanos ni nada por el estilo. Nos enteramos de quién era a partir de los medios”, contó una fuente a este semanario con una inconfundible tonada.
Sin embargo, en el año 2001, una investigación del periodista Carlos del Frade reveló la existencia de una poderosa red de narcotráfico que operaba en las provincias de Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos bajo el amparo y con participación del poder político. Entonces se contaba el caso de un joven que hacia mediados de 1997 se vio obligado “a desaparecer del pueblo de La Granja -y unos meses después apareció asesinado-, forzado por la situación y por sus propios medios, en virtud de su fracaso en las negociaciones para desvincularse de la sociedad de hecho que mantenía con empresarios del turismo cinegético, cacería de paloma al vuelo”. La idea de abrirse se basaba “en el creciente contrabando de droga que realizan ciertos turistas en su mayoría norteamericanos y lo hacen en los cartuchos de escopetas”. Había un eslabón que hacía las gestiones ante la aduana, “viéndose involucrado en un delito federal ya que conocía de algunos turistas que llevaban en las correderas y en las escopetas automáticas cartuchos cargados de cocaína”.
La denuncia sostiene que “estos extranjeros compran la droga a un ex militar de Inteligencia radicado en Ascochinga de apellido Navone, propietario de un café, que opera sus encargos desde ese local, y luego se abastece de droga en la localidad de Río Ceballos, se las vende a los extranjeros y estos le encargan a los pick boys -los encargados de recoger las presas durantes las jornadas de caza- el llenado de los cartuchos a cambio de fuertes propinas”.
El informe avanza en que “es conocido en el medio o en el ambiente estas operaciones” y que “todos los centros de turismo cinegético del país operan de la misma manera. En Córdoba, La Granja, Ascochinga, Totoral, Tulumba, Villa General Belgrano; en Entre Ríos, Paraná; en Corrientes, Esquina, Goya y Malancue; y en Reconquista, provincia de Santa Fe”.
Lo cierto es que Navone nunca fue molestado tras aquel hecho. Inclusive, quienes conocían sus actividades cotidianas aseguran que todas las mañanas corría por la zona parquizada del predio de la Fuerza Aérea -tal vez como parte de la prescripción médica contra la diabetes-, un establecimiento que funciona como hotel para los oficiales pero abierto también al público en general, que cuenta en sus instalaciones con una concesionada cancha de golf y sectores de alojamiento de estilo colonial, además del hotel reservado para suboficiales que está algo más alejado. Allí fue hallado el cadáver, unos minutos después de las 8, con un disparo en la sien y un arma calibre nueve milímetros cerca de su mano. En la autopsia se determinó que Navone se habría pegado un tiro en la cabeza cerca de las 3 de la madrugada. El disparo fue efectuado desde una distancia de “menos de 50 centímetros” y el cuerpo tenía “un orificio en sien izquierda compatible con salida de proyectil”. La prueba de dermotest arrojó que Navone tenía restos de pólvora en su mano derecha y entre sus ropas se halló una carta en la que explica las razones que lo habrían llevado al suicidio: “Tomo esta decisión en pleno uso de mi libertad y facultades. Nadie, de mi entorno familiar, ni de mi contexto tiene conocimiento de lo que he dispuesto hacer. Lo hago solo sin participación de tercero alguno. Adopto esta conducta como el mejor camino para mí”. De todas maneras, se le extrajo “sangre y humor vítreo” para el estudio químico toxicológico, como así también material del cerebro, corazón, pulmón y otras vísceras.
La noticia de la muerte de Navone sorprendió a propios y extraños. La primera en plantear dudas fue la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, que hace dos semanas había estado en Paraná para constituirse como querellante en la causa por el robo de bebés nacidos en el Hospital Militar, y denunció que “están eliminando” a militares que conocen el paradero de los niños apropiados por la dictadura. “Yo me atrevo a dudar de la muerte por suicidio de este hombre. A las Abuelas nos preocupa muchísimo que estas personas desaparezcan de este mundo sin poder hablar, sin poder contar una historia que lleva ya 31 años y que es tan dolorosa no sólo para nosotros, sino para las propias víctimas que son los hoy jóvenes que vamos encontrando y que han vivido en esa mentira durante tanto tiempo”. Y como para aportar más dudas al respecto, el abogado de Navove, Justiniano Martínez, que hacía pocos días que había asumido la defensa, se manifestó “sorprendido” por la muerte del ex agente de Inteligencia, ya que estaba seguro de que “una vez que declarara, la jueza le otorgaría la exención de prisión que íbamos a solicitar”. El letrado afirmó que Navone estaba dispuesto a declarar, aunque “su intervención en el alojamiento de esta mujer (Raquel Negro) fue nimia, prácticamente se limitó a permitir el ingreso nomás. Esto me daba la esperanza de poder defenderlo bien. Desde el punto de vista penal, no podía considerase una participación”. Aunque luego dijo estar “persuadido de que se trata de suicidio, porque estaba muy afectado por esta situación”.
Sin embargo, las circunstancias que rodearon la muerte, despiertan algunas dudas. A saber:
-Era la primera vez que Navone debía prestar declaración indagatoria en una causa por violaciones a los derechos humanos durante la dictadura y, a pesar del carácter aberrante que tienen los delitos por los que se lo acusaba, la pena prevista en el Código Penal para la sustitución de identidad es de uno a cuatro años de prisión, mientras que la sustracción de menores de edad está gravada con una pena de tres a diez años. “De todas maneras, es probable que una persona que deba enfrentar por primera vez en su vida la posibilidad de ser encarcelada, y se vea acusada por crímenes de lesa humanidad, se haya visto afectada y entones no se puede descartar que tome una decisión de este tipo”, esbozó el abogado querellante Gamal Taleb.
-Luego de ser notificado por la Justicia, contrató un abogado para que lo asesore en la defensa. El sábado estuvo reunido con Justiniano Martínez delineando la estrategia legal y en esa circunstancia habría sufrido el pico de glucemia que le impidió presentarse a declarar, según consta en los certificados que el propio letrado cordobés acercó al Juzgado Federal de Paraná el lunes -junto con un recurso de exención de prisión-, cuando Navone ya estaba muerto. Quienes se permiten dudar de la hipótesis del suicidio especulan con que alguien que va a tomar esa decisión no hubiera preparado un certificado médico con la opinión de tres especialistas que certifiquen el pico de glucemia, ni habría enviado a su abogado de confianza para justificar su ausencia y pedir prórroga de la audiencia.
-El hecho de que aparezca en un hotel de la Fuerza Aérea Argentina es otro elemento que permite sospechar, ya que Navone vivía en un pueblo cercano, de modo que podría inferirse que llegó hasta Ascochinga -una localidad con fuerte presencia militar- en la búsqueda de una conversación con alguien y que tal vez no obtuvo la respuesta que esperaba.
Por lo pronto, desde el Juzgado Federal de Paraná se libró un oficio a la Fiscalía de Jesús María para que informe sobre cualquier dato de interés para la causa que se tramita en la capital entrerriana con relación a lo que se tenga de la muerte en sí de Navone, como de cualquier circunstancia que pudiera estar vinculada, según informaron fuentes judiciales. Hasta el momento, la causa está caratulada como “muerte dudosa”.

Fuente: semanario Análisis.

2008-02-25T09:57:00.000-08:00

Paúl Navone no se presentó a declarar en la causa por robo de bebés y fue citado nuevamente para el 3 de marzo

El teniente coronel Paúl Alberto Navone presentó tres certificados médicos a través de los cuales se excusó de prestar declaración indagatoria en el Juzgado Federal de Paraná, en la causa que lo tiene como imputado por su supuesta actuación en el robo de bebés nacidos en el Hospital Militar (foto) durante la última dictadura. El ex agente de Inteligencia argumentó que tuvo un pico de glucemia y se le recomendó reposo por 48 horas, por lo que la jueza Myriam Galizzi fijó como nueva fecha para su comparencia el lunes 3 de marzo próximo. En tanto, los querellantes solicitaron que sea revisado por el profesional del Poder Judicial de la Nación más cercano a su lugar de residencia.
El militar no viajó desde la localidad cordobesa de La Granja -donde reside- alegando problemas de salud, por lo que fue citado nuevamente para el 3 de marzo. Navone envió tres certificados médicos que acreditan que padeció un pico de glucemia ya que desde hace nueve años sufre de diabetes crónica, y se le ordenó un reposo de 48 horas. Los certificados fueron firmados por el Dispensario del Hospital Militar local, por un centro asistencial zonal y por un especialista que lo habría revisado.
En tanto, la abogada querellante Marina Barbagelata indicó que se solicitó que Navone sea revisado por un médico del Poder Judicial de la Nación más cercano a La Granja, y que si se constata que su estado no le impide presentarse a declarar sea detenido en forma inmediata, aunque admitió que la jueza no haría lugar a la petición puesto que ya fijó nueva fecha para su indagatoria.
Navone prestó servicios en la Sección Inteligencia 122 de Paraná, dependiente del Destacamento de Inteligencia 122 de Santa Fe, a su vez dependiente del Segundo Cuerpo del Ejército con asiento en Rosario. Durante 1976 “se encontraba en apoyo del Comando de la Segunda Brigada Blindada” de la capital entrerriana, tal lo que informó a la Justicia el Comando local del Ejército, además de aportar para la causa los datos personales del imputado y las fotocopias autenticadas de su ficha individual.
“Entiendo que se mantiene a la fecha lo considerado en cuanto a que, según las constancias arribadas a la causa, puede sostenerse razonablemente que se cuenta con una acreditación básica suficiente respecto de los hechos delictuosos sometidos a investigación, como para sustentar procedente la imputación y citación de Paúl Alberto Navone, requerida por el señor fiscal, bajo su eventual actuación en calidad de autor de los delitos denunciados e investigados”, sostuvo la jueza en el llamado a declaración.
Los hechos investigados están encuadrados en los artículos 139 inciso 2 (alteración de identidad de un menor) y 146 (sustracción de un menor del poder de sus padres), ambos del Código Penal. Navone está domiciliado en Calle Pública sin número de La Granja, una localidad ubicada en las sierras cordobesas. Para tomar los recaudos correspondientes, ya a principios de este mes Galizzi libró oficio a la Policía Federal para que lo identifique en cinco juegos completos de fichas dactiloscópicas y efectúe un “informe de vida y costumbres”. También se estableció su estado patrimonial, con elementos de valoración para que se fijen honorarios, en caso de corresponder.
Se espera que Navone aporte datos sobre qué sucedió con los hijos mellizos que habría dado a luz Raquel Negro en el Hospital Militar de Paraná, hacia mediados de 1978, ya que integró el grupo de tareas que la trajo desde Rosario y permaneció con ella durante el cautiverio en la institución de Avenida Ejército, según lo que declaró en noviembre pasado el ex agente de Inteligencia Eduardo Tucu Costanzo.

2008-02-22T09:33:00.000-08:00

AFADER agradece las muestras de apoyo recibidas ante las amenazas y los agravios contra Estela de Carlotto

* HIJOS Regional Córdoba: Compañeros y compañeras, además de sumarnos al repudio de las amenazas de los cagones de siempre, desde H.I.J.O.S. Regional Córdoba en la Red Nacional, nos sumamos al pedido de exigencia a las instituciones públicas para que tomen todas las medidas necesarias para, por un lado, proteger a quienes luchan por los derechos humanos y, por otro, para enjuiciar y condenar, de una vez por todas, a quienes se esconden tras las cortinas de la impunidad para no ser juzgados por las atroces violaciones a los derechos humanos que cometieron.
Un abrazo solidario, mucha fuerza en el camino hacia la victoria y la libertad.

* Secretaría de Derechos Humanos Buenos Aires: La Secretaría de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires adhiere al repudio que realiza AFADER por las declaraciones que realizara el señor Rubén Almará hacia la señora Estela Barnes de Carlotto, asimismo tomamos los dichos para seguir más fuertes en la lucha.
Por memoria, verdad y justicia. Sara Derotier de Cobacho, secretaria.

* Área de Derechos Humanos de la UADER: El equipo de Derechos Humanos de la UADER adhiere al comunicado de AFADER repudiando las declaraciones y actitudes del presidente del Consejo Departamental del PJ de Paraná, Rubén Almará, efectuadas y realizadas durante la visita de la presidente de la Abuelas de Plaza de Mayo Estela Barnes de Carlotto.
La valiente denuncia de un grupo de militantes peronistas y familiares de desaparecidos entrerrianos, que entregaron a la señora de Carlotto en Tribunales la desgrabación de las declaraciones, permitieron que el país se enterara de tamaña vergüenza para la ciudadanía de Paraná en general. A ellos nuestras gracias porque quienes menos figuran en los medios y en los escenarios públicos, con su compromiso y coherencia vuelven a poner blanco sobre negro este lado oscuro del poder político.
Como testigos de la irrupción de este irresponsable tratando de empañar el acto de homenaje en la Gobernación, consideramos no es un incidente menor.
También nos solidarizamos con María Luz Piérola y Carlos Guastavino ya que en radio La Voz, el día viernes en el programa de la mañana conducido por este señor Almará se efectuaron amenazas al aire a la profesora de la UADER e integrante de AFADER María Luz Piérola y a Carlos Guastavino militante y familiar de desaparecidos quien fuera uno de los aportantes de pruebas ante Carlotto. Es una muestra más que la impunidad necesita límites y los poderes constituidos deben actuar en consecuencia.
Alejandro J. Richardet, Programa Educar en Derechos Humanos (UADER).

* Vientos del Pueblo. Estamos conmovidos por todo lo que ha pasado, gozosos porque una vez más la fuerza del pueblo ha logrado desplazar a uno de los representantes más funestos nada más y nada menos que de un cargo de conducción partidaria.
Su discurso es el que aún predomina en algunos núcleos retrógrados y fascistas, sabemos también que muchos lo callan pero piensan parecido.
Para los compañeros hoy amenazados, nuestra queridísima Nechi Piérola y al Mono con peluca Guastavino, sólo decirles que cuenten con nosotros, que acá estamos pa’ lo que gusten mandar…
Estas amenazas sólo logran enaltecer a aquellos que las reciben, como han sido las pasadas en los casos de Mencho y Carmen Germano, y son solo intentos estériles de frenar una lucha digna de tantos años que hoy está rindiendo sus frutos.
Por todos los milicos y civiles cómplices que aún faltan meter presos; por todos nuestros hermanos que faltan encontrar; por justicia y memoria
La Vientos del Pueblo los saluda con todo afecto y con toda la fuerza militante.

APDH La Plata: La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos La Plata adhiere al comunicado de AFADER y de la misma manera repudia las declaraciones de Rubén Almará, exigimos la retractación de sus dichos y calumnias que atentan contra la verdad irrefutable de lo sucedido durante la ultima dictadura cívico-militar.
Por Mesa Directiva, doctora Alicia Peralta, secretaria de Organización.

* Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos Regional Mendoza: El MEDH Regional Mendoza, enterado de las amenazas recibidas por las compañeras Carmen Germano y María Luz Piérola, repudia enérgicamente este hecho que es uno más en la cadena desatada por la impunidad que aún reina en nuestro país.
Es perentorio que la justicia avance a un ritmo más acelerado en todo el país y que las causas donde ya hay imputados y procesados tengan sentencias firmes. Porque los familiares de los desaparecidos y los demás organismos de derechos humanos seguiremos firmes en la lucha por la verdad y la justicia, lucha que ya lleva más de 30 años.
Por los 30.000 compañeros desaparecidos; por la memoria, la verdad y la justicia.
Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos Regional Mendoza.

Y siguen las adhesiones…

2008-02-22T09:08:00.000-08:00

Un marino entrerriano preso por la Masacre de Trelew contó como fusilaron a los presos políticos en 1972

El cabo Carlos Amadeo Marandino (foto superior) declaró, ante el juez que investiga la Masacre de Trelew, que en 1972 la Marina le ordenó dar información falsa para encubrir el fusilamiento de dieciséis presos que estaban detenidos en la base aeronaval Almirante Zar, tras el intento de fuga del penal de Rawson -entre ellos el entrerriano Alfredo Elías Kohon-. También contó que los ejecutores de la matanza “olían a alcohol” y que luego le ordenaron “verificar el estado de los cuerpos”. Además, el entrerriano que se encuentra detenido dijo que en octubre de 2007 fue citado al Edificio Libertad para hablar de la causa judicial.
En 1972 la Armada Argentina ordenó a sus oficiales formular declaraciones con información falsa con el fin de encubrir el fusilamiento de dieciséis presos políticos indefensos y respaldar la versión oficial del “intento de fuga” en la base aeronaval Almirante Zar, según declaró el marino entrerriano Carlos Amadeo Marandino, que fue quien abrió las puertas de los calabozos.
El dirigente entrerriano de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR) Alfredo Elías Kohon fue uno de los masacrados en Trelew. Había nacido el 22 de marzo de 1945, tenía 27 años, estudiaba ingeniería en la Universidad de Córdoba y trabajaba en una fábrica metalúrgica. Formó parte de los comandos Santiago Pampillón y fue fundador de las FAR local, donde militó hasta que fue detenido el 29 de diciembre de 1970.
Entrerriano, 58 años, chofer del agregado naval en Washington hasta diciembre de 2004, Marandino es el cuarto oficial de la Armada detenido por el juez federal Hugo Sastre, el tercero que aceptó declarar y el primero que rompió el pacto de silencio tan caro a los sentimientos de la familia naval. El cabo adelantó su retorno de los Estados Unidos cuando supo que se había librado su orden de detención. Se entregó manso en Ezeiza, fue trasladado a Chubut y el miércoles habló durante cinco horas.
El 16 de agosto de 1972, cuando los guerrilleros fugados del penal de Rawson fueron encerrados en calabozos de la base Zar, hacía seis días que Marandino había llegado. Tenía 22 años, era un cabo raso de Infantería pero cumplía funciones de marinería. Le tocó cubrir cuatro guardias, con compañeros distintos. La tercera fue el 21 de agosto. La última comenzó a la medianoche del 22. La formaban un oficial y cuatro o seis personas que portaban pistolas 45. Otros dos oficiales quedaban detrás de un biombo, sentados, con dos ametralladoras. Un guardia se asomaba cada quince o veinte minutos por las mirillas de los calabozos y “de vez en cuando venían señores oficiales de Infantería a dar recorridas”.
Los presos no hablaban. Se comunicaban por señas o golpes en las paredes. Para ir al baño salían custodiados por dos personas. Lo mismo para comer. Al comienzo comían en grupos de dos o de tres. En su declaración, Marandino afirmó que “nunca hubo ningún problema”con los detenidos durante sus guardias y que “siempre había silencio”.
“Era todo normal” hasta las 3.15 de la madrugada, cuando ingresaron “los señores oficiales”. Eran cinco. “Caminaban bien, se expresaban bien, pero olían a alcohol”, subrayó. Dos vestían pantalón blanco y chaqueta azul, que identifican a “los navales, de marinería o de aviación naval”. Los otros tres, incluido uno robusto, uniforme verde oliva, color de los infantes de Marina.
“Estos señores oficiales parecía que venían un poco tomados de copas (sic). Me ordenaron desarmarme. Pensé que me había mandado alguna macana, entregué mi arma como me lo ordenaron”, contó. Un verde oliva le entregó las llaves de los calabozos y le ordenó abrirlos. “Abrí los calabozos y no mencioné nada. No los desperté”, aclaró. “Una vez cumplida la orden, me ordenaron que me retirara. Dije ‘sí, señor’ o ‘comprendido, señor’”, detalló.
Después escuchó que los detenidos cantaban el Himno Nacional. De inmediato “se escuchaba como que hablaban muy fuerte, muchos gritos”, hasta que “alguien gritó ‘¡se quieren escapar!’”. Después escuchó disparos de ametralladora, dos ráfagas, una pausa y disparos aislados de pistola calibre 45. Cuando la balacera concluyó, el capitán Luis Emilio Sosa le ordenó “verificar el estado de los cuerpos”. Pese a su “estado de shock”, intentó acatar la orden. “Se sentía el olor a pólvora, había humo. Los vi en el centro del pasillo. Se sentían muchos quejidos de dolor”. Los fusiladores estaban ahí. “En ningún momento se fueron”.
“Hice dos o cuatro pasos y regresé. Temí por mi salud, por el shock de ver los cuerpos. Entregué mi armamento muy nervioso y confuso”. Luego “me llevaron a la enfermería y ahí me desperté en horas de la tarde. Me dieron un sedante para tranquilizarme. Era el más moderno de los militares”, agregó.
Recién al concluir su relato Marandino identificó a “los señores oficiales”: capitán Luis Emilio Sosa, capitán Raúl Herrera, teniente Emilio Del Real y teniente Carlos Guillermo Bravo. Los cuatro “portaban las dos armas: pistola calibre 45 y pistola ametralladora PAM”, detalló. Herrera está fallecido, Sosa y Del Real detenidos y Bravo es hasta ahora el único prófugo de la causa. Vive en Miami y es dueño de RGB Group Inc., firma que lleva sus iniciales, factura millones de dólares y provee de servicios a las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos.
Marandino también declaró que “dos o tres días después” de la masacre “me informaron que debía manifestar la fuga de estas personas y a su vez que el señor capitán Sosa había sido golpeado por estas personas”, para la elaboración del sumario interno de la Armada, recordó que su declaración transcurrió en Bahía Blanca y que nunca obtuvo copia de su testimonio. El sumario no está agregado a la causa porque se habría quemado en un incendio. Se sabe, en cambio, que estuvo a cargo del capitán de navío retirado Jorge Enrique Bautista. El fiscal Fernando Gélvez ya solicitó que no se lo cite a prestar declaración testimonial sino indagatoria. Bautista tiene ochenta y un años.
En mayo de 1973, Marandino fue enviado en comisión a Estados Unidos, hasta diciembre de 1975. Allí ascendió a cabo primero. “Me retiraron en 1975”, concluyó. Pese a los treinta y dos años transcurridos, en octubre pasado la Armada lo citó al Edificio Libertad. Lo recibieron el capitán de fragata Ángel Vázquez, de la Secretaría General Naval, y el capitán de navío Juan Martín Poggi, oficial de Inteligencia y subsecretario de Relaciones Institucionales. Le informaron que se había reabierto la causa y que “posiblemente iba a tener alguna mención (sic) de su supuesta intervención”. Poggi le anticipó que “quizás habría novedades después de las elecciones” y le dijo que lo mantendría informado. Le entregaron sus tarjetas, tomaron nota de cómo ubicar a su abogado Roberto Aguiar, pero nunca más se comunicaron.

Fuente: Página/12

2008-02-19T09:04:00.001-08:00

Repudiamos las amenazas contra integrantes de AFADER

Ante las amenazas recibidas por nuestros compañeros Carmen Germano, María Luz Piérola y Carlos Guastavino, queremos manifestar nuestro más enérgico repudio y exigir al Estado y a la Justicia que hagan lo que tienen que hacer.
Los personajes de siempre, serviles y funcionales a los genocidas, siguen operando como en los peores años que ha vivido nuestro país.
Esto es porque aún caminan impunes por las calles, porque los que están imputados y procesados aún no tienen sentencias, ya que las causas no avanzan o mejor dicho no las quieren avanzar. Porque hay muchos autores y cómplices que aún ni siquiera están denunciados.
Creemos que el Estado debe investigar a cada uno de los responsables de estas amenazas a estas dos luchadoras integrantes de nuestra Asociación, como así también a los de las amenazas recibidas por el compañero Carlos Guastavino y de todas las que han ocurrido en nuestra provincia, para conocer con nombre y apellido a los cobardes que siguen actuando en la oscuridad.
Tenemos la convicción de que la lucha, que es la que hemos demostrado en estos últimos 30 años, la verdad y la justicia, son las armas con las cuales vamos a poder encarcelar a cada uno de los asesinos y garantizar que el pueblo comience a gestar el ideal que soñaron los 30.000 compañeros que dieron sus vidas por un país más justo para todos y con igualdad de oportunidades.
Por los 30.000 compañeros.
Por Memoria, Verdad y Justicia.

2008-02-19T09:02:00.000-08:00

Primera vez una hija de desaparecidos es querellante en el juicio contra sus apropiadores

Comenzó este martes el juicio contra un militar y un matrimonio civil por sustracción de una menor de edad, falsificación de documento público y supresión de identidad de una hija de desaparecidos durante la última dictadura. El capitán José Berthier (foto superior) está acusado de entregar a María Eugenia Sampallo Barragán al matrimonio compuesto por Osvaldo Rivas y María Cristina Gómez Pinto, que también serán juzgados. Esta es la primera vez que una nieta recuperada por Abuelas de Plaza de Mayo será querellante en el juicio por su apropiación ilegal. La chica nació en febrero de 1978 y el parto fue asistido por el médico paranaense Julio César Cáceres Monié (foto inferior).
El capitán del Ejército Enrique José Berthier y el matrimonio compuesto por Osvaldo Rivas y María Cristina Gómez Pinto deberán comparecer ante el Tribunal Oral Federal Número 5. Al matrimonio se le imputa haber participado en la sustracción de María Eugenia Sampallo Barragán de las manos de sus padres, de haber participado en su ocultación y retención, de participar en la falsificación ideológica de la partida de nacimiento con la que se inscribió a la joven como su hija biológica y con la que se obtuvo su documento nacional de identidad falso, suprimiendo así el estado civil y la identidad. A Berthier se lo acusa de los mismos delitos, así como también de haber participado en la falsificación ideológica del certificado de nacimiento suscripto por el médico militar Julio César Cáceres Monié.
Hija de los desaparecidos Leonardo Rubén Sampallo y Mirta Mabel Barragán, la menor fue inscripta como hija propia por el matrimonio con el nombre María Eugenia Violeta Rivas, con fecha de nacimiento 7 de mayo de 1978, aunque había nacido en febrero. Sus padres fueron secuestrados el 6 de diciembre de 1977 de su casa en Capital Federal. Mirta tenía un hijo de tres años de otra pareja -que fue dejado en custodia de su abuelo paterno- y llevaba un embarazo de seis meses. La pareja tenía una actividad gremial: Leonardo en Astilleros de La Plata y Mirta en la fábrica SIAP también en la capital bonaerense.
Según el abogado de Abuelas de Plaza de Mayo, Tomás Ojea Martínez, en el juicio se intentará demostrar que Berthier -un militar retirado cuyo nombre figura en los legajos de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep)- fue quien entregó la niña al matrimonio, después de haberla retenido durante un tiempo. “El nombre Violeta es el mismo que el de la esposa del militar y está comprobado que ninguno de los matrimonios podía tener hijos”, informó el letrado que acotó que en el juicio se sumará el testimonio de la joven que referirá que su apropiadora le decía “a vos te trajo Berthier”.
En 1980 Abuelas de Plaza de Mayo recibieron la denuncia de la desaparición de Mirta Mabel Barragán y su compañero Leonardo Sampallo realizada por Azucena Flora Martín de Barragán. En 1989 se recibieron en la institución denuncias anónimas sobre una criatura apropiada por un matrimonio que la había inscripto como hija propia, lo que motivó una extensa investigación para recopilar las circunstancias y el posible origen de la niña. A su vez, María Eugenia sabía desde los siete años que era hija adoptiva de Osvaldo Rivas y María Cristina Gómez Pinto. En ese momento, se dio intervención al Poder Judicial de la Nación desde la Procuración General y se realizaron los análisis inmunogenéticos, pero los resultados no fueron positivos.
La identidad de María Eugenia Sampallo Barragán comenzó a revelarse cuando a mediados de 2000, y ante las dudas sobre su origen que cotidianamente se planteaba, se acercó a la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (Conadi) y luego a Abuelas de Plaza de Mayo. El 24 de julio del 2001 el informe del Banco Nacional de Datos Genéticos que confirmó que María Eugenia es hija de Mirta Barragán con una probabilidad del 99,99 por ciento, y cuando meses después se obtuvieron muestras de los hermanos de Sampallo se confirmó la filiación paterna. Era la nieta recuperada número 72.
La partida de nacimiento fue firmada por el médico paranaense Julio César Cáceres Monié, hermano del general Jorge Esteban Cáceres Monié, asesinado en diciembre de 1975 en Villa Urquiza. El teniente coronel falsificó los certificados de nacimiento de Claudia Victoria Poblete Hlaczik, María Eugenia Sampallo Barragán y Alejandro Sandoval Fontana -hijo de los entrerrianos Pedro Sandoval y Liliana Fontana-. . Los padres de todos ellos pasaron por el circuito de centros clandestinos de detención conocido como ABO: Club Atlético, El Banco y El Olimpo. El Tordo, tal como se lo conocía, murió en 1980.
Para que este sea el primer juicio en el que la víctima de robo de bebés se presente como querellante se conjugaron varios elementos, entre los cuales Ojea Martínez destacó la actitud de los fiscales en la causa contra Berthier que acusaban a la joven de falso testimonio y que motivaron la intervención de Abuelas de Plaza de Mayo. Además, la defensa del militar había solicitado al tribunal que se realizara un nuevo examen de ADN a la joven, poniendo en peligro su derecho a la identidad y el de todos los nietos restituidos.
“María Eugenia entiende que sus apropiadores no están arrepentidos y que no piensan dar información y por eso decide ser querellante. Esa es una actitud histórica de los apropiadores, que se agrava cuando no hay reparación del delito, es decir cuando se oculta información”, explicó Ojea Martínez como otra razón.
Asimismo, remarcó que “la apropiación de niños es un delito de lesa humanidad y como tal tiene una gravedad que muchas veces queda diluido. La sustracción es una forma de hacer desaparecer a la persona, y en el caso de María Eugenia significó que estuviera 25 años continuando la misma situación de desaparecida que sus padres” en el intento de buscar atenuantes, pero que, aún así, “el origen tiñe todo lo demás de ilegitimo”.
El capitán Berthier se encuentra detenido en Campo de Mayo, mientras que el matrimonio de Osvaldo Rivas y María Cristina Gómez Pinto afronta el proceso en libertad. Las audiencias se extenderán hasta el miércoles 5 de marzo, por lo que la sentencia se conocería a mediados del mes próximo.

2008-02-17T09:47:00.000-08:00

Citaron a declarar al ex agente de Inteligencia Paul Navone en la Causa Hospital Militar

La jueza federal de Paraná, Myriam Galizzi, citó a prestar declaración indagatoria al ex teniente primero Paul Alberto Navone, en el marco de la investigación por robo de bebés nacidos en el Hospital Militar de Paraná, durante la última dictadura. Navone fue citado para el lunes 25 de febrero y, según lo que dijo el ex represor Eduardo Tucu Costanzo, podría aportar datos sobre qué sucedió con los hijos mellizos de Raquel Negro, ya que sería uno de los integrantes de la patota que la trajo desde Rosario a dar a luz a la capital entrerriana y permaneció con ella durante el cautiverio en el predio de Avenida Ejército al final.
El mayor Navone integraba el Servicio de Inteligencia del Segundo Cuerpo del Ejército -al igual que Costanzo-. La jueza Galizzi consideró que existen pruebas suficientes sobre su vinculación con los hechos que se investigan, sucedidos en 1978, como para llamarlo a indagatoria. Inclusive, no se descarta que tras brindar testimonio, Navone quede detenido.
En su declaración como testigo en la causa, Costanzo precisó que Raquel Negro fue trasladada a Paraná para dar a luz “por ser el único Hospital Militar de la zona”. También dijo que creía que del operativo había estado a cargo “el mayor Navone, del Hospital Militar de Paraná” y que estaba coordinado por Marino González “que era el que organizaba las guardias. Navone era el segundo jefe, pero no era médico, y es quien recibe a esta persona como sobrina del general (Leopoldo Fortunato) Galtieri, por lo que entiendo que aquí todos creían que era verdad”.
Con estos elementos, se sospecha que en breve, la jueza también podría citar como imputado al propio teniente coronel Marino González. En sus recientes declaraciones a la prensa, Costanzo aseguró que “el que manejaba todo ahí (en el centro clandestino de detención La Calamita, de Rosario) era el teniente coronel Marino González, que vive en Santa Fe, y le dicen Pepe”.
Además, se espera que surjan datos para conocer cuál fue el destino final de los mellizos que tuvo Raquel Negro. La versión de Costanzo es que el varón nació muerto, aunque esto se contradice con testimonios de ex trabajadores de una clínica privada de neonatología de Paraná que los atendieron y que señalaron que el chico padecía serios problemas de salud que no habría podido superar. En tanto, la nena habría sido dejada en la puerta de un convento u orfanato de Rosario, por un grupo que integraban el ex agente civil de Inteligencia del Ejército Walter Pagano y el teniente coronel retirado Daniel Amelong, según los dichos de Costanzo.
Hay que recordar que el traslado de Negro a Paraná se realizó mientras se desarrollaba la denominada “Operación México”, por la cual su pareja, Tulio Valenzuela, también detenido, debía viajar a México para asesinar o permitir el asesinato de la cúpula de Montoneros. Sin embargo, una vez en México, Tucho Valenzuela desbarató el operativo y denunció ante la prensa las graves violaciones a los derechos humanos que se cometían en los centros clandestinos de detención de la zona de Rosario. Actualmente, Valenzuela también está desaparecido.

2008-02-14T17:16:00.000-08:00

Repudiamos enérgicamente los agravios contra Estela de Carlotto

Desde la Asociación de Familiares y Amigos de Desaparecidos Entrerrianos y en Entre Ríos (AFADER) queremos expresar el más enérgico repudio a las declaraciones públicas del presidente del Consejo Departamental de Paraná del Partido Justicialista, Rubén Almará (foto), quien en su programa radial se definió como “peronista lopezreguista” y cuestionó la integridad de la presidenta de la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, Estela Barnes de Carlotto -quien se encontraba en la ciudad para constituirse como querellante en la causa por robo de bebés nacidos en cautiverio en el Hospital Militar- y de los ex presos políticos de la última dictadura, poniendo en duda los secuestros, torturas y desapariciones cometidos durante el Terrorismo de Estado.
Consideramos que este tipo de prácticas deben ser desterradas, tanto de la política partidaria como de la sociedad misma; y estos personajes no deben ocupar los medios de comunicación del Estado para calumniar a luchadores políticos y sociales y hacer apología de los delitos más aberrantes.
Asimismo, ratificamos nuestro compromiso como el de quienes han luchado durante más de treinta años y repudiamos todo tipo de amenazas, calumnias y expresiones agraviantes a quienes construimos memoria, apostamos a la verdad y confiamos en la justicia como banderas para que los hechos del pasado no vuelvan a repetirse en el futuro.
Por Memoria, Verdad y Justicia.

2008-02-14T09:07:00.000-08:00

Una testigo declaró en el juicio contra militares en Corrientes que vio a Fernando Piérola en el RI-9

En el inicio de las testimoniales en el juicio contra cinco represores del Regimiento de Infantería 9, una psicóloga cordobesa denunció que fue violada y sometida a todo tipo de vejámenes por parte del ex capitán Juan Carlos De Marchi y contó que entre los detenidos en el centro clandestino de detención correntino vio al paranaense Fernando Piérola (foto), que unos meses después fue asesinado en la Masacre de Margarita Belén. Los imputados negaron los cargos por los que se los acusa e invocaron la obediencia debida
Marta Angélica Alvarez, una cordobesa de 67 años detenida en su casa en Corrientes el 14 de septiembre de 1976, por efectivos de la Policía Federal, y luego trasladada al RI-9, donde fue violada y sometida a todo tipo de vejámenes por un sujeto de voz no muy gruesa, con cierta disonancia, muy particular, y acento no local. Esa misma voz la reconocería durante los interrogatorios en el predio militar y cada vez que se retiraba el dueño de esa voz, y aquel perfume tan particular de quien fuera su abusador el primer día, ella preguntaba a los conscriptos santiagueños quién era el que había salido, e invariablemente contestaban sin dudar que se trataba del capitán De Marchi.
Por el agujero de la frazada que oficiaba de cortina en las mazmorras del centro clandestino de detención, ella espiaba a un hombre que siempre pateaba a los prisioneros indefensos, encadenados y encapuchados. Los mismos conscriptos lo identificaron como el subteniente Barreiro; y contó que a Losito lo vio a cara descubierta ya que le mostraba unas fotos de gente buscada por el grupo de tareas para que los identificara y como ella sufría una infección ocular no tenía en ese momento venda alguna.
El lugar donde estaba detenida era un galpón con boxes improvisados por armarios y como “puerta” o cortina tenía una frazada de campaña. En virtud de que estuvo un tiempo sin vendas y podía espiar a través de un agujero de la frazada, pudo ver que además de los “estables” siempre había diez o 15 prisioneros, y podían oírse los gritos desgarradores de la tortura que les era infligida. Allí alcanzó a ver al entrerriano Fernando Piérola, que había sido secuestrado en Misiones junto con su mujer, María Julia Morresi, y que fue asesinado en la Masacre de Margarita Belén, en la madrugada del 13 de diciembre de 1976.
Luego fue el turno de José Arnaldo Gómez. El testigo afirmó conocer a los ex capitanes Rafael Barreiro y Horacio Losito dado que era amigo del cuñado de ambos, Javier Mauriño. Es por eso que al notar que su casa estaba siendo merodeada por personal del Ejército y la policía, decidió apoyarse primero en Barreiro y después en Losito. Sin embargo, cuando se entregó amistosamente en manos de Losito, éste le confesó: “Te estábamos buscando”. Durante su cautiverio, Gómez también relató que escuchaba los gritos desesperados de los prisioneros bajo tortura y vio a detenidos en un estado de salud calamitoso.
Si bien cada una de las palabras de los testigos fueron estremecedoras, el momento más tenso se vivió cuando Hugo Bernardo Midón se paró y señaló personalmente y cara a cara al capitán retirado Juan Carlos Demarchi. “Ese señor era el que comandaba los operativos y participaba de las sesiones de tortura”, afirmó el abogado.
Midón fue el tercer orador. Detenido el 5 de diciembre de 1975, contó cómo la policía lo trasladó junto a su hermano a la Jefatura de Policía. Allí, al segundo día, comenzaron las torturas y los interrogatorios. Midón, que estuvo preso hasta 1980, hizo durante toda su exposición particular hincapié en “un muchacho joven, con un perfume muy particular, que andaba siempre con un cigarrillo”. Ese hombre fue el encargado de detenerlo y torturarlo, ese hombre es al que Midón señaló en medio de la sala. El reconocerlo no fue tan complejo, explicó luego, porque al estar tanto tiempo vendado se agudizó su olfato.
Luego brindó testimonio Julián Lionel Arce, un ex conscripto quen se encontraba prestando el servicio militar desde mediados de 1975 hasta el 11 de noviembre de 1976 cuando le dieron la baja y era el encargado de completar el libro de historia del Ejército. Arce aseguró que tanto Juan Carlos Demarchi, como Rafael Barreiro, Horacio Losito y Carlos Piriz eran los miembros del equipo de inteligencia que funcionaba en el RI-9 y se encargaba de realizar los procedimientos donde se secuestraban a los militantes políticos.
Reconoció una sesión de tortura en una sala que se ubicaba dentro del Casino de Oficiales, zona a la que describió como la que se usaba para alojar a los detenidos. Relató haber escuchado gritos “aterradores” de una persona que era sometida a tortura con picana eléctrica, y dijo que “ponían música de Julio Iglesias para que no se escucharan los gritos”.
Aseguró que todos los soldados, oficiales y suboficiales que estaban en el Regimiento 9 conocían de la existencia de los detenidos y de los vejámenes que sufrían. “El término ‘detenidos’ estaba generalizado entre todos”, enfatizó Arce, quien relató que una vez vio al ex capitán Demarchi descender de un auto arrastrando de los pelos a una mujer a la que llevaba hacia la zona del casino de oficiales.
A ese lugar sólo tenían acceso Demarchi, Losito, Barreiro y Piriz a quien calificó como El Boxeador, “por cómo castigaba a las personas y también a los soldados”.
También describió en las condiciones en que vio a otros de los testigos en esta causa, el militante de las Ligas Agrarias de Goya Rogelio Tomasella: “Estaba esposado en una cama del Hospital Militar totalmente vendado con un guardia en la única puerta que tenía el cuarto que lo custodiaba todo el día”.
Durante la cuarta jornada de proceso, cuatro de los seis imputados rechazaron los cargos de los que se los acusa y recurrieron a la figura de la obediencia debida. Dijeron haber actuado bajo órdenes del general a cargo de la Séptima Brigada de Infantería Cristino Nicolaides “Yo, en esa época, no tenía capacidad de mando, solo cumplía órdenes de Nicolaides. El tendría que estar acá y no está” exclamó Losito.
En tanto, el ex capitán del ejército, Juan Carlos Demarchi se abstuvo de declarar argumentando “no sé de que me acusan, a quién cometí los delitos y cuáles son las pruebas. Declararía pero no se de que se me acusa”.
El juicio es el primero que se desarrolla en el interior del país y tiene como imputados al ex jefe del Ejército Cristino Nicolaides, el capitán retirado Juan Carlos Demarchi, los coroneles Horacio Losito y Rafael Manuel Barreiro y los oficiales de la Gendarmería Carlos Roberto Piriz y Raúl Alfredo Reynoso, quienes están acusados por asociación ilícita, 12 casos de secuestros agravados, vejaciones, apremios, tormentos y las desapariciones forzadas de Juan Ramón Vargas y Rómulo Gregorio Artieda. En el caso de Nicolaides, no está siendo juzgado por su precario estado de salud y permanece internado en Córdoba.

2008-02-14T08:35:00.000-08:00

Estela Carlotto se presentó como querellante en la causa Hospital Militar y no descartó que en Paraná hayan nacido más bebés en cautiverio durante la dictadura

“No hay que descartar que los bebes apropiados sean más de cuatro, porque de otros centros de detención y maternidades clandestinas nos hemos llevado sorpresas. El registro de partos existe, el legal y el ilegal, hay que encontrarlos, porque los militares en eso son muy prolijitos, no tiran nada”, aseveró la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, a la salida de los Tribunales Federales de Paraná, donde se constituyó como querellante en la causa por robo de bebés nacidos en el Hospital Militar durante el cautiverio de sus padres en la dictadura. Una multitud la recibió con una aplauso en el frente del edificio y a la salida, 45 minutos después, tras ser saludada por la jueza federal Myriam Galizzi y luego de mantener un encuentro con el fiscal Mario Silva, quien le ratificó su compromiso con la investigación, a pesar de que en casi cuatro años no ha producido avance alguno. Los organismos de derechos humanos exigieron la detención del ex interventor militar en la provincia, Juan Carlos Trimarco.
Una multitud la recibió con aplausos en la puerta de los Tribunales Federales, cuando a las 11.45 Estela de Carlotto bajó del automóvil que la trajo hasta la capital entrerriana. De impecable trajecito y anteojos oscuros, no alcanzó a pisar la vereda que fue abordada por los periodistas que montaban la guardia.
“Abuelas de la Plaza, el pueblo las abraza”, era canto que se oía de fondo cuando la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo comenzó a responder las preguntas. “Los chicos hoy son adultos, tienen 30 años o más y quieren saber su identidad. Nosotros tenemos que ayudarlos a encontrarla y esa manifestación que va saliendo a los medios, a estos chicos que tienen dudas los motiva para decir ‘no seré yo alguno de los nietos’. Nosotros los ayudamos y los atendemos”, fueron sus primeras palabras.
Antes de ingresar al edificio tribunalicio, Carlotto remarcó que “nunca se sabe lo que puede encontrarse cuando uno inicia una investigación. Esto ha sido una lucha sin cuartel, contra el pueblo, clandestina, un terrorismo de Estado. Acá hay alguien que declaró y dijo que uno de los hijos de Raquel Negro murió y el otro fue entregado en un convento. Nosotros no creemos nada, hay que investigar queremos pruebas fehacientes porque hoy tenemos muchos chicos que están apropiados y siendo criados con una falsa identidad. En este largo recorrido uno avanza, aprende y abre el camino. Sabemos que en este Hospital Militar nacieron hijos de desaparecidos”.
Durante 45 minutos, una comisión de familiares de víctimas -encabezada por Carmen Germano y Clara Fink-, ex detenidos e integrantes de organismos de derechos humanos acompañó la presentación de Estela de Carlotto como querellante en la causa por robo de bebés nacidos en el Hospital Militar de Paraná durante la dictadura, formalizada con el patrocinio de la abogada de H.I.J.O.S. Regional Rosario, Ana Oberlin.
Luego del formalismo de la presentación, la comisión fue saludada por la jueza federal Myriam Galizzi -que en 2004 permitió la reapertura de las causas judiciales con su fallo en el que ratificó la validez de la ley que anuló las leyes de obediencia debida y punto final y declaró la inconstitucionalidad de los indultos presidenciales firmados por Carlos Menem- en la puerta de su despacho y enseguida se reunieron por el fiscal Mario Osvaldo Silva, quien les expresó su compromiso con la investigación. Sus declaraciones de ocasión crisparon los pelos de varios de los presentes, conocedores de que a casi cuatro años de reiniciadas las investigaciones no ha producido avance alguno. “El fiscal nos atendió en su despacho, nos explicó el procedimiento, su compromiso, el rol que les toca a los fiscales, intercambiamos una charla amistosa, esperanzadora. Sabemos que en la Justicia hay deficiencias edilicias, de presupuesto, falta de personal, pero a pesar de ello hay que trabajar”, diría Carlotto a la salida.
Carlotto no quiso dejar pasar la ocasión para saludar al camarista Gabriel Chausovsky. Se encontraron en los pasillos del edificio, y hubo la titular de Abuelas de Plaza de Mayo recordó a quien fue uno de los pocos jueces en el país que en 1988 planteó en un fallo judicial la inconstitucionalidad de las leyes de obediencia debida y punto final.
La causa se inició en 2005 a raíz de una denuncia en la que se consignó que Raquel Negro, que estaba detenida en el centro clandestino de detención Quinta de Funes, en las afueras de Rosario, fue trasladada a Paraná e ingresada en el Hospital Militar como sobrina del general Leopoldo Fortunato Galtieri para dar a luz. La mujer tuvo mellizos, pero el varón habría fallecido un mes después de nacer y la nena habría sido dejada en un convento en Rosario; mientras que la mujer fue asesinada, devuelta a la ciudad santafesina y desaparecida. Pero además, se tiene constancia de otra mujer que también habría dado a luz en la misma fecha, a mediados de 1978. En esta causa está imputado Juan Carlos Trimarco por sustracción de menores de edad y sustitución de identidad. Si bien debía prestar declaración indagatoria el 30 de noviembre pasado, presentó un certificado médico en el que se asegura que padece Alzehimer. Por estos días, la jueza espera el resultado de una pericia que determine si está en condiciones de declarar.
Una lluvia de flashes la recibió al pie de la escalera. Se dejó fotografiar pacientemente y luego aseveró que “tenemos la certeza de que hay cuatro bebés que nacieron en el Hospital Militar cuatro, pero no se sabe que puede pasar mas adelante y no hay que descartar que los bebes apropiados sean más de cuatro, porque de otros centros de detención y maternidades clandestinas nos hemos llevado sorpresas. El registro de partos existe, el legal y el ilegal, hay que encontrarlos, porque los militares en eso son muy prolijitos, no tiran nada. Yo le recomendé al fiscal que mire e investigue porque en estos hospitales existen registros. Siempre hay algunas pistas que los militares creen que no se ven, pero hay que buscarlas. Y si se llega a tener constancia o evidencia de otros chicos nacidos en Paraná, se harán más presentaciones”, remarcó Carlotto.
Además, puntualizó que “en el caso de los hijos de Raquel Negro, alguien ha declarado que el nene murió y que la nena fue dejada en una casa de monjas, pero que diga dónde está el cuerpito y mediante prueba de ADN vamos a identificarlo; solo así vamos a creerlo, porque además hay un hermano. Y en el caso de la niña, que estará apropiada y con su identidad cambiada, la Justicia que rastrear hasta donde la dejaron. Esas son las puntas claras que hay en este caso”, al tiempo que agregó que “avanzar depende de la Justicia. Los querellantes traemos los elementos, la paciencia, el interés y después hay que ver cómo responden ellos. Las autoridades judiciales tienen el poder de accionar”.
Por otra parte, se refirió a la continuidad de la lucha para encontrar a los más de 400 nietos robados por la dictadura y destacó que “después de los programas que se emitieron de Televisión por la Identidad, no se imaginan la cantidad de chicos con dudas que aparecieron por la Casa de las Abuelas. Tuvimos que abrir espacios nuevos, crear horarios distintos, poner más gente para escucharlos. Todo el tiempo viene gente y eso pasa en todo el país, porque en las provincias hay nódulos de la Red Nacional por la Identidad, para que los chicos no tengan necesidad de viajar a Buenos Aires”. En el caso de Paraná, está a cargo del Programa de Derechos Humanos del Rectorado de la Universidad Autónoma de Entre Ríos (UADER), en calle Ramírez 1143, aunque el contacto puede ser al teléfono (0343) 4207907 - interno 32.
Por último, Carlotto remarcó que “nosotros vamos abriendo el camino en forma permanente, recibiendo un apoyo cada vez mayor y damos dos mensajes: todas aquellas personas que saben algo sobre los desaparecidos, los nietos robados o que tengan la certeza de que en el barrio hay un chico que puede ser hijo de desaparecidos, que lo denuncien ante la Justicia o ante los organismos de derechos humanos; y a los jóvenes les decimos que si tienen una duda, que no se queden con la duda, que averigüen sobre su identidad, que hay gente para ayudarlos y estamos las Abuelas para abrazarlos”.

Foto: Análisis Digital.

2008-02-13T08:45:00.000-08:00

Siguen las demoras para conformar el tribunal que realizará el juicio por la causa Brusa en Santa Fe

Tras la excusación de los integrantes titulares del Tribunal Oral Federal santafesino se excusaron de intervenir en el juicio contra el ex juez federal Víctor Hermes Brusa (foto) y otros seis represores por privación ilegítima de la libertad agravada y apremios ilegales cometidos durante la última dictadura militar, por su cercanía con el proceso, sigue sin definirse quiénes serán los encargados de llevar adelante el juicio oral, puesto que por distintos motivos una docena de conjueces ha desistido de integrar la corte.
Los jueces titulares María Ivon Vella, José María Escobar Cello y Ramiro Puyol se apartaron del proceso contra Brusa, María Eva Aebi, Domingo Marcelini, Eduardo Ramos, Héctor Colombini, Mario Facino y Juan Perizotti -Nicolás Tete Correa falleció el año pasado-. Vella puso como argumento su antigua relación laboral con Brusa, Escobar Cello fue funcionario judicial durante la dictadura y Puyol tiene un familiar cercano desaparecido en Córdoba en los años de la represión ilegal.
De inmediato comenzó se realizó el sorteo a partir de la lista de conjueces integrada por 25 profesionales del fuero federal. Hasta el momento, tres de los cuatro que aceptaron el cargo tuvieron algún vínculo con alguno de los detenidos, ya sea por cuestiones personales, tanto como por haber participado de procesos administrativos o judiciales en los que se enfrentaron en otra ocasión, por lo que fueron recusados. En total, doce letrados han sido rechazados. El abogado Martín Francisco Gutiérrez es el único que hasta ahora no ha recibido reproches.
Además, las víctimas de la dictadura han manifestado críticas a la fiscal del proceso, porque consideran que “por su cercanía (con el ex juez Víctor Brusa), nos despierta serias dudas. Frente a ello es que estamos solicitando una reunión con el procurador general de la Nación, Esteban Righi, para ponerlo al tanto de lo que sabemos y de los temores que tenemos con esta Fiscalía. Hay usos y costumbres según los cuales los tribunales no fallan penas superiores a las que los fiscales piden”, explicó Patricia Isasa, una de las querellantes en el proceso.
Ante esta situación de incertidumbre, victimas y querellantes estudian entablar acciones para que el tribunal se constituya con jueces de otras jurisdicciones, ya sean de la propia provincia o de otras.
En definitiva, todo indica que el futuro inmediato de la causa será tan intrincado como lo fue todo este proceso que se inició en mayo de 2002, a partir de una denuncia del fiscal federal Eduardo Freiler y como derivación de la causa que tramitaba en España el juez Baltasar Garzón por “terrorismo y genocidio”, que involucró a los mismos imputados en Santa Fe. La causa judicial fue instruida durante cinco años por el juez federal Reinaldo Rodríguez, quien el 14 de agosto de 2002 declaró la inconstitucionalidad de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final. Tres años después, el 17 de febrero de 2005, procesó a Brusa, a los policías Facino -ex presidente comunal de San José de Rincón-, Colombini, Perizzotti, el ex oficial de inteligencia Ramos, la ex carcelera Aebi y al ex suboficial del Ejército, Nicolás Correa por supuesta “privación ilegítima de la libertad agravada, vejaciones, apremios ilegales, coacción y tormentos” y embargó sus bienes por 800.000 pesos a cada uno; y dos meses más tarde, en abril de 2005, procesó al coronel Marcellini, ex jefe del Destacamento de Inteligencia Militar 122, como autor mediato de la represión ilegal.
Además, la mayoría de los detenidos goza de la prisión domiciliaria: Marcellini en su casa en la ciudad de Mendoza; Facino en San José del Rincón y Perizzotti y Colombini en Santa Fe. Sólo Aebi sigue presa en el cuartel de la Guardia de Infantería Reforzada y Ramos en el piso alto del Cuerpo de Bomberos Zapadores, en el microcentro santafesino; mientras que Brusa continúa internado en un sanatorio privado, después de sufrir una descompensación.
La causa tiene otra dificultad, ya que las actuaciones contra quien se desempeñara como jefe del Área 212, el ex coronel Juan Orlando Rolón, fueron desacumuladas del proceso principal elevado a juicio y el ex hombre fuerte del Ejército santafesino será indagado nuevamente.

2008-02-12T09:02:00.000-08:00

Elevan a juicio oral una causa contra tres represores neuquinos por el secuestro de tres maestras entrerrianas

El juez federal de Neuquén Guillermo Labate elevó a juicio oral la causa contra tres ex jefes militares acusados de delitos de lesa humanidad cometidos en el centro clandestino de detención La Escuelita, que funcionó en el Batallón Militar de la capital provincial durante la última dictadura. Se trata de ex jefes militares, acusados de la detención ilegal y asesinato de 15 personas, entre ellas tres maestras entrerrianas, detenidas en Cipoletti por el crimen del general Jorge Esteban Cáceres Monié, en Villa Urquiza, en 1975.
Los imputados son el general Enrique Braulio Olea, ex jefe del Batallón Militar de Neuquén; el teniente coronel Oscar Lorenzo Reinhold, ex jefe de Inteligencia del Comando de la Sexta Brigada; y el mayor Luis Alberto Farías Barrera, todos procesados y con arresto domiciliario hasta la realización del juicio oral, a quienes el magistrado acusó de conformar una asociación ilícita, privación ilegal de la libertad agravada, aplicación de tormentos psíquicos y físicos agravados por ser perseguidos políticos, allanamiento ilegal y robo.
El juez Labate precisó que “estos delitos ocurrieron hace más de 30 años y obedecieron a un plan sistemático y criminal instaurado en todo el territorio de la Nación con el apoyo de otros gobiernos dictatoriales del Cono Sur por quienes usurparon el poder en la Argentina el 24 de marzo de 1976”.
En su resolución, el magistrado apuntó que los militares “pretendieron asegurar la impunidad de estos delitos mediante la destrucción de la mayoría de los elementos probatorios, levantamientos militares que obligaron a poderes del Estado al dictado de leyes que contrariaban la Constitución y amenazas de toda índole”, por lo que consideró que “estos hechos deben ser enmarcados en un genocidio que tuvo como objetivo perseguir y destruir a un grupo de personas identificadas por determinadas características”.
Esta primera parte de la investigación esta orientada a juzgar lo ocurrido en el centro clandestino de detención La Escuelita, que funcionó en el Batallón Militar de Neuquén. Las quince víctimas incluidas en este tramo de la investigación, fueron trasladadas en forma ilegal a ese lugar donde permanecieron secuestradas y sometidas a torturas. Entre ellas, tres docentes entrerrianas, que fueron condenadas por el Consejo de Guerra que se implementó por el crimen de Cáceres Monié.
El juez Labate también consignó que “la organización delictiva contó con la estructura que le otorgaba el Ejército Argentino, los suficientes cuadros humanos oficiales, suboficiales y personal civil- destinados en unidades militares de la Subzona 5.2 y los materiales e instalaciones militares que ocupaban gran parte del territorio de la ciudad, armas, logística, automotores que permitieron establecer a mediados de 1976 un centro clandestino de detención”.
Además, En una segunda etapa, el juez elevará a juicio oral otro tramo de la investigación por el funcionamiento de La Escuelita por la que están procesados y detenidos el médico militar Hilarión de Paz Sosa y los ex miembros del área de inteligencia Mario Gómez Arena, Francisco Julio Oviedo, Jorge Molina Escurra y Sergio San Martín. Mientras tanto, el fiscal José María Darquier le solicitó al juez que indague a otros veintiséis militares, un gendarme, cuatro policías penitenciarios, dos policías federales, diez policías rionegrinos y un policía neuquino imputados por delitos cometidos en el centro clandestino de detención conocido como La Escuelita.

2008-02-11T09:25:00.000-08:00

Hallaron una foto dedicada por Menem a Febres entre las pertenencias del represor

En una pesquisa realizada por los investigadores de la causa en la que se investiga la muerte del represor Héctor Febres se encontraron nuevos elementos, entre ellos una foto dedicada por el ex Presidente Carlos Menem en la que se dirige “a mi amigo y compañero Héctor Febres, un abrazo con afecto…”. Además, aparecieron fotos de vacaciones con su familia en la a la base naval de Azul mientras debía estar detenido y placas de cursos de inteligencia que involucran a personal en actividad. También se determinó que la escena del crimen fue modificada y el ex subprefecto conservó sus armas aun detenido.
La pesquisa por el envenenamiento del subprefecto llegó hasta una casa en el barrio de Palermo que habitó la familia hasta la detención de Héctor Febres en diciembre de 1998, apropiación de bebés durante la dictadura. Desde entonces está alquilada por una familia que no tiene parentesco con el represor, que entregaron a los investigadores elementos pertenecientes a los propietarios de la vivienda. “Ah, disculpen, quizás esto les sirva. Los dueños nos pidieron si podían guardar algunas cosas en la baulera”, les dijo la mujer que los atendió.
Entre varios elementos personales encontraron condecoraciones y felicitaciones enmarcadas como diplomas. Uno les llamó la atención: la foto autografiada de Carlos Menem con la banda y el pelo felinamente abultado. “A mi amigo y compañero Héctor Febres, un abrazo con afecto...”, puede leerse antes de la firma del ex Presidente, la misma que estampó en los indultos y en la ley de Obediencia Debida que cobijó al prefecto.
Entre los cuadritos encontrados en el allanamiento de la baulera aparecieron otros de interés para los investigadores. Son placas de cursos vinculados a servicios de inteligencia, de los que surgen nombres de personal en actividad. “Hay mucha documentación para producir medidas y con puntas a seguir”, comentó una fuente de la causa. “Hay nombres poderosos, por eso no podemos descartar nada”, agregó.
En 1998 Febres cayó preso por haber sido parte del plan sistemático de apropiación de menores durante la dictadura, un delito que no estaba amparado por aquellos perdones. Sin embargo, a juzgar por las numerosas pruebas acumuladas en la investigación de su muerte, mal no le fue durante su encierro VIP.
A pocos días de que su cadáver apareciera en el departamento de dos ambientes de la Zona Delta de la Prefectura Naval, se conocieron las condiciones de privilegio de las que gozaba, y que los investigadores sospechaban que además tenía libertad de movimientos. El curso del caso demostró que Febres tenía un chofer a disposición, y la Armada, la Prefectura y la Justicia le permitieron ir de vacaciones en familia a la base naval de Azul. Las autoridades de la Prefectura lo trataban como un jefe en apuros, más que como un acusado de delitos de lesa humanidad, lo dejaban participar de sus actividades protocolares y le daban servicios de telefonía, Internet, cancha de tenis, visitas sin horario, registro ni requisa, uso de sus salones para fiestas y reuniones regadas con bebidas alcohólicas. Febres podía tener su billetera, documentos, trajes, llaves y medicamentos. Y hasta 2003 conservó sus armas, según consta en un certificado que obra en el expediente judicial.
El relajo de la prisión preventiva era tal que su esposa podía quedarse a dormir en la habitación con baño en suite y cama de dos plazas. La jueza Sandra Arroyo Salgado determinó que la escena del crimen fue totalmente alterada, encontró la computadora de Febres en otro sitio, y a los familiares y prefectos participando de estos movimientos. Ahora, además, se dio cuenta de que el cuerpo del represor, aparecido boca abajo, estaba en una cama de una plaza. Alguien quiso ocultar también las comodidades matrimoniales.
Más allá de la incógnita respecto de lo que pueda hacer la Cámara Federal de San Martín con los procesamientos dictados por la jueza a la esposa Stella Maris Guevara, y los hijos, Héctor y Sonia, como encubridores, y a dos prefectos como partícipes del homicidio -uno de ellos el concordiense Héctor Volpi-, el caso avanza hacia las responsabilidades institucionales. En los próximos días, Arroyo Salgado estará en condiciones de decidir si cita a indagatoria al ex jefe de la Prefectura Carlos Fernández y al jefe de la Armada, Jorge Godoy, como le solicitaron las abogadas que representan a Enrique Fukman y a Carlos Lordkipanidse, sobrevivientes de la ESMA.
La jueza estableció además que hubo una comunión de intereses entre la Prefectura y la Armada para mantener a Febres cómodo y a la vez controlado, por si acaso se le ocurría dar más detalles sobre su paso por la ESMA, donde los sobrevivientes lo ubican no sólo como torturador sino también como encargado de los bebés nacidos en cautiverio. El prefecto ya había nombrado a varios de sus jefes de entonces y solía manifestar su bronca contra las cúpulas que seguían en libertad. Pero los veranos de 2003, 2004 y 2005 que pasó en Azul se sintió tan relajado como para armar el álbum fotográfico de recuerdos. Esas imágenes de Febres en la pileta y en los chalecitos de la base dejan poco margen para la duda sobre la vinculación de la Armada con la detención de privilegio del prefecto asesinado. De hecho, la sospecha es que la fuerza a cargo del almirante Jorge Godoy fue cómplice de Prefectura.

Fuente: Página/12.

2008-02-06T08:55:00.000-08:00

Pidieron 17 años de prisión para el represor que se apropió de Juan Cabandié

El fiscal federal Carlos Rívolo solicitó que el ex oficial de inteligencia de la Policía Federal Luis Falco sea condenado a 17 años de prisión por el secuestro y sustitución de identidad de Juan Cabandié (foto superior), a quien inscribió como hijo propio. Los estudios de ADN determinaron que el joven era hijo de Damián Abel Cabandié -oriundo de Entre Ríos- y Alicia Elena Alfonsín, ambos desaparecidos, y en enero de 2004 recuperó su identidad (foto inferior).
En el marco de un proceso que se rige por el viejo Código Penal escrito, el fiscal Rívolo, acusó a Luis Falco por la retención, ocultamiento y falsificación de datos de identidad de quien había inscripto como hijo de su matrimonio con María Teresa Perrone. Falco se apropió de Cabandié hace casi tres décadas, cuando era apenas un recién nacido.
Juan es hijo del entrerriano Damián Abel Cabandié y Alicia Elena Alfonsín, secuestrados el 23 de noviembre de 1977. Damián tenía 19 años, era delegado gremial en la empresa Entel y activista barrial y no regresó del trabajo a la hora habitual. Con sus llaves, un grupo que se identificó como “Fuerzas Conjuntas” volvió a entrar más tarde a la casa y se llevó a Alicia, de 16 años, embarazada de cinco meses y con un fuerte trabajo político y social en una villa miseria en la provincia de Buenos Aires. Ambos fueron vistos en el centro clandestino de detención El Banco por compañeros de cautiverio que lo recuerdan a él como Boggie y a ella como Bebé. Luego Alicia fue trasladada a la ESMA a fines de diciembre, donde fue alojada en la llamada pieza de embarazadas y en marzo de 1978, con asistencia del obstetra del Hospital Naval Jorge Luis Magnasco, dio a luz a un varón al que llamó Juan. Estuvo con él 22 días, hasta que Héctor Febres le anunció su “traslado” y se llevó al bebé.
El 26 de enero de 2004 Juan recibió la confirmación de que era hijo de Alicia y Damián, luego de casi dos años de búsqueda de su identidad. Desde entonces fundó Generación por la Emancipación Nacional (GEN), un espacio de militancia barrial integrado por jóvenes porteños y bonaerenses y agrupaciones de la Universidad de Buenos Aires, que se reúnen periódicamente para desarrollar diversos tipos de trabajos socio-antropológicos. Y desde hace unos meses ocupa una banca en la Legislatura porteña por el partido Frente para la Victoria.

2008-02-05T07:01:00.000-08:00

Comenzó el juicio oral y público contra seis represores de la dictadura en Corrientes

Esta mañana comenzó en Corrientes el juicio contra seis represores por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura en centro clandestino de detención que funcionó en el Regimiento de Infantería 9. Los imputados son el ex jefe del Ejército Cristino Nicolaides (foto), el capitán retirado Juan Carlos Demarchi, los coroneles Horacio Losito y Rafael Manuel Barreiro y los oficiales de la Gendarmería Carlos Roberto Piriz y Raúl Alfredo Reynoso, quienes están acusados por asociación ilícita, 12 casos de secuestros agravados, vejaciones, apremios, tormentos y las desapariciones forzadas de Juan Ramón Vargas y Rómulo Gregorio Artieda. En el lugar estuvo detenido el paranaense Fernando Piérola, asesinado en Margarita Belén.
Los jueces del Tribunal Oral Federal de Corrientes Víctor Alonso, Lucrecia Rojas Badaró y el conjuez Carlos Navarro -reemplaza a Vicente Constancio Espósito, quien debió excusarse porque fue juez federal durante la dictadura y las defensas de los imputados lo ofrecieron como testigo- iniciaron poco después de las 8.30 las audiencias contra los cinco imputados por secuestros y desapariciones durante la dictadura militar.
La jornada de apertura del juicio oral servirá para la discusión técnica entre los abogados defensores, la fiscalía y los querellantes. Del debate surgirán las líneas de acción de los que acusan y de los que defienden a los cinco imputados. La ronda de testigos recién se abrirá el martes de la semana próxima. Entre los 90 declarantes, se destaca el testimonio que brindará el médico policial Otto Eliseo Manzolillo, que fue quien hizo la autopsia de cuatro cadáveres que aparecieron flotando en el río Paraná, en la zona de Empedrado, entre los años 1976 y 1977. Los cuatro fueron inhumados como NN y el único identificado hasta ahora es el de Rómulo Gregorio Artieda. Los cuerpos tenían una característica común: les habían abierto el vientre, se supone que para que no pudieran salir a flote.
Las historias de Rómulo Gregorio Artieda y Juan Ramón Vargas, militantes de la Juventud Peronista desaparecidos en la provincia, serán los ejes de la acusación contra los cinco represores que comenzaron a ser juzgados. Artieda es el primero y hasta ahora único desaparecido correntino cuyo cuerpo fue identificado por el Equipo de Antropología Forense en 2006. Lo habían secuestrado en la estación bonaerense de Burzaco, del ex ferrocarril Roca, y lo llevaron al Regimiento de Infantería 9. A Vargas, miembro de la JP relacionado con las Ligas Agrarias, una organización que fue diezmada por la represión, lo secuestraron en Goya y también fue visto en el RI-9.
También declarará medio centenar de militares retirados y capataces de estancia. Por las querellas darán testimonio más de 40 testigos, en su mayoría sobrevivientes del RI-9. También la documentalista francesa Marie Monique Robin y miembros del Equipo Argentino de Antropología Forense. Además, se presentarán familiares del paranaense Fernando Piérola. El juicio se estima que tendrá una duración de cuatro meses.
Por el RI-9 pasaron también Fernando Piérola -aunque fue secuestrado en Misiones-, Luis Díaz y Carlos Alberto Duarte, tres de las víctimas de la matanza que se produjo en Margarita Belén, en la que estuvo involucrado el general Cristino Nicolaides, quien no se presentará en este juicio, aunque también está como imputado. Los médicos forenses dicen que está muy enfermo y que ni siquiera le notificaron que fue condenado a 25 años de prisión en otra causa porque “no podría soportarlo” dado su estado de salud.
Los imputados son ex miembros del Regimiento de Infantería 9, y entre ellos sobresale el capitán (R) Juan Carlos Demarchi, un empresario ganadero que despierta simpatías en las familias patricias correntinas a quien sus camaradas bautizaron El Electricista por sus destrezas con la picana y era el interrogador en carácter de jefe de inteligencia del área militar 231. Además, serán juzgados los coroneles Horacio Losito y Rafael Manuel Barreiro, y los oficiales de Gendarmería Carlos Roberto Piriz y Raúl Alfredo Reynoso.
La causa del RI-9 se reabrió a fines de 2003 con la presentación de familiares de Vicente Ayala, patrocinados por la Comisión de Derechos Humanos de Corrientes y en 2004 se sumaron los familiares de Vargas y Artieda. Si bien los casos se unificaron, la causa se desdobló y el caso Ayala no fue elevado. En octubre de 2004 el juez federal Carlos Soto Dávila ordenó las primeras detenciones, que conmocionaron a la alta sociedad correntina. Sobre todo por el caso Demarchi, próspero ganadero que llegó a presidir la Sociedad Rural.
Además, los coroneles Barreiro y Losito estaban en actividad cuando fueron detenidos. Barreiro cumplía funciones en el Regimiento de Monte Caseros y Losito era agregado militar en Italia hasta que en 2003 el juez federal de Resistencia, Carlos Skidelsky, ordenó su detención por su actuación en la Masacre de Margarita Belén. La Cámara Federal lo liberó, pero allí culminó su aventura europea. En el caso de Reynoso, llegó a ser comandante de Gendarmería y después fue candidato a intendente de Orán, en Salta, y asumió como concejal por el Partido Renovador del capitán de navío Roberto Ulloa.
Excepto los gendarmes Reynoso y Piriz, presos en Marcos Paz, y Nicolaides, los militares imputados estuvieron detenidos desde el primer día en la Base de Apoyo Logístico de La Liguria, en Resistencia, servidos por sus pares. Recién en diciembre, cuando el prefecto Héctor Febres apareció envenenado en su dúplex del Tigre, fueron trasladados al Instituto Penal de Campo de Mayo. Desde el miércoles están alojados en la Unidad 7 del Servicio Penitenciario chaqueño y desde el martes deberán presentarse ante el tribunal correntino.
Para el inicio de las audiencias se acercó un gran número de personalidades y organismos de derechos humanos, ya que este es el primer juicio que se sustancia en el interior del país. Entre otros llegaron a Corrientes Mabel Tati Almeida, de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora; desde el Foro por la Justicia de Goya arribaron la docente Berta Arroyo, el sacerdote Víctor Hugo Arroyo y el abogado Tadeo Solís; la dirigente de Familiares de Detenidos y Desaparecidos por Causas Políticas, Ángela Boitano; los diputados nacionales Remo Carlotto, Araceli Carmona, Hugo Perié, Eduardo Galantini, Diana Conti; el senador nacional Fabián Ríos y el diputado provincial Tamandaré Ramírez Forte; la responsable de la Casa de Derechos Humanos de Curuzú Cuatiá, Martha Pelloni; la dirigente de la Red Provincial de Derechos Humanos Hilda Presman; por los organismos de Derechos Humanos de Paso de los Libres, el abogado Jorge Olivera y la operadora del Programa Verdad y Justicia de la Nación, María José Guembe; y de AFADER está María Luz Piérola.

2008-01-18T18:33:00.000-08:00

Ordenan la detención de quince represores en Chaco

El conjuez federal de Resistencia, Juan Antonio Piñero ordenó la detención de quince nuevos imputados -un militar y catorce policías, todos retirados- en el marco de lo que se conoce como “Causa Caballero”, en la que se investigan hechos de torturas y desapariciones de personas durante el terrorismo de Estado en la provincia de Chaco.
El 15 de enero pasado, el magistrado ordenó la detención del teniente coronel retirado José Tadeo Luis Bettolli, quién también se encuentra denunciado por la Masacre de Margarita Belén; y de los policías Félix Cáceres, alias El Indio, Rubén Héctor Roldán, Oscar Alberto Galarza, Juan Ramón Rodríguez Valiente, José Omar Esquivel, Guillermo Antonio Enchausti, Cristino Martínez, Ramón Héctor Maidana, Miguel Ángel Victorello, Pedro Ramos, Francisco Orlando Álvarez, Regiardo Cáceres, Omar Eduardo Monzón y Oscar Octavio Ayala, quien era el jefe de la guardia mas dura de la Alcaidía de Resistencia y dirigió las torturas previas a la ejecución de la Masacre de Margarita Belén entre la noche del 12 y la madrugada del 13 de diciembre de 1976, aunque ya habría fallecido.
En la misma resolución, el juez Piñero dispuso que los represores sean alojados en la alcaidía policial de Resistencia.
La “Causa Caballero” fue reabierta en el año 2002, cuando se retomaron las investigaciones por el accionar de lo que se conoce como la Patota de la Brigada de Investigaciones (foto), que operó entre 1974 y 1979. Desde que se reinició la investigación ha habido detenciones, liberaciones y demoras. De hecho, siete represores permanecen detenidos: Lucio Caballero, Ramón Esteben Meza -se encuentran con prisión domiciliaria- y los ex policías Gabino Manader, José Francisco Rodríguez Valiente, José María Cardozo, José Marín y Héctor Ramón Escobar -están alojados en la alcaidía policial- y el teniente primero Luis Alberto Pateta -detenido en Campo de Mayo e imputado por la Masacre de Margarita Belén-.
También están procesados, aunque sin prisión preventiva los ex policías Ramón Andrés Gandola, Enzo Breard y el integrante de los servicios de inteligencia Alberto Valussi.
En la misma causa están imputados sin procesamiento el miembro de la Policía Federal Alberto Julio Manetti y los ex policías chaqueños Evangelito García, Alfredo Abate y Eduardo Wischnivetky.
En tanto, fallecieron mientras estaban imputados los comisarios Carlos Alcides Thomas y Wenceslao Ceniquel, ambos imputados por la Masacre de Margarita Belén.
En la misma causa existen requerimientos por tormentos contra los fiscales federales Carlos Flores Leyes y Roberto Domingo Mazzoni, denunciados por los ex detenidos y organismos de derechos humanos como partícipes de los crímenes de lesa humanidad, y recientemente a quienes se solicitó que se promueva el juicio político. De hecho, Mazzoni renunció.

2008-01-18T08:38:00.000-08:00

El 14 de febrero se presentarán las Abuelas de Plaza de Mayo como querellantes en la causa Hospital Militar

Estela de Carlotto (foto) estará el 14 de febrero en Paraná para formalizar la presentación de Abuelas de Plaza de Mayo como querellante en la causa por robo de bebés nacidos en el Hospital Militar de Paraná durante la dictadura. De esta manera, la organización reforzará la denuncia radicada en 2005 por Sebastián Álvarez por el robo de los mellizos que dio a luz su madre, Raquel Negro, y que se encuentran desaparecidos. Además, se espera que la jueza Myriam Galizzi resuelva si el represor Juan Carlos Ricardo Trimarco será citado a prestar declaración indagatoria como imputado.
La titular de Abuelas de Plaza de Mayo llegará el 14 de febrero a Paraná para sumarse a la denuncia por robo de bebés nacidos en el Hospital Militar durante el cautiverio de sus madres y la posterior sustitución de identidad en los casos de al menos dos pares de mellizos. Por ambos delitos está imputado el ex hombre fuerte de la dictadura en Entre Ríos, Juan Carlos Trimarco, cuya declaración indagatoria se definirá en los próximos días, una vez que concluyan las pericias sobre su estado de salud.
Carlotto arribará acompañada de los abogados Luciano Hazan -coordinador del equipo jurídico de la entidad- y Ana Oberlin -representante de la agrupación H.I.J.O.S. Regional Rosario. Ambos letrados serán los asesores legales de la nueva querellante, sumándose al equipo que integran Marina Barbagelata, Marcelo Baridón y Gamal Taleb.
En el caso de Ana Oberlin, es también querellante en la megacausa Feced, en la que se investiga el accionar represivo ejecutado en Rosario por las Fuerzas Armadas y de seguridad. Además, lleva adelante la querella por la Masacre de la calle Juan B. Justo, en la que fueron asesinados los entrerrianos Omar Amestoy, María del Carmen Fettolini, María Eugenia Amestoy y Fernando Amestoy -oriundos de Nogoyá-; y Ana María del Carmen Granada de Gonçalves, el 19 de noviembre de 1976, en San Nicolás.
Carlotto también tiene previsto entrevistarse con el fiscal de la causa, Mario Silva, y la jueza federal subrogante, Myriam Galizzi.

2008-01-14T07:29:00.000-08:00

El recuerdo de Élida Goyeneche, a treinta años de su secuestro y desaparición

Al cumplirse 30 años de la desaparición de Elida Goyeneche de Sobko (foto inferior), familiares y organismos de derechos humanos realizaron un acto en el balneario Club Doña Goya en la localidad correntina, encabezado por Clarisa Sobko (foto superior), hija de la docente y estudiante de medicina secuestrada por efectivos militares el 12 de enero de 1978.
El emotivo acto estuvo organizado por la asociación Memoria, Derechos Humanos y Solidaridad (Medehs) de Goya, junto a una agrupación H.I.J.O.S. Regional Paraná. A través de una carta, Clarisa llamó a la sociedad a “testimoniar sobre el robo” de su madre, y aseguró que “la desaparición física de Élida a manos de asesinos que se autodenominaban señores de la vida y de la muerte, que siguen en libertad caminando por las calles de Goya con total impunidad; nos convoca hoy nuevamente para seguir exigiendo justicia”.
Elida Olga Goyeneche fue secuestrada delante de sus hijos y de su madre, a las cinco de una tarde calurosa de verano en el Club Doña Goya, un balneario ubicado sobre el río Paraná, en la ciudad correntina. Desde ese día, nadie volvió a verla. Era la menor de dos hermanas. Estudiante aplicada, se recibió de maestra en la Escuela Normal, donde también había estudiado su madre y donde lo haría su hija. Aunque se llevaban un año de diferencia, ambas hermanas cursaban juntas. Con el título de maestra normal, decidió estudiar medicina en Corrientes. Aunque no logró terminar la carrera, encontró allí el amor de Pedro Sobko, un misionero, flaco, rubio y bastante alto, de andar tranquilo, hijo de inmigrantes polacos y rusos que habían llegado al país corridos por la guerra. Se casaron en secreto el 15 de enero de 1974 en La Leonesa, una localidad ubicada en el norte de la provincia de Chaco, distante a 74 kilómetros de Resistencia, sin decirle nada a la familia, y al poco tiempo nació Oscar, el primer hijo.
Militantes del Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT), pasaron por Paraná, donde vivieron en el barrio San Agustín. Ya entonces eran cuatro, porque la pareja también tenía a Clarisa. Pero perseguidos por la Policía, en abril de 1977 se fueron a Capital Federal para refugiarse mientras hacían los arreglos para instalarse en Corrientes. A los pocos días, Pedro regresó a Paraná para organizar algunas cosas y su esposa e hijos se quedaron. Nunca más volvieron a verse, porque Pedro fue secuestrado el 2 de mayo.
La tarde del 12 de enero de 1978, Elida y su madre, Zelmira subieron en el asiento de adelante del Peugeot 404 de la familia, atrás iban Clarisa y Oscar, rumbo a las playas del Club Doña Goya, sobre el río Paraná. Al llegar, Pepita Goyeneche bajó del auto y una patota integrada por efectivos de Prefectura, Policía Federal y de la provincia se llevó a su hija y sus nietos. Los chicos fueron abandonados y encerrados en el mismo vehículo a unos kilómetros, en el camino de regreso a la ciudad. Aunque no hay registros de que hubiera pasado por ningún centro clandestino de detención, algunos datos que pudieron recogerse indican que pudo haber fallecido en alguna sesión de tortura en los cuarteles del Regimiento de Ingenieros 7.
En la carta, Clarisa expresó: “Hoy nos encontramos aquí porque hace 30 años que me robaron a mi mamá. Hace 30 años estos cobardes, traidores de la Patria, que irrumpieron en el poder en marzo de 1976 secuestraron para luego desaparecer a mi madre. Yo tenía tan sólo un año de vida, junto a mi hermano, que en ese entonces tenía tres. Juntos crecimos bajo el cobijo y el amor de nuestros abuelos, pero con el profundo dolor y la incertidumbre de no saber qué pasó con mamá, con Élida. Mi papá, Pedro Miguel Sobko también fue desaparecido a manos de las fuerzas conjuntas de seguridad en la ciudad de Paraná. Mis padres y los 30.000 compañeros no hacían más que soñar con un mundo con justicia social y libertad. Eso era lo que deseaban, que todos tengan para comer, que todos tengan la posibilidad de acceder a un trabajo digno, que la distribución de la riqueza en este país sea justa y equitativa.
Crecer, vivir, comprender la desaparición de un ser querido no es natural. La desaparición física de Élida a manos de asesinos que se autodenominaban señores de la vida y de la muerte, que siguen en libertad caminando por las calles de Goya con total impunidad nos convoca hoy nuevamente para seguir exigiendo justicia. Mientras, yo pasé 30 años de mi vida volviendo a esta ciudad, intentando hallar las respuestas sobre el paradero de mi madre.
A estos cobardes que nos arrancaron las esperanza de un país más justo, más solidario, un país del pueblo y para el pueblo; a estos señores, asesinos, genocidas, torturadores, les queremos decir que la podrán haber desaparecido físicamente, pero para mí ella nunca se habrá ido. Tanto ella como mi papá están vivos en mi lucha, en mi amor hacia ellos. Por otra parte también a todos aquellos que nos han dicho “algo habrán hecho” les decimos que ¡sí! que ellos algo hicieron: ellos pelearon por un proyecto de país y un proyecto de sociedad diferente al que tenemos hoy. Y Élida era una mujer que integraba esa juventud maravillosa que dejó su sangre en la pelea por los ideales.
Nos sobran las razones para estar aquí hoy, recordándola porque es nuestra forma de traerla a la vida, nuestro imperativo de no olvidar a pesar de tanta muerte, de todo el dolor, de tanta vida desgarrada.
Nos cuesta aceptar que la justicia es tan lenta. Que los responsables están en las calles gozando de toda la impunidad que les dio una sociedad civil que muchas veces decidió mirar para otro lado. Porque la justicia cuando es lenta, no es justicia. Porque cuando la justicia se maneja en los parámetros de la impunidad, no es justicia. Nos cuesta creer que las madres y las abuelas se nos están yendo sin conocer la verdad. Me duele hasta lo más profundo de mi ser pensar que mi abuela Pepita y mi abuelo Oscar se puedan ir sin saber qué pasó con Élida, quiénes son los responsables, sin poder llevar una flor a la tumba de su hija. Pero a pesar de todo seguimos apostando a la memoria, a la verdad, a la lucha que es posible para cambiar este estado de las cosas.
Hoy te puedo decir mamá que estoy orgullosa de vos, que si tuviera la ínfima posibilidad de tenerte enfrente te contaría que sos abuela de dos bellezas, dos gordas preciosas, mi hija se llama Federica y la de Oscar se llama Ana Lucía. Te contaría que estoy militando como vos, que busco todos los días incansablemente saber la verdad, la verdad de lo que pasó con vos mamá, y la verdad de lo que pasó con papá. A veces pienso qué injusta es la vida. Nos quitaron la posibilidad de conocernos, de reír juntas, de llorar juntas… Yo, mientras tanto, sigo soñando con ese día en que nos encontraremos y nos daremos un abrazo de amor, ese que tanto esperé en las noches de mi infancia y que tanto espero en los momentos importantes de mi vida. Te imagino viva, hoy, con nosotros acompañando cada bandera que levanto. Viendo crecer a tus nietas, con todos los mimos de abuela de los que hoy se ven privadas.
Por Élida, por los 30.000, por todos aquellos que apuestan a luchar y a crecer, por todos los que no olvidamos, porque no nos han vencido. Porque sigo peleando por la sonrisa de mi hija y la de mi sobrina. Por las sonrisas de las generaciones que siguen. Por la verdad.
Goya, Corrientes, 12 de enero de 2008.

2008-01-09T09:05:00.000-08:00

El principal acusado por el crimen del represor Febres es de Concordia y fue jefe de Prefectura en Concepción del Uruguay

El prefecto Ángel Mario Volpi, acusado por el homicidio triplemente agravado del represor Héctor Febres, es oriundo de Concordia y durante la década de 1990 fue jefe de Prefectura en Concepción del Uruguay. Además, trascendió que Volpi estuvo cerca del brigadier Rodolfo Echegoyen, que apareció muerto en extrañas circunstancias cuando investigaba casos de corrupción en la Aduana, por sospechas de subfacturaciones, tráfico de drogas y lavado de dinero.
Volpi fue procesado con prisión preventiva como partícipe necesario en el homicidio triplemente calificado de Febres y era íntimo amigo del represor asesinado. En el expediente judicial consta que en la Zona Delta había prefectos que se mofaban de Volpi por ser “solterón” y escuchas en las que se habla de que “se ponían en pedo juntos” y se sospecha que pudo ser quien le dio el cianuro, ya que fue quien compartió la última cena.
En un informe periodístico, allegados a Volpi confiaron que Febres fue su “padrino de armas y tenían una relación muy estrecha. Es más, cuando Febres dirigió la Subprefectura Concordia (foto), Volpi ingresaba a su despacho como si fuera un íntimo”, contaron. El dato, imponente, es que en determinados ámbitos no hay padrino de armas que valga, pero el problema de Volpi es que “siempre ha sido un tipo que moría por la plata”, según contó alguien que lo conoce desde la infancia.
Entre amigos y conocidos siempre se comentó acerca de la fortuna que había hecho el prefecto Volpi, que aunque compraba autos caros y último modelo, a Concordia nunca los llevaba. Además, “en su oficina de Puerto Madero, es común oírlo hablar de millones”.
Aunque ahora se lo conoce como Gordo, en Concordia a Volpi le decían Pancho, porque “siempre fue un tipo muy tranquilo”, relató una persona que estudió con él. Volpi cursó la primaria en la Escuela Normal y se recibió en la Escuela de Artes Visuales. Terminó la secundaria en 1976 y de allí partió a la Escuela de Oficiales de la Prefectura, donde Febres fue su padrino de armas.
La casa de la familia está en calle San Martín y 25 de Mayo y su padre, que murió hace alrededor de dos años, era un conocido y respetado pintor. Además, una hermana, María Rosa, soltera igual que él, es maestra en la Escuela Número 55.
Cabe mencionar también que Volpi también habría estado cerca del brigadier Rodolfo Echegoyen, muerto el 12 de diciembre de 1990, mientras investigaba casos de corrupción en la Aduana, por sospechas de subfacturaciones, tráfico de drogas y lavado de dinero. En aquel momento, la Justicia menemista aseguró que Echegoyen se había suicidado de un balazo en la cabeza. Sin embargo, una pericia descartó que se tratara de un suicidio, asegura que fue asesinado.

Fuente: Diario Junio de Concordia.

2008-01-06T07:56:00.000-08:00

Los primeros peritajes indican que Trimarco no padece Mal de Alzheimer

Las pericias médicas realizadas a Juan Carlos Ricardo Trimarco (foto) revelaron que el represor no padece mal de Alzheimer y que tiene conciencia de lo que pasa a su alrededor, aunque no de lo que sucede en el mundo exterior, según lo determinado por peritos del Cuerpo Médico Forense del Poder Judicial de la Nación. Esto permitiría que se le tome declaración indagatoria en su domicilio por el robo de bebés nacidos en el Hospital Militar de Paraná durante el cautiverio de sus madres en la última dictadura. De todas maneras, aún resta que los peritos de parte realicen los exámenes. Por otra parte, la titular de la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, se sumaría como querellante en la causa.
El neurólogo y el psiquiatra del Cuerpo Médico Forense del Poder Judicial de la Nación determinaron que Trimarco no padece Alzheimer y que tiene conciencia de lo que pasa a su alrededor, pero no plena conciencia de lo que sucede en el mundo exterior.
Estos estudios habían sido solicitados por la jueza federal subrogante de Paraná, Myriam Galizzi, después que Trimarco no se presentará a declara el 30 de noviembre pasado y entregara, a través de sus abogados, una constancia expedida por el neurólogo Ralph Pikielny, de la Clínica Fleni de Buenos Aires, según la cual padece el Mal de Alzheimer. Ante ello, la magistrada dispuso una serie de medidas a los fines de fijar una nueva audiencia y exhortó a la jueza federal María Romilda Servini de Cubría, para que “en carácter de urgente y preferente despacho” ordene “un examen mental” al imputado y otro físico y neurológico para “determinar si padece de afecciones cardíacas y/o neurológicas, y en lo específico si se encuentra bajo tratamiento con el diagnóstico de Alzheimer, indicando en caso afirmativo estado de la mencionada enfermedad y tratamiento prescripto”. También se busca corroborar si está en condiciones de declarar y de hacerlo en Paraná.
De todas maneras, todavía falta que realicen sus exámenes los peritos propuestos por los abogados querellantes. El primero en hacerlo, después del 20 de este mes, será Luis María Pirro, presidente de la Asociación de Psiquiatras de Entre Ríos. El equipo se completa con la neuróloga Adriana Lavalle y el cardiólogo Fernando Ariel Di Tommaso.
Trimarco está imputado por sustracción de menores y sustitución de identidad en el caso de los hijos mellizos de Raquel Negro, quien fue traída al Hospital Militar de Paraná desde el centro clandestino de detención que funcionó en la Quinta de Funes, en las afueras de Rosario, para dar a luz a mediados de 1978. La mujer y los chicos permanecen desaparecidos. Según las investigaciones, el varón habría muerto poco después de nacer y la nena habría sido dejada en la puerta de un convento rosarino por dos represores, según declaró el compañero de armas Eduardo Tucu o Tucumano Costanzo, un ex agente de Inteligencia del Ejército que dio testimonio en Paraná el 27 de noviembre pasado.
Costanzo individualizó a las personas que organizaron e intervinieron en el operativo de traslado de Negro. Se trata de Walter Pagano, ex agente civil de Inteligencia del Ejército, y el teniente coronel retirado Daniel Amelong. Ellos fueron, según el relato, quienes dejaron a la hija de Negro en la puerta de un convento u orfanato rosarino. Pagano fue, además, uno de los que custodiaba a Raquel Negro mientras estaba detenida en la Quinta de Funes e incluso durante su estadía en el Hospital Militar de Paraná. Ambos están presos en Rosario, aunque por los crímenes cometidos en la Quinta de Funes.
La causa se inició en mayo de 2005, a partir de la denuncia presentada en el Juzgado Federal de Paraná por Sebastián Álvarez, hijo de Raquel Negro, con el patrocinio de los abogados Marina Barbagelata, Marcelo Baridón y Gamal Taleb. Sin embargo, una vez que se reinicien las actividades tras la feria judicial se sumaría a la querella la titular de la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto.

Fuente: Diario Uno de Entre Ríos.

2008-01-04T08:40:00.000-08:00

Ratificaron el procesamiento del apropiador de Victoria Donda Pérez

La Cámara Federal confirmó el procesamiento del represor Juan Antonio Azic (foto) por la sustracción y apropiación de una beba a la que había anotado como su hija, durante la última dictadura militar. El tribunal también ratificó el procesamiento con prisión preventiva y un embargo de 100.000 pesos de Carlos Capdevila, quien habría participado en el parto de la menor, y Alberto Arias Duval, por haber firmado el certificado de nacimiento con datos falsos. Además, Azic se había apropiado de Victoria Donda, la hija del entrerriano José María Laureano Donda y María Hilda Pérez.
La medida fue dictada por la Sala II de la Cámara Federal porteña a pesar de que aún no se cuenta con estudios certeros de ADN que demuestren que la menor es hija de Orlando Ruiz y Silvia Daneri -ambos estuvieron secuestrados en la Escuela de Mecánica de la Armada y permanecen desaparecidos, mientras que sus otros dos hijos fueron separados y abandonados en plazas de Córdoba y Rosario, donde se los recogió y terminaron adoptados legalmente por familias del lugar-.
La resolución de los camaristas Horacio Cattani y Martín Irurzun determinó que “a esta altura de los acontecimientos se encuentra debidamente acreditada la existencia de un plan sistemático llevado a cabo en el mencionado centro clandestino de detención donde se perpetraron sustracciones de menores acaecidas en un marco fáctico de privación ilegal de la libertad de sus padres, donde fueron sometidos a torturas y tratos degradantes, permaneciendo hasta la fecha como detenidos-desaparecidos, todo ello bajo el amparo de la utilización del aparato del poder estatal”.
Por el mismo hecho, el tribunal también ratificó el procesamiento con prisión preventiva y un embargo de 100.000 pesos de otros tres represores. Carlos Capdevila, quien habría participado en el parto de la menor y el tribunal consideró que “la menor, desde que nació, estuvo a merced de los captores de su madre y sus colaboradores, entre los que se encontraba Capdevila. En tanto Alberto Arias Duval fue quien firmó el certificado de nacimiento de la menor como hija biológica de Azic.
Además quedó procesado Oscar Rubén Lanzón quien dirigía el Grupo de Tareas 3.3.2 que operaba en la ESMA, y sobre quien se demostró que estaba en la sala contigua al lugar donde la luego desaparecida Daneri estaba dando a luz, “sin que sea el sector habitual de sus tareas”, según resaltó el fallo.
Asimismo, el tribunal recordó que la recién nacida fue anotada como Carla Silvina Azic y criada por el ex marino junto a otra hija de desaparecidos, que luego se comprobó que se trataba de Victoria Donda, hija de José María Laureano Donda -oriundo de Diamante- y María Hilda Pérez, que recuperó su identidad en 2003 y en diciembre pasado asumió como la primera diputada nacional hija de desaparecidos.
En cambio, el tribunal resolvió revocar el procesamiento por sustracción de menores dictado en su momento a Esther Abrego, la esposa de Azic, porque se consideró que no existen constancias de que haya participado en ese episodio.
Azic permanece detenido aunque internado en la Clínica San Jorge ya que a mediados de 2003 intentó suicidarse de un disparo en la boca con una pistola nueve milímetros. Entonces sufrió fractura de maxilar inferior, del paladar y del tabique nasal, con pérdida del ala izquierda de la nariz y destrucción del tercio medio de la lengua. Hace unos días, la Justicia ordenó que agentes del Servicio Penitenciario Federal reemplacen en su custodia de a sus camaradas de Prefectura, tras el asesinato de Héctor Febres.

2007-12-28T09:11:00.000-08:00

Juzgarán a Bussi y Menéndez por el secuestro del ex senador Vargas Aignasse

El represor entrerriano Antonio Domingo Bussi (foto superior) será sometido a juicio oral y público por la desaparición del ex senador provincial peronista Guillermo Vargas Aignasse, secuestrado en su casa el 24 de marzo de 1976 por personas armadas y encapuchadas “pertenecientes a las fuerzas de seguridad”, según consignó el juez federal subrogante de Tucumán, Daniel Bejas al clausurar la investigación. Por la misma causa también será juzgado Luciano Benjamín Menéndez (foto inferior), que era jefe del Tercer Cuerpo de Ejército, del que dependía la Brigada de Infantería V, que lideraba Bussi.
Los dos mayores símbolos del terrorismo de Estado del norte argentino, y que ostentan el record absoluto de imputaciones por secuestros, torturas y asesinatos, serán juzgados en 2008. Según la Comisión Bicameral Investigadora, formada en 1984 en Tucumán, el 68 por ciento de los 507 secuestros registrados durante la dictadura en la provincia se produjeron entre 1976 y 1977. En esos años, Bussi era comandante de la Brigada de Infantería V e interventor militar de Tucumán; mientras que Menéndez era jefe del Tercer Cuerpo de Ejército, del que dependía la brigada. De ese universo de casos, 387 personas permanecen desaparecidas, 96 fueron liberadas y de apenas 24 se recuperaron los cadáveres.
Ambos serán juzgados por el secuestro del ex senador Vargas Aignasse, desaparecido desde el 24 de marzo de 1976 por personas armadas y encapuchadas “pertenecientes a las fuerzas de seguridad”, apuntó el juez. En la Brigada de Investigaciones de la policía provincial fue “sometido a torturas, tratos crueles e inhumanos”. Luego lo trasladaron al penal de Villa Urquiza. Su cautiverio concluyó con “una parodia de puesta en libertad”, a la que precedió “el secuestro y posterior desaparición forzosa de Vargas Aignasse”.
El juez Bejas imputó a los militares por violación de domicilio, privación ilegítima de la libertad agravada, tormentos reiterados, homicidio calificado y asociación ilícita. El fiscal Emilio Ferrer compartió el argumento según el cual “la modalidad de aniquilamiento sobre personas determinadas, provenientes del accionar del aparato estatal, configuran el delito internacional penal de genocidio”. Ambos represores tienen más de 70 años y gozan de arresto domiciliario, Bussi -oriundo de Victoria- en un country de la recoleta Yerba Buena, en Tucumán, y Menéndez en Córdoba.
Sin embargo, el abogado Horacio Conesa Mones Ruiz anunció que presentará un incidente de nulidad contra la resolución del magistrado, por considerar que es arbitraria y subsisten líneas de investigación que no fueron atendidas, al tiempo que afirmó que “el fallo cedió a la tentación del circo romano”.

2007-12-24T08:32:00.000-08:00

Dos fiscales chaqueños involucrados en la Masacre de Margarita Belén serán sometidos a un jury de enjuiciamiento

Por Victoria Ginzberg (*)

Los fiscales federales chaqueños Roberto Mazzoni y Carlos Flores Leyes (foto) serán sometidos a un jury de enjuiciamiento por orden del procurador Esteban Righi, a raíz de su supuesta participación en interrogatorios ilegales, amenazas a detenidos y encubrir crímenes de lesa humanidad durante la dictadura. Incluso, Flores Leyes habría participado en la Masacre de Margarita Belén, al levantar una constatación del falso enfrentamiento, luego de que se fusilara a una veintena de presos políticos el 13 de diciembre de 1976, entre los que se encontraban los entrerrianos Raúl Caire, Fernando Piérola y Reinaldo Zapata Soñez. El fiscal hasta comió un asado a escasos metros de los cuerpos con los fusiladores.
El procurador general de la Nación, Esteban Righi, dio un paso decisivo para apartar a dos funcionarios judiciales cuestionados por haber consentido y participado en violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura. Se trata del fiscal de la Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia, Roberto Domingo Mazzoni; y el fiscal federal de la misma ciudad Carlos Flores Leyes. Righi resolvió que sean sometidos a un jury de enjuiciamiento y que se los suspenda en sus funciones.
Flores Leyes fue secretario del Juzgado Federal de Resistencia desde diciembre de 1974 hasta 1992, cuando pasó a desempeñarse como fiscal federal, cargo que mantiene hasta hoy. Por su parte, Mazzoni fue secretario del Juzgado Federal de Resistencia desde mayo de 1974 hasta agosto de 1976, cuando lo nombraron fiscal; y en 1992 pasó a ocupar el puesto que todavía conserva de fiscal general ante la Cámara de Apelaciones de Resistencia.
El ex detenido político José Luis Valenzuela recuerda a Flores Leyes: “Vi su mano grande golpear en la mesa que estaba frente a mí cuando no respondía una pregunta o no le satisfacía mi respuesta, preguntaba con precisión y parecía inteligente, interrogaba con un cuestionario predeterminado, diferente a como interrogaba la policía, que me había interrogado antes. El contraste entre él, que era tan grandote, y yo, que estaba tan indefenso en esa silla, desnudo, fue lo que me hizo acordarme de su voz y de su físico, que reconocí cuando lo vi más tarde en Gendarmería”. El interrogatorio al que hizo referencia se realizó en la Brigada de Investigaciones del Chaco, donde los detenidos eran torturados y vejados; se produjo el primero o segundo día de su estancia en la Brigada. Lo habían llevado a una sala, desnudado, vendado, lo habían sentaron en una silla, atado de pies y manos, lo habían golpeado y lo habían picaneado. Por debajo de su venda llegó a ver a Flores Leyes, que luego comenzó a dirigir el interrogatorio. Vestía traje. “No tengan trato especial con él”, les dijo el secretario judicial a los policías antes de irse.
De Mazzoni, María Gregoria Pérez recuerda que un día, durante un interrogatorio “abrió el paquete y sacó un arma mediana, como las que usa la policía, alabó el arma, la apuntó hacia mi persona, sacaba la traba del gatillo y la probaba hacia mí, mientras insistía en que declare, que no tenía abogado, que si no declaraba era peor para mí, que ya no me iban a llevar más, lo que significaba una amenaza porque implicaba que me iban a matar. El que le entregó el arma le decía que tenga cuidado, que estaba cargada, Mazzoni respondía que no se le iba a escapar un tiro a él, mientras seguía apuntándome”. La mujer cuenta que Mazzoni trató de “convencerla” para que no esperara a su abogado y empiece a hablar en un interrogatorio. Quien le había entregado el presente con la pistola al entonces secretario del juzgado era uno de los torturadores de la Brigada (la mujer lo reconoció). El regalo venía de parte de Carlos Alcides Thomas, jefe de la Brigada.
Por los casos de Valenzuela y Pérez, entre otros, Flores Leyes y Mazzoni fueron acusados de haber sido autores directos en actos de torturas físicas y psicológicas.
La lista de acusaciones de los fiscales no se agota en esos hechos. Entre otros reproches, el fiscal Félix Crous, que estuvo a cargo del sumario, mencionó: la omisión de denunciar y perseguir el asesinato de Néstor Sala, una de las víctimas de la Masacre de Margarita Belén; no haber denunciado actos de tortura, sino encubrirlos; no haber dado auxilio médico a los detenidos que dijeron haber sido torturados, ni siquiera a aquellos que pidieron asistencia; no haber dado protección a dos detenidas que estaban embarazadas ni preocuparse luego por la salud de los recién nacidos y haber obligado a los presos a declarar mediante amenazas. “Resulta inaceptable desde el punto de vista constitucional, institucional y social que quienes presuntamente han incumplido con los deberes indicados y presumiblemente han participado de violaciones a los derechos humanos ejerzan la magistratura en el poder del Estado al que se le ha encargado expresamente la defensa de la legalidad”, señaló Righi en el escrito con el que resolvió, el 18 de diciembre pasado, la apertura del jury, que será finalmente la instancia que decidirá si los destituye o no.
En la madrugada del 13 de diciembre de 1976 Néstor Carlos Sala fue sacado de la Unidad Penitenciaria de Resistencia con el pretexto de que iba a ser trasladado a una cárcel de Formosa junto con una veintena de presos políticos. Todos fueron ejecutados en el trayecto, en la localidad de Margarita Belén, entre ellos, tres entrerrianos. Sala, que había sido detenido en 1975, estaba a disposición del Juzgado Federal de Resistencia, pero ni el juez Luis Ángel Córdoba ni el secretario Flores Leyes ni el fiscal Mazzoni se interesaron por su suerte. Aceptaron la versión oficial que decía que los fusilados en la masacre de Margarita Belén habían muerto en un enfrentamiento cuando intentaban escapar.
No era difícil dudar de la información que dieron los militares. Mirta Clara, esposa de Sala, que también estaba detenida, pidió una entrevista con Flores Leyes y Mazzoni y les señaló distintos indicios que permitían reconstruir lo que había pasado y desacreditar el parte oficial. La mujer les dijo que “en todo Chaco se sabía que esa matanza se produjo por responsabilidad de los militares, la policía y el Poder Judicial”. Ellos no se inmutaron. Tampoco lo negaron.
Diez días después de los fusilamientos, el juez Córdoba y Flores Leyes firmaron un documento que ordenaba: “Atento la renuncia al cargo de defensor del imputado, intímese a Carlos Sala para que dentro del tercer día posterior a su notificación designe nuevo abogado defensor, bajo apercibimiento de designar el defensor Oficial del Tribunal”.
Los funcionarios judiciales a cargo de Sala tal vez no habrían podido evitar su asesinato pero tampoco se preocuparon en aclararlo. No les llamó la atención que el traslado no hubiera sido informado al Juzgado, ni que se hubiera realizado un domingo, ni que el alegado motivo hubiera sido llevarlos a una cárcel de Formosa que no se encontraba preparada para alojar a presos políticos. No certificaron la fecha y causa de la muerte a través de una autopsia, no gestionaron la entrega del cuerpo ni examinaron las actuaciones militares.
Interrogar a los otros presos habría bastado para saber casi con certeza lo que había pasado. Cuatro años después, cuando fueron escuchados, contaron que Sala sabía que el traslado equivalía a su muerte, que les habló a los que se quedaban para darles fuerza y que dijo que iba a salir para evitar que el Ejército entrara y se produjeran males mayores. “Incluso los propios guardiacárceles decían que los habían matado a todos”, señaló uno de los testigos.
Crous destacó en el sumario que si bien resultaba “altamente probable que una investigación sobre lo ocurrido en Margarita Belén en plena dictadura militar hubiera encontrado diversos inconvenientes y escollos, al menos el intento por parte de los funcionarios hubiera demostrado su preocupación y responsabilidad por salvaguardar la vida de los detenidos a su disposición, dando cumplimiento al imperativo legal y ético que la sociedad deposita en la función judicial”.
La lectura de los numerosos testimonios que forman parte del pedido de Righi de iniciar el jury contra estos dos fiscales demuestra que no se trataba de dos funcionarios sobrepasados por el terrorismo de Estado, ni siquiera de dos personas indiferentes. Eran dos colaboradores. Su presencia en interrogatorios bajo torturas, las amenazas y sus propias palabras dan cuenta de ello.
“Sentía una situación de impotencia dada la identificación total del Poder Judicial con la policía del Chaco, la sensación de que la tortura había sido transformada en un método habitual de interrogación. Actuaban como si fuera un método legal. Durante mis siete años de prisión y frente a la cantidad de causas que tenía abiertas tuve oportunidad de charlar en innumerables oportunidades con Flores Leyes, Mazzoni y Córdoba. Lo que surgía de estas charlas es que en el Poder Judicial del Chaco existía una compenetración ideológica con el poder policial militar, una compenetración con el proceso, con la dictadura militar, con el terrorismo de Estado, con la tortura... especialmente por parte de Flores Leyes y Mazzoni”, aseguró el ex detenido Aníbal Ponti.
María Graciela de la Rosa les reprochó a los funcionarios judiciales por la forma en que tomaban las declaraciones: de noche, con amenazas y la clásica luz sobre la cara que no permitía ver nada. Les dijo que parecían interrogatorios de tipo militar. “Trabajamos en equipo”, fue la respuesta. “Flores Leyes siempre intervenía como una especie de represor más, no como funcionario del Poder Judicial”, afirmó Eugenio Domingo Silva. Jorge Héctor Castro contó que, en una oportunidad, cuando les dijo a Flores Leyes y Mazzoni que estaban haciendo preguntas que no correspondían, Mazzoni lo increpó: “Esto es una guerra entre Argentina y Cuba. Yo estoy del lado de Argentina. Agradecé que estás vivo”.
Además de los cargos que lo vinculan directamente con participar o encubrir crímenes de lesa humanidad, Mazzoni también fue acusado por no haberse excusado, una vez en democracia, en las causas en las que él mismo estaba implicado.
Righi ya había tomado una medida relacionada con un funcionario del ministerio público del Chaco por favorecer a represores. La secretaria de la fiscalía general de Resistencia, Ana María Torres, fue exonerada por considerar que “colaboró directamente con la estrategia de la defensa” de los imputados en la masacre de Margarita Belén. La mujer fue la subordinada de Mazzoni durante once años. No se apartó del caso que involucraba a su jefe y permitió que los acusados recuperaran su libertad mediante un recurso de hábeas corpus. La remoción de Torres no tuvo necesidad de un jury porque no se trataba de una fiscal sino de una empleada del Ministerio Público. Ahora, Flores Leyes y Mazzoni enfrentarán sus acusaciones, promovidas por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y la agrupación HIJOS (Hijos por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio). No será la primera oportunidad para que el Poder Judicial revise la actuación de sus miembros durante la última dictadura. El juez federal Víctor Hermes Brusa enfrentó un juicio político por haber estado en sesiones de tortura en centros clandestinos de Rosario. Sin embargo no terminó destituido por eso, sino por haber atropellado a una persona con su lancha y huir. Su conducta durante el terrorismo de Estado sirvió para que los miembros del Consejo de la Magistratura se hicieran un perfil del personaje.
Mazzoni y Flores Leyes, cuyas responsabilidades penales ordenó investigar la Cámara de Apelaciones de Resistencia, todavía siguen ejerciendo como fiscales. Pero no será así por mucho tiempo. “Es evidente -señaló Righi- que la suspensión resulta imprescindible para garantizar la normal prestación del servicio de justicia”. Para el procurador, “la afectación del servicio de justicia originada en el descrédito de los magistrados investigados y del Ministerio Público como órgano, existirá hasta tanto se aclaren las circunstancias en las que aparecen menoscabados derechos fundamentales en sucesos presuntamente vinculados a acciones represivas por parte del Estado”.

(*) Publicado en el diario porteño Página/12.

2007-12-21T08:35:00.000-08:00

En abril llega a Paraná la exposición fotográfica Ausencias, de Gustavo Germano

En abril del año próximo se expondrá en el Museo Provincial de Bellas Artes Pedro E. Martínez de Paraná la muestra Ausencias, del fotógrafo entrerriano Gustavo Germano. Durante dos meses las fotos estuvieron expuestas en la Casa Amèrica Catalunya de Barcelona y ahora inician una itinerancia que las llevará a países de Europa y América Latina. Se trata de un proyecto fotográfico acerca de las víctimas de la represión ilegal y desaparición forzada de personas instaurada por la dictadura militar argentina entre 1976 y 1983. Entre el 26 de febrero y el 28 marzo estará en el Centro Recoleta de Buenos Aires, y se anunció que a la inauguración podría concurrir la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner.
Ausencias es un proyecto expositivo que partiendo de material fotográfico de álbumes familiares muestra 14 casos a través de los cuales se pone rostro al universo de los que ya no están: trabajadores, militantes barriales, estudiantes, obreros, profesionales, familias enteras; ellas y ellos víctimas del plan sistemático de represión ilegal y desaparición forzada de personas, instaurado por la dictadura militar argentina, entre 1976 y 1983. Una de las historias es la de Silvia Bianchi (foto), asesinada el 21 de agosto de 1976 por una patota de militares cordobeses, estando a punto de dar a luz.
El fotógrafo nacido en Villaguay, que tiene a su hermano Eduardo Mencho Germano desaparecido, está radicado en España desde hace varios años. Con esta muestra “regresa 30 años después, acompañando con su cámara a los familiares y amigos a los mismos lugares en que fueron tomadas aquellas fotografías para, en similares condiciones, volver a hacerlas, ahora con la hiriente presencia de la ausencia del ser querido”.
La muestra se exhibirá en Casa América Madrid hasta el 31 de enero. Posteriormente, Ausencias iniciará una doble itinerancia que la llevará a países de América Latina como Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay, así como a diversas localidades catalanas y a la ciudad italiana de Turín.
Desde su inauguración en octubre pasado, Ausencias ha recibido elogios unánimes y ha sido visitada por miles de personas que se han declarado impactadas después de ver las fotos. Es el caso de la diputada chilena Isabel Allende; el secretario general iberoamericano, Enrique Iglesias; el cantautor uruguayo, Jorge Drexler, o el miembro de Les Luthiers argentinos, Carlos Núñez Cortés, entre otros.
El calendario la traerá a la Argentina y entre el 26 de febrero y el 28 de marzo estará expuesta en el Centro Recoleta de Buenos Aires. A Paraná llegará en abril, donde será exhibida en el Museo Provincial de Bellas Artes Pedro E. Martínez de la capital entrerriana. Para agosto está previsto que las fotos sea mostradas en el Centro Cultural Español de Rosario, y luego volverá a Europa.

2007-12-21T08:25:00.000-08:00

Condenaron a ocho ex miembros del Batallón de Inteligencia 601 por el secuestro de militantes de la Contraofensiva

El juez federal Ariel Lijo condenó a ocho represores a penas de entre 20 y 25 años de prisión por el secuestro de seis personas y por haber formado parte de una asociación ilícita durante la última dictadura. Esta es la primera vez desde la anulación de las leyes de punto final y obediencia debida que altos oficiales del Ejército reciben una condena por los crímenes cometidos durante el terrorismo de Estado. Cristino Nicolaides, Jorge Luis Arias Duval y Santiago Manuel Hoya fueron condenados a 25 años de prisión; Waldo Carmen Roldán, Juan Carlos Gualdo, Héctor Julio Simón (foto) -el único que no es militar-, recibieron penas de 23 años de cárcel; Carlos Gustavo Fontana fue condenado a 21 años; y Pascual Guerrieri a 20 años.
Antes de leer la sentencia, Lijo les dio la palabra a los acusados presentes, todos ex miembros del Batallón de Inteligencia 601. Guerrieri fue el más locuaz. “Rechazo el término represor. Nosotros fuimos soldados pagados por este pueblo que está atrás y a los costados. Salimos a poner orden. No tenemos cara de asesinos, tenemos cara de soldados que cumplieron con su deber”, dijo parado y micrófono en mano.
Roldán, Guerrieri, Fontana, Arias Duval y Simón eran los únicos que estaban en la sala, de frente al magistrado y de espaldas a un público compuesto por familiares, sobrevivientes, miembros de organismos de derechos humanos y algunos funcionarios judiciales y del Poder Ejecutivo. Los otros tres acusados no estuvieron en la audiencia ya que sus defensores adujeron razones de salud: Hoya estaba en el Hospital Militar, donde murió unos días después.
El fallo del juez rebatió la proclama de Guerrieri: “Las constancias reunidas, la realidad y contexto histórico en los cuales se sucedieron los hechos tratados en este juicio, dan cuenta del desarrollo entre los años 1976 y 1983 de un plan de estado sistemático, elaborado fuera de todo marco legal llevado a cabo por las fuerzas militares, con la colaboración de fuerzas de seguridad y civiles”.
En el marco de ese plan, en el que la sentencia destacó que fueron cometidos delitos de lesa humanidad, los ocho represores fueron condenados por los secuestros de Julio César Genoud, Verónica María Cabilla, Ángel Carbajal, Lía Mariana Ercilia Guangiroli, Ricardo Marcos Zucker y Silvia Noemí Tolchinsky. Los cinco primeros, apresados entre el 21 y el 29 de febrero de 1980, eran parte del grupo de exiliados que decidió regresar al país como parte de la llamada operación de Contraofensiva organizada por la agrupación Montoneros y que también se cobró la vida del cura entrerriano Jorge Azur, aunque su caso no fue incluido en este juicio.
Tolchinsky fue secuestrada en septiembre de ese año mientras intentaba salir por el paso fronterizo mendocino de Las Cuevas. Es la única víctima de esta causa que logró sobrevivir a su cautiverio y su testimonio fue una pieza clave en el juicio. La mujer estuvo detenida en varias quintas cercanas a la unidad militar de Campo de Mayo y vio o escuchó a otras personas secuestradas. También reconoció a los represores.
Tolchinsky fue llevada un tiempo al paso fronterizo de Paso de los Libres. Allí fue vigilada de cerca por Simón, el Turco Julián. “Recibí siempre un trato muy vejatorio y humillante de su parte. Una vez detuvo un micro de un colegio judío y les clavó alfileres en las fotos de los documentos de los chicos, era una persona que creía en la magia negra. Me contó cómo torturaba gente, que una vez volvió loco a un chico torturándole la cabeza. Era repulsivo y a mí me daba muchísimo pánico. Al poco tiempo de llegar a Paso de los Libres viene con un cuadro y me muestra la foto de mis hijos tomada desde adentro de la casa de mi suegra, como demostrando que él podía llegar a cualquier lugar. Esto generó sentimientos encontrados, por un lado que después de dos años pude ver a mis hijos y por el otro el pánico de saber que él podía llegar adonde quisiese. Resulta difícil transmitir el horror”, contó la mujer. Lijo recordó esta declaración. Mientras la leía, Simón sonreía.
El testimonio de militares, ex agentes de inteligencia, el de la mujer de un represor de Campo de Mayo, documentos desclasificados del Departamento de Estado de los Estados Unidos y un informe del propio Batallón de Inteligencia rescatado del archivo de la policía de la provincia de Buenos Aires, además del relato de los familiares de las víctimas, se conjugaron para que el juez diera por probados los secuestros y torturas y la asociación ilícita por la que fueron condenados los ocho represores.
Después de la sentencia hubo aplausos. Y cuando los condenados salían de la sala se escuchó un grito: “En la cárcel se van a morir”. Los abogados del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), que llevaron adelante el proceso, salieron conformes. El fiscal Jorge Álvarez Berlanda anunció que apelará el fallo, pero porque el viejo código de procedimiento lo indica, ya que no todos los represores recibieron la pena que él había pedido: 25 años. Como esta causa se rige por ese código, el proceso fue escrito, pero Lijo accedió, a pedido del CELS, a “oralizar” la etapa final.
“Hace más de 25 años que espero este día. Que cumplan la sentencia y que nadie les acerque una pastilla de cianuro”, dijo Cristina Zucker, hermana de Pato Zucker y querellante. Ana María Abalos, mamá de Verónica Cabilla, señaló: “Ahora hay que lograr que vayan a cárceles comunes. Además, todavía no sé qué pasó con mi hija. No sabemos dónde están ella ni los demás”.
En el fallo, Lijo ordenó profundizar la investigación sobre la responsabilidad que pudieron tener los jefes de las áreas militares en estos crímenes y mencionó que el hecho de que cinco víctimas siguieran desaparecidas “ocasiona un tormento adicional para sus familiares por el que (los condenados) también deben responder, que perdurará en el tiempo, así como también para el resto de la sociedad argentina”.

2007-12-20T08:57:00.000-08:00

Represores de la ESMA fueron trasladados a la cárcel de Marcos Paz

El Servicio Penitenciario Federal concluyó el traslado de ex miembros de la ESMA al penal de Marcos Paz, en cumplimiento de un antiguo reclamo efectuado por los organismos de derechos humanos y que se concretó tras la muerte por envenenamiento con cianuro de Héctor Febres y a pedido de los abogados de Abuelas de Plaza de Mayo.
De este modo el ex jefe de inteligencia del Grupo de Tareas 3.3.2, Jorge Tigre Acosta y los oficiales Alfredo Astiz, Antonio Pernías y Juan Carlos Rolón, entre otros, compartirán alojamiento con condenados a penas de reclusión perpetua como el ex policía Miguel Etchecolatz o el ex capellán Christian von Wernich, en una cárcel común.
Alfredo Astiz, Jorge Tigre Acosta, Antonio Pernías, Carlos Octavio Capdevila, Pablo García Velasco, Juan Carlos Rolón, Alberto Eduardo González, Jorge Carlos Rádice, Raúl Enrique Scheller, Adolfo Miguel Donda Tigel, Néstor Omar Savio, Víctor Francisco Cardo, Carlos Guillermo Suárez Mason (h), Carlos José Pazo, Hugo Enrique Damario, Rogelio José Martínez Pizarro, Eduardo Cabanillas y Enrique del Pino ya se encuentran alojados en una cárcel común. En el mismo penal fue alojado Raúl Reynoso, aunque, imputado en Corrientes.
La mayor parte de los oficiales de la Armada fueron detenidos en 2003, ni bien se reabrió la causa ESMA. Hasta mediados de año permanecieron dispersos en distintas bases navales bajo el cuidado de sus compañeros de armas. Cuando por sugerencia del Ministerio de Defensa fueron trasladados al Instituto Penal de las Fuerzas Armadas, en Campo de Mayo, presentaron un hábeas corpus para que les permitieran seguir usando celulares y navegar por la web.
Sin embargo, tras la muerte de Febres, el juez federal Sergio Torres admitió que se imponía “una nueva evaluación” y concretó el pedido que la Sala II de la Cámara Federal le había formulado dos años antes: trasladar a los marinos a un lugar de detención custodiado por el Servicio Penitenciario Federal.
Doce de las 14 plazas de Campo de Mayo liberadas por los marinos serán ocupadas en los próximos días por militares imputados en la Masacre de Margarita Belén y otros acusados por crímenes cometidos en el Regimiento de Infantería 9 de Corrientes, detenidos en la actualidad en la Base de Apoyo Logístico de La Liguria, en Resistencia.
En el Instituto Penal de Campo de Mayo la custodia externa está a cargo de Gendarmería y la interna de camaradas del Ejército. A partir del 1° de enero, por un convenio firmado entre los ministerios de Defensa e Interior, los guardias que tendrán contacto directo con los detenidos serán agentes del Servicio Penitenciario Federal.
La medida adoptada por el juez federal de Resistencia, Carlos Skidelsky, alcanza Athos Renes, Rafael Carnero Sabol, Horacio Losito, Ricardo Reyes, Germán Riquelme, Aldo Martínez Segón, Ernesto Simoni y Luis Patetta, que se encuentran imputados por la Masacre de Margarita Belén -al igual que Norberto Raúl Tozzo (foto) quien permanece prófugo; mientras que los responsables del Regimiento de Infantería 9 de Corrientes que serán juzgados a partir del 5 de febrero, son Julio Barreiro, Juan Carlos Demarchi y Carlos Roberto Piriz.

2007-12-19T08:59:00.000-08:00

Repudio de los organismos de derechos humanos a la designación de dos funcionarios que defendieron a Febres

María Luz Piérola repudió la designación de Oscar Marelli como director de Arquitectura y la ratificación de Eduardo Aizpuru (foto) como representante del gobierno entrerriano en Nuevo Banco de Entre Ríos Sociedad Anónima (BERSA) por haber apoyado al represor Héctor Antonio Febres durante su estadía en Concordia, donde fue jefe de Prefectura en la década de 1980. La dirigente de AFADER expresó que “la democracia se construye con ética”, y acotó: “Si alguien apoya a un represor, tiene que ser repudiado”.
“Desde los organismos de derecho humanos solicitamos que en el gobierno no se nombre a ninguno de los dictadores y a ninguno que haya tenido algún contacto con la dictadura, porque si alguien apoya a un represor como Febres eso también tiene que ser repudiado”, dijo Piérola en referencia a las designaciones de Marelli y Aizpuru, que en 1988 adhirieron a una solicitada de desagravio al represor.
La secretaria de AFADER manifestó que los “representantes políticos tienen que tener ética, no puede ser que apoyen a un dictador y torturador como Febres”, al tiempo que agregó que “si desde el gobierno dicen que dan un mensaje de memoria, verdad y justicia, bajo ningún punto de vista admitimos que se apoye a represores”.
Más adelante, Piérola acotó que “el planteo debe ser ético. ¿Cuándo vamos a aprender que la política debe estar ligada a la ética y no puede haber actitudes que tengan que ver con el apoyo a dictadores? No hablamos de una pavada, sino de cuestiones que tienen que ver con la dictadura más sangrienta de Argentina”, por lo que reclamó un debate de fondo, para evitar “que se tape a los genocidas y se favorezca al sistema político que ayudó a la impunidad. No tiene que ser una historia de declamación de los derechos humanos, sino que en la práctica se debe dar la defensa y los políticos son totalmente responsables de hacerlo, deben diferenciarse del Estado dictatorial, para eso hay que construirlo y eso se hace con ética”, aseguró.
En tanto, la integrante de Madres de Plaza de Mayo de Santa Fe Celia Keka Kofman -aunque nacida en Entre Ríos- también repudió las designaciones de Marelli y Aizpuru, y recordó que “en 1988 en una sesión del Concejo Deliberante de Concordia en la que estuve presente y hablé en representación de las Madres, Marelli apoyó a un represor que se llevó a la tumba la impunidad de los represores genocidas y ahora realizó un doble genocidio, porque primero desapareció a cientos de bebés y ahora los vuelve a matar, volviéndolos a desaparecer”.
Kofman aclaró que a pesar de vivir en Santa Fe “soy una ciudadana entrerriana y por eso le exijo al gobernador (Sergio) Urribarri, en representación de los organismos de derechos humanos, de los 30.000 desaparecidos y de todos los luchadores sociales, que no tenga en un gobierno democrático a un tipo que tiene una mentalidad fascista”.

2007-12-14T10:03:00.000-08:00

¿Por qué envenenaron a Febres?

La jueza Sandra Arroyo Salgado dispuso la detención de la esposa y dos hijos del represor Héctor Antonio Febres como también del prefecto que estaba a cargo de su custodia y del jefe de la unidad de Prefectura en el Delta, donde permanecía detenido. La Justicia sospecha que tienen vinculación con el envenenamiento del prefecto que el lunes apareció muerto y en la autopsia se comprobó que tenía una alta dosis de cianuro en sangre. Febres estuvo a cargo de la Delegación Concordia de la Prefectura Naval hasta que fue escrachado, declarado persona no grata y debió irse de la ciudad a mediados de la década de 1980.
El misterio en torno a la muerte del represor Héctor Antonio Febres continúa. Ahora Stella Maris Guevara, la esposa; Sonia Marcela Febres y Héctor Ariel Febres, los hijos del prefecto fueron detenidos bajo la sospecha de tener vinculación con el envenenamiento, ya que los tres cenaron con él en la sede de Prefectura en la que estaba arrestado. Los pedidos de detención fueron luego de que se comprobara que, la noche anterior de su muerte, cenaron junto al represor en su lugar de detención.
También fue arrestado el jefe de la Zona Delta de la Prefectura Naval, prefecto mayor Rubén Iglesias, y el prefecto que estaba a cargo de su custodia, se informó.
Febres apareció muerto el lunes en la habitación doble -con balcón, DVD y puerta de madera- que ocupaba a modo de prisión en el Tigre. El hallazgo se produjo apenas cuatro días antes de la audiencia en la que el Tribunal Oral Federal Número 5 tenía previsto dar a conocer su veredicto en el juicio que se le siguió por cuatro casos de ex detenidos-desaparecidos de la dictadura. Y seguramente iba a ser condenatorio.
La muerte de Febres, que sufría de diabetes y tenía antecedentes de problemas cardíacos, generó dudas entre los querellantes del juicio que estaba a punto de concluir. Se trataba de la que sería la primera sentencia contra un represor de la ESMA desde la anulación de las leyes del perdón y la reapertura de un millar de causas por crímenes de la dictadura.
El paro cardíaco que provocó la muerte del represor pudo haber sido consecuencia “de la ingesta de una importante cantidad de cianuro”, según afirmaron fuentes del gobierno y admitieron fuentes ligadas a la investigación. La principal hipótesis que maneja la Justicia es la del homicidio. La autopsia al cadáver de Febres fue realizada el miércoles en la Morgue del Cuerpo Médico Forense del Poder Judicial de la Nación. El primer resultado dio que falleció por un infarto de miocardio, pero el análisis toxicológico -cuyo resultado final demora entre 15 y 20 días y permite conocer si ese infarto fue provocado por alguna sustancia tóxica- determinó que el cianuro en la sangre había ingresado “por vía bucal”.
Hecha la contraprueba y confirmado el dato, la magistrada se dirigió a la Zona Delta de Prefectura, donde hizo un allanamiento (hubo otros en lugares no revelados), secuestró el libro de guardia y ordenó las detenciones de los responsables de la custodia.
“Es una muerte muy rápida y terriblemente dolorosa”, le explicó uno de los médicos a la jueza federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado. Por ese dato, los investigadores se inclinan por pensar que se trató de un homicidio y no de un suicidio. El hijo del represor, Ariel Febres, también se presentó como querellante en la causa, pero quedó detenido.
El dato de la proximidad de la sentencia hizo recordar a la desaparición el año pasado de Jorge Julio López, de quien se perdieron rastros justamente cuando se estaba por conocer la sentencia contra el ex director de Investigaciones de la Policía Bonaerense Miguel Etchecolatz, a quien él había señalado como su verdugo durante el secuestro que sufrió en la época de la dictadura. Al respecto, el abogado de la víctimas de las torturas de las que estaba acusado Febres, Rodolfo Yanzón, consideró que la muerte del represor es “un mensaje mafioso” que indica que “la impunidad sigue viva”.

2007-12-14T09:58:00.000-08:00

En un emotivo homenaje se reclamó la inmediata elevación a juicio oral de la causa por la Masacre de Margarita Belén

Se cumplió un nuevo aniversario de la Masacre de Margarita Belén, el fusilamiento de más de una veintena de prisioneros políticos de la dictadura militar cuando, supuestamente, eran trasladados desde lugares de detención en Resistencia hacia una cárcel en Formosa, con el reclamo de la inmediata elevación a juicio oral en la causa que se tramita en el Juzgado Federal de Resistencia. También se realizó un escrache a Vicente Valussi, sindicado como integrante de los servicios de inteligencia de la dictadura y un dato llamativo fue el hecho de que en todas las unidades policiales de la Provincia se realizó un minuto de silencio.
El 13 de diciembre de 1976, el Ejército y la Policía sacaron de distintas unidades a una veintena de presos políticos -entre ellos entrerrianos Raúl Caire, Fernando Piérola y Reinaldo Zapata Soñez- con la excusa de trasladarlos a Formosa. La versión oficial fue que el convoy fue atacado por un grupo armado cuando transitaba por la Ruta Nacional 11 en inmediaciones de la localidad de Margarita Belén -a unos 40 kilómetros de Resistencia-, y que los custodios repelieron el ataque. Sin embargo las investigaciones demostraron que se trató de un completo fusilamiento y que las víctimas habían sido torturadas. Los restos de diez de los militantes fueron entregados a sus familiares a cajón cerrado, pero un número no determinado de dirigentes permanece desaparecido.
Como cada año, se realizó una caravana que terminó en un acto en el monumento a los caídos, en el mismo lugar de la Masacre, precedido por el escrache de la agrupación Hijos por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio (HIJOS) a Vicente Valussi, sindicado como integrante de los servicios de inteligencia de la dictadura.
Todos los oradores hicieron hincapié en el histórico reclamo de juicio y castigo a los culpables. Familiares de las víctimas, ex presos de la dictadura y organizaciones de derechos humanos confluyeron en el reclamo de la inmediata elevación a juicio oral en la causa que se tramita en el Juzgado Federal de Resistencia, que tiene como imputados a los militares Athos Gustavo Renes, Rafael Carnero Sabol, Luis Alberto Pateta, Ernesto Jorge Simoni, Aldo Héctor Martínez Segón, Horacio Losito, Ricardo Guillermo Reyes, Germán Emilio Riquelme, quienes permanecen detenidos. Norberto Raúl Tozzo -con inversiones en medios de comunicación de Hasenkamp y María Grande- está prófugo desde el abril de 2005, mientras que Jorge Alcides Larrateguy falleció el año pasado.
Según informó el diario Primera Línea, algunos de los detenidos, ahora representados por el defensor oficial Gonzalo Molina, tras la renuncia de Carlos Pujol, prestaron declaración entre el miércoles y jueves ante el juez federal Carlos Skidelsky.
Del acto participó también el gobernador Jorge Capitanich (PJ), como los diputados nacionales Carlos Kunkel y Victoria Donda, que es la primer hija de desaparecidos en asumir un cargo en el Congreso Nacional, y aseguró que su objetivo y el de la lucha que invita a librar, es “volver a poner en primer plano a la memoria y la verdad, valores indispensables para construir una Patria más justa para todos”.
Un dato que llamó la atención fue que en todas las unidades policiales de Chaco se realizó un minuto de silencio en horas del mediodía, “en homenaje a las víctimas que sufrieron las consecuencias de la ruptura del Orden Constitucional y del Terrorismo de Estado”, tal como lo establece la Ley Provincial Número 5.547, que también instituye al 24 de marzo como “Día Provincial de la Memoria por la Verdad y Justicia”. Además, el gobierno chaqueño adhirió a la conmemoración del31 aniversario de la Masacre de Margarita Belén y se dispuso que a partir de las 12 se arriara a media asta la bandera nacional del mástil central de Casa de Gobierno.

2007-12-13T09:51:00.000-08:00

Identificaron los restos de Alcides Bosch, un santafesino fusilado en la Masacre de Margarita Belén que estaba desaparecido

El Equipo Argentino de Antropología Forense confirmó la identificación de Alcides Bosch como uno de los militantes asesinados en la Masacre de Margarita Belén, a 32 años del hecho en el fueron fusilados los entrerrianos Raúl Caire, Fernando Piérola y Reinaldo Zapata Soñez, junto con una veintena de personas. En 2005 por orden del juez federal de Resistencia Carlos Skidelsky habían sido exhumados tres cuerpos, dos varones y una mujer, enterrados como NN en el cementerio de Resistencia. Además, trascendió que la mujer podría ser Ema Cabral, santafesina y esposa de Zapata Soñez. El tercero pertenece a Luis Díaz.
El Equipo Argentino de Antropología Forense confirmó la identificación de Alcides Bosch, militante de la Juventud Peronista y de las Ligas Agrarias del norte argentino. Bosch fue secuestrado el 22 de noviembre de 1976 en Resistencia, transcurrió su cautiverio en algún centro clandestino aún no identificado y después de ser fusilado fue enterrado como NN, por orden del Ejército, en el cementerio San Francisco Solano.
En la madrugada del 13 de diciembre de 1976 miembros de la Brigada de Infantería VII del Ejército arrancaron de cárceles legales y clandestinas a una veintena de hombres y mujeres (el número preciso nunca pudo ser confirmado). Los fusilaron en un paraje de la ruta 11 conocido como Margarita Belén y entre ellos había tres entrerrianos.
“Cuando trascendió la masacre se me estrujó el alma”, recuerda María Isabel Francovich, compañera de Bosch y primera secretaria general de las Ligas Agrarias. “Desde ese momento comencé a armar la figura del desaparecido. Comprendí que si iban a detenernos era mejor huir y ser asesinados, para que al menos nuestra familia se enterara”, agrega.
La mayor parte de las víctimas fueron entregadas a sus deudos a cajón cerrado, pero otros permanecen desaparecidos. En mayo de 2001 la causa de la masacre se reabrió a partir de un activo rol de Amanda Mayor. En 2005 por orden del juez federal de Resistencia Carlos Skidelsky el EAAF exhumó los restos de tres militantes, dos varones y una mujer, enterrados como NN. Según una investigación de El Diario de la Región, de Chaco, la mujer podría ser Ema Cabral, santafesina y esposa del paranaense Reinaldo Zapata Soñez. El cotejo del ADN permitió corroborar las identidades de Bosch y de Luis Díaz.
Alcides Bosch, Bocha para los amigos, nació en Las Mercedes, colonia rural de Villa Ocampo, en Santa Fe, el 10 de octubre de 1948. Según el periodista Raúl Borsatti, autor del libro Sólo digo compañeros, cuando terminó el secundario se internó en el Seminario Diocesano de Santa Fe para formarse como sacerdote. Lo abandonó para estudiar Filosofía y Letras en la Universidad Católica. Hizo la conscripción en el Distrito Militar Santa Fe y tras algunos oficios terrenales en Reconquista se trasladó a Villa Ana, pagos arrasados por La Forestal en los años ‘30, donde se sumó al parque agrícola que dirigía su tío, el sacerdote tercermundista Rafael Yacuzzi.
En representación de Villa Ana participó por primera vez de un congreso de las Ligas Agrarias del norte santafesino. El 22 de noviembre de 1976 partió a dedo desde Misión Lahisí, Formosa, hacia Resistencia. No hay testigos de su secuestro ni de su cautiverio. Su compañera lo recuerda como “un militante de tiempo completo. Voluntarioso, convencido, ponía el alma en cada tarea. Era afectuoso y cálido, siempre con una broma a mano, humor que heredó nuestro hijo”.